14 ene. 2013

(Por La Retaguardia) La amenaza de cierre del Hospital Borda para utilizar los terrenos en la construcción de un centro cívico, la falta de enfermeros para áreas de Neonatología, la no aplicación de la Ley de Salud Mental, las demoras en la realización de obras del Hospital Álvarez, son algunas de las problemáticas que afronta actualmente el sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires. Para la psicóloga y psicoanalista Matilde Ruderman, se trata de una clara muestra del intento del gobierno de Mauricio Macri de gerenciar la salud.


“Esto va camino al desguace”, sentencia Matilde Ruderman al referirse, en diálogo con Sueños Posibles, a la situación de la salud en la Ciudad de Buenos Aires. Ruderman es asesora de la diputada Laura García Tuñón del bloque Buenos Aires para Todos de la Legislatura porteña y, además, co-redactora de la Ley de Salud Mental que, a pesar de estar aprobada y reglamentada hace años, aún no se cumple. “Cuando (el jefe de gobierno, Mauricio) Macri dice vamos a cerrar el (Hospital) Borda es por los terrenos, no tiene nada que ver con el cierre que proponemos acorde a la Ley de Salud Mental. Nosotros no queremos un cierre de un día para el otro para tirar a los pobres a la calle, porque sabemos que la gente que está internada en el Borda no quedó allí porque lo necesita sino que se quedó por pobre. No se hace ningún movimiento para encontrar los sustitutos, los lugares alternativos que sabemos de sobra cuántos se necesitan. No es una cuestión de presupuesto”, explica Ruderman en relación a algunos de los motivos por los que no se avanza en el cumplimiento de esta ley. “Lo que pasa es que el presupuesto para mantener a un paciente en el Borda implica también el negocio farmacéutico, el negocio de los médicos -agrega-, y en esto puedo decir cosas muy gruesas como que la Asociación de Médicos Municipales es la más grande opositora a la Ley de Salud Mental, el poder médico hegemónico reina ahí, y de los treinta y dos hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, solamente en el de Niños ha ganado una lista opositora. Hasta hace poco el Penna también tenía una pero perdió, no sabemos con qué presiones, y Sutecba (Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires) está también en esto”.
En cuanto al estado de la salud en general, Ruderman menciona el decreto 260 del 6 de junio de 2012, que quita parte del status que habían ganado los enfermeros a través de la obligatoriedad de cursar la carrera universitaria y de que todos los departamentos de enfermería queden a cargo justamente de enfermeros. Con este decreto de Macri, y en concordancia con la modalidad de gerenciamiento que se busca imponer desde el gobierno porteño, los enfermeros tendrán ahora un director médico o un director gerente que puede ser un contador, tal como ya ocurre en el Hospital de Niños: “no importa si sabe algo de enfermería”, exclama la psicoanalista, y suma otro ejemplo: el pedido de decretar la emergencia en el área de Neonatología de la Ciudad. “Una asociación que nuclea a catorce organizaciones de pediatría pide nada más ni nada menos que se cumpla con una propuesta del ex ministro de Salud porteño (Jorge) Lemus, que decía que se necesitan 450 enfermeros en neonatología, lo que reduciría enormemente la mortalidad neonatológica en la Ciudad de Buenos Aires que es alta. Ellos a cara de piedra te desmienten lo que estas organizaciones y personalidades dicen”. En concordancia con la falta de voluntad política deben también mencionarse los obstáculos burocráticos existentes para el nombramiento de personal; así lo explica Ruderman: “se hacen concursos y tardan por burocracia un año, y en el mientras tanto la gente se va al área privada porque no puede estar sin cobrar”. Esta situación no se da por problemas de presupuesto, ya que no se necesita uno extra: “el presupuesto que hay alcanza tanto para pagar a los neonatólogos como para pagar a los enfermeros. Se trata simplemente de salir de la burocracia; esto no se hace y encima se los degrada. Hay mano de obra barata, que son todos los concurrentes que trabajan gratis”.
A mediados del año 2012, hubo un incendio en el Hospital Álvarez. Este hecho empeoró aún más la situación en la que se encontraba el nosocomio. Ante esta situación, varios legisladores de la oposición en la Ciudad presentaron pedidos de informes, tal como lo hicieron respecto a otros hospitales públicos porteños. “Por el incendio en el Álvarez resulta que está todo por hacerse y no se hace -asegura la asesora de la legisladora García Tuñón-, los pedidos de informes no los contestan porque tienen algo gravísimo acá en la Ciudad que es que los del PRO se ofenden con los fundamentos, entonces no los tratan. Los fundamentos son nada más que para interesar a todos los diputados acerca de qué se trata. Los hospitales tienen un presupuesto general asignado y uno singular para obras de infraestructura, pero resulta que aunque el Álvarez tenga el dinero para hacer esa obra que corresponde tiene que sufrir la carrera burocrática hasta que firme Juan, Pedro y Pablo y autoricen el trabajo. Lo mismo que con los Centros de Salud y Atención Comunitaria (Cesac) que también tienen presupuesto y no funcionan. En un Cesac de la calle Medrano empezaron de un día para el otro a edificar y hacer un tribunal de justicia en el edificio asignado por ley para el funcionamiento de este Cesac que depende del Hospital Durand. Ante esto, hacemos lío cada dos por tres, hacemos jornadas con mucha gente de los barrios, creo que si no hay movilización popular no se va a lograr nunca nada”.
Tan solo algunos de los tantos ejemplos que pueden encontrarse en centros y hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires, y que dan cuenta del intento del gobierno de Mauricio Macri de gerenciar esta área en lugar de brindar un servicio de salud como se merecen todos los ciudadanos.

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