1 may. 2013


(Por Oral y Público) El 5 de marzo pasado comenzó el juicio contra veintidós represores por los crímenes cometidos contra más de cien víctimas en el marco de la llamada Operación Cóndor, nombre con el que se conoce la colaboración represiva efectuada por las dictaduras de Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay, Perú, Paraguay y Brasil. Se trata de uno de los juicios más importantes que se está llevando adelante en el país. Esto es por la cantidad de imputados y víctimas, pero también por los testigos que serán alrededor de quinientos. Se estima que las audiencias se extenderán por prácticamente dos años. En el programa Oral y Público dialogamos en forma extensa con el fiscal Pablo Ouviña y analizamos las características y complejidades de esta causa. 
Este jueves, Oral Y Público estará en la Feria del Libro, en el stand del IEM, con un programa especial para profundizar sobre la Operación Cóndor con la principal investigadora de esta causa, Stella Calloni, como invitada. Los esperamos para presenciar la grabación desde las 17:30.

La Retaguardia: Durante el juicio, ¿usted intentará probar la coordinación entre dictaduras que significó la Operación Cóndor o eso ya está probado?

Pablo Ouviña: A groso modo, las hipótesis de acusación serían por un lado los casos de las desapariciones que estamos investigando, y por otro lado la existencia de una asociación ilícita en virtud de la cual se habrían cometido estas desapariciones. Todo eso tiene que ser probado. Nosotros tenemos que probar la existencia de la operación y la participación de los imputados en diversas formas. Por supuesto, las dificultades generales de la investigación de estas causas acá se ven acrecentadas porque la actuación no se limita a un lugar o zona determinados, ni siquiera a un centro clandestino de detención determinado, sino que no solo es en todo el país sino que además ocurrió en el cono sur. Estamos hablando de casos que tienen relevancia en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil.

LR: Se me ocurre trazar una similitud con el juicio que terminó hace relativamente poco tiempo en cuanto al Plan Sistemático de Apropiación de Menores. Es decir, algo que está aceptado socialmente que sucedió, pero que para la justicia no está probado.

PO: Hay mucha información sobre este tema. Stella Calloni es quizás una de las periodistas más notables que ha investigado durante muchos años esto. Es algo conocido desde hace bastante tiempo; pero una cosa es que sea conocido y otra que tenga que ser probado en un juicio, porque nosotros tenemos que dirigir imputaciones y éstas tienen que venir luego de un juicio y en virtud de la prueba que se produzca en él.

LR: Que ya se haya realizado el juicio por Automotores Orletti en Floresta, el centro clandestino de detención, tortura y exterminio por donde pasaron algunos de los secuestrados como parte de esta operación imagino que también debe contribuir.

PO: Sí, eso contribuye. Este tribunal primero recibió el primer tramo de lo que fue la Operación Cóndor y su elevación a juicio, y luego recibió también por conexidad la causa en la que se investigó Automotores Orletti. Ese juicio se hizo primero y allí se verificó la relación que existía entre este centro clandestino de detención y la Operación Cóndor. Por supuesto que va a tener relevancia, y además nosotros ahora tenemos que hacer junto con Cóndor un segundo juicio de Orletti contra otro imputado. Es decir que se van a tener que revisar los sesenta y cinco casos que ya fueron probados en el juicio anterior más dos más.

LR: Entre los acusados hay algunos que ya han recibido no solo una sino varias condenas para perpetua. Para un hombre de la justicia, ¿esto es algo a ser tenido en cuenta? ¿A usted le da lo mismo o pone más énfasis en intentar probar lo de aquellos que quizás no tengan sentencia por otras causas?

PO: Es una pregunta compleja y creo que va a ser una respuesta más compleja. Desde el punto de vista político podemos discutir para establecer si es conveniente o no seguir dirigiendo imputaciones a una persona que ya tiene, por ejemplo en el caso de Videla que tiene dos condenas a perpetua, penas de cincuenta años, otras a veinticinco. Por otro lado, la respuesta jurídica es que nosotros tenemos que poner el mismo énfasis en probar todos los casos y en particular la participación de las personas que están imputadas en la Operación Cóndor. Este juicio, sacando lo que es Orletti que hay un solo imputado, empezó con treinta y dos imputados y ahora tenemos veintidós. Es decir, todos los casos tienen que ser investigados, todas las personas que son responsables tienen que ser responsabilizadas de acuerdo a lo que se pueda probar. Ese es el punto de premisa básico. Los hechos que ocurrieron no pueden ser perdonados de ninguna forma, ni por olvido, ni por prescripción, ni por indulto, ni por amnistía, ni por nada. Ahora bien, es claro que nosotros tenemos recursos limitados, y es realmente muy difícil llevar a cabo todos los juicios, todas las imputaciones contra todas las personas que están siendo investigadas. Entonces quizás una buena medida, pero esto es una opinión personal, es que se pueden realizar criterios de priorización; es decir, que se puedan atender las imputaciones a aquellas personas que quizás todavía no tengan ninguna sentencia.

LR: ¿Usted cree que este juicio puede tener también un efecto que se pueda replicar en otros países, que a partir de cosas que salgan aquí la justicia de otros países puedan investigar?

PO: Sin entrar a considerar lo que vayan a hacer otros países, yo puedo hablar desde mi experiencia con respecto a víctimas de otros países. Respecto a la Operación Cóndor, nosotros tuvimos que trasladarnos físicamente a algunos países para conocer la prueba que había allá, para obtener información y entrevistar posibles testigos. La respuesta que hemos tenido en Uruguay y en Chile fue siempre la misma: por un lado de beneplácito porque se estaban haciendo este tipo de juicios, además de esperanzas de todos de que en sus respectivos países se dé la misma respuesta que estamos dando en Argentina. Mi visualización es que esto necesariamente tiene que generar algún tipo de efecto. Se hicieron investigaciones muy importantes en Chile, en Uruguay, ya sabemos lo que aconteció con algunas con respecto a la posición del Superior Tribunal uruguayo, y en Chile si bien el impulso inicial se había mermado ahora tienen un nuevo impulso y por lo que pudimos ver están haciendo investigaciones muy serias. Esperemos que eso se trascienda luego en un debate judicial y que se responsabilice a las personas que hayan intervenido en estos hechos.

En el juicio que se lleva adelante en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de la Ciudad de Buenos Aires por la Operación Cóndor hay veintidós imputados. Originalmente eran diez más, pero fueron separados por salud o fallecieron antes del inicio de las audiencias. De los acusados, hay veintiún argentinos y un uruguayo. En este último caso, Uruguay había denegado su extradición, pero pudo ser detenido preventivamente y extraditado desde Brasil donde estaba viviendo. Durante la instrucción se pidieron otras capturas internacionales pero hasta el momento no tuvieron resultado positivo.

LR: ¿Han servido durante la investigación documentos desclasificados por distintos gobiernos, por ejemplo el de Estados Unidos?

PO: Han servido y muchísimo, y esta es otra particularidad de este juicio. El plan sistemático no solo tuvo en miras la desaparición de personas sino que además la desaparición de toda fuente de información. Con esto nos referimos no solo a las mismas personas sino a todo tipo de registro. Hay un viejo principio que dice que todo no se puede esconder, y lo que hemos logrado es encontrar mucha más documentación de la que hay habitualmente en este tipo de juicios. Muchas de estas documentaciones desclasificadas son de Estados Unidos, hay una labor de un instituto muy importante de allá que está aportando; también el Archivo del Terror de Paraguay, además de Uruguay y Chile.

LR: Y esto se suma a la información que en la etapa de instrucción la justicia argentina pudo reconstruir a partir de documentos de aquí.

PO: Sí. Cuando nosotros hacemos una imputación se basa en pruebas, eso es lo que podemos llamar un cuadro probatorio, y tiene diversas fuentes. Una es la clásica, la testimonial; en el caso de desapariciones es mucho menor ese tipo de información. En el caso de otro tipo de información, que sea documental, registros, o informes, es mucho más vasta en la Operación Cóndor de lo que pudo haber sido en otros juicios. A su vez, esa prueba tiene diversas fuentes que son diversos tipos de registro y justamente la interpretación común de todo ello es lo que nos va a poder sustentar las imputaciones. No puedo decir si algún documento en particular tiene más o menos relevancia, porque en realidad tiene que realizarse una interpretación conjunta, y además esa interpretación la tengo que dejar para el momento de los alegatos.

LR: Los delitos por los que están acusados refieren solo al momento de la última dictadura cívico-militar, no a la etapa previa, ¿puede suponerse que allí no hubo coordinación porque el argentino era un gobierno constitucional?

PO: Está muy discutido el origen de la Operación Cóndor, desde cuándo comienza. Es más, Stella Calloni marca algunos hitos con respecto a cuándo fue iniciado, mientras otros investigadores marcan hitos anteriores, y todos hablan de operaciones pre-cóndor, por ejemplo la Operación Colombo, que es el caso de los 119 militantes de varios partidos políticos chilenos, mayoritariamente del Movimiento de Izquierda Revolucionario, que fueron detenidos y desaparecidos en Chile entre mayo de 1974 y febrero de 1975. Es un clásico ejemplo de cooperación de este tipo. Las reuniones que hacen referencia sobre el posible origen de Cóndor, una muy marcada es en 1975 en Chile, esto también anterior al 24 de marzo de 1976. Se ha establecido este límite de imputación como límite mínimo y los casos que tenemos imputados ahora en juicio son con respecto a ese límite, a partir del 24 de marzo.

LR: Para poder entender de qué hablamos cuando decimos coordinación entre las diferentes dictaduras, ¿nos puede citar uno o dos casos en los que a usted le parezca que está bien representada la cuestión de cómo funcionaba la Operación Cóndor?

PO: En los casos de Automotores Orletti, donde además se le decía el lugar de los uruguayos, la gran mayoría de los casos tiene relevancia en función de la Operación Cóndor. Cuando hablamos de Orletti, estamos hablando de un centro de detención que funcionó por espacio de cinco, seis meses, que estaba integrado no solo por argentinos sino por oficiales uruguayos que interrogaban en la Argentina. La mayoría de esos casos son ejemplos claros de la Operación Cóndor. En muchos casos se verificó que en el momento mismo del secuestro intervino personal uruguayo, y hay muchos que están identificados. Algunos fueron trasladados directamente a Orletti, y allí es como que se dividían también las labores y en muchos casos se comprobó que los interrogatorios fueron realizados directamente por personal uruguayo.

LR: También hay casos de argentinos secuestrados afuera de las fronteras.

PO: Por ejemplo, tenemos tres casos de argentinos que fueron secuestrados en Brasil y traídos a la Argentina. Cuando hablamos de Operación Cóndor, cuando hablamos de esta connivencia ilícita entre diversos países, hay un documento que siempre se cita, lo hace Calloni y otros investigadores, en relación a cómo funcionó básicamente esta Operación Cóndor, se dice que el acuerdo tenía tres etapas, la primera de intercambio de información, la segunda de actuación conjunta de las fuerzas de diversos países, y la tercera de realización de este tipo de procedimientos ilegales no limitados a los países sino a otros países que no fueran miembros de esta organización. Cualquier país no puede vivir exclusivamente puertas adentro, todos los gobiernos comparten información. Todas las policías, todos los servicios de inteligencia comparten información, el tema es cuando ese tipo de acuerdos se hace para cometer delitos, y para cometer delitos atroces, que perjudican a toda la humanidad, que ofenden a la conciencia universal. Justamente la Operación Cóndor fue eso, una interrelación de información, una utilización recíproca para la intervención ilegal de fuerzas extranjeras en el propio país y la realización de procedimientos ilegales en conjunto.

LR: ¿Cuál era el rol del gobierno de Estados Unidos en esta coordinación?

PO: Esa es una pregunta para el alegato.

LR: ¿Por lo pronto sí podemos decir que es algo que usted está investigando y que intentará probar durante este juicio?

PO: No es un punto a probar, es algo que necesariamente tenemos que conocer. Nuestro objetivo acá no es solamente determinar responsabilidades es primeramente conocer la verdad. Entonces, de lo que surja en el juicio nosotros diremos lo que consideremos que no solo hace a las imputaciones sino que es la verdad que se ha producido en el juicio.

El cierre de la entrevista con Pablo Ouviño deja la impresión, que habrá que confirmar en dos años cuando se conozcan los alegatos de este juicio, que la fiscalía buscará establecer también cuál fue el rol del gobierno de los Estados Unidos en esta coordinación de la represión del secuestro, la tortura, el traslado y la desaparición de personas en las dictaduras del Cono Sur. Son muchas las presunciones acerca de que el rol fue más que importante, solo que ahora será la justicia argentina la que después de este proceso dé cuenta de esta posibilidad y apunte a su juzgamiento. 

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