29 oct. 2012

Para Vergez, el silencio es salud
(Por La Retaguardia) El único imputado de este proceso que se lleva adelante en el Tribunal Oral Federal 5 de la Ciudad de Buenos Aires, intervenía como agente de inteligencia en el Batallón 601 durante la última dictadura cívico militar. Dialogamos con la doctora Gabriela Sosti, fiscal a cargo de representar al Estado en esta causa, quien habló sobre las implicancias no solo jurídicas sino históricas y emocionales de estos juicios, y también sobre la escasa cobertura mediática que tienen algunos de estos procesos.

El recorrido realizado por Héctor Vergez es bastante largo. Primero fue el director de centros clandestinos de detención y exterminio de Córdoba como “La Perla” y “La Ribera”, luego fue convocado por el Ejército para encargarse de la tarea de descabezar, literalmente, la parte de inteligencia del PRT-ERP, causa por la que está imputado y está siendo enjuiciado. La fiscal Sosti explica que el hecho de que sea el único sentado en el banquillo tiene que ver con que en la etapa de instrucción no se investigó al grupo operativo con el que actuaba el capitán del Ejército: “esta es una característica de estas causas donde solamente aparece un solo personaje y no se investiga en profundidad la estructura”, agrega.
En diálogo con Oral y Público, Sosti destaca además que esta causa pone en negro sobre blanco cómo fue el enfrentamiento entre los aparatos de inteligencia: por un lado de las organizaciones guerrilleras y por el otro del estado represor. Señala que entre las víctimas de Vergez se encuentran distintas personas que fueron informantes de la inteligencia de la organización: “desde ese lugar es interesante porque se ha debido desentrañar cómo era esa trama”, explica.
Vergez está siendo juzgado por el secuestro y desaparición de “Pancho”, nombre de guerra de Javier Coccoz, militante del PRT que quedó como jefe de inteligencia después de la muerte de Mario Santucho y la caída de lo que se llamaba el estado mayor de la inteligencia del PRT. A él lo secuestraron en mayo del 1977, y no se sabe a ciencia cierta en qué centro clandestino estuvo, se presume que fue en Campo de Mayo.
En esta causa también se investigan otros tres casos: Cristina Zamponi, compañera de Coccoz, secuestrada con su hijo y luego exiliada; Julio Gallego Soto, integrante de la resistencia peronista, hombre de confianza de Juan Perón; y Juan Carlos Casariego del Bel, ex funcionario del Ministerio de Economía que se opuso a la maniobra de nacionalizar la ex Italo impulsada por José Alfredo Martínez de Hoz.
Los secuestros y desapariciones de Soto y Casariego del Bel están relacionados con ciertas informaciones que están saliendo a la luz en el marco de esta causa: cómo era la trama interna del PRT, cómo operaba, qué tipo de información recababa, quiénes eran sus informantes. “Esta causa da cuenta que (los informantes) eran personajes muy encumbrados, gente que trabajaba en las estructuras más elevadas del Ministerio de Economía, del Banco Central, mismo el caso de Perrotta”, señala Sosti. Cabe recordar que Rafael Perrotta era el dueño del diario El Cronista Comercial y fue secuestrado y desaparecido por los militares.
“En realidad estas causas se arman con jirones de historia, la represión fue documentada en forma minuciosa, pero supuestamente los archivos han desaparecido. En esta causa se puso en evidencia que ese material no está tan desaparecido. En la década del ´90 parte de esos archivos se vendieron, de hecho hubo un programa de Mauro Viale donde se hizo una representación de un interrogatorio al periodista Perrotta, en base a un archivo recuperado del Batallón 601”, manifiesta Sosti.
Muchos de los pocos sobrevivientes que quedaron de la estructura del PRT-ERP no pueden aportar datos, ya que el trabajo del aparato de inteligencia de la organización suponía que la mayoría de los militantes no tuviera acceso a conocer quiénes eran los que entregaban estas informaciones desde adentro del Estado, que les permitía leer y analizar hacia dónde iba la dictadura militar en cuanto a la represión y la dirección económica y financiera que llevaba adelante.
Es por esto que muchas de las informaciones que surgen en el marco de los juicios por crímenes de lesa humanidad son importantes aportes históricos. Al respecto la fiscal Sosti afirma: “Para mí esta causa y la de ABO (causa por el circuito de CCD Atlético-Banco-Olimpo, en la que también actuó como fiscal) no tienen una dimensión exclusivamente jurídica. Los otros aspectos para mí son medulares. No solo la dimensión histórica, también la emocional. Reconstruir en ABO cómo estaban conformados los colectivos políticos, qué tipo de colectivos eran, de qué se trató la militancia de la década de los ´70, para mí fue muy importante. En estas causas no se habla solamente de la carne masacrada en un campo de tortura, sino que es poder recuperar esta otra dimensión. Y esta causa atraviesa la historia. Es casi una obligación hacer esa lectura y no limitarnos a la aplicación del código penal”.
Pero a pesar de la importancia de estos juicios, no todos tienen la cobertura mediática que correspondería. Es el caso justamente de la causa Vergez: “Es una pena, detrás de esta causa hay una trama muy nutritiva, por ejemplo entre otras cosas se está ventilando lo que fue el tema de La Ítalo, no entiendo cómo es la dinámica de la difusión. Hasta donde sé la única (periodista) que se ha hecho cargo de esta causa fue Alejandra Dandan de Página 12. Es difícil pensar que la cobertura venga del lado de Clarín, pero desde el anuncio del comienzo del juicio no se ha difundido mucho más que eso. Los casos como la ESMA y otros rimbombantes son los que salen a la luz, y otros no tanto, y eso es una deuda pendiente”, reflexiona Sosti.
En el juicio contra el capitán del Ejército Héctor Vergez quedan aún por realizarse algunas audiencias con testigos, luego comenzará la etapa de alegatos para finalmente llegar a la sentencia, prevista para el 21 de diciembre próximo.


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