10 jun. 2013

(Por La Retaguardia) El asesinato de la trabajadora social Laura Iglesias, ocurrido a fines del mes pasado en Miramar, es una clara demostración de las falencias con las que funciona el Patronato de Liberados de Buenos Aires, un ente que depende del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial para el que la víctima trabajaba. Iglesias pertenecía a un grupo de profesionales críticos del organismo, entre los que se encuentra la delegada de ATE Concepción Palumbo, quien se refirió a la desidia, el abandono, la falta de personal y de condiciones óptimas de trabajo con el que diariamente se deben enfrentar quienes se ocupan de asistir, controlar y tratar a todos aquellos que están en conflicto con la ley penal, incluso a quienes cumplieron sus condenas y necesitan ayuda social.

Tras conocerse el crimen de Laura Iglesias, desde el Patronato de Liberados hablaron de “fallecimiento”, pero sus compañeros se encargaron de aclarar que se trató de una violación, de tortura seguida de muerte, en el marco de un femicidio. “El 85% de quienes trabajamos en el Patronato somos mujeres, lo que da una impronta especial sobre cómo intervenir en estos lugares, desde dónde se interviene y básicamente lo que planteamos es que desde el Ministerio de Justicia y Seguridad hay acabadas muestras de desidia y abandono, falta de recursos humanos, de insumos. Faltan condiciones de trabajo óptimas, y en ese marco es que se precarizan todavía más nuestras intervenciones, y como nosotros lo veníamos anunciando, finalmente, la muerte nos ganó de mano”, aseguró en diálogo con Sueños Posibles, la delegada de ATE Concepción Palumbo.
La trabajadora social Laura Iglesias había ingresado al Patronato de Liberados bonaerense por concurso en 2006 junto a un grupo de profesionales. Entre ellos, se encuentra Palumbo, quien se refirió a la función que tiene el organismo: “se supone que se ocupa de la asistencia, control y tratamiento de toda persona que esté en conflicto con la ley penal. La asistencia significa trabajo comunitario, buscar recursos, ofrecer programas que el patronato cuenta, que tardan más de un año en concretarse. Tratamiento se refiere a la parte psicológica. Aunque funciona desde hace cien años, la impronta de más asistencia se dio a partir de 2004, cuando empezaron a incorporar más profesionales, y en 2006 entramos una cantidad importante de trabajadores sociales. El patronato actualmente no hace tratamiento psicológico, sino una intervención de derivación y articulación con otras instituciones que sí lo hacen. Y el control es básicamente lo que hacemos,  que es que las personas cumplan con las obligaciones impuestas por los juzgados. En el vaciamiento que nosotros estamos planteando, lo único que podemos hacer efectivamente es el control de las personas en conflicto con la ley”.
Tanto Iglesias como Palumbo, al igual que otros trabajadores, pidieron desde su ingreso que el Patronato realice una intervención realmente asistencial y deje de abocarse solamente al control formal de las personas en conflicto con la ley. En diálogo con Alfredo Grande, la delegada de ATE detalló cómo es el trabajo que actualmente llevan adelante: “hacemos un trabajo individual de casos, lo hacemos solas, no hay estrategias de abordaje de trabajo colectivo acerca de las problemáticas en las que interviene el Patronato, entonces estamos solas ante una realidad que es compleja con situaciones de alta vulnerabilidad respecto a las personas que supervisamos, con escasos recursos para intervenir y resolver estas situaciones de exclusión del mercado de trabajo y de los lugares formales de estudio, que generan a su vez más exclusión y más marginación de estos sectores populares, que en general es en los que interviene el Patronato de Liberados. Hubo situaciones de violencia con otros trabajadores. Más de una hemos sufrido robos. Nunca fue una situación tan extrema como la de Laura. La institución en general no genera ninguna estrategia reparadora; entonces los robos son habituales, de hecho nosotras vamos y venimos y estamos todo el tiempo solas por la calle”.
En este sentido, Palumbo describió la situación de las trabajadoras como de “riesgo permanente”: reclamamos mejores condiciones de trabajo, pero a partir de un trabajo interdisciplinario –agregó–, en equipo. No queremos para nada que el Patronato se llene de penitenciarios, ni de ningún aparato represivo del Estado. Nosotras no queremos ir a los barrios con policías o penitenciarios; como colectivo profesional queremos hacer un trabajo interdisciplinario que tenga que ver con una impronta de ir al barrio y no solamente ir a cumplir con las formalidades que exigen los juzgados o la justicia en este caso respecto a la gente que está en conflicto con la ley”.
Tras el asesinato de Iglesias, los trabajadores del Patronato han recibido apoyo de todas las organizaciones de derechos humanos, de ATE, incluso del Colegio provincial de Trabajadores Sociales. Todos colaboran para que se esclarezca el crimen y sean juzgados también los responsables políticos del hecho. “El tema es que desde el Patronato no tenemos ningún apoyo ni contención –denunció Palumbo– sobre todo lo que estamos reclamando es que las compañeras de Miramar, que eran las compañeras actuales de Laura, reciban alguna contención institucional desde lo psicológico, porque volver a trabajar al mismo espacio territorial donde asesinaron a Laura es una situación que a las chicas las está desbordando e institucionalmente no hay una respuesta formal”.
Además, la delegada remarcó que ante la falta de personal hay muchas trabajadoras con más de cien expedientes, es decir más de cien personas a cargo, cuando las normas establecen que no deben ser más de treinta: “a veces no te da el tiempo, ni la capacidad para poder cumplir con todas las condiciones que necesitaría una persona. Esto genera que muchas nos hayamos enfermado, que el stress nos haya desbordado, hay muchas compañeras que están con licencias, muchas de ellas psicológicas y psiquiátricas. Este es el marco en el que nosotras estamos trabajando y decimos basta. Lo de Laura tiene que ser una excepción, esto fue un antes y un después. Por ahora lo que estamos haciendo es decir basta, sentarnos a pensar y re-pensar nuestra práctica y exigir al Patronato que cumpla con sus funciones, que nos otorgue los recursos que necesitamos para hacer un trabajo real de inclusión y no hacer solamente un como si, que es lo que sentimos que estamos haciendo ahora”.
El asesinato de Laura Iglesias puso en evidencia las condiciones en las que llevan adelante su tarea las trabajadoras sociales del Patronato de Liberados de la provincia de Buenos Aires, un organismo que desde hace tiempo no cumple con su principal objetivo que es asistir, controlar y tratar a todas las personas que están en conflicto con la ley penal.

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