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Once años sin Marita, once años sin justicia

Escrito por el abril 3, 2013


(Por La Retaguardia) Este 3 de abril se cumplió un nuevo aniversario de la desaparición de María de los Ángeles, Marita, Verón. En este marco, dialogamos con Carlos Garmendia, uno de los abogados de la Fundación María de los Ángeles, que Susana Trimarco creó para luchar contra el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, y que asiste en forma gratuita a las víctimas. Con él hablamos sobre la apelación que presentaron a la sentencia que absolvió a todos los acusados de secuestrar a Marita, y sobre el avance del juicio político iniciado contra los magistrados del tribunal que sumó más impunidad a este caso.

En diciembre pasado, la Sala II de la Cámara Penal de Tucumán; integrada por Eduardo Romero Lascano, Emilio Herrera Molina y Alberto Piedrabuena; absolvió a los trece imputados por el secuestro y desaparición de la joven tucumana, ocurrido el 3 de abril de 2002. Entre ellos estaban las personas acusadas de haber ideado el rapto de Marita, quiénes la secuestraron, la mantuvieron cautiva, los que luego la entregaron en un prostíbulo, y quienes a su vez lo regenteaban. A pesar de que los fiscales y las querellas habían solicitado hasta 25 años de prisión, ninguno recibió condena.

Para Carlos Garmendia, uno de los abogados de la Fundación María de los Ángeles, este fallo entroniza la impunidad de la peor manera: “estos tres jueces han mentido en la sentencia, han manipulado las pruebas, las declaraciones de las testigos que fueron víctimas de trata y que vieron a Marita, para poder llegar a la conclusión de impunidad y darle una apariencia lógica a esa sentencia”, afirmó en diálogo con La Retaguardia, recién terminada una misa por el aniversario.
Inmediatamente, la querella presentó un recurso de apelación que ya está en trámite, y que es una herramienta para poder conseguir revertir esta sentencia. Una tarea que no parece fácil. “El pool de abogados de los imputados riojanos ha decidido plantear recusaciones y han recusado a los cinco jueces de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Esta recusación está en trámite. Tenemos una audiencia fijada para el 15 de abril, para recibir la prueba de la recusación y el código marca que el tribunal llamado para resolver la recusación tiene que hacerlo en el marco de las 48 horas posteriores. Una vez que esté resuelta, se podrá continuar el trámite de casación, esperamos que este año la Corte Suprema de Tucumán se expida y acepte el pedido que hemos hecho y declare la nulidad de la sentencia y condene a los imputados, porque las pruebas que se han producido son suficientes para condenar”, explicó Garmendia.
La otra medida que implementaron los abogados de Susana Trimarco, tras conocerse la sentencia absolutoria, fue iniciar el procedimiento para someter a un jury de enjuiciamiento a los integrantes del tribunal. Recién este 3 de abril, la Comisión de Juicio Político de la Legislatura de Tucumán decidió acusar a los jueces por mal desempeño a partir de esta denuncia: “el pedido de juicio político lo habíamos hecho el 27 de diciembre del año pasado, luego habíamos ratificado y ampliado argumentos el 1ero de febrero – manifestó Garmendia – y ahora la Legislatura tucumana nos dice que entiende que podemos tener razón en el planteo que hemos hecho y que los jueces han actuado mal, así que la semana que viene va a empezar el trámite del jury de enjuiciamiento contra dos de los tres magistrados porque el doctor Herrera Molina está con una cautelar suspendiendo el trámite de juicio político en su contra por razones de salud”. Al día siguiente de este diálogo con Garmendia, los integrantes del Jury suspendieron el comienzo del enjuiciamiento.
Respecto a los miembros de la Comisión de Juicio Político, Garmendia dio un dato nada menor: “está integrada por doce legisladores, once de ellos son del mismo signo político del Ejecutivo de la provincia, y uno solo es de un partido de oposición. Ese único de la oposición resulta ser Ricardo Bussi, el hijo del genocida, que fue el único que votó por el archivo de la denuncia por el juicio político. Yo lo entiendo perfectamente porque su padre se dedicaba a secuestrar y desaparecer personas, y Marita es una desaparecida, así que él decidió seguir las enseñanzas de su padre”. 
En este sentido, la pregunta final para Garmendia fue difícil de realizar:
– ¿Saben qué pasó finalmente con Marita?
– Nosotros hemos logrado reconstruir lo que sucedió con Marita desde el día del secuestro hasta mediados o fines de 2003, después son todas hipótesis y nada confirmado. No tenemos certezas de que Marita esté muerta, tampoco tenemos la certeza de que esté viva porque no tenemos datos en ese sentido de estos últimos años.
Un ejemplo de la continuidad que existe respecto a cómo se encubren las desapariciones de hoy y cómo se hacía durante los oscuros años de la dictadura. Ayer los motivos eran políticos; hoy, las mafias operan con complicidades estatales, pero parecen haber recogido el peor de los ejemplos de la última dictadura cívico-militar: el del secuestro de personas como metodología y, en algunos casos, como el de Marita, el de su desaparición.

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