15 nov. 2012

foto: represorestucuman.blogspot.com
(Por La Retaguardia) El lunes 12 de noviembre se inició la audiencia con la lectura de las acusaciones a los 44 imputados por torturas, secuestros y desapariciones en los centros clandestinos de detención y exterminio Jefatura de Policía y Arsenales. Entre los imputados se encuentran militares, policías, y hasta un escribano y un sacerdote. La hermana y el cuñado de Cecilia Parrile son dos de las 235 víctimas por las que los genocidas están sentados en el banquillo; ella es querellante en esta causa y nos relató sus sensaciones en estos primeros días de juicio.


La jornada del lunes 12 empezó demorada, en principio por una cuestión técnica. Algunos de los genocidas juzgados están detenidos en la cárcel de Ezeiza, por lo deben presenciar los acontecimientos en el recinto a través de videoconferencia, una serie de obstáculos hicieron que este sistema no estuviera en condiciones para llevarse adelante, por lo que la audiencia dio inicio tres horas más tarde.
Para Cecilia Parrile, todo en esta megacausa responde al orden de lo político: “hasta ahora en los días que llevamos de juicio no dejó de haber intentos de suspender, postergar la actividad, siempre, por supuesto, por parte de los defensores de los genocidas”, explicó en diálogo con Oral y Público.
Entre los más de cuarenta imputados en la megacausa Arsenales II - Jefatura II, hay un sacerdote y un escribano. “José Mijalchyk es quien daba de alguna manera apoyo espiritual a los genocidas -relató Parrile-, es la primera vez en la provincia que un miembro de la comunidad eclesiástica va a juicio. Tenía esta particularidad, desde lo perverso, de ser quien ofrecía aliento a los asesinos. Hay otro civil también imputado que es un escribano, Juan Carlos Benedicto, que se ocupaba de tramitar o de ingresar a la legalidad las propiedades robadas a nuestros compañeros. Todos ellos enfrentan con bastante poca dignidad este momento del juicio porque la mayoría especula con temas de salud para evadir la justicia. Benedicto, por ejemplo, hasta último momento estuvo internado por una operación de vesícula. Es una situación repetida, recurren a temas de salud para evadir su enfrentamiento con la justicia”. En este sentido, Parrile destacó la importancia del juzgamiento de Benedicto y otros civiles, ya que permite instalar con aún más fuerza el concepto de que se trató de una dictadura cívico-militar: “una dictadura que sin el apoyo y el acompañamiento de los civiles no hubiera sido posible”, agregó.
Silvana Parrile y Ricardo Salinas fueron secuestrados en enero de 1977, en una plaza de San Salvador de Jujuy. Primero estuvieron en centros clandestinos de Villa Gorriti en Jujuy, y luego traslados a “La Jefatura” en la capital tucumana. Silvana continúa desaparecida. A fines de agosto de este año, dos días antes de que cerrara la presentación de pruebas en la causa, llegó la notificación de que habían aparecido los restos de Ricardo. Estaban en una fosa común masculina, en el centro clandestino de exterminio, conocido como Arsenales. “Nosotros ahí confirmamos la hipótesis, que se trata de demostrar en este juicio, que estos dos campos de concentración y exterminio estaban totalmente ligados, articulados, conectados. Tanto de Ricardo como de mi hermana solo teníamos testimonio de que se los había visto en el primero de los campos, en el de Jefatura de Policía; intuíamos, suponíamos, asociábamos por otros casos que la mayoría de los compañeros que estuvieron ahí fueron asesinados en el segundo campo y enterrados en fosas comunes, en el espacio físico perteneciente a este lugar, y la aparición de los restos de Ricardo en la fosa común de Arsenales confirma esto. Es una prueba irrefutable para el desarrollo del juicio”, señaló Parrile.
Desde lo personal, la identificación de los restos de su cuñado le generó a Cecilia Parrile sensaciones contradictorias. Así lo describió en Oral y Público: “todo el mundo dice que produce mucho alivio recuperar los restos para la familia, pero para mí fue una situación de mucha angustia, sentí más angustia que alivio. Lo único que me permitió sobrellevar esto fue pensar en el aporte que esto significaba en términos de búsqueda de verdad y justicia. Pero la confirmación y toda la información que se devela a partir del informe del Equipo de Antropología Forense, como que haya sido fusilado a través de un disparo en la nuca, no es una información que a mí me haya producido alivio, sino más bien todo lo contrario”.
Para la querellante y testigo de este causa todavía hay resabios de miedo en Tucumán: “es una provincia en la que han desaparecido familias completas, y esto va a llevar un tiempo más largo, todavía a lo mejor necesitamos trabajar y recuperar muchas cosas para poder decir que ya no hay resabios de miedo en la provincia. Creo que siguen existiendo, y por eso es tan valorable desde mi punto de vista, porque soy familiar, querellante y testigo en esta causa, lo que hacen los tucumanos en este momento, porque no es fácil sobreponerse al desastre que dejó la dictadura por un lado, y la gestión posterior del genocida (Antonio Domingo) Bussi, como gobernador electo de esa provincia. Creo que un pueblo no se recupera en pocos años de semejante desastre vivido. Lo que yo lamento profundamente es que Bussi haya tenido el beneficio de la impunidad biológica, que se haya muerto sin haber sido condenado en su provincia. El recibió condena solo por la causa Vargas Aignasse. Yo hubiera preferido en este momento que hubiera tenido una larga vida, que hubiera podido estar sentado en el tribunal ahora junto a los otros genocidas que se están juzgando en esta causa”.
Respecto al inicio del juicio, Parrile afirmó que esperaba este momento desde hace más de 35  años: “pero no por muy esperado es sencillo, sino más bien todo lo contrario. Durante mucho tiempo descreí de la justicia burguesa por mi posicionamiento ideológico, no es que ahora crea que es la mejor alternativa sino que creo que es la única posible en este momento”. En este contexto, Parrile afirmó estar dispuesta a hacer todo lo posible para que cada uno de los genocidas termine en una cárcel común de cumplimiento efectivo.

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