22 feb. 2013

Pablo Salinas, emocionado, con las Madres

(Por La Retaguardia) Pablo Gabriel Salinas es abogado en las causas por crímenes de lesa humanidad en la provincia de Mendoza. Cerca de la sentencia en este tercer juicio en la provincia -el segundo en la ciudad, el primero había sido en San Rafael-, detalla la instancia de alegatos en la que se encuentra el proceso y hace un recorrido por el esquema de funcionamiento de la represión ilegal durante la última dictadura en Mendoza y en todo el país, que investigó en su tesis que luego se convirtió en el libro “La aplicación de la tortura en la Argentina”.


“Estamos alegando. En primer término se alegó en la causa Galamba, un grupo de compañeros secuestrados en mayo del '78. Hoy alegamos en lo que se conoce como el Operativo Escoba, que es una operación de diciembre del '77 coordinado por la Federal, el ejército y el D2 de Mendoza. Mañana seguimos alegando en la causa 75, que es un operativo donde caen miembros del PRT de la provincia. Estarían quedando dos causas para la semana próxima y ya tendríamos sentencia", detalló Salinas. El abogado aseguró que "se ha comprobado el funcionamiento a través de grupos de tareas similares a los Eitzangruppen nazis, donde los peores hombres de la Federal más los peores hombres de la policía (provincial) y los del G-2 del ejército, llevaban adelante este plan represivo, secuestrando, llevando a los cabalozos del D-2 a los compañeros". Los Eitzangruppen fueron los grupos de tareas nazis que asesinaron gran cantidad de personas en Europa del Este; eran parte de las Waffen SS y eran grupos integrados por lo peor de cada fuerza; uno de sus mas brutales jefes fue Paul Blobel. Salinas sigue relatando las tropelías de los grupos locales: "las compañeras, vendadas, eran atacadas sexualmente, por eso no pueden reconocer a muchos de sus atacantes. Los compañeros han sido asesinados y los cadáveres no han sido restituidos a sus familias; son actos de una perversión brutal, que constituyen homicidios. Durante mucho tiempo llevaron la calificación de privación ilegal, con lo cual permitieron la libertad de los represores. Todo este festín de impunidad está llegando a su fin: pedimos prisión perpetua para Aldo Patrocinio Bruno, jefe del D-2; Paulino Furió, jefe del G-2 de inteligencia del ejército; (Juan Antonio) Gariboti, otro policía; vamos a seguir con (Fernando) Morellato, que es un caso por demás llamativo, porque se le rompió la picana y pidió por escrito un elemento mecánico para interrogar a los prisioneros", explicó Salinas.
Acerca de las fuerzas que participaron de la represión en Mendoza, Salinas agregó: "hay militares, tenientes coroneles, policías, comisarios, federales, todos coordinados por la comunidad informativa que actuaba en Mendoza y el COT (Centro de Operaciones Tácticas), que eran las dos organizaciones que centralizaban la coordinación entre las fuerzas. Lo que sostengo en mi tesis y libro es que la base normativa establecía el control operacional del ejército. Eso lo establecía la directiva 404 del '75 firmada por Videla (en ese entonces jefe del ejército del gobierno de Isabel Perón). El control operacional en términos castrenses es la conducción de una operación conjunta en la que participan todas las fuerzas. El control operacional lo tiene el ejército, pero después define zonas y subzonas. En el caso de Mendoza dependíamos del Tercer Cuerpo a cargo de (Luciano Benjamín) Menéndez. En todo el país el esquema fue similar, pero en diferentes lugares vemos que hubo preponderancia de otra fuerza o una fuerza era la que le tocaba esa zona. Por ejemplo, Mendoza quedó bajo la Fuerza Aérea, por eso dos policías eran vicecomandantes de la Fuerza Aérea. En el caso ESMA, queda la marina a cargo. Lo dice Astiz en una entrevista: 'los marinos somos ateos y antiperonistas' y tenían que reprimir a los Montoneros; el Ejército es más peronista y católico, por eso lo mandaron a reprimir al ERP. Esa era la lógica perversa que describe el propio Astiz. Esa división de tareas es una operación conjunta. De una u otra manera, todas las fuerzas participan. El control operacional siempre lo tuvo, en todo el país, el Ejército. Tanto es así, que al que la Junta Militar designa presidente es al Jefe del Ejército. Todo esto lo hicieron clandestinamente para que esta estructura no salga a luz", continúa Pablo Salinas, y deja más detalles: "tengo muchos libros, diccionarios de terminología militar, es la mejor manera de poder responsabilizar a los culpables", dice, demostrando su interés por conseguir justicia y, además, "que mi libro sirva para que mis colegas puedan utilizarlo para acusar a los represores".
Hace algunos meses Salinas había denunciado una serie de aprietes y amenazas en el marco de un avance contra los organismos de dd. hh. y sus abogados, con el discurso de la inseguridad como bandera ante el resto de la sociedad.
En abril comenzará en Mendoza un juicio a varios jueces, sobre el que Salinas dice: "es el primero de esas características, porque va a juzgar a la justicia cómplice. Será una megacausa similar a lo que fue el juicio a los jueces nazis en Nüremberg, porque no es a un solo juez, sino a varios". Estarán entre los acusados Luis Miret, Rolando Evaristo Carrizo, Gabriel Guzzo y Miguel Petra; Otilio Romano no pudo ser llevado a juicio porque se fugó a Chile, donde debe resolverse un pedido de extradición. Será el cuarto juicio en la provincia cuyana.


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