15 nov. 2012

(Por La Retaguardia) La Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado puso en funcionamiento; a instancias de la Procuraduría General de la Nación, a cargo de Alejandra Gils Carbó; una unidad especial que trabajará los casos particulares de apropiación de bebés y otra que se especificará en los delitos sexuales cometidos durante el genocidio. La primera está integrada, entre otros, por el fiscal Pablo Parenti, quien se refirió a los alcances de estas iniciativas. 


Pablo Parenti es el coordinador de la Unidad Fiscal y fue designado fiscal ad hoc del espacio que seguirá los casos de apropiación de bebés. En diálogo con Oral y Público, explicó que hace dos años formaron un grupo de trabajo dedicado específicamente a la apropiación de menores, ya que estas causas presentan notas distintivas respecto a otros fenómenos vinculados al terrorismo de Estado, y requieren medidas de prueba diferentes a otras. Por ejemplo, la averiguación de cómo llegó una persona a una familia de destino o las pruebas de ADN. Al respecto, Parenti señaló: “nosotros detectamos hace un tiempo cierta dificultad en el manejo de este tipo de causas. Por un lado, una disparidad en la forma en que la administración de justicia trata estos casos, no todos los juzgados investigan del mismo modo; y por otro lado, una gran demora en realizar medidas de prueba que son muy importantes para el esclarecimiento. Entonces, lo que hicimos desde la unidad, es trabajar en un protocolo de actuación donde volcamos todas las pruebas que a nosotros nos parece importante realizar para que los fiscales lo tengan en un documento oficial del Ministerio Público, y no haya tantas dudas respecto a cuáles son las medidas de prueba que hay que hacer: regularlas, ponerlas por escrito, explicar ante cada medida de prueba cuál es su finalidad, y la mejor manera de realizarla”.
El objetivo es que este protocolo tenga impacto en el poder judicial, que sea utilizado tanto por fiscales como por jueces, ya que hasta el momento las medidas que se tomaban cuando llegaba una denuncia dependían “de la imaginación, la creatividad y la experiencia judicial” de quien se hacía cargo de la causa. En este sentido, Parenti afirmó que advirtieron que las medidas que se pedían no siempre eran las más acertadas, o estaban dirigidas a los organismos correspondientes, o se demoraban dos años en recopilar una información que podía conseguirse en solo dos meses. “Por otro lado, está el tema de la prueba de ADN -agregó el fiscal- que supone citar a la posible víctima, a veces a los supuestos apropiadores para que den una muestra biológica que luego pueda ser analizada por el Banco Nacional de Datos Genéticos, y esta es una medida que también tiene sus dificultades, muchas veces hay juzgados que se resisten. Pensamos que así como hay resistencia en avanzar en muchas causas del terrorismo de Estado, también la hay en casos de apropiación”.
De todos modos, Parenti aclaró que esto ocurre porque los funcionarios judiciales no siempre saben cómo encarar estas medidas: “no saben cómo implementarlas o en qué casos hay que apelar a la voluntariedad de la persona, y en qué casos hay que hacerlo de manera compulsiva. En el protocolo lo que explicamos es cuáles son los pasos que la ley establece e intentamos ser lo más claros posibles para que no haya dudas. Y como medida complementaria a este protocolo, lo que hizo la procuradora general de la Nación fue crear una unidad específica para hacer un seguimiento de este tipo de casos y garantizar que este protocolo se aplique. Se hizo una adecuación institucional al crearse una unidad específica para los casos de apropiación”.
El fiscal destacó además que tras la realización del juicio por el plan sistemático de robo de bebés, cuya sentencia se conoció en julio pasado y condenó a nueve genocidas con penas de hasta 50 años, quedó demostrado que existió efectivamente un plan sistemático elaborado por parte de la dictadura. “El juicio fue muy importante para acentuar otra necesidad -agregó-, que es cambiar un poco el paradigma de investigación. Hasta ahora, como regla general, el Estado lo que hizo fue esperar que algunas personas que sospechaban ser hijas de desaparecidos se acercaran a la justicia, a Abuelas, al Banco o a la CONADI (Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad), para manifestar sus sospechas y avanzar en el análisis de ADN; o que llegara alguna persona con algún dato. Otro rasgo de las investigaciones es que se venían haciendo caso por caso. Lo que muestra el juicio del plan sistemático y nuestro trabajo en estos años es la necesidad de que primero el Estado no espere simplemente la información, sino que realice actividades de búsqueda de estos casos, y a partir del relevamiento de una gran cantidad de archivos, hablamos de revisar expedientes de guarda y de adopción de la década del ´70 que están diseminados por todo el país, revisar partidas de nacimiento. Tenemos un proyecto muy ambicioso de trabajo que va a requerir como primera medida encontrar toda esta documentación y asegurarla. Lo que también pensamos hacer son investigaciones, que podríamos llamar genéricas, es decir no caso a caso sino por lugar u hospitales; por ejemplo, el hospital militar de Campo de Mayo”.
La otra medida que se tomó de parte de la Procuraduría, fue la elaboración del documento “Consideraciones sobre el juzgamiento de los abusos sexuales cometidos en el marco del terrorismo de Estado”. Allí se describen las falencias que existen en la forma en que se tratan judicialmente estos casos y se ofrecen ciertas pautas de actuación para los fiscales de todo el país. Por lo pronto, uno de sus objetivos es que los delitos sexuales no se presenten bajo la figura de tormentos, ya que se estaría impidiendo reflejar “la especificidad de la agresión sufrida por la víctima”.
En el documento también se enfatiza que para que sean considerados delitos contra la humanidad no es necesario que los abusos sexuales hayan sido generalizados o sistemáticos; tampoco hace falta la existencia de órdenes explícitas para responsabilizar a los militares superiores como coautores o autores mediatos del delito.
Dos medidas tomadas desde el Ministerio Público Fiscal con el objetivo de acelerar las distintas causas que se enmarcan dentro de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.

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