5 may. 2013


(Por La Retaguardia) Tras la represión de la Policía Metropolitana el pasado viernes en el Hospital Borda, el ministro de Seguridad de la Ciudad, Guillermo Montenegro, fue interpelado en la Legislatura. Allí volvió a defender el accionar de la fuerza y reiteró que no iba a renunciar a su cargo, excepto que se lo pidiera el jefe de gobierno, Mauricio Macri. El otro ministro cuestionado, Daniel Chain de Desarrollo Urbano, irá a una reunión de comisión recién el 7 de mayo, ya que la interpelación prevista para el martes 30 de abril fue suspendida. La vicejefa de gobierno adelantó que denunciarán a las personas que “agredieron” a los efectivos. En tanto, las demostraciones de rechazo a lo sucedido continúan. Una multitud se movilizó esta semana a la Jefatura de Gobierno en contra de la represión y exigiendo justicia. Además se presentaron diversos pedidos de informe y de juicio político contra los funcionarios involucrados. Pablo Bergel, legislador de Proyecto Sur, calificó lo ocurrido en el Borda como un “plan premeditado con alevosía e ilegitimidad” y adelantó que están en conversaciones con otras organizaciones para iniciar una campaña para pedir la revocatoria del mandato de Macri.

Para Pablo Bergel, los hechos del viernes 26 de abril en el Hospital Borda venían anunciándose a partir de las represiones en los parques Indoamericano y Centenario y en la Sala Alberdi del Centro Cultural San Martín. Según señaló el legislador en diálogo con Sueños Posibles -el programa radial conducido por Alfredo Grande-, se trata de un “plan premeditado con alevosía e ilegitimidad, ya que había una orden judicial que paralizaba las obras y que fue desconocida por el Gobierno de la Ciudad. Además, recordó que el mismo viernes de la represión por la tarde, la Cámara ratificó la medida judicial y multó al jefe de gobierno, a varios ministros, y al Procurador General de la Ciudad, Julio Conte Grand, por haber desobedecido la orden con pleno conocimiento e intención: “creo que acá no hubo errores y excesos sino que hubo un plan de imponerse y además mandar un mensaje ‘miren lo que somos capaces de hacer’. Esto ya lo hemos percibido en el Indoamericano, la sobreactuación de la fuerza, que había una voluntad más allá de imponer su fuerza, había una voluntad de mandar un mensaje que yo no puedo calificar menos que procesista, de infundir temor, paralizar toda voz diferente, toda manifestación de protesta porque ‘miren lo que les puede suceder’”. En este sentido, consideró que “la policía metropolitana fue creada para ser un cuerpo de seguridad de proximidad, de vecindad, no como una fuerza de ocupación de su propio territorio”.
Bergel afirmó que el huevo de la serpiente de la represión fue la aprobación en la Legislatura el 2 de noviembre pasado, a través de un acuerdo entre el oficialismo nacional y el porteño, de un paquete de proyectos inmobiliarios, sobre tierras públicas, entre las que se incluía la venta del edificio del Mercado del Plata con el objetivo explícito de destinar esos fondos a la construcción de un polo gubernamental en la zona sur de la Ciudad. Sin embargo, Bergel diferenció las responsabilidades políticas de la represión: “lo que pasó el viernes efectivamente se origina en querer dar inicio a esta obra que fue votada en ese paquete acordado por el PRO y el FPV. Sin embargo en este caso la responsabilidad por la represión y el modelo represivo, una doctrina de seguridad metropolitana, es del gobierno de Macri, y aquí quiero deslindar de responsabilidad en este caso al oficialismo nacional, ya que no estamos hablando de Formosa, los qom, de la liberación de la zona a cargo de la Policía Federal en el asesinato de Mariano Ferreyra, entre otros ejemplos. En el episodio del viernes la responsabilidad es 100% del gobierno de Macri, convertido en una especie de cuasi banda por la ilegalidad de la medida ejecutada, el desconocimiento del poder judicial y el avasallamiento en el cuerpo de los legisladores flagelados fue violentado el poder legislativo en su conjunto. Acá hay que hablar de banda porque ellos han perdido su categoría institucional al haberse manejado por fuera de la ley. Si no hay sanciones para Mauricio Macri y para los ministros responsables esta es una señal peligrosísima para la sociedad. Vamos incorporando y naturalizando este tipo de violencia ilegal y esto se empieza a transformar en un vecino peligroso con el que hay que contar”.
Ante esto, Bergel reiteró que es imprescindible que el hecho no quede impune. En este sentido, manifestó que están discutiendo con integrantes de distintas organizaciones de la Ciudad la posibilidad de llevar a cabo una revocatoria de mandato, una opción prevista por la Constitución pero para la que se necesitan cuatrocientas mil firmas: “está hecho para que nadie pueda conseguirlo –reflexionó–, pero estamos discutiendo la posibilidad de hacer ese camino, además de las querellas penales que ya se han presentado. Estamos trabajando sobre el ámbito judicial, el parlamentario, pero creemos también que los vecinos, los movimientos sociales, tienen que tomar protagonismo y decir si quieren un referéndum para que se decida la continuidad de Macri, porque además interpretamos y estamos seguros de que el alto porcentaje que lo votó no es fascista y no aprueba este modo de actuación del jefe de gobierno. Que lo habrán elegido por otros valores que vieron en él, que se pueden compartir o no, pero que no aprueban este accionar”.
Además, Proyecto Sur pedirá iniciar juicio político contra Macri, pero su avance depende de las mayorías parlamentarias: “parece una empresa difícil, pero igual la vamos a intentar. Anticipo que muchos legisladores del PRO, en la intimidad, con los que tengo trato por el trabajo en comisiones o por distintas tareas, me han dicho que estaban terriblemente conmocionados, a lo que les dije que se atrevan a decirlo, porque ellos no le deben obediencia debida al jefe de gobierno, sino a los ciudadanos que los eligieron. Eso no ocurrió, no lo dijeron públicamente y es probable que no lo hagan, pero hay un montón de legisladores del PRO terriblemente disgustados con esta situación en la que los metió su jefe, muchos de ellos son jóvenes y están en el inicio de una carrera política, y no les hace ninguna gracia quedar pegados a esto”, relató Bergel.
Si esto no queda impune y se sanciona, habrá sido una experiencia dramática, el problema es que si no se corta, se alienta a continuar por ese camino. Los responsables tienen que tener su sanción. Nosotros creemos que es muy grave la responsabilidad del jefe de gobierno”, señaló el legislador. Y vale como antecedente recordar que tanto Macri, como Montenegro, su viceministro, y el jefe de la Metropolitana ya están querellados por la represión del 13 de marzo pasado en el Centro Cultural San Martín. La justicia aceptó hace pocos días como querellantes a dos de los heridos con balas de plomo, Germán Darío de los Santos y Esteban Ruffa, ambos integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Mientras tanto, el PRO continúa jugando en la Legislatura con sus propios tiempos. La sesión convocada para el martes pasado, y en la que iban a participar todos los diputados porteños, fue suspendida. Allí se iba a interpelar al ministro Chaín, quien a cambio asistirá a una simple reunión de comisión el 7 de mayo.

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