6 ago. 2012

Por Juan Pablo Rubiños para La Retaguardia

Adías del comienzo del juicio que intentará establecer como fue asesinado el militante político Mariano Ferreyra, María del Carmen Verdú, de la CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) hizo un detallado repaso de aquella represión en Barracas: “la patota de la Unión Ferroviaria, en el marco de un plan criminal organizado con intervención de lo que denominamos ‘la triple alianza antiobrera’ –la patronal, la burocracia sindical y el Gobierno- confluyó en un armado donde cada uno tuvo un rol asignado para intentar frenar la organización independiente de los trabajadores tercerizados del Roca, por fuera de la burocracia sindical”. 


A pesar de las diez detenciones que se produjeron por el crimen de Ferreyra, aún no existen definiciones sobre la responsabilidad de la patronal  ni de la intervención policial en este hecho. Verdú nos describió la situación actual del entramado judicial: “en esta causa tenemos diez presos, que son ocho integrantes de la patota y sus dos jefes: el “Gallego” Fernández y José Pedraza, pero de los demás ni hablar”. Además apuntó a la participación de la empresa UGOFE: “el aparato judicial citó a UGOFE como testigos, a pesar que desde el día uno señalamos su responsabilidad criminal. UGOFE fue quien habilitó las licencias de los integrantes del grupo de choque y quien puso la plata, no sólo para la organización del ataque en su logística, sino posteriormente a través del Belgrano Cargas –vinculada a los mismos personajes-, para intentar comprar a los jueces de la Cámara de Casación y lograr la libertad de los primeros siete detenidos”.
Uno de los puntos más cuestionados de aquel ataque del 20 de octubre de 2010 fue el accionar de la Policía Federal, sospechada de permitir el ataque y la posterior retirada de los agresores del lugar de los hechos. En los primeros meses del expediente se separó la investigación de la actividad policial de la del ataque de la patota, y la causa de los policías podría pasar a la Justicia de la Ciudad. María del Carmen Verdú explicó la complicidad del personal policial en el ataque: “no se limitaron a mirar para otro lado o estar distraídos como nos quiere decir la jueza o el fiscal sino que fueron parte integral de ese plan criminal con una tarea central”. También agregó que el subcomisario Garay, de la Comisaría 30°, pidió refuerzos por el sistema de modulación cuando advirtió que la patota bajaba el terraplén para atacar a los militantes y desde la sala de situación le respondieron que vaya por celular, dejando en evidencia que querían evitar que quedara grabada la comunicación.
Por último, la abogada Verdú apuntó duramente contra el Gobierno Nacional: “nos venden todos los días que con el nuevo Ministerio de Seguridad se reestructura toda la cuestión policial en el ámbito federal y que la ministra Garré viene a barrer toda la bosta, pero hasta que hicimos público esto, a los policías en esta causa los defendía la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Seguridad. Para el Ejecutivo Nacional estos policías no cometieron ningún delito, pero después de la denuncia de CORREPI les ordenaron al Doctor Hierro, y otros integrantes del Ministerio, que abandonen la defensa de los policías. Ahora están defendidos por grandes estudios jurídicos con ex jueces, ex ficales y ex defensores oficiales con los mismos niveles de estudios de gran manejo de poder y de contacto que defienden a la patota”.

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