11 abr. 2013

(Por Oral y Público) La Fiscalía y la querella del juicio por delitos de lesa humanidad por el caso de Manuel Ricardo Casado, ocurrido en la localidad santafesina de San Lorenzo, pidieron al Tribunal Oral Federal 1 de Rosario la suspensión del proceso hasta que otras causas, actualmente en instrucción, sean elevadas a juicio y puedan acumularse. La solicitud, rechazada por las defensas de los tres imputados, dos militares retirados y un civil, fue finalmente desestimada por los jueces del tribunal. Dialogamos con Nadia Schujman, subsecretaria de Derechos Humanos de la zona sur de Santa Fe, sobre la importancia de unificar varias causas en un solo juicio para poder dar cuenta de los distintos circuitos represivos llevados adelante durante la última dictadura cívico militar.

En diálogo con Oral y Público, Nadia Schujman explicó los motivos del pedido efectuado por la querella y la fiscal Mabel Colalongo: “se planteó que el juicio se paralice y se acumule a las causas que están en instrucción y que son conexas con este caso. Que se paralice hasta que estas causas lleguen al tribunal, porque si no se desvirtúa el circuito represivo en la ciudad de San Lorenzo, que es justamente el cordón industrial que tiene que ver con la persecución a los obreros. Si no se juzgan todos los casos juntos, no se puede dar cuenta del mecanismo del Terrorismo de Estado respecto de esa zona”.
El juicio oral comenzó el 22 de marzo pasado y en él se juzga la privación ilegítima de la libertad, tormentos, violencia y amenazas contra Manuel Casado, ex secretario general del Sindicato de Municipales de la ciudad de San Lorenzo, secuestrado el 25 de marzo de 1976. Los acusados son el teniente coronel retirado Rubén Osvaldo Cervera, el capitán retirado Horacio Hugo Maderna, ambos jefe y subjefe del Batallón de Arsenales 121 de Fray Luis Beltrán en 1976, y el abogado Pedro Alberto Rodríguez, ex asesor del municipio de San Lorenzo durante la intervención militar.
La subsecretaria de Derechos Humanos de la zona sur provincial consideró que la realización de un proceso por un único caso beneficia a los imputados, ya que es más sencillo defenderse de un solo hecho que de un accionar sistemático: “por eso es un reclamo que se hace en este juicio concreto pero que lo excede, y es lo que reclamamos siempre los abogados que fuimos querellantes en las causas, y lo que viene sosteniendo la Procuración General en cuanto a que las causas se tienen que juzgar por circuitos represivos, acumulándose la mayor cantidad de casos posibles porque es imposible juzgar los casos individuales en los tiempos reales que tenemos. Son muchos los factores a tener en cuenta a la hora de evaluar; esto no es solo una cuestión procesal, sino también una cuestión no menor que tiene que ver con las víctimas. Juzgar tan fragmentadamente las causas hace que las víctimas, los testigos, los sobrevivientes, los familiares tengan que declarar una y otra vez, revictimizándolos permanentemente y sometiéndolos a un padecimiento innecesario”, agregó.
Schujman consideró, además, que en caso de darse la acumulación de causas, se daría la oportunidad de ventilar cómo funcionó la represión en el cordón industrial santafesino, cómo la dictadura persiguió también a obreros y cómo funcionaba ese circuito.
Pero finalmente el pedido de la querella y la fiscalía fue rechazado este viernes por los integrantes del Tribunal. En su resolución, manifestaron que "los elementos son inciertos para otorgar lo solicitado" y que "no existe vinculación con el objeto procesal ni con las personas involucradas en esta causa". A su vez, afirmaron que "no se vislumbran próximas elevaciones a juicio vinculadas con la presente (causa)". Evidentemente, los jueces no quisieron tomarse el trabajo de escuchar las argumentaciones de la solicitud realizada y prefirieron seguir adelante con un proceso que juzga un solo caso y deja de lado el plan sistemático de represión bajo el que se llevó a cabo. El sentido común, parece, no se lleva bien con la justicia procesal.

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