24 ene. 2013

Foto: Agencia Walsh
(Por La Retaguardia) El acampe en la Plaza Seca del Centro Cultural San Martín cumplió ya más de veinte días. Un centenar de personas permanece allí realizando distintas actividades culturales, en apoyo al grupo que se encuentra literalmente encerrado en la Sala Alberdi, ubicada en el sexto piso del edificio de la calle Sarmiento al 1500. Lo hacen en defensa de su toma y autogestión, luego de que las autoridades porteñas resolvieran cerrar el Centro durante enero, en un nuevo intento de clausura de esta experiencia autogestiva. El gobierno de la Ciudad, además, ha vuelto a judicializar el conflicto. Sobre la historia y actualidad de esta resistencia, dialogamos con Laura, una de las jóvenes que permanece dentro de la Sala.


El conflicto comienza en 2005 cuando Jorge Telerman era jefe de gobierno, y se relaciona con un plan de reconversión pensado para el Centro Cultural San Martín, para el que se cuenta con un millonario crédito del Banco Interamericano de Desarrollo.
Según este proyecto, los pisos seis y siete serán destinados a unos llamados “Centros Multimedia”, que poco tienen que ver con las actividades que se realizan al menos en la Sala Alberdi.
Con la excusa de hacer refacciones como medidas de seguridad tras lo sucedido en Cromañón, desde el gobierno de la Ciudad se intentó cerrar la Sala sin darle un destino concreto a las distintas clases, talleres y espectáculos que allí se hacían.
“Ante esto la cooperativa que trabajaba acá en esa época también empezó acciones judiciales que no se cerraron ni resolvieron hasta el 2010, cuando un fallo sentenció que no se puede cerrar la sala así nomas, que hay que conseguir un lugar de iguales o similares características. Cuando a pesar de la sentencia firme, el gobierno de la ciudad mandó una orden de clausura del espacio se decidió tomarlo”, explica Laura en diálogo con La Retaguardia.
Fue así como un grupo de estudiantes y docentes de la Sala resolvieron en agosto de 2010 tomarla y autogestionarla. Desde entonces vienen desarrollando más actividades que las que se realizan en todo el centro cultural. Un promedio de setecientos espectáculos y cuarenta y cinco mil espectadores anuales. “Es cierto que este es un caso excepcional -continúa Laura-, otras ocupaciones tienen otras características, se mueven en otro territorio y nosotros estamos ocupando un espacio en un predio que pertenece al Estado, y desde nuestro punto de vista lo que ha garantizado que podamos permanecer aquí es la actividad constante, el hecho de recuperar realmente la cantidad de espectadores que en mejores tiempos habían pasado por esta sala”.
Pero el conflicto se agravó cuando el 3 de enero pasado las autoridades del Centro Cultural San Martín les informaron que el edificio permanecería cerrado hasta febrero, y que se suspendían todas las actividades. No se trató solo de un anuncio, efectivamente el edificio cerró sus puertas, gracias a la colaboración de efectivos de seguridad privada y de la Policía Metropolitana, dejando un grupo de jóvenes en el sexto piso, y otro afuera sin poder pasar. Quienes se quedaron adentro, entre ellos Laura, resolvieron permanecer en la Sala para evitar que las autoridades porteñas la clausuraran. En tanto, los que quedaron en la calle decidieron realizar un acampe cultural en la llamada Plaza Seca (ubicada en la entrada del centro cultural) haciendo el aguante. Con el correr de las horas y los días, el acampe fue creciendo, hoy cuenta con alrededor de cien personas y se realizan allí muchas de las actividades que se desarrollaban dentro de la Sala.
“Realmente estamos sorprendidos por el alcance que tuvo el acampe, fue casi una medida de fuerza desesperada de nuestra parte, que comenzó con dos carpas puestas por nuestros propios compañeros para tratar de que por lo menos cuando alguien pasara por la calle viera que acá pasaba algo, y ahora prácticamente es como si hubiéramos trasladado la sala Alberdi acá abajo. Hay por lo menos cien personas que en forma constante están trabajando, produciendo artísticamente, y se manejan por asamblea. Por un lado, estamos sorprendidos por la respuesta de los compañeros, pero también entendemos que la mayoría de las personas que está acá abajo es de espacios también culturales y autónomos con los que ya hemos trabajado anteriormente, y en cambio vemos también que hay reacciones fascistoides ante lo que estamos haciendo en gran parte de la opinión pública, de hecho los medios masivos de comunicación como La Nación y Clarín obviamente nos difaman en forma constante y nos dicen ocupas o vagos para obviar lo que realmente implica esta construcción de dos años y medio”, reflexiona Laura.
Apenas iniciada esta última etapa del conflicto, los integrantes de la Toma y Autogestión pidieron reunirse con el ministro de Cultura de la Ciudad, Hernán Lombardi: “En realidad el gobierno de la ciudad estuvo manejando el conflicto a través de patovicas, eso es indignante para nosotros, que se cierre el edificio y que el responsable general sea el jefe de la seguridad privada es inaudito porque es como bicicletearte constantemente porque ese hombre obviamente no es directivo del lugar, no tiene autoridad, y sin embargo es el jefe del operativo. A partir de ahí empezamos a meter presión, a molestarlos constantemente para reunirnos con alguien, y como no hubo respuesta decidimos marchar al Ministerio de Cultura y ahí recién Lombardi recibió a tres de mis compañeros. Pero la verdad no sirvió de nada, y fue bastante indignante para todos nosotros porque Lombardi prácticamente nos desafío, `si quieren poner quinientas carpas háganlo, el Centro Cultural no se va a abrir`. Cuando le preguntaron por la seguridad privada se desentendió, como que en algunos momentos tenía autoridad sobre el espacio y en otros no, porque decía que él no se encargaba de eso, que no eran sus empleados”, relata Laura a La Retaguardia.
Claramente, hay en disputa dos formas muy distintas de ver la cultura, y en consecuencia sobre cuál es el objetivo de la Sala Alberdi: “para nosotros la premisa básica es que el espacio sea público y que esté abierto a toda la comunidad, de ahí se desprenden un montón de diferencias porque justamente para sostener en la coyuntura en que vivimos un espacio abierto a la comunidad hay que seguir toda una lógica, principalmente sin fines de lucro, porque sino no está abierto realmente a toda la comunidad. Nos damos cuenta que como ciudadanos los espacios que son para todos tendríamos que poder gestionarlos entre todos, y por eso apostamos siempre a la autogestión. A la Sala Alberdi puede venir cualquiera a programar en tanto se informe un poco de la situación porque nos manejamos a través de asambleas y comisiones de trabajo, entonces la premisa es que el espacio siga abierto, y a partir de ahí se desprenden dos lógicas sobre las concepciones de la cultura y el arte porque para nosotros son derechos y para el gobierno de la ciudad son servicios o negocios”.
El lunes 21 de enero, los integrantes del acampe cultural recibieron la “visita” de un oficial de justicia que representaba al fiscal Iván Coleff, más efectivos de la Policía Metropolitana y un abogado, quienes les notificaron la existencia de una denuncia penal en su contra por usurpación del espacio. “Cuando vinieron a leernos la causa penal sonaba absurdo porque parecía que estábamos ocupando la casa de un particular, no se reconocía que era una plaza, ni un centro cultural de la Ciudad de Buenos Aires. La orden de desalojo es tanto para los que están en la plaza como para los que estamos arriba”, afirma Laura. El escrito además les daba 72 horas para presentarse en la Unidad Fiscal, con nombre y apellido, entregando un alegato de defensa. “Ellos nos piden identificación porque necesitan inculpar a cada uno con nombre y apellido”, asegura Laura. Al vencer el plazo, el jueves 24 de enero por la mañana, una movilización acompañó la presentación de los jóvenes de la Sala y el acampe, además de un grupo de personalidades como Luis Zamora, Héctor Bidonde, miembros de Correpi. “Nosotros queremos fundamentar en esa presentación por qué estamos acá y por qué llegamos hasta las últimas consecuencias -explica Laura-, y acompañar con movilización para meter presión al fiscal, del que lamentablemente no recibimos buena información sobre sus antecedentes, parece que ya ha estado abierto causas a otras organizaciones sociales”.
Como dijo Laura en nombre de todos sus compañeros, de este conflicto se desprenden dos lógicas y formas de actuar a partir de lo que se entiende por cultura: un derecho para la Sala Alberdi, un negocio para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

1 comentarios: