12 dic. 2012

(Por La Retaguardia) Lo resolvieron los jueces de la Sala II de la Cámara Penal de Tucumán, luego de diez meses de audiencias. El pasado 12 de diciembre, los 13 acusados de secuestrar y desaparecer a la joven tucumana quedaron libres de culpa y cargo. Aunque los fundamentos del fallo se conocerán este martes 18, la decisión causó indignación, bronca, y volvió a dejar a muchos argentinos con la horrible sensación de impunidad. En este marco, entrevistamos a Mercedes Assorati del Programa Esclavitud Cero de la Fundación El Otro para reflexionar sobre la trata de personas en el país.



En diálogo con La Retaguardia, Assorati contó que siguió la última audiencia del juicio por televisión y que al escuchar el fallo quedó boquiabierta: “yo ya había preparado a todo el mundo para el desencanto, porque pensé que en todo caso iban a ser sentencias muy leves para la aberración que es el tema de trata, pero sinceramente no me esperé que iban a salir todos absueltos. Realmente me pareció que un fallo semejante es una vergüenza nacional, pero además me parece que es un acto de discriminación hacia las víctimas de trata, porque quiere decir que no creyeron ninguno de los testimonios de las víctimas que realmente se arriesgaron para ir a declarar, incluso algunas tuvieron problemas por eso, y tuvieron una actitud muy valiente por ir a contar lo que ellas vivieron, y rearmar lo que fue la historia del secuestro de Marita. La verdad que un fallo absolutorio significa que hay un prejuicio, o hay por lo menos una decisión del tribunal de no reconocer como válidos los testimonios de las víctimas”.
Marita Verón fue secuestrada el 3 de abril de 2002, convirtiéndose en una de las tantas mujeres víctima de trata de personas en Argentina. Durante el juicio, se escucharon varios testimonios de jóvenes que pudieron ser rescatadas por la mamá de Marita, Susana Trimarco, en el marco de su lucha por encontrar a su hija. Estas sobrevivientes declararon haber visto en más de una oportunidad a Marita en prostíbulos y whiskerías, comprometiendo a los imputados con su relato.
Los acusados eran María Jesús Rivero, quien habría ideado el secuestro; su hermano Víctor, señalado como conductor del auto en el que capturaron a Marita; Daniela Milhein, quien habría tenido cautiva a la joven en Tucumán; su esposo Alejandro González, imputado como entregador de Verón a un prostíbulo de La Rioja; “Liliana Medina”, madama de varios prostíbulos riojanos, acusada de someter y prostituir a Marita; los hijos de Medina, José Gómez y el “Chenga”, que habrían participado del secuestro y habrían explotado a la joven; Mariana Bustos, esposa de “Chenga” y miembro de la red de prostitución, junto con María Azucena Márquez; el matrimonio integrado por Carlos Luna y Cinthia Gaitán, ambos imputados como administradores de prostíbulos; Humberto Derobertis, encargado del prostíbulo “El Desafío”; y Pascual Andrada, policía riojano señalado como distribuidor de las víctimas de las redes de trata en distintos burdeles de esa provincia.
A pesar de que el fiscal y la querella habían solicitado 25 años de cárcel al asegurar que eran integrantes de una red de trata de personas que raptaba mujeres y las vendía a prostíbulos, donde eran explotadas sexualmente, el tribunal compuesto por Eduardo Romero Lascano, Emilio Herrera Molina y Alberto Piedrabuena dictó las 13 absoluciones.
Para Mercedes Assorati, la decisión de los jueces se inscribe dentro de un sistema de corrupción institucionalizada, y señaló que seguramente hubo una negociación entre acusados y magistrados: “Susana (Trimarco) denunció que la causa entera había sido sacada de los tribunales y llevada a una quinta, me parece que era del Chenga Gómez, eso es algo totalmente irregular. Lo que creemos es que seguramente allí hubo una negociación por la cual se tomó la decisión de que no iba a quedar nadie condenado”.
El 94% de las causas que inicia el Programa Esclavitud Cero de la Fundación El Otro por trata de personas queda impune. Al respecto, Assorati aseguró que vienen denunciando hace años que los remedios judiciales no están funcionando en la Argentina para estos casos. En este sentido, reclamó la necesidad de una limpieza tanto de las instituciones policiales como del propio poder judicial: “la gente no quiere más jueces corruptos, no quiere más Oyarbides, no quiere más Zaffaronis, no quiere más impunidad en las causas, no quiere más la corrupción generalizada que estamos viendo, y creo que es un punto de quiebre y es necesario escuchar el clamor de la gente por justicia, por instituciones que vuelvan al respeto de la ley, donde realmente el pueblo pueda tener acceso a la justicia. Nosotros decimos que hoy las víctimas de trata realmente no tienen acceso a la justicia, porque no tienen sistemas de asistencia y proyección integral que les puedan dar a ellas una seguridad como para poder hacer frente a las redes de trata, pero además las causas quedan absolutamente impunes, con lo cual Esclavitud Cero ya no está recomendando a las víctimas que hagan las denuncias, porque no nos parece moralmente adecuado decirles que denuncien cuando sabemos que a las 48 horas el tratante va a salir libre, y el riesgo de nuestra víctima se va a duplicar inmediatamente”.
Desde Esclavitud Cero afirmaron que en 2011 pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que enviara un relator especial por la cantidad de denuncias por trata de personas que había en el país. La CIDH envió ese mismo año al relator, que tenía previsto visitar Argentina y Chile, pero finalmente solo viajó al país trasandino porque el gobierno argentino no lo recibió.
No es novedad la connivencia entre el poder político y las redes de trata. Varias veces, Susana Trimarco acusó a Rubén “la Chancha” Ale, ex pareja de María Jesús Rivero, de “manejar la droga y la prostitución de Tucumán”. Ale es la misma persona que apareció en una foto, publicada en diversos medios, junto a un sonriente José Alperovich, gobernador de Tucumán desde 2003. A su vez, en La Rioja existe una reglamentación que permite los prostíbulos: “no tiene explicación, es ilegal – explicó Assorati –, ninguna ordenanza municipal, normal, edicto policial puede ir contra una ley nacional y contra las convenciones internacionales de derechos humanos ratificadas por Argentina, todas prohíben la promoción de la prostitución de la mujer y la explotación sexual de mujeres. Si una ley lo hace, es ilegal, porque cede ante la norma mayor. Lo que habría que hacer es denunciar a todos los funcionarios que permiten esta seudo-habilitación fraudulenta y espuria de locales de explotación sexual; habría que denunciarlos por incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Inmediatamente después de conocerse el fallo, comenzaron a realizarse movilizaciones en distintas ciudades del país, que continuaron los días siguientes con una importante convocatoria. Particularmente en la Ciudad de Buenos Aires, la marcha que concluía en la Casa de la provincia de Tucumán finalizó con represión policial. Al respecto, Assorati manifestó: “creo que la gente está muy cansada de tanta impunidad, realmente ha comprendido que las redes de crímenes organizados están cooptando a la Argentina, y claramente está diciendo basta, y esto es algo que debe analizarse desde el poder que suele no considerar ninguna manifestación popular, yo creo que es un punto de quiebre indudablemente. Hoy (por el miércoles) era muy difícil parar a las personas que estaban rompiendo la Casa de Tucumán, porque la gente decía `¿qué vamos a hacer, la denuncia?`, claramente en un país sin ley la gente se vuelve a la violencia”.
El rechazo generalizado al fallo y las distintas movilizaciones populares en todo el país exigiendo justicia, llevaron a que la presidente Cristina Fernández convocara al Congreso a sesiones extraordinarias para que la Cámara de Diputados trate el proyecto que modifica la Ley de Trata, que ya cuenta con media sanción de Senadores. Posiblemente el tema se debata en el recinto este miércoles 19 de diciembre. Al ser consultada sobre este tema, Mercedes Assorati enumeró los motivos por los que desde Esclavitud Cero no están de acuerdo con la actual redacción de la iniciativa: “nos parece que hay cuestiones centrales que todavía no están debidamente atendidas por la ley, incluso ni siquiera cumple con los diez puntos que las ONGs les pedimos a los legisladores, y que éstos se comprometieron a cambiar mediante un acuerdo parlamentario en 2010. Uno de ellos era el tema del consentimiento de la víctima, todavía no se entiende que nosotros no pedimos que el consentimiento no se tenga en cuenta porque la víctima es vulnerable, pedimos que no se tenga en cuenta porque aún cuando una persona pueda voluntariamente consentir su propia esclavitud, el Estado no puede de ninguna forma avalarlo, exculpar de responsabilidad penal a quien somete a otra persona a explotación porque los derechos humanos son irrenunciables e inalienables, nadie me lo puede quitar y tampoco lo puedo ceder, y el Estado siempre está obligado a garantizarlo. En otro orden de cosas, la ley aumenta la pena mínima por trata de tres a cuatro años; cuatro años es la misma mínima que tiene el robo de ganado, eso no nos conforma, la trata de personas es un delito de lesa humanidad, Argentina se ha comprometido incluso internacionalmente a castigar los delitos de lesa humanidad con las penas más graves, y cuatro años sinceramente es una tomadura de pelo. Otro punto fundamental es el tema de la incautación y el decomiso, que son cuestiones que no aparecen debidamente clarificadas en este proyecto de ley. Lo que estamos proponiendo desde Esclavitud Cero y la Fundación La Alameda es que haya una expropiación, sin posibilidad de indemnización de ninguna clase para todos los locales, casas, campos, todos los lugares que sean utilizados para la esclavización de personas que los dueños pierdan inmediatamente la titularidad de esos lugares, y que sean destinados a la asistencia a las víctimas, al combate contra la trata. Otro punto que también hemos pedido, y nos parece una barbaridad, es que dentro de los agravantes de la ley no figure cuando se causa lesiones graves o gravísimas a la víctima; y estamos pidiendo, pensando también en el caso de Marita Verón, que haya cadena perpetua para aquellos que no dan información sobre el destino de las víctimas, queremos de alguna manera promover que los tratantes informen dónde están las mujeres desaparecidas. Esta ley, además, crea un consejo federal contra la trata, pero a la hora de crear el comité ejecutivo que es el que va a tomar las decisiones del día a día y tendrá la administración de los fondos, se deja de ser federal y solamente está integrado por el Poder Ejecutivo Nacional, que hasta ahora no ha hecho aportes importantes para la asistencia de víctimas en todo el país, por eso creemos que ese comité debe ser necesariamente federal y para eso tienen que estar representadas las provincias y no solamente el gobierno central”.
Según cifras que maneja el programa Esclavitud Cero, alrededor de 700 mujeres desaparecen por año, y actualmente el número de casos registrados asciende a cerca de cuatro mil. El fallo absolutorio que se escuchó en Tucumán de nada sirve para revertir esta situación.


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