22 feb. 2013

En el desalojo en 2011 murieron 4 personas
(Por La Retaguardia) Pasó un año y medio de la toma de tierras en la zona conocida como El Triángulo en Jujuy, en la que murieron cuatro personas. En este tiempo, cuarenta hectáreas fueron expropiadas y viven allí varios miles de familias. Por la muerte del policía Alejandro Farfan hay dos detenidos, considerados "perejiles" por las organizaciones sociales; mientras que en la investigación por el asesinato de Ariel Farfan, Félix Reyes y Juan Velázquez, que participaban de la toma, se apunta a dieciocho militantes sociales, quienes fueron citados a declaración indagatoria el jueves 28 de febrero. Dialogamos con Julio Gutiérrez, referente del Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes (CAPOMA), sobre la forma en que se está judicializando y criminalizando la legítima protesta por tierras y sobre el accionar judicial en general en la provincia de Jujuy.


En la madrugada del 28 de julio de 2011, la policía intentó desalojar violentamente a un grupo de quinientas familias que ocupaban desde hacía veinte días un predio de quince hectáreas propiedad del Ingenio Ledesma. Lo hacían en reclamo de viviendas. La represión, que contó con la colaboración de personal de seguridad privada de la empresa, duró horas y dejó como saldo cuatro personas muertas: Ariel Farfan, Félix Reyes y Juan Velázquez que participaban de la toma; y el policía Alejandro Farfan.
A pesar de que los asesinatos ocurrieron el mismo día y en el mismo marco, la justicia investiga por separado y con diferente celeridad las muertes del policía y de los militantes sociales: “la justicia de la jueza Carolina Pérez Rojas sigue sosteniendo que los tres compañeros asesinados fueron muertos por la propia gente que estuvo en la represión, es decir por los civiles y no por la policía. Se dedicaron pura y exclusivamente a investigar la muerte de Alejandro Farfan, el policía que falleció en esa terrible represión, y hecho por el que hay dos detenidos. Por la muerte de Ariel Farfan, Félix Reyes y Juan Velázquez, no hay ningún detenido y tampoco se está llevando adelante ninguna investigación”, afirmó Julio Gutiérrez, de Capoma, en diálogo con La Retaguardia.
Gutiérrez calificó a los dos detenidos por el crimen del policía como “perejiles”: “son vecinos que supuestamente son los culpables. Para nosotros son perejiles porque por lo que pudimos apreciar de lo que fue la inspección ocular, de dónde cayó el policía y dónde supuestamente estaban ubicados estos dos detenidos en el momento de la represión, no hay distancia concreta de que ellos hayan podido matar al policía, pero para la justicia son ellos”, explicó.
En referencia a las muertes de Félix Reyes, Ariel Farfan y Juan Velázquez, Gutiérrez agregó: “la justicia todavía no puede descifrar la muerte de los tres compañeros, ¿quiénes son los que dispararon si al frente estaba el cuerpo de infantería y el GEOP de la policía de la provincia de Jujuy? Nos llama mucho la atención que se haya hecho una prueba de parafina (una pericia que determina si la persona disparó) a más de ochocientos policías que participaron de la represión y que hayan salido todas negativas ¿Cómo puede ser así si hasta los cartuchos de bala de goma de anti-tumulto son cargados con pólvora para que puedan salir de la escopeta al disparar? ¿Y cómo puede ser que hayan disparado balas de goma, gases lacrimógenos y que haya salido negativo? O sea que los gases y las balas de goma salían de la nada. Esto es lo que la justicia está diciendo, que la policía no tiene nada que ver con la muerte de los compañeros, y yo les digo que sí porque soy testigo, estuve a escasos diez metros de los compañeros muertos, hasta podría haber sido yo una de las víctimas, a mí me han llamado una sola vez a testimoniar”.
Para las organizaciones sociales no hay duda acerca del intento de la justicia de eximir de responsabilidad a la policía y colocar en su lugar a las propias víctimas, a quienes tomaban las tierras en reclamo de viviendas o a quienes los acompañan en esta lucha. La decisión de la justicia de citar a declaración indagatoria a dieciocho personas, entre las que se encuentran dirigentes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) e integrantes de la toma, lo confirma. “A un año y seis meses de todo esto, se está criminalizando la protesta, se está judicializando a los compañeros, se los acusa de instigación y resistencia a la autoridad calificado, robo calificado, incendio calificado y de triple homicidio calificado” (nota de LR: los citados no están acusados por los homicidios, según pudimos precisar), aseguró Gutiérrez a La Retaguardia, y explicó además que el fiscal de la causa criticó la actitud de los jefes de policía, por lo que ocho de ellos están siendo investigados por incumplimiento de la investidura de funcionario público y por desobediencia judicial, pero no hay policías imputados por los asesinatos: “no hay ningún responsable por el triple homicidio calificado, que vendrían a ser el de Ariel, Juan y Félix. Nosotros repudiamos este accionar de la justicia, que lo que está haciendo es judicializando la protesta y perseguir a los compañeros que luchan por un bienestar, un mundo mejor y una calidad de vida mejor para la comunidad de Libertador”, agregó.
Para Gutiérrez la justicia está siendo “demasiado parcial” y aseguró que es notorio que el Estado provincial no quiere investigar ni judicializar a la policía y que detrás de este accionar está la presión de la empresa Ledesma, quien a pesar de todo lo sucedido debió ceder cuarenta hectáreas de El Triángulo que fueron expropiadas y donde viven actualmente más de cuatro mil seiscientas familias según Gutiérrez: “este es el fruto, el resultado de aquella lucha”, aseveró el referente de CAPOMA.
Jujuy es una provincia compleja, quizás uno de los lugares de la Argentina donde los poderes políticos, económicos y judiciales están más entrelazados. Existen otras causas relacionadas con lo sucedido en El Triángulo a fines de julio de 2011. Por ejemplo, se están investigando trabajos de inteligencia efectuados desde la empresa Ledesma contra habitantes de la localidad de Libertador General San Martín e integrantes de distintas organizaciones sociales y de Derechos Humanos. “Hasta ahora judicialmente no pasó nada”, expresó Gutiérrez respecto a esta causa en particular y agregó: “estamos esperando qué es lo que dispone la justicia. La verdad que todo este plan nefasto que tiene la empresa Ledesma de investigar y ver qué es lo que hace la comunidad de Libertador General San Martín es terrorífico, que hayan investigado la vida y obra de cada uno, cómo y con quién se reunían. Nosotros esperamos que esto se resuelva porque no puede quedar impune; que los responsables cumplan con la condena que les corresponda. Yo también figuro en ese libro de más de trescientas hojas, quiero saber si está también el nombre de mi familia, porque no basta con que me hayan investigado a mí, yo estoy intranquilo de que hayan investigado a mi familia. Todavía no tuve acceso a la totalidad de ese libro, estoy esperando acceder a una fotocopia para ver qué acciones legales se pueden llevar a cabo de ahí en adelante. La investigación está a cargo del juez Poviña y yo creo que este año se va a terminar de definir esta situación”, agregó preocupado.
La justicia sí ha avanzado en el último tiempo, aunque en forma lenta, en el juzgamiento de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar. El juicio en el que se juzga a los represores Antonio Vargas, Mariano Rafael Braga y José Eduardo Bulgheroni por más de cuarenta hechos ingresó en la etapa de alegatos la semana pasada. Al respecto, Gutiérrez aseveró: “con estos juicios nos sentimos confortados. Somos organizaciones de derechos humanos que siempre estuvimos a la par de las Madres, de detenidos desaparecidos y de los compañeros ex presos, es una alegría profunda que se estén llevando a cabo estos juicios y que esté llegando la justicia a Jujuy. Todos se entremezcla también porque está el procesamiento de Carlos Pedro Blaquier y Alberto Lemos que es otra causa y que también está ligado con El Triángulo, porque han actuado prácticamente de la misma manera, colaborando con la dictadura en su momento y también con la represión de El Triángulo dándole lugar por los caminos internos, colaborando con maquinarias. Y estamos a la expectativa de qué es lo que sigue. Este año se enmarcan muchas cosas para nosotros, acá en Ledesma, en Libertador General San Martín, y para toda la provincia”, concluyó esperanzado. 
La pelea contra el poder en Jujuy repite protagonistas. En el rol de victimario, Ledesma está presente; ayer y hoy.

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