La falta de agua en las villas porteñas y en los barrios populares de la ciudad hace muy difícil detener la propagación del Coronavirus y los casos de contagios continúan incrementando exponencialmente. El 5 de mayo, en una sentencia histórica, la Justicia le ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires proveer agua potable en las villas y barrios populares. La resolución, firmada por el juez Osvaldo Otheguy, debía cumplirse en los siguientes 5 días y garantizar que cada habitante recibiera 150 litros por día. Tras declararse incompetente, el gobierno porteño no ha iniciado acciones para solucionar el problema de la falta de agua, mientras que los medios de comunicación y el discurso oficialista intentan desviar el foco de conflicto y hacer responsables a los propios barrios del aumento en los infectados debido a su densidad de población. (Por La Retaguardia)
🎤 Entrevista: Giselle Ribaloff,
Pedro Ramírez Otero y Fernando Tebele
💻 Edición: Rodrigo Ferreiro
📷 Fotos: Página 12, Hernán Zenteno
y La Garganta Poderosa
Cuando empezaron a conocerse los primeros casos de contagio de Coronavirus en las villas porteñas y los barrios populares de la ciudad, también comenzaron a visibilizarse reclamos históricos de sus habitantes y de las organizaciones sociales que allí funcionan. Uno de los más graves es, sin duda, la falta de agua que sufren quienes residen en estos lugares. Ante los estrictos pedidos de aislamiento social, distancia entre personas e intensificación de la higiene personal, es inaudito que las zonas más desprotegidas y hacinadas no cuenten con acceso a agua potable para poder enfrentar la pandemia. Frente a esta emergencia social, la Justicia ordenó al Gobierno garantizar el agua potable a todos los habitantes de la ciudad. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aún no ha cumplido con la sentencia que vence el día de hoy, miércoles 13 de mayo, ni ha elaborado un Plan de Contingencia para los casos más urgentes, como establecía el fallo.
Mientras tanto, el Ministerio de Salud porteño indicó que los contagios de Covid-19 en las villas superan la barrera de los 700 casos y, teniendo en cuenta que hay decenas de casos no formalizados, esa suma podría ascender a muchos más. El primer caso fue registrado el 21 de abril en el barrio Carlos Mugica y hoy en día ya son 14 barrios populares con casos de contagio confirmados. Además, en el Barrio Padre Ricciardelli (ex villa 1-11-14) el 80% de los casos testeados tuvieron resultado positivo. La situación de por sí no podría ser más dramática, pero teniendo en cuenta las condiciones en las que viven los habitantes de los sectores más vulnerables de la Ciudad todo podría volverse cada vez más catastrófico. Ese fue el motivo por el que la Justicia ordenó implementar medidas urgentes al Gobierno porteño y un plan para los sectores que requieran mayor atención. Ese fallo tildado de histórico por la acumulación de reclamos que contenía, hoy no es acatado por el Gobierno de la Ciudad que intenta responsabilizar de los contagios a los propios barrios infectados y pasarle la pelota a la empresa Aysa.
La problemática histórica
Desde distintos programas de Radio La Retaguardia se le ha hecho un seguimiento exhaustivo a esta problemática y se ha convocado especialistas en el tema que hace años abogan por defender las causas de los sectores más vulnerables de la Ciudad. Una de ellas fue María Eva Koutsivitis, de la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria, quien analizó las condiciones en las que se encuentran los barrios más carenciados de la CABA: “La falta de acceso al agua potable segura es una problemática que tiene larga data en la Ciudad de Buenos Aires. Hace más de una década venimos llevando adelante distintas iniciativas para poder garantizar en igualdad de condiciones el acceso al agua potable en los barrios populares de la ciudad. Aquí, 400 mil porteños -1 de cada 7 personas- tienen restringido el acceso al agua potable en una de las ciudades más ricas de la región. En este contexto de pandemia por coronavirus y epidemia de dengue, las desigualdades y las precariedades se intensifican. Para quienes no acceden al agua potable es utópico poder cumplir con las medidas de aislamiento y de higiene personal para afrontar esta pandemia. No solo en el barrio Carlos Múgica, villa 31 y 31 bis, sino en otros barrios populares de la ciudad la situación sanitaria es dramática. En el barrio Carlos Mugica, cientos y cientos de habitantes peregrinan por las calles y los pasillos con baldes tratando de encontrar algún camión aguatero. En el complejo Piedrabuena son cientos los afectados sin acceso al agua potable. En el barrio Scappino hay una manzana que lleva ya una semana sin acceder al agua potable. Así podríamos continuar. Esta situación se amplifica en este contexto, pero tiene larga data. El Gobierno de la Ciudad, en su gestión anterior, ha tomado como eje de gestión la urbanización y la integración de los barrios populares porteños. Ha invertido miles de millones en obras de infraestructura. Obras que no están terminadas, que no están conectadas, que no son formales”, denuncia Koutsivitis.
La Ingeniera explicó la importancia de esta resolución que firmó hace algunos días la Justicia y significa la concreción de largos años de pedidos y exigencias de las distintas organizaciones sociales: “Es urgente dar una respuesta. Celebramos este fallo judicial que le ordena al Gobierno garantizar el agua potable en la totalidad de los barrios populares en igualdad de derechos. Le ordena garantizarla de manera tal que cada ciudadano reciba por día 150 litros. Esto representa un antes y un después. Por eso consideramos este fallo de histórico. Esperemos que el Gobierno de la Ciudad habilite los canales de diálogo necesario para las organizaciones que hemos sido parte de esta acción judicial. Venimos con un recorrido de casi una década planteando que la desigualdad en el acceso al agua potable es una de las desigualdades urbanas más vetustas. Nosotros entendemos que es urgente poder garantizar el agua potable para todos los usos al conjunto de la ciudadanía en este contexto”, señala.
El agua no alcanza
Entonces, tras el fallo, el Gobierno de la Ciudad debía entregar 150 litros de agua por persona todos los días. El plazo para cumplir esa medida está a punto de acabar y las villas y los barrios no están más cerca de acceder al agua potable necesaria para enfrentar la pandemia. No solo que la cantidad de agua que se reparte es insuficiente sino que la calidad no está bajo ningún control gubernamental: “El Gobierno asigna un camión aguatero de 7 mil litros, que a lo sumo puede realizar 2 viajes en una jornada de 8 horas y abastecer a unos pocos cientos, en barrios en los que hay 50 mil habitantes. Es insuficiente. Muchas familias que se encuentran sin agua no saben a qué hora ni por dónde va a pasar el camión cisterna que pueda abastecerlas. Tampoco, las familias cuentan con dispositivos seguros para almacenar el agua como son los tanques plásticos. Garantizar el agua para todos sus usos significa que cada habitante pueda acceder a entre 100 y 150 litros de agua potable diaria. Para eso, no alcanza con 3 o 4 cisternas recorriendo la ciudad. El servicio es discontinuado, es intermitente y la calidad de agua que se consume no la controla ningún organismo de Gobierno”, continúa Koutsivitis.
El rol de Aysa
El Gobierno de la Ciudad se declaró jurídicamente incompetente para garantizar el agua potable a todos los habitantes de la ciudad. En esa definición, argumenta que no es su competencia brindar ese servicio sino de la empresa Aysa. Resulta que en el contrato de servicio firmado entre Aysa y el Estado, está acordado que la empresa le garantice el agua en todas la calles que figuran en un mapa oficial. Como en las villas y en los barrios populares existen muchas calles que no están formalmente reconocidas, tampoco sería competencia de Aysa otorgar allí el servicio. Mientras que la empresa y el gGobierno porteño se pasan la pelota, el agua potable sigue escaseando y los casos de contagios incrementan a un ritmo acelerado: “El 90% del paquete accionario de Aysa le pertenece al Estado Nacional. En su contrato de concesión, tiene que garantizar el servicio en todas las vías públicas formalmente catastradas. En el interior de los barrios populares, en donde las vías públicas no están formalmente catastradas, Aysa no tiene la responsabilidad de la prestación del servicio. Lo que hace Aysa es prestar el servicio hasta la periferia de los barrios populares. En el interior de los barrios no hay prestación formal del servicio. Esa es la base de la precariedad en el acceso al agua potable. No hay controles de calidad y presión. Los 40 mil habitantes de los barrios populares consumen agua que ningún organismo de gobierno controla”, dice María Eva Koutsivitis.
Que se arreglen en las villas
Otro de los expertos frecuentemente consultados por La Retaguardia por temáticas relacionadas a la ciudad es Jonatan Baldiviezo, titular del Observatorio por el Derecho a la Ciudad. El abogado relata que la principal preocupación del Gobierno de Rodríguez Larreta es que el virus no se propague por fuera de los barrios populares y no, precisamente, auxiliar a los afectados dentro de ellos: “Al Gobierno no le preocupa si los habitantes de estos barrios se contagian. Lo que le preocupa es si el resto de los barrios se llega a contagiar. Tenemos que tener mucho cuidado con la idea de que la solución es cerrar estos barrios y que no importa si se contagian internamente. Si hubiese una preocupación de frenar los contagios, deberían tomar medidas muy intensas, con muchos recursos y con mucha focalización del Gobierno. Es justamente lo que no se está haciendo”, explica Baldiviezo.
En uno de sus comunicados, el Jefe de Gobierno porteño eludió la responsabilidad por la propagación del virus en las villas argumentando que el conflicto de raíz era la densidad de población que contaba algunos de los barrios populares, como el Carlos Mugica. El titular del Observatorio por el Derecho a la Ciudad explicó que esa maniobra no se trata de otra cosa que la tan utilizada técnica de culpar a las víctimas. Los intentos mediáticos por establecer la necesidad de cerrar estos barrios para frenar el virus también alimentan ese engaño segregacionista: “El discurso de los medios de comunicación atribuyen la responsabilidad a la situación habitacional de estos barrios, diciendo que los contagios son porque hay alta densidad de población sin ver las verdaderas causas de por qué sucede esto. En el barrio de Caballito hay tanta población por metro cuadrado como hay en la Villa 31 y nadie está viendo una situación de contagio así en Caballito. La responsabilidad es del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de las concesionarias de servicios públicos. El temor es que este discurso termine por segregar al barrio para evitar contagios con otras comunas y que nadie salga. Esa es la idea que están empezando a instalar, no expresamente, con estos discursos de que la responsabilidad es del barrio. A la vez, no se están tomando medidas inmediatas y fuertes, con traslados de recursos humanos y presupuestarios, para atender la situación en estos núcleos de contagio”, acusa Baldiviezo.
En definitiva, a medida que el Gobierno porteño hace la vista gorda al fallo judicial que le ordenaba cumplir con su deber y garantizar el agua potable en todos los sectores de la ciudad, los medios de comunicación y las empresas de servicios evocan un discurso que responsabiliza a los propios barrios y villas por la cantidad de contagios. En lugares donde el Estado está ausente, las personas viven hacinadas y donde la consigna de lavarse las manos con frecuencia parece una broma de mal gusto, quieren hacer creer que los habitantes son irresponsables y que si se contagiaron es porque no cumplieron la cuarentena de modo responsable. La falta de agua potable es uno de los muchísimos problemas que históricamente enfrentan las poblaciones más vulnerables de la Ciudad. En este contexto de pandemia donde se piden extremar las medidas de higiene, la imposibilidad de acceder al agua enfatiza aún más ese conflicto. La crisis sanitaria es extrema y mientras los casos de contagios de Coronavirus siguen subiendo a un ritmo exponencial, el Gobierno de la Ciudad decide no acatar las medidas que la justicia le impone. Como siempre, son las organizaciones sociales y barriales quienes intervienen para que la catástrofe no sea mayor. La responsabilidad es del Gobierno porteño, quien desde su anterior gestión ha invertido miles de millones de pesos para urbanizar las villas y los barrios populares sin resultados aparentes. La decisión es política y hoy no parece estar enfocada en generar protocolos de emergencia ni planes de contingencia para estos sectores vulnerables.
