20 feb. 2013


(Por La Retaguardia) El memorando firmado por los gobiernos de Argentina e Irán ha generado infinidad de críticas y rechazos. Uno de los más contundentes fue el de la Asociación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA). Laura Ginsberg aseguró que se trata de un acuerdo político entre ambos estados para dejar en el limbo y en la más absoluta impunidad lo sucedido en el atentado. En este sentido, consideró que el memorando es el punto final para el atentado a la AMIA y para cualquier posibilidad de saber la verdad. Además, volvió a reclamar que se abran los archivos secretos de la causa.

Para Laura Ginsberg, cuyo marido murió en el atentado del 19 de julio de 1994, la letra misma del memorando muestra claramente dos posibilidades: “en primer lugar, que esta supuesta Comisión de la Verdad no encuentre evidencia suficiente como para sostener la acusación contra los funcionarios iraníes y por tanto estamos en presencia de una vía muerta. Y por otro lado, la remota posibilidad de que la acusación se formalice y haya algún tipo de juicio, lo cual también es bastante cuestionable porque la legislación argentina no permite los juicios en rebeldía; en el caso en que todo esto se pudiera consumar, una acusación o un juicio contra estos funcionarios, el régimen iraní no los va a entregar por lo que estamos ante otra vía muerta”, dijo en comunicación con Alfredo Grande durante Sueños Posibles.
Ginsberg afirmó que se trata de una estrategia por parte del gobierno nacional para demostrar que ellos hicieron todo lo que podían y que ante la imposibilidad de avanzar abandonan la investigación o la responsabilidad de la persecución penal contra esta supuesta conexión iraní: “vale la pena aclarar que fue el gobierno de los Kirchner el que terminó de liquidar la conexión local y ahora se apresta a terminar con esta supuesta conexión internacional. Me parece que hay que dejar en claro que ni siquiera el propio gobierno cree en la responsabilidad iraní, pero además el gobierno lo hace porque el objetivo que tiene es sacarse de encima su propia responsabilidad por lo menos encubridora, y también criminal, según la caracterización que hacemos. Fue el propio gobierno de Néstor Kirchner el que reconoció por decreto la responsabilidad encubridora del Estado en el atentado a la AMIA, poniendo al tema en un escenario a decenas de miles de kilómetros de Buenos Aires y dejándolo en el limbo. Es la mejor manera de que el estado argentino encuentra para exculparse de su propia responsabilidad, y esta es la acusación que nosotros hacemos”, agregó.
A su vez, la referente de APEMIA se diferenció claramente del contundente rechazo al acuerdo efectuado desde su organización del que manifestaron las direcciones de la AMIA y la DAIA: “la dirección judía de AMIA y DAIA ha sido cómplice de todo este encubrimiento durante estos 19 años. El hecho que nos opongamos al memorando no significa que lo hagamos desde la misma posición, porque en realidad la DAIA y la AMIA están oponiéndose ahora que se encontraron con que el 80% de la comunidad que representan, o dicen representar, está en contra pero por motivos muy diferentes de los que sostiene la dirección de la comunidad. La dirección además, desde que se instala este tema hasta el día de hoy, no ha hecho otra cosa que oscilar al ritmo de las oscilaciones del gobierno. Cuando la presidenta anuncia esta negociación en las Naciones Unidas a fines del año pasado, la DAIA y la AMIA aplaudieron esta iniciativa, y ahora vienen a decir que no y no saben cómo fundamentarlo porque en realidad se sienten presionados por su propia comunidad. Nos oponemos desde ángulos muy distintos y desde lugares muy diferentes, nosotros somos una agrupación que venimos luchando por el esclarecimiento y la verdad, las direcciones de la AMIA y la DAIA vienen acompañando todas las maniobras del Estado argentino para convalidar y consolidar la impunidad que tenemos hasta ahora”.
Respecto a cuál es la línea de investigación que se debería seguir, Ginsberg explicó la hipótesis que manejan desde APEMIA: “planteamos que este es un crimen político y que ha sido un acto de terrorismo de Estado en democracia. El Estado argentino sabía que el atentado se venía, ya había habido una bomba en la embajada de Israel en Buenos Aires en 1992; el Estado puso todas sus fuerzas de seguridad y de inteligencia al servicio de la comisión del atentado y lo encubrió durante 19 años. Desde ese punto de vista, el Estado es el responsable. Podemos entrar en el detalle del papel que jugaron las distintas administraciones del Poder Ejecutivo, del papelito que jugó la comisión bicameral de seguimiento de los atentados del Congreso, de la que la presidenta se jacta de haber pertenecido, y que para lo único que sirvió fue para encubrir al ex juez Galeano; y por supuesto podemos hablar largo y tendido acerca de los delitos que se cometieron desde el Poder Judicial para que lleguemos a la impunidad que tenemos hoy. Nuestra hipótesis es que en este país, a comienzos de la década del `90, se produjeron tres atentados, el de la embajada en 1992, el de la AMIA en 1994 y la voladura de la fábrica militar de Río Tercero en 1995. En menos de tres años tuvimos tres atentados, muchos años después y obviamente con la historia que todos conocemos, no solo en nuestro país sino en el mundo, nosotros decimos que la Argentina ha sido un laboratorio de experimentación con esas tres bombas para poder pergeñar lo que luego fueron las políticas internacionales de lucha contra el terrorismo. No hay que olvidarse de que en nuestro país se sancionó una ley antiterrorista en nombre del esclarecimiento de las voladuras de la embajada de Israel y de la AMIA, cuando todos sabemos que ese es un instrumento que hoy se está aplicando para reprimir las luchas populares. Esta hipótesis además se ve apoyada de alguna manera por el premio que recibió la Argentina en el año 1995 cuando ingresa como aliado extra OTAN, puesta incluso en el contexto de lo que fueron las palabras del ex canciller Di Tella al momento de la bomba en la AMIA, que decía que este es el precio que pagamos para ingresar al primer mundo. De conjunto da una idea de cuál podría haber sido el escenario”. Ginsberg criticó, además, que el Estado no haya entregado aún los archivos secretos que existen en esta causa: “hace falta que el Estado dé acceso a la documentación secreta, la ponga a disposición de los familiares, de las organizaciones políticas, de derechos humanos, intelectuales, que se avengan a conformar una comisión investigadora independiente del Estado y podamos llegar a saber la verdad de lo que ocurrió y exigir el castigo a todos los culpables”.
En este sentido, señaló que todos los gobiernos argentinos desde 1992, sin importar su signo partidario, tuvieron una continuidad política que fue encubrir el atentado: “en esto hay un profundo acuerdo político y ahora ese acuerdo político lo están poniendo de alguna manera en los acuerdos que han firmado con Irán. La necesidad que tiene el gobierno de cerrar definitivamente este tema es lo que nos está ahora llevando a una situación de impunidad más profunda y por eso nosotros caracterizamos que se trata de un punto final y lo venimos a denunciar”.
El acuerdo, en caso de aprobarse, será tratado por los Diputados en el transcurso de la semana que viene. El oficialismo tiene previsto aprobarlo en el recinto el 27 de febrero. Para ese día, desde APEMIA, junto a otras organizaciones, convocan a una movilización para repudiar el memorando, y denunciar la responsabilidad del Estado argentino en al menos el encubrimiento del atentado. 


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