27 ene. 2013

(Por La Retaguardia) El presidente de la Gremial de Abogados asegura que el Ejecutivo nacional reivindica solo las banderas que le son redituables. En este sentido, considera que el kirchnerismo ha mezclado y unificado los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad, y que a su vez es el único gobierno desde la vuelta de la democracia que recibió una condena de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición forzada de una persona en Chubut.

“Es más fácil perseguir a un genocida, a quien produjo un delito de lesa humanidad, que al gobernador de Chubut y su jefe de la policía, o a la plana mayor de la policía de Tucumán por el caso de Marita Verón, y es más difícil ir contra Gildo Insfran porque da votos”, afirma Eduardo Soares en diálogo con el programa “Sueños Posibles” de Alfredo Grande. Al respecto, considera que es necesario separar derechos humanos de delitos de lesa humanidad: “el gobierno lo que ha hecho es mezclarlo: cuando tenés que meter la mano donde afectás intereses económicos y no lo hacés, estás permitiendo que se violen derechos humanos”.
“Se viene peleando por estos derechos desde hace muchos años, en todo caso este gobierno tomó algunas de sus banderas. Se puede reconocer que han hecho una lectura correcta de la crisis a partir de 2001, sobre todo Néstor Kirchner supo leer qué era lo que estaba pasando y qué respuesta rápida se le podía dar. Una de estas respuestas tuvo que ver con el tema Derechos Humanos. Se levantaron determinadas banderas, y al mismo tiempo se taparon otras. Las que más se levantaron fueron las más redituables, aquellas que tenían que ver casi exclusivamente con la dictadura, que implicaba golpear a sus personeros que era gente que ya estaba desprestigiada de todas formas, pegarle a Videla, Massera y cualquiera de los personeros de la dictadura a partir de 2003 es relativamente fácil. Los que además enfrentamos a Videla, Massera y demás por todos los medios posibles, con todos los métodos habidos y por haber nos fue un poco más difícil, y los que además peleamos y reivindicamos por el tema de derechos humanos desde antes de 2003 fuimos muchos más que los propios dos presidentes y gran parte de su gabinete, podríamos decir incluso que algunos integrantes del gabinete de Néstor y Cristina no solo no reivindicaron los derechos humanos sino que en algunos casos podrían estar ubicados en las antípodas, sobre todo los que provienen del peronismo tradicional, los que estuvieron con Duhalde, con Menem, montones de nombres que conocemos, como (los senadores) Aníbal Fernández y Miguel Ángel Pichetto”, reflexiona Soares y agrega: “la otra cuestión tiene que ver con las características específicas de los derechos humanos, porque si hablamos de delitos de lesa humanidad el camino se nos acota porque solo cometen esos delitos aquellos que se valen o son miembros del aparato del Estado para producir acciones contra la sociedad civil. Otra cosa distinta son los derechos humanos porque son más abarcativos, y ahí es donde aparecen en algunos casos derechos protegidos constitucionalmente, derecho a la salud, la vivienda digna, la alimentación, etc., de eso poco y nada se ha hecho durante todo este tiempo, sino basta con leer las propias estadísticas de ellos”.
El titular de la Gremial de Abogados explica que actualmente el diez por ciento más rico es hasta treinta y tres veces más rico que el diez por ciento más pobre del país, lo que demuestra que hay un altísimo porcentaje de argentinos con sus derechos afectados. A su vez, en los últimos años se ha registrado la mayor cantidad de asesinados en manos de las distintas policías y de muertos como producto de acciones relacionadas con reclamos políticos y sociales, a los que además se deben sumar casos de desaparecidos en todo el territorio nacional.
“Varios de estos hechos han merecido sanciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) – informa Soares –. La gremial ha representado distintos casos de desaparecidos, pero el más emblemático es el de Iván Torres en Chubut, desaparecido en la comisaría primera en 2003, un caso gemelo al de Luciano Arruga. Fue representado por la secretaria general de nuestra asociación, Verónica Heredia. Por este caso, los estados nacional y de Chubut tienen una condena de parte de la CIDH por desaparición forzada de persona. Esto no lo tuvo ningún gobierno desde el advenimiento de la democracia”.
Para Soares en los últimos dos años se ha dado un franco retroceso en relación a los derechos humanos, tanto desde lo que él denomina “punto de vista objetivo”, es decir derechos protegidos constitucionalmente, como desde el “punto de vista subjetivo”, en referencia a la cantidad de personas asesinadas, presas y perseguidas: “en un gobierno sin justicia social es muy difícil que se puedan aplicar derechos humanos, porque siempre va a haber un qom que reclame y un señor feudal, llámese Capitanich, Gioja o alguno de esos, que lo agarre a tiros, y un gobierno que lo encubra y no actúe. Aparecen tres qom muertos, se inicia una investigación y los que sobreviven a esa matanza son enjuiciados y los autores del hecho no. En este mismo momento, hay seis presos en Bariloche, que vivían en un (alto) nivel de miserabilidad, hay mujeres de siete y ocho hijos, que las arrancaron de sus casas delante de sus hijos, dejándolos tirados. Tenemos una compañera interiorizándose en la causa, que de hecho también fue presa en algún momento. Todo esto a caballo de una interna entre ellos, un intendente, la presidenta y un senador. Estamos en el marco de un sistema donde hay explotación del hombre por el hombre, yo no conozco un sistema más perverso en la historia de la humanidad que el capitalismo, y no hay variante que sea beneficiosa para el ser humano, porque siempre va a haber un nivel alto de explotación y eso ya genera violación de derechos humanos”, reflexionó Soares en su visita al estudio Víctor Basterra de la La Retaguardia para participar en Sueños Posibles.
A modo de cierre, el abogado se refirió a dos leyes emblemáticas del gobierno que afectan los derechos humanos: la ley antiterrorista y la ley de ART: “la ley de ART es una ley antiobrera, propatronal. La propia presidenta les dijo a los trabajadores en un discurso por cadena nacional ´miren que a partir de ahora, el que acepta una indemnización no puede ir a la justicia´. En cuanto a la ley antiterrorista, tendríamos que dividir el texto específico de la norma, cuando hablás con gente muy sincera de ellos (del gobierno), te dicen que no tenían alternativa, que les rompía las pelotas el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), que el país quedaba aislado, pero te dicen que esta ley no se va a aplicar nunca. De hecho es cierto que aún no ocurrió, aunque hubo un caso en Catamarca donde un fiscal sí pidió la aplicación, por lo tanto ya hay un antecedente. Esto es exactamente igual que con la ley de defensa de la democracia, cuando el radicalismo la promovió, que agrava ciertos delitos y la aplicó una sola vez contra los militantes del MTP (Movimiento Todos por la Patria) en el caso de La Tablada, pero no contra Rico o Seineldín. Acá pasa lo mismo, un delito de coacción, pararse frente a un supermercado y pedir comida implica una pena que te encuadra dentro de los límites de la no excarcelación. Reclamar algo frente a un poder público es un delito gravísimo con la nueva ley antiterrorista, sea cualquier instancia de poder. Entonces la promulgación de la ley antiterrorista es un retroceso desde el punto de vista de los derechos humanos y de las garantías constitucionales”.

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