10 oct. 2012

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(Por La Retaguardia) Miguel Galván, integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina (Mocase VC), fue apuñalado en la yugular por Paulino Riso, mientras intentaba alambrar parte de las tierras de las comunidades indígenas Lule-Vilela. El hecho ocurrió en el Paraje Simbol, al norte de la provincia, en el límite con Salta. Apenas pocas horas después del crimen, dialogamos con Deolinda Carrizo del Mocase VC, quien responsabilizó por lo sucedido principalmente al gobierno provincial, a cargo de Gerardo Zamora, y al poder judicial.

Para los miembros del Mocase VC lamentablemente ya no es novedad el asesinato de un compañero. Desde hace tiempo denuncian, tanto a nivel local como nacional e internacional, las continuas amenazas, golpizas y aprietes que vienen sufriendo de parte de patotas armadas que responden a empresarios agropecuarios que pretenden quedarse con las tierras que históricamente les pertenece a los campesinos.  Alrededor de las dos de la tarde de este miércoles 10 de octubre, Miguel Galván se encontraba alambrando parte del terreno y dándole agua a unos animales, cuando se le acercó Paulino Riso. Al arribar al lugar minutos después, Rafael Galván encontró a su hermano Miguel muerto en el piso. Había sido apuñalado en la yugular. En tanto, Riso fue llevado por un grupo de particulares a un centro sanitario, y nada se sabe de él.  En el medio se encuentra la empresa agropecuaria Lapaz Sociedad Anónima de Rosario de la Frontera (Salta), que desde hace tres meses paga adicionales a la policía salteña para que cuide el terreno. Esa compañía al igual de tantas otras que están en esta zona fronteriza, quieren y pretenden muchas tierras que pertenecen a las comunidades campesinas indígenas de Santiago del Estero. “El programa estratégico que el gobierno está teniendo en Santiago del Estero es la inversión en el aterrizaje de los agronegocios en los lugares donde ancestralmente han estado participando y siendo parte de la producción y el mercado local, las comunidades campesinas indígenas”, explica en diálogo con La Retaguardia, Deolinda Carrizo.  Para ella lo sucedido con Galván es exactamente igual al caso de Cristian Ferreyra, asesinado en noviembre de 2011 en la comunidad San Antonio: “las comunidades de la triple frontera estamos desde 2007 organizados, defendiendo y haciendo que se vayan los empresarios que vienen a intentar desalojarnos. Esta empresa agropecuaria Lapaz Sociedad Anónima es la decimoctava que viene a la zona a sacar a los campesinos. Los años 2008, 2009, 2010 han sido todo un recambio de empresarios que pretenden las tierras donde están estas mismas familias hace más de veinte años. A los gobiernos provincial y local les consta ahora esta situación porque ha venido no solo el Comité de Crisis, sino que también se ha hecho una audiencia conciliatoria entre la parte de los Riso y la comunidad de Simbol para que dejaran de molestar”. Según relata Deolinda, el hermano de Miguel, Rafael Galvan, sufrió en julio pasado una golpiza; además en la Secretaría de Bosques de la provincia se han presentado las denuncias por estas agresiones, se han llevado fotografías de las topadoras presentes en el sitio; y como una parte del territorio pertenece a la provincia de Salta también se hicieron presentaciones en juzgados de allí: “No han hecho nada, es exactamente igual, es una historia repetida”, manifiesta con bronca Deolinda. La integrante del Mocase VC resalta la responsabilidad política del gobierno provincial de Gerardo Zamora, al que acusa de no haber hecho absolutamente nada para frenar los intentos de desalojos y las constantes agresiones de las bandas armadas presentes en el lugar: “Aranda que es uno de los cabecillas de otra banda que está operando en la zona y que lo denunciamos desde agosto de 2009 sigue allí; los otros días lo han detenido por robo de moto y también por estar hostigando a los campesinos, pero se lo soltó al día siguiente. Gente como Aranda, o Javier Juárez y los Abregú que son los que han asesinado a Cristian Ferreyra están sueltos y siguen operando en la zona, no hay seguridad para las familias que están hoy militando la organización y mucho menos las familias que están monte adentro viendo que todos los días pasan estos sujetos con las armas por caminos vecinales, incluso frente a las escuelas”, denuncia Deolinda y señala también al Ejecutivo nacional como responsable de lo que sucede con las comunidades campesinas indígenas: “hay toda una política a nivel nacional que se pretende imponer sobre las comunidades campesinas indígenas de nuestro país, y eso tiene que ver con el modelo de saqueo que hoy está avanzando para los capitales externos. No hay políticas públicas que nos permitan decir que la soberanía es una consigna fundamental para la producción de nuestro pueblo; los programas que podemos obtener son circunstanciales desde nuestro punto de vista, lo fundamental son las políticas de fondo que hoy no se ven, ni local ni nacional, que es la entrega a los que trabajan para producir los alimentos”.  Tras el asesinato de Cristian Ferreyra, desde el Mocase VC y el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) volvieron a impulsar un proyecto de ley de freno a los desalojos, en el que venían trabajando desde hacía años. Aunque lograron que ingresara en el Congreso a fines de noviembre pasado, a casi un año aún no ha sido tratado por los legisladores.  “Venimos trabajando esa ley desde 2009 – explica Deolinda – y más conjuntamente con comunidades de distintas regiones del país en 2010, intentando elaborar algo para que las comunidades campesinas estén resguardadas mínimamente, algo que nos pueda amparar, sabemos que no es la solución de fondo, porque el fondo es que se entregue y se deje tranquila a la producción campesina indígena y también se otorgue el reconocimiento histórico a esas comunidades a las que hoy se les debe respeto y dejar hacer su forma de vida. El 2011 nos ha encontrado con la situación del asesinato de Cristian, desgraciadamente con la muerte del compañero hemos podido lograr que algunos diputados se pongan a leer, tratar e intentar comprender esta realidad histórica de nuestra argentina que no está teniendo resolución. Hoy amerita en nuestro país un proyecto productivo que sea para el pueblo y no para la agroexportación, y esta ley nos permitiría por lo menos contenernos en los lugares donde hoy queremos seguir estando, porque así como han asesinado al compañero Cristian, han asesinado al compañero Galván, y hay muchos otros compañeros y familias enteras que no están dispuestas a ceder un metro. En Santiago del Estero esa consigna la hemos parido hace más de veinte años”.

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1 comentarios:

  1. no pude descargarlo recien desde donde indica el link al lado del reproductor....!!!!!
    Beno mas rato intento nuevamente , un abrazo cumpas.-.--.

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