Continúa el megajuicio en Salta por delitos de lesa humanidad
Escrito por La Retaguardia el abril 4, 2013
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| foto: juiciosalta.blogspot.com |
(Por Oral y Público) Se juzga a militares, policías y civiles por delitos cometidos contra 34 personas antes y durante la última dictadura cívico militar. Uno de los testimonios que se pudo escuchar recientemente en las audiencias fue el de Blanca Nenina Lescano, que fue testigo de operativos represivos en la Universidad salteña. Pero, además, la integrante de Familiares de Desaparecidos en Salta fue querellante en otro juicio, en Santiago del Estero, en el que se investigó la desaparición de su padre, el abogado de derechos humanos Luis Lescano. Hablamos con ella sobre las dos causas y las características de cada provincia respecto a la represión y sus conexiones.
Las causas orales y públicas en Salta comenzaron fundamentalmente con el caso del escribano desaparecido Aldo Melitón Bustos, cuya sentencia se conoció en 2010. Ese mismo año, se desarrolló el primer juicio por la Masacre de Palomitas aunque se determinó que fuera un juicio escrito, a la vieja usanza jurídica. En el año 2011, fue el turno del proceso por la causa del ex gobernador Miguel Ragone. Desde mayo pasado, se lleva adelante esta megacausa, que incluye los casos de profesores y estudiantes desaparecidos de la Universidad de Salta, además de causas individuales como la de un integrante del equipo técnico de Ragone, y en la que se juzga tanto a policías y militares como también a algunos civiles.
La semana pasada declaró frente al Tribunal Oral en lo Federal Criminal de Salta, Blanca Nenina Lescano: “yo soy una testigo directa del rol que tuvo Joaquín Guil como jefe de inteligencia de la policía de la provincia – relató en diálogo con Oral y Público – que era el que hacía los procedimientos en Salta, era el que tenía las listas, y a mí concretamente en setiembre-octubre de 1975 me allanaron la casa buscando algún tipo de indicio de mi relación con posibles profesores ‘subversivos’, y el que dirigió ese allanamiento fue Guil, que es uno de los imputados de esta megacausa y también de la causa Palomitas por la que ya tiene una perpetua, pero domiciliaria. En ese sentido mi testimonio sirvió para las dos causas”.
Respecto a lo sucedido en la Universidad, Lescano, que estudiaba allí Antropología, explicó que en 1974 tanto la provincia de Salta como su casa de altos estudios fueron intervenidas, contexto en el que se comenzaron a hacer listas negras: “Salta tuvo la particularidad que actuaron grupos del peronismo de derecha, Guardia de Hierro y todo lo demás, quienes vinieron a reemplazar a los que no se les renovaba contrato, a los que consideraban subversivos, zurdos, izquierdistas, etc. En Salta hay muchos desaparecidos desde 1975, y en la Universidad también hubo una gran persecución a lo que se consideraba un peronismo de izquierda, diciendo que eran infiltrados, por lo que se vino una avalancha de reemplazos con gente que se consideraba un poco guardián de la doctrina de la infiltración marxista”.
En cuanto al destino de los desaparecidos de la Universidad, Lescano señaló que nada se sabe ni siquiera dónde estuvieron secuestrados: “acá se considera como centro clandestino, que nosotros lo hemos señalado, la central de Policía de la provincia, la de la Federal, la cárcel de Villa Las Rosas, que tenía una parte de detenidos legales y otra de no legales, la brigada de investigaciones, y también el Regimiento. Es decir, las instituciones formales eran lugares de presos legales y presos clandestinos, no tenemos un centro específico pero sí actuaban estas instituciones como centros clandestinos, que nosotros en este 24 de marzo los hemos señalado claramente”.
Lescano es integrante de Familiares de Desaparecidos, tiene a su padre y a una hermana desaparecidos. En diciembre pasado, cinco represores fueron condenados a cadena perpetua y otros cinco recibieron penas de entre 5 y 20 años de prisión por delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia de Santiago del Estero. Una de las víctimas era el abogado Luis Lescano, su papá.
“Como querellantes particulares nosotros planteamos como novedad algo que ya han hecho en otras provincias – afirmó su hija Blanca a Oral y Público –, que es insistir con el caso de mi padre como desaparición forzada de persona, algo con lo que no están muy de acuerdo las instituciones específicas, como la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y organizaciones de derechos humanos, porque la desaparición forzada de persona en nuestro código penal es como si fuera un delito menor por lo tanto son 25 años y no perpetua como los implicados en los homicidios. Pero nosotros insistimos porque consideramos que la desaparición forzada de persona es más que la muerte. Lo que nosotros pudimos ver respecto a mi papá, que desaparece el 13 de marzo de 1976 o sea unos días antes del golpe de Estado, es que también había implicados civiles del entonces gobierno de Carlos Juárez, y uno de los imputados directos como grupo operativo fue Musa Azar, y lo que sí pudimos ver en esa causa como siempre ocurre es que se echan culpas entre los que son los grupos militares y los grupos policiales pero ninguno rompe el pacto de silencio para aportar un dato más de los desaparecidos. En el caso de mi papá lo secuestran en la calle; él era abogado de derechos humanos, era penalista, había sido diputado provincial por el radicalismo hacía mucho tiempo. L le imputaban que como abogado muchas de las compañeros y compañeras, hoy ex presos que están testimoniando en esta causa todas las atrocidades que les hicieron, fueron defendidos por mi papá y se quedaron sin abogado defensor cuando a él lo secuestran. Mi papá no les preguntaba de qué partido eran, ni de qué signo, ni nada por el estilo, entonces lo acusaban de comunista, zurdo, etc. Tres meses antes de secuestrarlo, después de que allanan mi casa, a mi hermana la matan en diciembre de 1975 en Buenos Aires. Se considera que mi hermana participó de la toma de regimiento de Monte Chingolo por parte del PRT-ERP, pero ella no estaba en la lista de caídos allí, a pesar de que a nosotros nos informaron que era una de las víctimas, pero aparentemente a mi hermana la llevaron prisionera porque apareció dos días después en un expediente que yo veo sus fotos, atada con alambres, fusilada y tirada en el Riachuelo con otro chico más que hasta el día de hoy no está identificado. Pero cuando después quisimos buscar el lugar donde supuestamente estaría enterrada según el expediente, el nicho no existe”.
“A los tres meses lo secuestran a mi papá en plena calle, en una plaza -agregó Lescano-, está imputado Musa Azar y compañía pero resulta que cuando estuvimos en el juicio no se aportó un solo dato más a la causa respecto a qué pasó con mi papá. Lamentablemente a veces uno siente como que los imputados están con perpetua, pero de los desaparecidos no tenemos una sola información más”.
Una particularidad de Santiago del Estero, aunque no es la única provincia en la que ocurre, es que hasta hace muy poco muchos de los represores ocupaban cargos en gobiernos democráticos. Un claro ejemplo de esto es Musa Azar: “en realidad, su banda no cae por ser parte del Terrorismo de Estado sino por el doble crimen de la Dársena, ahí empieza a declinar un poco la estrella protectora para ellos”, manifestó Lescano.
En relación a ciertos puntos en común entre Salta, Santiago del Estero y otras provincias de la zona, Lescano consideró que en estas jurisdicciones las muertes, las masacres y los secuestros comenzaron antes de 1976: “en el caso de Salta había una intervención, y en el de Santiago un gobernador cómplice, operador de la represión también, que era Carlos Juárez. Entonces las muertes y las desapariciones se juntan en estas megacausas y se toman casos que son desde 1975 en adelante. No solamente en el proceso militar, porque los que sacan de Palomitas como presos políticos eran las personas que habían sido colaboradoras de Ragone que los meten presos en el ’75”.
Al ser consultada sobre cómo viven sociedades que podrían caracterizarse como conservadoras, como en el caso de Salta y Santiago, la llegada de estos juicios, Lescano reflexionó: “en lo que a mí respecta es medio contradictorio, por un lado veo que es importante porque se va incorporando mucha gente joven que no ha tenido ninguna vivencia, incluso hijos de desaparecidos que antes no participaban y ahora sí, y toman la megacausa como una forma de estar presente y hacer cosas. Pero a la vez el juicio en sí mismo, a mí me deja insatisfecha en el sentido que es como que no se investiga lo suficiente, se acumulan cosas que se dijeron y denunciaron pero no se hace la investigación para hacer un seguimiento. Por ejemplo, yo declaré en las causas de Santiago y Salta la relación que había entre los autos que secuestran a Ragone y la banda de Musa Azar en Santiago, y en la investigación se nombra como un hecho y nada más, y los autos incluso se devuelven, y por primera vez en la causa Ragone declara el dueño de uno de los autos que dice que se lo robaron en Santiago, y el tipo que manejaba el robo de autos en Santiago y dueño de la provincia era Musa Azar. Yo veo que todas estas causas son importantes pero por ahí me da la sensación como que incluso los abogados están un poco a ciegas”. En este sentido, Lescano afirmó que uno de los objetivos de los familiares de desaparecidos y sobrevivientes es que se abran los archivos militares, policiales y también eclesiásticos, ya que hasta el momento se cuenta con los datos que aportan testigos y familiares, mientras los responsables y cómplices del terrorismo de Estado retacean información o directamente mantienen un silencio siniestro.
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