15 dic. 2012

(Por La Retaguardia) El próximo 31 de enero se cumplen cuatro años de la desaparición de Luciano Arruga. La carátula de la causa continúa siendo “averiguación de paradero”, a pesar de que la familia denuncia desde el primer día que se trata de un caso de desaparición forzada en manos de la policía bonaerense. Hablamos con la hermana de Luciano, Vanesa Orieta, sobre las dificultades que aún tienen para que se avance en la investigación, la falta de colaboración tanto judicial como política, y                  las deudas pendientes en materia derechos humanos que tiene la democracia argentina. 

Luciano Arruga tenía 16 años cuando fue visto por última vez en el destacamento de Lomas del Mirador, un lugar que se abrió en 2007 como respuesta a reclamos por mayor seguridad de parte de ciertos vecinos de la zona. Luciano había sido detenido, como tantas otras veces, por policías de ese destacamento ante su reiterada negativa de salir a robar para ellos.
La investigación está repleta de irregularidades: a Luciano se lo continúa buscando como si fuera un chico que está perdido, los efectivos que estaban presentes el día que se lo vio por última vez en el destacamento aparecen como testigos y siguen trabajando en diferentes comisarías del partido de La Matanza. “Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad (de la provincia de Buenos Aires) se tomó la decisión de no desplazarlos de la fuerza, sino de limpiar la cara del destacamento, y para eso los corrieron a diferentes comisarías; y en esta situación estamos, tratando que desde el Ministerio se tome la decisión de desplazarlos hasta que continúe la investigación y se los procese”, explicó Orieta en diálogo con Sueños Posibles, el programa que conduce Alfredo Grande los lunes a las 21 a través de La Retaguardia.
Para Vanesa Orieta, la causa de su hermano es muy compleja, porque no depende solamente de un poder como podría ser el judicial, sino que se necesita de un fuerte respaldo del poder político: “por eso nosotros en todo momento hacemos referencia al rol del fiscal en la investigación, pero al mismo tiempo hablamos del respaldo político que tiene que tener el fiscal a la hora de investigar. De nada sirve que la fiscal tome la decisión de desvincular a la policía de la investigación si desde el Ministerio de Justicia y Seguridad no se le brinda gente que investigue que no sean los mismos efectivos de la policía bonaerense”. Otro ejemplo que brindó Orieta tiene que ver con el geo-radar, una herramienta necesaria para la investigación, pero de la que hay una sola unidad en todo el país; para poder obtenerla y utilizarla se hace imprescindible el acompañamiento político: “funcionarios que empiecen de una forma burocrática a poder acercar ese objeto que es tan necesario en el proceso de investigación, nosotros hasta el momento nunca pudimos tener ese geo-radar, y ahí es cuando uno plantea la decisión política de acompañar esta causa”, señaló la hermana de Luciano. Lo mismo ocurre con las investigaciones periciales: “son muy costosas y las familias que sufrimos esta violencia institucional de parte de la policía, no somos familias que tenemos plata precisamente, somos los más pobres los que sufrimos este tipo de violencia. Por supuesto el dinero que necesitamos para este tipo de peritaje no lo tenemos y es ahí donde debemos recurrir al Estado para que acompañe este proceso judicial. Nosotros no hemos obtenido este respaldo, por eso cada una de las cosas que tenían que ver con la investigación que han salido fue siempre con mucha voluntad de los militantes de las organizaciones de derechos humanos; y esto es un trabajo en conjunto, los dos poderes tienen que actuar en conjunto y tratar de avanzar en la investigación, por supuesto que desde el primer momento la importancia de la investigación recae sobre el rol de la fiscal, y en este sentido la primera fiscal que operó en la causa, la fiscal Rosana Castelli, fue cómplice de la policía bonaerense. Una vez que la familia ya se pone al frente de la lucha y entiende que el poder judicial no está avanzando, los funcionarios deben participar en el proceso de investigación y en ese sentido no lo han hecho”, explicó.
La experiencia de los familiares y amigos de Luciano Arruga con los funcionarios no ha sido buena. Sintieron que les faltaron el respeto, los trataron mal, descreyeron de su palabra: “lamentablemente, el rol de los funcionarios fue muy miserable, también nos costó mucho instalar el caso dentro de los organismos de derechos humanos afines al gobierno. Tiene que ver también con una cuestión social, no pasa la responsabilidad solamente por los organismos de derechos humanos, y no los hago responsables de no haber tomado el caso en su momento. La sociedad en una gran mayoría carga con cierta discriminación y criminalización hacia los sectores más pobres. Incluso, y lo digo sin intención de ofender a nadie, los más concientizados muchas veces caen en pensar que quizás el pibe que murió víctima de gatillo fácil o que está desaparecido andaba en algo turbio, y eso nos paraliza, nos deja encerrados en nuestras casas y no nos permite salir a pedir justicia por ese pibe. En el caso de Luciano, yo me alarmo de que sea un caso tan grave, donde se ha torturado a un pibe de 16 años, se lo ha desaparecido, y nosotros no hemos podido captar la emoción, no la atención sino la emoción de los seres humanos”, reflexionó Vanesa, y en este sentido recalcó que tanto la sociedad como los organismos de derechos humanos fueron lugares donde les costó mucho instalar “el caso de un pibe pobre, que fue víctima de la violencia institucional ahora, en democracia y esta es una deuda que tenemos pendiente, empezar a hablar de lo que pasa hoy en los barrios pobres, no hablemos quizás tanto de gatillo fácil, sino de entender algo tan simple como esto, por qué cuando se pide seguridad  no nos oponemos a que los barrios pobres sean discriminados de esa manera, considerados zonas rojas y lugares que deben ser controlados por diferentes fuerzas. Porque eso es lo que después da pie a que estas fuerzas puedan cooptar a un pibe, mandarlo a robar y cuando no sirve más asesinarlo. Esto cuesta instalarlo, por eso es que nosotros desde Familiares y Amigos, junto a otros familiares, nos propusimos la difícil tarea de instalar una problemática, de decirle a la sociedad que hay un sector joven y pobre que sufre la violencia, la tortura y la desaparición en el peor de los casos, y como sociedad nosotros estamos mirando hacia otro costado, y que nos tenemos que empezar a hacer responsables de esto que está pasando, porque quizás como sociedad podemos hacer un cambio también, exigirle a este gobierno que tenga en cuenta en su agenda de derechos humanos que en democracia también se violan los derechos humanos”.
El 10 de diciembre pasado, Día Internacional de los Derechos Humanos, Orieta participó junto al hermano de Mariano Ferreyra, el papá de Darío Santillán, el cuñado de Carlos Fuentealba, entre otros familiares de víctimas de distintas formas de violencia institucional, de una conferencia de prensa en la que se denunciaron las deudas pendientes en esta materia que aún tiene la democracia, y que se relacionan con el acceso a la salud, la educación, la vivienda, con el fin del gatillo fácil: “la mejor forma de avanzar en estas cuestiones es tratar de comprender que todos los que sufrimos esas violaciones a los derechos humanos somos del sector más empobrecido, y desde ahí poder ganar esta batalla, haciendo oír nuestras voces. Pero tenemos que sumar cada vez más voces, sobre todo las de aquellos que están en los barrios todavía, que sufren esta violencia, tratar de protegerlos para que no tengan miedo y para que se animen, para que cada vez la policía se vea más acorralada y que la piense dos veces antes de accionar. Hoy estamos en un momento en que tenemos que actuar como vallas para poder frenar la cantidad de muertes que sufren nuestros pibes. En algún momento, tenemos que avanzar para que los índices de muertos en los barrios vayan disminuyendo. Esa es nuestra tarea, primeramente hacer visible estas problemáticas que lamentablemente no son visibles, son problemáticas de las que no se habla”, señaló ese mismo día Orieta en diálogo con Sueños Posibles.
En el caso particular de su hermano, Vanesa agradeció el apoyo incondicional desde un primer momento de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza e H.I.J.O.S. Zona Oeste, además de una gran cantidad de organizaciones barriales: “incluso puedo mencionar, a pesar de que llegaron tarde, organizaciones de derechos humanos que son afines al gobierno. Yo no tengo una crítica directa, todo lo contrario, quizás la tarea es que otros nos levantemos, y que otros levantemos la lucha de esos organismos que durante años han luchado para reivindicar a los 30.000 compañeros desaparecidos, y somos otros los actores que tenemos que pedirle quizás a esos organismos que hoy la realidad es diferente, que hoy el sujeto que es perseguido es otro, porque esto es una construcción también y es así la forma en que vamos a tratar de mejorar esta sociedad. Yo no puedo hacer responsable a personas que han luchado tanto, todo lo contrario, tengo que acercarme a ellos y decirles que tenemos deudas pendientes, para que las trabajemos en conjunto, porque la única forma de mantener viva la memoria es tener una memoria activa, y eso significa recordar en todo momento las violaciones de los derechos humanos en democracia”, agregó.
Aquel destacamento policial donde fue visto por última vez Luciano fue cerrado gracias a la lucha de familiares, amigos y organizaciones. Allí se conformó el Espacio para la Memoria Luciano Arruga, pero una vez inaugurado el municipio de La Matanza, cuyo intendente es Fernando Espinosa, les impidió el acceso a los familiares. Desde ese momento, todos los sábados de 13 a 15, funciona en la puerta del destacamento la radio abierta Zona Libre, que puede escucharse por aire en la 102.5, o por internet a través de Radio Zona Libre, por la radio de la RNMA y también por nuestra emisora. “El proyecto empieza con un hecho muy importante para nosotros y a nivel social también demasiado importante: el cierre del destacamento de Lomas del Mirador. Logramos que ese lugar de muerte no trabaje más, que ningún pibe vaya detenido allí. En el espacio de la radio queremos trabajar la memoria activa, tratar de darles un espacio de contención y participación a los pibes de los barrios más pobres. Nuestra clara intención es defender nuestro espacio, informarles a los vecinos por qué estábamos ahí, porqué nos íbamos a quedar, y porqué no íbamos a parar nuestra lucha, y qué es lo que queremos conseguir. La radio es una herramienta de comunicación y esto lo hemos aprendido de los medios alternativos, esos medios que estuvieron desde el primer momento con nosotros. Ni cuando los medios oficialistas, ni los opositores, estuvieron con nosotros para poder difundir el caso de Luciano a pesar de nuestra insistencia, fueron los medios alternativos de comunicación los que agotaron hasta el cansancio a las personas con la noticia de mi hermano, y fueron ellos los que lograron que en algunos medios monopólicos al menos se empezara a hablar del caso de Lu, un poco pero lo logramos, eso es un trabajo en conjunto, y el agradecimiento a los medios alternativos y comunitarios es infinito de parte de mi familia, porque sin ellos no hubiéramos podido lograr nada”.

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