21 jul. 2013

Milani jurando en su cargo ante Rossi

(Por Oral y Público) A partir de la difusión en medios periodísticos de fotos de César Milani, flamante jefe del ejército designado por el gobierno nacional, ex presos políticos lo reconocieron como la persona que participó de sus interrogatorios, e incluso como integrante de una comisión de conscriptos que viajó de La Rioja a Tucumán en 1976, entre los que se encontraba Alberto Ledo, quien desapareció en el marco de ese operativo. Organismos de derechos humanos piden su remoción del cargo para que se investigue a fondo su participación en distintos hechos ocurridos durante la última dictadura cívico militar. Aquí quedan las opiniones de Lucila Maraga, ex presa política de La Rioja, que brindó toda la información que se conoce del caso en su provincia; la del abogado querellante en causas por delitos de lesa humanidad de Mendoza, Pablo Salinas, que relató un hecho similar ocurrido allí, cuando un represor fue nombrado viceministro y la de Víctor Basterra, sobreviviente de la ESMA. Además, repasamos testimonios de una marcha realizada esta semana en la capital riojana donde hablaron los dos testigos que acusan a Milani.


Actualmente en La Rioja no existe ninguna causa judicial que tenga a César Milani como imputado. Su nombre aparece dentro de testimonios incluidos en el informe de la Comisión de Derechos Humanos provincial de 1984, pero no fue incorporado a la lista de represores. Su cara fue reconocida en los últimos días luego de que se difundieran sus fotos al ser designado Jefe del Ejército de la nación. “Dos compañeros de La Rioja ubican a Milani. Uno, Jorge Illanes, que estuvo cuando hizo el servicio militar, y el otro, Alfredo Olivera, quien ya había declarado que este señor había detenido primero a su padre, y después lo había llevado a él al juzgado de La Rioja para que le tomen declaración. En el interrogatorio intervino Milani. Aunque ahora lo reconoce por las fotografías en medios periodísticos, el caso de Olivera ya estaba escrito en el informe de la comisión de La Rioja”, explicó Lucila Maraga, en diálogo con Oral y Público. El propio Olivera recordó estos hechos durante la marcha realizada este jueves en la Plaza 25 de Mayo, organizada por Madres de Plaza de Mayo filial La Rioja. Según el testimonio que pudo rescatar Radio Voces de La Rioja, Olivera relató: “voy a declarar con el secretario del juzgado federal, y Milani entró conmigo a la sala; él estuvo en todo momento. La mayoría del tiempo me estuvo hostigando diciendo que me habían cortado la gallera de guerrillero, que yo me había negado a ir a la compañía de monte (grupo del ERP que se ubicó en los montes tucumanos), estuvo todo el tiempo hostigándome y en el momento en que no lo hizo fue cuando el secretario del juzgado le pregunta su apellido y él le dice Milani. Nosotros en esa circunstancia retenemos datos y yo guardé ese dato del teniente Milani, por eso lo mencioné cuando hice la declaración. Después hablaron de sus antepasados, creo que él decía que tenía descendencia italiana. También conté cómo se corta esa declaración bruscamente cuando entra el juez federal y dice que voy a quedar comunicado y voy a poder hablar con mis familiares, y cuando entró mi viejo él todavía estaba acusándome de que era esto, era lo otro, y después se fue”. “A este señor que no merece ser el jefe del ejército yo lo tenía en la memoria –expresó en el mismo acto Jorge Illanes– porque cuando tuve que hacer la colimba, estuve quince días en 1976, del 4 al 19 de marzo, y el día 24 me detuvieron, esos días compartí con el flaco, durante el día nos daban las instrucciones, y había dos subtenientes, Molina y Milani, Molina era el malo para los colimbas, era el que nos bailaba todo el día, Milani era el bueno, el que organizaba las charlas a la tarde, entre la merienda y la cena, y normalmente nos decía que hablemos de política. Y con el flaco (Ledo) nos dimos cuenta. Yo era el presidente de la juventud peronista de Chilecito y el flaco era militante de un partido progresista de izquierda. Era un excelente amigo, con convicciones fuertes, con esperanzas, y nos dimos cuenta de lo que pasaba por lo que no participamos de esas charlas, dos o tres veces me preguntó a mí cómo me decían. Al principio de las charlas nos sentábamos juntos pero después nos separamos y uno se sentaba en un extremo, y el otro en el otro, para ver qué era lo que hacía, y se dirigía a donde estaba yo y donde estaba el flaco, y reclamaba toda la información de todos los que estábamos en ese momento”, continúo contando Olivera en la plaza central de la capital riojana, en el marco de un acto de homenaje a los curas desaparecidos Carlos de Dios Murias y Gabriel Longeville, desaparecidos el 18 de julio de 1976. Ese acto se convirtió a la vez en una reunión en la que los dos testigos y la madre de Ledo se dirigieron al público reunido. Más tarde, se decidió en ese mismo lugar que Olivera se presentara a declarar en el juzgado riojano a la mañana siguiente, cosa que efectivamente hizo. El flaco, Alberto Ledo, el joven riojano, estaba haciendo el servicio militar obligatorio en 1976 cuando en el mes de mayo fue enviado en comisión a Tucumán. Uno de sus superiores era Milani. Ledo desapareció en la provincia del norte del país, y la única respuesta que recibió su familia fue que había desertado y se había retirado del lugar por sus propios medios. “Nosotros sabemos que lo de Ledo no fue una deserción, porque hay más de doscientos casos de conscriptos en todo el país que han sido dado como desertados, y nosotros y sus familias consideramos que están desaparecidos, porque por la situación que se vivía en aquel momento no estaban dadas las condiciones para desertar, por lo que decimos que son compañeros que están desaparecidos”,. Acerca de la actualidad de la causa judicial por la desaparición de Ledo, fuentes judiciales de Tucumán aseguraron a La Retaguardia que la causa nunca estuvo cerrada, como se aseguró en estos días, aunque sí permaneció dormida por la ausencia de testigos. Al respecto, Maraga señaló que la jusitica “consideraba que tenía que haber por lo menos dos testigos que den testimonio en presencia judicial de la desaparición de Alberto. En aquellos tiempos, los conscriptos no estaban en condiciones de hacerlo judicialmente, a pesar de que ellos le dijeron a la mamá de Alberto que había salido con Sanguinetti, habían ido a hacer la recorrida, pero en la tercera oportunidad en que salieron Alberto ya no regresó, y se dice que había desertado. En ese momento la responsabilidad era de Sanguinetti, por eso él es el que está imputado en la causa de Alberto, lo de Milani surge a raíz de estos testimonios, que dicen que Milani va junto con Alberto y otro grupo de soldados en comisión desde La Rioja a Tucumán para, según decían ellos, actividades antiterroristas. El señor Milani vuelve de Tucumán a La Rioja un 17 de julio, cuando ya había desaparecido Alberto Ledo. Y luego vuelve más adelante a Tucumán. Esas fechas son las que aparecen en el legajo de Milani, por eso lo que se dice es que él tiene que saber qué sucedió con Alberto, porque él estuvo en Tucumán en el momento de la desaparición. Eso es lo que se está pidiendo que se investigue. Además, una vez que Milani vuelve a La Rioja, desaparecen dos amigos de Ledo, César Minué y Díaz Romero, esto ocurre a un mes de la desaparición de Alberto. Eso es lo que se está pidiendo que se investigue: el paso de Milani por La Rioja, donde estuvo desde febrero de 1976 hasta febrero de 1977, y que seguramente siguió su carrera en otro lugar durante el proceso militar”, aclaró Maraga.
Durante esta semana y tras conocerse las denuncias en su contra, Milani se presentó espontáneamente ante el juez federal Daniel Herrera Piedrabuena, a quien hace unos años ex presos políticos de La Rioja le pidieron un jury de enjuiciamiento por haber beneficiado a represores. “Milani se acoge al artículo 73 de la Constitución, a partir del que él se presenta ante el juez ante la sospecha de los cargos que se hacen en su contra. (Tras la declaración) nos dieron un informe en el que niega todo de lo que se lo acusa, pero no niega haber estado durante ese período en La Rioja. El juez pasa ahora todo lo que declaró Milani al fiscal, que es el que va a buscar los elementos para ver si se abre una causa para investigar estos hechos. Están ahora estos testimonios y están dispuestos a ir a la justicia para declarar judicialmente, por lo que se puedan incorporar en la causa de Alberto Ledo o en otra causa acá en La Rioja por los hechos que sí se dieron aquí, por lo que se podría incorporar a la Megacausa de la provincia. En el caso de Olivera se tiene que validar lo que ya declaró en 1984 y en el caso de Illanes sería declarar por primera vez en vía judicial. Habría dos conscriptos más de los que aún no se conocen sus nombres, por lo menos hasta que vayan a la justicia, que avalarían lo que está diciendo Illanes. Una vez que hagan la declaración judicial conoceremos quiénes son. Se toman estas precauciones para que esto tenga el trato que se merece. Acá estamos implicando a alguien en lo que fue la represión en La Rioja y que estuvo en el regimiento de acá donde hubo una cadena de mando que también son responsables”. Mientras la justicia avanza con la investigación, el pliego de Milani también será tratado por la Comisión Acuerdos de la Cámara de Senadores, que es donde se debaten los ascensos militares. “Quiero que se esclarezca no solo el caso de mi hijo, sino también el de los 32 desaparecidos riojanos y de los 30.000 en todo el país. Por todos los casos impunes que acá en la provincia conocemos, casos de chicos que murieron en comisarías que hasta ahora no se pudieron esclarecer. El ansia de todas las madres es que sepamos la verdad. Yo siempre he dicho que lo que quiero saber es qué hicieron con mi hijo, el único interés que tengo es saber qué hicieron con él, que aparezca con vida y si no está vivo que paguen con cárcel los responsables de la desaparición y detención de mi hijo. Por lo pronto sabemos que él estaba bajo bandera. En primer término los responsables son los militares, haré todas las marchas que sean necesarias”, fueron las palabras que recogió Radio Voces de Marcela, la mamá de Alberto Ledo, durante la movilización de este jueves 18 de julio en la capital riojana. Participaron más de doscientas personas entre ex presos políticos, militantes de derechos humanos, partidos políticos, organizaciones sociales, y las convocantes: las Madres de Plaza de Mayo filial La Rioja. Los principales reclamos fueron la reapertura de la causa de Alberto Agapito Ledo, una investigación profunda y seria respecto a la participación de César Milani durante la dictadura militar, y su separación del cargo. Aunque quizás es uno de los casos que más repercusión ha tenido en los medios tradicionales, al menos en el último tiempo, claramente influenciado por la cercanía de las elecciones legislativas, lo cierto es que Milani no es el único funcionario que fue designado en un cargo y está sospechado de estar involucrado en delitos de lesa humanidad. Al respecto, Pablo Salinas, abogado representante de querellas en Mendoza e integrante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, recordó en diálogo con Oral y Público a Carlos Rico Tejeiro, un represor mendocino que fue puesto como vice del ministro de Seguridad Juan Carlos Aguinaga, cuando el Partido Demócrata hizo un acuerdo e integró el gobierno del por entonces mandatario provincial Celso Jaque. “En ese momento yo acababa de asumir como director de Derechos Humanos –contó Salinas– y el planteo que sostuve siempre fue que había que investigarlo a Rico, y cuando hubo pruebas pedí públicamente su renuncia e impulsé la investigación contra él y hoy está preso. Con tantos años de impunidad con las leyes de obediencia debida, punto final e indultos, se armó una discusión muy grande en Mendoza. Nosotros decíamos que había que hacer una ley de ética pública que dijera que cualquier persona acusada no pudiese integrar cargos públicos; algunos decían que no, porque se violaba el principio de inocencia, pero nosotros sosteníamos que la simple sospecha de haber participado en crímenes contra la humanidad tendría que inhabilitar a la persona para ejercer cargos públicos, sobre todo teniendo en cuenta esta cantidad de años de impunidad. Y también teniendo en cuenta que la mayoría de los personajes que participaron de la represión luego buscan lavarse la cara en un cargo democrático. Lo vimos con Domingo Bussi en Tucumán, con Rico Tejeiro en Mendoza, con Luis Patti en Escobar. La lógica perversa de estos represores ha sido siempre tratar de conseguir un cargo público. Me parece que lo fundamental es que se lo investigue a Milani, y en caso de que haya testimonios y pruebas de gente que incluso lo reconoce ahora porque no había fotos de él, con Rico pasó lo mismo en Mendoza, toda esa prueba debe ser acompañada en la justicia y si prospera la acusación y hay una imputación o un procesamiento me parece que lo mejor, y más en un cargo tan alto, se debe tomar la medida de poner a otro representante y no a alguien que esté en esa situación”. Salinas -que expresó su decidido apoyo al gobierno nacional- aseveró además que debería tratarse una ley de ética pública nacional y provincial que impida a cualquier persona sospechada e imputada de crímenes de lesa humanidad formar parte de los gobiernos democráticos. En el mismo sentido, Víctor Basterra, sobreviviente de la ESMA, también hizo referencia a casos similares a los de Milani: “si uno hace memoria respecto a este tema, tenemos antecedentes que tuvieron una relevancia importantísima en algún momento de esta democracia o este estado de derecho de treinta años. Por ejemplo, no hay que olvidar a Mohamed Alí Seineldín y Aldo Rico. Fundamentalmente Rico, que llegó a ser intendente de un municipio importante como es San Miguel, secretario de Seguridad del gobierno de Eduardo Duhalde, tuvo cargos importantes. Y estos dos tipos fueron investigados durante mucho tiempo, sospechados de pertenecer a las fuerzas armadas durante todo ese período oscuro que va de 1974 a 1983 , y tuvieron relevancia en esa época como integrante en este caso de Campo de Mayo o en el Operativo Independencia, y este Milani es de la misma historia. A mí me consta que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ha investigado bastante profundamente, en especial cuando se da el pedido de pliegos por parte del senado de la nación, donde hay una comisión de acuerdos. Me consta porque un par de ñatos no pudieron ascender, se les cortó la carrera, por elementos que uno pudo haber aportado en algún momento. El caso de Binotti (Víctor, capitán de fragata) por ejemplo, en 2002 a través de una investigación del Cels pero con elementos que yo aporté. Y este tipo Milani tiene la página de esa época, el problema es que no fue denunciado en su momento, incluso como Rico que llegó hasta Coronel y nada más, no pudo ascender más, Seineldín lo mismo”. El caso de Milani ha tenido gran repercusión en los últimos días. En este año electoral, desde sectores de la oposición utilizan el tema para atacar al oficialismo, mientras que desde el Ejecutivo, y en palabras del propio militar, acusan a quienes reclaman que se investigue su actuación de llevar adelante una campaña en contra del gobierno nacional. Ante estas repercusiones, Lucila Maraga señaló: “nosotros nos reafirmamos en que hace 37 años que venimos luchando para que todas las causas de crímenes de lesa humanidad lleguen a juicio como corresponde. Ellos tienen la posibilidad de llegar a juicio como corresponde, con sus defensas, con sus tiempos, con todo lo que la Constitución resguarda, todo lo que nosotros no hemos tenido. Con todos los juicios que se están haciendo ahora están saliendo muchos represores que han cambiado sus nombres. Acá se dio esta situación a partir de la exposición de Milani y que se lo reconozca, por eso surgen estos elementos. Hoy es Milani, mañana puede ser otro, no son cosas circunstanciales, sino que la investigación y la búsqueda de justicia va a seguir hasta que todos los responsables vayan a cárcel común”. Es imprescindible escapar a la utilización política que de un lado y del otro se intenta hacer de este tema, para poder investigar en profundidad y saber qué es lo que en realidad sucedió, para así juzgar y condenar a quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar, sin importar su cargo actual o a qué sector partidario pertenezca".
Ante las acusaciones, Milani se presentó en los juzgados de La Rioja y Tucumán donde se investigan las causas, y ensayó su defensa en una entrevista con Página 12. Su principal argumento es que, cuando sucedieron los hechos, solo tenía 21 años.
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