28 jul. 2012

por ContraPunto - RNMA
Fotos: Gonzalo Avila para Unión Diaguita

Ayer Tucumán sumó dos nuevos detenidos por criminalización de la protesta contra los Pueblos Originarios. Una causa iniciada por el terrateniente Fredy Moreno Núñez Vela por "tentativa de homicidio, lesiones, robo, amenazas y otros" contra 8 comuneros de la Base Riarte, se amplió el 25 de julio a otras 17 personas ya que el fiscal Guillermo Herrera dijo que había "bastantes sospechas" que habían participado del hecho.
Lograron detener a dos: Beco Mercado y Manuel Pastrana. En ese listado se incluye a Cynthia Ovejero, quien reside en San Miguel de Tucumán y cuya participación en el tema es ser vocera de la comunidad por lo que su señalamiento es una clara persecusión política.

Después de una relativa calma tras el desalojo realizado el 4 de julio pasado, ayer la justicia de Tucumán volvió a arremeter contra la Comunidad Indio Colalao, más precisamente en la Base Riarte (Trancas) en el norte de la provincia, en el límite con Salta. Se ordenaron 25 detenciones contra miembros de la comunidad, 17 más de las 8 personas que estaban ya incluídos en la causa que origina la orden, radicada por Fredy Moreno Núñez Vela por "tentativa de homicidio, lesiones, robo, amenazas y otros".

El fragmento de la resolución del Fiscal Guillermo Herrera donde alega "bastantes sospechas"


Al igual que el día del desalojo un impresionante operativo policial se montó en la zona, desarmó el campamento que había montado la comunidad al costado del territorio donde se produjo el desalojo, y entró a las casas de varios de las personas sobre las que pesaba orden de detención. Allí lograron detener a Beco Mercado, tras ingresar a su casa fue llevado a Trancas y luego a Tafí Viejo, aunque la información fue retaceada y no se supo durante horas su paradero. Manuel Pastrana fue detenido en San Miguel de Tucumán, al concurrir a su lugar de trabajo y quedó detenido en la jefatura de policía.

Jorge Posse (izq.) y Moreno Vela (der.)

El operativo fue en presencia y casi apadrinado por Fredy Moreno Núñez Vela y Jorge Posse (ver fotos) quienes constantemente estuvieron en contacto con la policía señalando viviendas y personas a detener. Éstas dos personas son las que pretenden apoderarse de 19.000 hectáreas en esa zona, con la firma Zanja Honda (de Núñez Vela), en sociedad con Agro Avance (de Posse). Camionetas sin chapa patente ni identificación trasladaron a los efectivos policiales en la búsqueda de las 25 personas a detener.

Moreno Vela "habla" con la policía

Ya en el desalojo se había desconocido la ley 26.160 que es de orden público y que prohíbe los desalojos en los territorios indígenas hasta tanto no se sustancie un relevamiento territorial (en curso) de las comunidades. Esta vez se avanzó aún más y bastó para el fiscal "bastantes sospechas" de supuesta participación en el hecho que se investiga para ordenar rápidamente las detenciones.
El conflicto puntual ya fue denunciado por una movilización de la Comunidad Indio Colalao a principios de junio. Después, todo lo que plantearon, terminó pasando. El despojo contra un anciano de la comunidad fue la gota que rebalsó el vaso e hizo que la comunidad recupere ese territorio y se instale en asamblea permanente. Después devino el desalojo, el acampe, la marcha a la ciudad el 7 de junio acallada por punteros y policía (ver: La voz de los que no tienen voz), intento frustrado de hacer llegar el reclamo a la presidenta el 9 de julio (ver: Intervención por Riarte)y ahora las 25 detenciones (ver: Criminalización de la protesta: policía de Tucumán en Riarte para ejecutar 25 órdenes de detenciones). En el medio, las inútiles mesas de diálogo abiertas con la Defensoría del Pueblo, Ministerio de Educación, Secretaría de DDHH y el compromiso del presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas Daniel Fernández de interceder para solucionar el conflicto no llevaron a ninguna solución concreta.

Camionetas sin identificación, otras sin chapa patente realizaron el operativo

La imagen de Moreno Vela y Posse casi dirigiendo el operativo policial ayer en Riarte es una postal clara de que de nada sirven los discursos o voluntades si no se avanza en lo concreto en el cumplimiento de los derechos de los Pueblos Originarios. El estado tiene que ser el garante de éstos. La justicia tucumana está claramente al servicio de los terratenientes. Los presos, los imputados y heridos hoy los siguen poniendo las Comunidades Indígenas.
Este año se concretaría el jucio oral y público por el asesinato de Javier Chocobar. En este contexto, ¿se puede esperar justicia? El terrateniente Darío Amín y sus parapolicías Gómez y Valdivieso esperan en libertad el juicio oral. Contrastes indiscimulables cuando ordenan detener a 25 personas por "bastantes sospechas".

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