14 oct. 2012


(Por La Retaguardia) Uno de los principales temas de la semana fue el caso de la mujer que solicitó realizarse un aborto no punible, tras quedar embarazada producto de una violación mientras era víctima de una red de trata de personas. Una asociación de las autodenominadas “pro-vida” presentó un recurso que demoró el procedimiento, que fue finalmente permitido tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia. En el marco de este debate, conversamos con la médica generalista Viviana Mazur sobre los alcances y limitaciones de los protocolos para llevar adelante un aborto elaborados tanto desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como del Ministerio de Salud de la Nación, y de la postura de los médicos ante estos casos.


Viviana Mazur es integrante de la Asociación Metropolitana de Médicos Generalistas y Equipos de Salud, y de la Comisión de Salud Sexual y Reproductiva de la Federación Argentina de Medicina General, y docente del Postítulo de Educación Sexual del Joaquín V. González. Trabaja todos los días en programas de salud sexual y reproductiva en hospitales públicos y salitas, hoy denominadas CESAC, de la Ciudad de Buenos Aires. Aunque está en permanente contacto con casos similares, Mazur afirmó que el de esta mujer víctima de una red de trata le dejó una sensación de mucho dolor e impotencia: “parecería que no hay ningún pudor en seguir vulnerando la situación y la salud en general de esta joven, se ponen por delante intereses que nada tienen que ver con la salud de esta mujer, y nada tienen que ver con su vida; y por otro lado, siento mucha indignación porque la verdad es que cotidianamente en los centros de salud, en los hospitales, los médicos de mi especialidad, medicina general, pero también muchos ginecólogos y otros trabajadores de la salud, recibimos permanentemente mujeres que por distintos motivos se encuentran en una situación de embarazo no buscado y desean interrumpirlo, y la situación de ilegalidad en la que se las pone lo único que resuelve es dejarlas con un mayor riesgo de morir o de sufrir consecuencias graves por un aborto que ellas van a practicar de todas maneras. Entendemos que hay una necedad importante al negar que este es un fenómeno que sucede y que lo único que hacemos evitando cumplir con nuestro rol de trabajadores de la salud, garantizando que esas mujeres puedan acceder a un aborto seguro, es profundizar las inequidades que se generan, ya que las mujeres que pertenecen a sectores sociales que pueden pagar abortos seguros los pagan y esas son las que no se mueren. Las mujeres de sectores populares que tienen que recurrir a distintas prácticas que aumentan su vulnerabilidad y que las ponen en mayor riesgo, son las que terminan con secuelas graves o sumando a las estadísticas de mortalidad materna, como se las llama en nuestro país”.
Esta misma semana también se conoció el caso de una mujer de La Plata que quedó embarazada producto de una violación. Como en un primer momento los médicos del hospital al que asistió no quisieron realizar la práctica argumentando "objeción de conciencia", debió recurrir al Ministerio de Salud bonaerense para que finalmente se le practicara el aborto. 
Sobre la conducta que en general deberían tener los médicos ante estos casos, la profesional de la salud señaló: “los médicos deberíamos aprender que no somos jueces, ni dioses, que estamos al servicio de garantizar que la población acceda, como dicen las resoluciones internacionales, al máximo nivel posible para su salud. Lo que yo tengo que hacer como médica es ofrecer mis conocimientos para que esa persona, sobre la base de lo que decida hacer para su vida, pueda acceder a su mayor nivel de salud posible. Así que la verdad que no soy quien para opinar si lo que esa persona decide hacer de su vida es correcto o incorrecto. La conciencia es ponerse al servicio de lo que las personas deciden qué es importante para cuidar su salud y para decidir sobre su vida desde su sistema de valores”.
Respecto a los distintos protocolos que se han elaborado, explicó que el fallo de la Corte Suprema de Justicia “ratifica en realidad lo que dice el Código Penal en el artículo 86 desde hace más de cien años, que es que una mujer que fue víctima de una violación puede interrumpir el embarazo: el Código Penal no pone ninguna semana límite de gestación, cosa que sí pone este intento de resolución 1252 de la Ciudad de Buenos Aires, que intenta limitar la resolución de la Corte. El artículo 86 habla del daño para la salud de la mujer y se entiende que la salud se comprende en un sentido amplio, hace ya muchísimas décadas que para las organizaciones internacionales de salud, y nuestro país ha adherido a esas definiciones, la salud está vista como un fenómeno bio-psico-social, con lo cual estos problemas no son solo los riesgos de muerte de las mujeres, sino que se las ve desde una situación más integral. A pesar de eso, y que está la resolución de la Corte Suprema y que el Código dice esto hace tantos años, muchas mujeres en situación de riesgo para su salud son limitadas en su derecho a acceder a un aborto no punible cotidianamente en los hospitales de nuestro país y en particular en la Ciudad de Buenos Aires”, manifestó.
En este sentido, Mazur reiteró que la resolución presentada por la Ciudad de Buenos Aires agrega restricciones al fallo elaborado por la Corte Suprema y hasta al protocolo de atención de abortos no punibles efectuado por el Ministerio de Salud de la Nación hace unos años: “en primer lugar pone el límite de las doce semanas; en segundo, plantea que (el aborto) sólo puede ser hecho por ginecólogos en los hospitales donde hay servicio de ginecología, nosotros conocemos que las consultas por abortos son frecuentes en los centros de salud de todo el país y la mayoría de los centros de salud no tiene servicio de tocoginecología, por lo que poner esta restricción ayudaría a limitar aún más el acceso de las mujeres a un aborto seguro y las dejaría en una situación de mayor riesgo. Por otro lado, plantea la necesidad de que el que decida finalmente que las condiciones dadas son las correctas y confirme el diagnóstico y autorice la práctica sea el director del hospital, anulando la capacidad que los médicos tenemos para decidir sobre nuestras prácticas”. Cabe recordar que en el caso de la mujer que quiso practicarse el aborto no punible en el Hospital Ramos Mejía, el legislador del MST en Proyecto Sur Alejandro Bodart presentó ante la Cámara de Apelaciones una denuncia penal contra el director de ese nosocomio, Carlos Mercau, porque quiso darle el alta a la paciente sin que se le practicara el aborto, además de filtrar información que permitió la presentación del recurso judicial efectuado por la asociación anti abortista.
También se le consultó a la médica sobre las consecuencias psicológicas que tiene una mujer que quiere abortar, no la dejan y debe tener igual el bebé: “se habla mucho del efecto traumático de la situación de aborto, y la verdad es que hay muchísimos estudios a nivel internacional planteados sobre el impacto traumático del aborto y no hay ninguno que demuestre que el aborto sea una situación traumática para las mujeres, sino que lo traumático es la violencia con la que se encuentran por parte de los servicios de salud y el riesgo al que se someten y la amenaza con la cuestión de la ilegalidad. En cambio, está también muy estudiado que la maternidad forzada genera terribles impactos no solo en las mujeres que se encuentran forzadas a tener hijos cuando no lo desean, o cuando no creen correcto hacerlo, y también impacto sobre la salud de esos niños con situaciones de maltrato infantil, y mucho impacto a nivel general en su salud. Desde el punto de vista de la valoración de la vida, parecerían no ser muy valoradas esas vidas porque sería someterlas a situaciones que no van a ser favorables”.
En cuanto a cuál es la política que debe llevarse adelante en este tema, la médica generalista retomó la consigna “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir” y agregó: “nosotros desde la asociación sumamos aborto legal, público y gratuito porque muchas veces la legalidad no alcanza para garantizar el acceso a la medida. Hay estudios a nivel internacional que comparan la situación en distintos países, aquellos en los que no hay educación sexual pero hay aborto legal, en aquellos en los que hay educación sexual pero no aborto legal, aquellos en los que hay educación sexual pero no acceso a la anticoncepción, lo que se vio es que ninguna cosa sin la otra favorece o resuelve el problema de los riesgos a los que se someten muchas veces a las mujeres por abortos inseguros. La educación sexual ayudaría muchísimo a evitar algunos embarazos no buscados, pero también hay estadísticas que nos plantean que aunque se usaran los métodos anticonceptivos de manera perfecta, en el mundo habría seis millones de embarazos por año no buscados, o sea que aunque hubiera educación sexual, acceso a los métodos, también los métodos fallan, por lo tanto ninguna de las medidas podría ir sin la otra”.




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