11 jun. 2013

(Por La Retaguardia) Mientras continúa el debate tras conocerse la iniciativa del gobierno nacional de modificar el Casino de Oficiales de la Escuela de Mecánica de la Armada para construir allí un nuevo museo, a pesar del fuerte rechazo de organismos de derechos humanos, sigue su curso el tercer tramo del juicios por delitos de lesa humanidad cometidos en ese centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Sobre los dos temas conversamos con el fiscal Guillermo Friele, quien junto a la doctora Mercedes Soiza Reilly, llevan adelante la representación del Ministerio Público Fiscal en este megajuicio.

Tras dos postergaciones, el 28 de noviembre pasado comenzó en los tribunales de Comodoro Py 2002, en Retiro, el tercer tramo del juicio contra 68 represores de la ESMA por delitos cometidos contra 789 víctimas. Es el proceso más grande la historia jurídica de Argentina, por la cantidad de víctimas e imputados. Además, está previsto que declaren, a lo largo de más de dos años de audiencias, cerca de 800 testigos.

La Retaguardia: A lo largo del juicio se han escuchado testimonios de personas que quizás fue la primera vez que pasaron por un estrado judicial para declarar después de haber estado secuestrados.

Guillermo Friele: Hemos tenido testimonios muy fuertes durante estas audiencias. Realmente nos estamos enfrentando a testimonios desgarradores, testimonios nuevos, que pasaron por primera vez por una sala de audiencias, y realmente nos dejan todos los días sorprendidos por la precisión de los relatos y por todo lo que cuentan. Sin ir más lejos esta semana hemos tenido a una persona que nos contó que uno de los imputados, Cavallo (Ricardo, aliás Sérpico, detenido y extraditado desde México) estaba de novio con una amiga de ella, que vivía con ella, y aparentemente hizo toda una inteligencia para secuestrar a sus hermanos y a su padre. Inmediatamente después de que terminaron secuestrados, Cavallo desapareció de escena. También nos informó que Cavallo estaba como operando en la Facultad de Ciencias Exactas, que era un dato que ya nos habían dado algunos otros testigos. Por lo tanto, con la importancia y la calidad de un testimonio vamos reconstruyendo cómo operaba el grupo de tareas en esa época.

LR: De todas las cosas que fueron sucediendo en estas últimas jornadas, ¿qué le llamó la atención? ¿Qué novedades surgen a esta altura?
GF: La ESMA como centro clandestino, es diferente a cualquier otro centro con el que nos podemos enfrentar en algún juicio oral. En este caso lo que nosotros estamos vislumbrando y lo que estamos realmente determinando son grupos de caídas. Nos ponemos de alguna manera en la mente del represor a ver cómo se iban sucediendo las caídas. Por ejemplo, estas últimas semanas hemos ido trabajando, con algunos testimonios, un grupo de caídas de alumnos, profesores y celadores del Colegio Ceferino Namuncurá de Florida. Ahí tenemos un sinnúmero de casos que responden a un mismo patrón que iban a ese colegio, así va pasando también, y han pasado ya varios testimonios, con el grupo de arquitectura de la Universidad de Buenos Aires. Lo que más nos sorprende es cómo se fueron concatenando cada una de esas caídas y esto nos va a ser de gran utilidad para el alegato, justamente porque vamos a alegar ya no caso por caso sino por grupos de caídas y esto le va a dar un dinamismo al alegato y a la prueba conformada en cada una de las caídas que nosotros entendemos que va a ser muy importante para la sentencia que dicte el Tribunal Oral Federal 5.

El 1 de junio la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) convocó a una visita guiada por la ESMA a organizaciones sociales, políticas y medios alternativos comunitarios y populares con el objetivo de informar acerca de un proyecto del gobierno nacional que prevé modificar el Casino de Oficiales, declarado Monumento Histórico, para hacer un nuevo museo y avanzar sobre este edificio que hoy se encuentra tal como lo dejó la Marina. Cabe recordar que en el Casino de Oficiales funcionaban los lugares de tortura (Capucha y Capuchita), el sector de “admisión” al que iban los secuestrados apenas llegaban (Huevera, donde se los torturaba por primera vez), y los espacios donde se los sometía a trabajo esclavo.

LR: Cuando nos enteramos de este proyecto lo primero que se nos pasó a todos por la cabeza fue que todavía hay un juicio en curso y nos preguntamos ¿cómo se puede modificar un lugar que todavía es prueba judicial?
GF: Yo puedo dar una explicación técnica a esto. Nosotros tomamos conocimiento del proyecto porque justamente la AEDD presentó una medida cautelar para que no se modifique, para que no se avance en este sentido. Nosotros respondimos en su momento al TOF 5 que entendíamos que esa medida cautelar estaba vigente porque había sido dictada por el juez Sergio Torres. Por lo tanto le solicitamos al TOF 5 que remita todas las actuaciones a conocimiento de Torres para que él decida o por lo menos defina si esa medida cautelar sigue vigente o no. Esto es lo que técnicamente ha sucedido en la causa y el conocimiento que nosotros hemos tenido respecto a esto.

El juez Sergio Torres es quien tiene la instrucción de la causa ESMA y en la medida que va cerrando tramos los eleva a juicio oral. Los distintos Tribunales Orales Federales (TOF) son los juzgados encargados de llevan adelante la instancia de oralidad del juicio, pero la gran causa de la ESMA está en el juzgado de instrucción del juez Torres, que aceptó en su momento esta medida cautelar presentada por la AEDD. La duda actual entonces es si esa presentación aún está vigente.

GF: Cuando nos hacen la presentación, nosotros desde la fiscalía contestamos que había una medida de no innovar, una medida cautelar para que no se modifique el lugar y esta medida ha sido dictada por el juez Torres, que sigue siendo competente porque sigue habiendo tramos de la ESMA investigándose. De hecho, hace muy poco se han detenido unos cuantos represores que habían actuado en la ESMA y se los indagó. Entonces es él el juez competente para resolver la cuestión de si sigue vigente o no la medida cautelar. Para ilustrarlo, estamos haciendo una investigación para determinar si cuando vino la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1979, a los cautivos se los llevó a una isla del Tigre. Carlos Lordkipanidse nos presentó al prestar declaración testimonial en la audiencia una serie de fotos y se identificó el lugar. Nosotros solicitamos que se haga una medida de no innovar contra ese predio a los efectos justamente de no modificar el lugar y determinar efectivamente si ese era el lugar donde habían sido trasladados los cautivos en esa época. El que lleva adelante todo esto es el juez Torres.

LR: Supongamos por un momento que el juez Torres dice que la medida cautelar cayó, entonces el proyecto avanza…
GF: Pero yo ahí tendría que decir que hay remedios procesales. Tanto el fiscal como las querellas interponen un recurso para que otro tribunal de alzada, digamos la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, determine si esa medida cautelar sigue vigente o no. Como se sigue investigando, recabando datos, información en cuanto a nuevas víctimas, creo que en el proceso de conocimiento que estamos llevando adelante en todas las instancias judiciales esto va a seguir ocurriendo, y justamente es el juez de instrucción el que dice que no se le puede modificar el estado de cosas porque hay que seguir investigando. Nosotros como fiscales de juicio lo que tenemos que hacer es recrear la prueba reunida en la instrucción en este juicio oral y público. Por eso desde la fiscalía de juicio, somos incompetentes como para dictaminar respecto de esta medida cautelar. No es así para el fiscal de primera instancia que es también un fiscal investigador. Supongamos que el juez Torres dice que deja sin efecto la medida cautelar, ahí está el fiscal de primera instancia para interponer el recurso correspondiente para que la Cámara Federal determine si esto es así o no. Pero además está el control de las querellas, que es muy importante también. Si bien el Ministerio Público Fiscal es el órgano que vela por la legalidad del proceso, las querellas tienen un trabajo muy importante dentro del proceso penal, porque además representan a las víctimas, que no son un convidado de piedra sino justamente todo lo contrario, por lo tanto las querellas también podrían interponer sus recursos para poner en crisis esa decisión del juez de dejar sin efecto la medida cautelar.

Las palabras del fiscal Guillermo Friele demuestran que existen muchas herramientas jurídicas para impedir, al menos en el corto plazo, el avance de esta iniciativa del Ejecutivo nacional para modificar el Casino de Oficiales de la ESMA, un edificio que aún guarda pruebas de los delitos de lesa humanidad cometidos allí durante la última dictadura cívico militar. 

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