16 oct. 2012

(Por La Retaguardia) Dialogamos con el médico pediatra y neonatólogo Merardo Ávila Vázquez, integrante de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, que se refirió a las consecuencias del uso de agrotóxicos, pero también al gran negocio y juego de complicidades políticas que existen en el actual sistema de agricultura, basado en la producción de semillas transgénicas a partir de la utilización de veneno. Sistema al que se intenta sumar la instalación de una nueva planta de la empresa Monsanto en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas.

Merardo Ávila Vázquez señala que el actual sistema de agricultura que viene desarrollándose en el país es visto como exitoso porque genera enormes ganancias para los sojeros, para el comercio exterior, para el Estado que se queda con el 35% de las retenciones, y dinamiza las inversiones inmobiliarias en las ciudades, pero que en realidad tiene un impacto tan grave en el ambiente que los daños que está produciendo en la población humana rural son inocultables: “los médicos de los pueblos fumigados vienen acompañando los reclamos de los vecinos que dicen que debido a las fumigaciones sistemáticas que se realizan en forma continua para producir soja y maíz transgénicos, se está produciendo una alteración en el patrón de enfermedades de las poblaciones rurales. Ahora se caracteriza por ser una población sumamente enferma, por presentar tasas de cánceres que llegan a desplazar a los problemas cardiovasculares como primera causa de muerte”, explica Merardo, quien es además docente de la Cátedra de Clínica Pediátrica de la Universidad Nacional de Córdoba y ex subsecretario de salud de la ciudad de Córdoba. Otras consecuencias comunes y generalizadas en pueblos de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chaco, Santiago del Estero y Salta, donde se ha ido extendiendo la frontera agrícola de la soja transgénica, son malformaciones en los niños que nacen, pérdidas de embarazos, problemas de diabetes, hipotiroidismo.
Merardo afirma que además los peones rurales sufren una doble desgracia ya que tienen como patrón “a una sanguijuela como es la oligarquía argentina” y a su vez el gremio que los representa es UATRE (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores): “traidores como el (secretario general) Momo Venegas y toda la banda de la mafia de los medicamentos”, tal como los define Merardo y agrega: “no solamente tienen un sindicato traidor sino que cuando se enferman les dan medicamentos truchos. Conocemos casos de familias de jóvenes peones rurales, que todos murieron de cáncer y fueron tratados por esta  obra social y no nos cabe duda de que les estaban dando medicamentos truchos porque ninguno mejoró nada con los tratamientos que recibieron”.
Las consecuencias de los agrotóxicos no solo se ven en pueblos y pequeñas localidades, sino que también tienen alcance en lo que se come en las grandes ciudades. Ávila Vázquez afirma que los alimentos tienen cada vez mayores cantidades de residuos de agrotóxicos: “este sistema de agricultura es tramposo y fracasa todos los años – explica –, en el sentido de que siempre aparecen nuevos yuyos o malezas, plantas que son resistentes a los herbicidas, como el glifosato y otros que son productos que ellos tiran sobre los campos sembrados para matar a todos los yuyos que crecen entre las hileras de soja y maíz, y que no compitan por el agua, el sol, los nutrientes de la tierra con la planta que ellos están cultivando. Entonces tiran ese veneno que mata a todas las demás, y las únicas plantas que no mueren son estas transgénicas a las que ellos les han insertado un gen para que tengan una vida metabólica alternativa y el veneno no las mate. Pero la naturaleza se va adaptando a esto, porque de mil plantas hay una que tiene una capacidad natural de resistir al herbicida, y al año siguiente en vez de una, tenés cien de esas que son resistentes y al otro año tenés diez mil. Entonces ellos se están encontrando con que su propuesta de veneno para matar insectos y plantas lleva a que la naturaleza se vaya defendiendo, adaptándose y produciendo resistencia, entonces los productores se ven obligados a aplicar dosis cada vez más grandes de glifosato. Cuando empezaron en 1996 aplicaban tres litros de glifosato por hectárea, y ahora en la misma hectárea de Córdoba, Buenos Aires o Santa Fe están aplicando quince litros”. Ante esto, los granos, los alimentos quedan cada vez más impregnados de estos productos. En este sentido, Merardo cita el ejemplo de los tomates que se consumen en la Ciudad de Buenos Aires. Afirma que de julio a diciembre son producidos en la localidad correntina de Lavalle, en unas gigantes tomateras donde se utilizan grandes cantidades de agrotóxicos. “Los tomates son un cultivo muy frágil que necesita un control de plagas muy minucioso o la aplicación de gran cantidad de agrotóxicos, y esto es lo que están haciendo para proveer tomates hermosos, sin ninguna picadura a la Ciudad de Buenos Aires. Esos tomates están totalmente impregnados de veneno y recomiendo que los pongan en remojo una buena cantidad de horas con mucha agua antes de llevarlo a la ensalada y comerlo”, dice el referente de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados.
Pero para Merardo esta realidad es difícil de llevar a la prensa nacional y lograr que la opinión pública sea consciente de lo que está pasando: “porque vendrían a ser los efectos colaterales de un negocio, de una práctica de agricultura basada en veneno, de la que participan los sectores más concentrados del campo, encabezado por nuestra vieja oligarquía, que ahora ha asimilado todas las distintas prácticas de productores, están todos cooptados podríamos decir, por el proyecto de producción con semillas transgénicas y agrotóxicos, encabezado por una propuesta tecnológica cuyas ganancias principales se las llevan las multinacionales, que son los que venden las semillas, los venenos, y comercializan nuestra producción a nivel internacional”.
Además, en la Argentina se trata de un negocio muy concentrado ya que – según datos aportados por Merardo – actualmente hay 300 mil productores agrarios, de los cuales solo 80 mil hacen soja, y a su vez solo 20 mil producen el 60% de la soja, o sea que se trata de grandes empresas, sociedades anónimas y pooles de siembra: “hay un negocio muy concentrado, que da mucho dinero, y el gobierno nacional ha tomado estas políticas estractivistas en la pampa húmeda como es la soja, en la cordillera con la megaminería, en alianza con las multinacionales para desarrollar este negocio, generar algún retorno hacia las arcas del Estado y con eso encarar políticas de sostenimiento y control social”, reflexiona.
En tanto, Merardo explica que se han realizado estudios para dar cuenta de las consecuencias negativas de la utilización de agroquímicos, pero que muchos responden a quienes están detrás del negocio, ya que se han analizado los efectos tóxicos inmediatos de alimentos como el maíz transgénico o agua con glifosato dándoselos a ratas. Pero se lo mide por poco tiempo, a los tres meses ya se comprueba la toxicidad en distintas dosis: “como se ve que la toxicidad es baja, se autoriza tanto el maíz transgénico para alimento humano como el glifosato para ser aplicado en la puerta de tu casa con total impunidad. Sin embargo, los científicos vienen diciendo que las poblaciones sufren enfermedades de largo plazo como cánceres, problemas reproductivos que no son inmediatos y hay que hacer estudios a largo plazo”, relata Merardo. En este sentido, destaca un trabajo efectuado por el doctor Gilles-Eric Seralini de la Universidad de Caen de Francia: “tomó un grupo de ratas y lo siguió durante dos años, que es lo que se considera más o menos el período de vida de una rata de laboratorio. A un grupo se lo alimentó con maíz transgénico y a otro con maíz orgánico, a otro se le dio de beber agua potable y a otro agua con glifosato. Y se encontró que tanto las ratas alimentadas con maíz transgénico como las que tomaron agua con glifosato tenían tasas de cánceres después del año y medio, o sea a largo plazo, que llegaban al 80%, comparado con menos del 20% en el grupo que había comido alimento sano. Situación que nosotros venimos viendo y pasando informes de los datos que registramos en la Municipalidad (de Córdoba), revisando los certificados de defunción de los vecinos. Es la misma situación que encontró Seralini experimentando durante dos años con un grupo de ratas, alimentándolas con el maíz de Monsanto, que ahora quieren fabricar en Córdoba”, afirma Ávila Vázquez.
El integrante de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados está haciendo referencia a la planta que Monsanto quiere instalar en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas, que sería la planta más grande del mundo y produciría semillas de maíz transgénico. Quienes impulsan este negocio son una clara muestra de los intereses que existen detrás de este sistema de agricultura que se mantiene a pesar de las terribles consecuencias para la salud de las poblaciones: el intendente de la ciudad de Malvinas Argentinas, que es radical, y recibió el apoyo del gobernador José Manuel de la Sota, que es peronista opositor, y a su vez la instalación fue anunciada por la presidente Cristina Fernández de Kirchner en Washington junto al titular de Monsanto: “o sea que tanto los peronistas nacionales y populares, los peronistas reaccionarios de la oposición como los radicales están avalando este tipo de políticas, esta forma de producir en el campo de una manera totalmente acrítica. Si da plata, vamos para adelante, aprovechemos el momento, no importa la capacidad productiva de nuestra pampa húmeda, ni que generemos transformaciones sociológicas, que son terribles. La mayoría de los productores hoy arrendan, si tenés cien, doscientas hectáreas se las arrendas a un pool de siembra y te pagan 150.000 pesos por año. No vas a querer que te cambien este sistema que es de producción masiva a base de veneno que va a terminar con las capacidades productivas de nuestra tierra y sobre todo con la cultura del trabajo que tenemos que tener los argentinos si queremos tener una sociedad integrada, y no pensando solamente en el mercado”, asegura.
Ante esta realidad, Merardo Ávila Vázquez rescata la realización del primer juicio por fumigación llevado adelante en su provincia hace pocos meses (y en el que se condenó al productor sojero Francisco Parra y al aeroaplicador Edgardo Pancello a tres años de prisión condicional, mientras que el productor sojero Alberto Gabrielli fue absuelto): “es un proceso que lleva diez años de lucha y reclamo de los pueblos, de los barrios, de los vecinos del interior, y este proceso va creciendo, si bien uno puede decir que hace diez años que nos vienen envenenando y no hemos podido parar este proceso, pero son diez años en los que hemos logrado por primera vez que la justicia reconozca que fumigar es un delito, aplicar venenos y que estos venenos caigan sobre barrios, escuelas, un pueblo, llenos de niños como está pasando actualmente. Ahora los jueces y fiscales van a tener que actuar cuando haya una denuncia”, asegura Ávila Vázquez.


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