7 jun. 2013


(Por Oral y Público) En Tucumán continúa el juicio contra más de cuarenta imputados por delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio Jefatura de Policía y Arsenales Miguel Ángel de Azcuénaga, entre los que se encuentran dos civiles y un sacerdote. Pero además en la provincia sigue en etapa de instrucción la causa por el Operativo Independencia, que refiere a los hechos ocurridos en la zona entre febrero de 1975 y el 24 de marzo de 1976. En este marco, los fiscales Pablo Camuña y Patricio Rovira pidieron la extradición de la ex presidenta de la nación, María Estela Martínez de Perón, para que sea citada a declaración indagatoria. Sobre las dos causas y sus repercusiones en la sociedad tucumana dialogamos con el fiscal Camuña.

La causa por el Operativo Independencia, que se encuentra en etapa de instrucción, refiere a los delitos de lesa humanidad cometidos entre febrero de 1975 y el 24 de marzo de 1976. Se trata de 270 víctimas y los delitos comprenden desde violación de domicilio hasta homicidio triplemente calificado.
En este marco, los fiscales Pablo Camuña y Patricio Rovira, en representación del Ministerio Público Fiscal, presentaron en diciembre de 2011 un pedido de indagatoria a más de un centenar de imputados, entre ellos la ex presidente de la Nación, María Estela Martínez de Perón, que fue rechazado por el juez federal de primera instancia un año más tarde. Esta decisión fue apelada ante la cámara federal de Tucumán solicitando su revocatoria para poder citar a declaración indagatoria.
“Jurídicamente existen razones de sobra para que por lo menos esta persona sea traída a prestar declaración indagatoria, que es el acto de defensa principal que tiene un imputado: oír lo que tiene para decir en su descargo, y ver si existe mérito o no, qué tipo de defensa se ensaya y se determinará si corresponde o no el procesamiento y posteriormente la elevación a juicio. Esa es la regla que se aplica a todos los imputados, entonces quizás malograr este pedido sin haber siquiera empezado a investigar asienta, o puede por lo menos contribuir a asentar una situación de impunidad, que es lo que se quiere evitar”, explicó el fiscal Pablo Camuña en diálogo con Oral y Público. El funcionario judicial señaló que lo que ellos quieren es que Martínez de Perón “sea indagada, se defienda y se resuelva lo que se tenga que resolver”: “nosotros no decimos que ella formó parte del plan criminal destinado a derrocarse a sí misma. Lo que ella hizo fue generar una situación que permitió la autonomización muy veloz de las fuerzas armadas que culminó con el golpe de Estado de 1976. Lo penalmente más relevante no es lo que hizo sino lo que no hizo; lo que tendría que haber hecho en su carácter de presidenta de la nación y al mismo tiempo comandante en jefe de las fuerzas armadas. Esa es la imputación que nosotros le hacemos”, agregó.
Según el fiscal, a la ex presidenta le cabe responsabilidad por los hechos concretos que sucedieron en este período. Está imputada por los 270 hechos y también por la generación del contexto que permitió la ejecución de esos delitos, a los ejecutores materiales y también a quienes daban las órdenes dentro del ejército: “Dejó hacer cuando tenía la obligación de no dejar hacer”, especificó.
Para Camuña, el Operativo Independencia, la ocupación militar de Tucumán durante casi cinco años por fuerzas del ejército provenientes de todo el país, tienen que ver seguramente con la actual composición político social provincial, a la que calificó como “bastante particular”. Sin embargo, destacó que el juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio Jefatura y Arsenales, iniciado en noviembre pasado, continúa desarrollándose normalmente.
Por las audiencias pasaron ya 250 testigos: “un número altísimo que antes de empezar considerábamos imposible. Continuamos con los imputados con los que empezamos, algo que también parecía imposible. El juicio no se suspendió por razones médicas, los imputados están cumpliendo prisión preventiva en establecimientos carcelarios, por lo que no tenemos que temer por la posibilidad de una fuga, hasta que por lo menos se defina su situación procesal y se dicte sentencia, de manera que el proceso avanza”, afirmó Camuña, satisfecho con cómo avanza el juicio.
Entre los imputados hay un sacerdote que asiste a las audiencias ataviado como tal. Al respecto Camuña señaló: “lo que anhelamos desde el Ministerio Público Fiscal es que la Iglesia, institucionalmente, no condicione una sentencia de manera pública. Queremos que la situación procesal de esta persona pueda ser juzgada sin presiones de ningún tipo. El atuendo no es menor y menos en una provincia como Tucumán, donde el credo católico está muy arraigado, de manera que lo que nosotros esperamos es que la Iglesia institucionalmente no interceda en su favor en forma indebida”.
A su vez, varios de los imputados, sobre todo relacionados con el centro clandestino del Arsenal Miguel Ángel de Azcuénaga, llegaron al juicio acusados y procesados por delitos de índole sexual, y en el transcurso de las audiencias de debate se ha tomado conocimiento de nuevos hechos que están bajo análisis: “en principio es una problemática que ha sido tratada en su momento y que ahora en el juicio está saliendo también con mucha claridad. Esperamos que también sea una sentencia histórica para Tucumán en este otro sentido, que como estamos viendo en las audiencias es muy significativo para los sobrevivientes y sobre todo para las sobrevivientes”, aseveró el fiscal.
Durante el diálogo con Oral y Público, Camuña se refirió especialmente a la importancia de que se puedan escuchar las voces y las historias de los familiares y las víctimas sobrevivientes: “creo que es imposible permanecer después de este juicio en el mismo lugar en el que estábamos antes de empezarlo. Me parece que este juicio modifica, cambia, sana también y permite escuchar voces que nunca se habían escuchado todavía en la provincia. Es muy significativo también el impacto social que puede llegar a tener. Sumando todos los relatos que se están produciendo seguramente tendrán algún tipo de impacto profundo también sobre esta composición y este posicionamiento tan particular que tiene la sociedad tucumana. Las voces de los sobrevivientes no solo no se escuchaban en los medios, sino que había familiares que por la propia dinámica de impunidad que cubrió al poder judicial durante mucho tiempo y al poder político también, estaban esperando testimoniar. Todos los días de audiencias escuchamos por lo menos algún familiar o alguna víctima que dice que estuvo esperando treinta y cinco años para poder decir lo que va a decir en ese momento, lo que es muy conmovedor y por supuesto un llamado de atención para la comunidad política toda, porque de hecho no pueden declarar todos los testigos, ya que hay muchos que fallecieron, muchos familiares de víctimas que lucharon durante toda su vida para obtener justicia y ahora que se está produciendo no pueden verla. Estas voces, que son las que nos quedan, y son tan fuertes, tan potentes, van ayudando también a construir una historia que todavía no está construida porque estas voces nunca se escucharon a este nivel. Esto creo que es lo más significativo y algo que mira hacia futuro más que hacia el pasado”.
Por la sala de audiencias ya han pasado 250 testigos y se espera la declaración de al menos 100 más. Además se realizarán inspecciones oculares en lugares donde estaban instalados los centros clandestinos. Los fiscales tienen en este sentido mucha prueba documental para sumar a la causa. Luego se darán las instancias de alegatos sobre la cantidad de hechos y finalmente la sentencia. Camuño afirmó que haciendo un cálculo optimista, el veredicto podría escucharse en el mes de octubre. Es de esperar también que para ese momento, la causa por el Operativo Independencia haya avanzado y puedan estar desarrollándose las declaraciones indagatorias de María Estela Martínez de Perón y lo más de 100 imputados por delitos cometidos previamente al golpe cívico militar de 1976.

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