14 jul. 2013

Foto: Imagen Insurrecta
(Por La Retaguardia) Este lunes 8 de julio se cumplió un nuevo aniversario de los crímenes de Jonathan Kiki Lezcano y Ezequiel Blanco, dos jóvenes que vivían en la villa 20 de Lugano y que fueron asesinados por la policía. Sus cuerpos permanecieron desaparecidos durante más de dos meses, hasta que las familias los encontraron enterrados en el Cementerio de Chacarita como NN. Dialogamos con Juan Manuel Combi, abogado de la mamá de Kiki, sobre las irregularidades de esta causa, los manejos desiguales que realiza la justicia, y lo difícil que es su acceso para las familias de los barrios pobres.

“Antes de hablar de cómo los mataron a Kiki y Ezequiel, hay que hablar de cómo los mató antes la sociedad, cómo la justicia mató a una familia. La causa empieza con una denuncia por desaparición. La familia me viene a ver porque yo estaba en el barrio trabajando en ese momento con la comunidad boliviana, y me manifiesta que estaba desaparecido su hijo y ahí empieza yo creo la gran muerte de los chicos, independientemente de cómo fue el suceso concreto por el cual ellos aparecen muertos”, expresó el abogado Juan Manuel Combi a La Retaguardia.
Jonathan Kiki Lezcano de 17 años y Ezequiel Blanco de 25 fueron vistos por última vez con vida el 8 de julio de 2009 cuando salían de sus casas en la Villa 20 de Lugano. Como no regresaron a sus hogares a la noche, sus familias comenzaron a buscarlos y denunciaron la desaparición. Dos meses después recibieron un llamado del juez de instrucción Facundo Cubas que les informaba que Kiki estaba enterrado en el Cementerio de la Chacarita como NN, y que el cuerpo de Ezequiel se encontraba en la morgue a la espera de igual destino.
Los jóvenes tenían heridas de bala en la cabeza, y luego se conoció un video grabado por un celular en el que se veía a Ezequiel muerto y a Kiki agonizando dentro de un auto, rodeados por al menos cuatro policías que se reían de ellos.
Pero mientras las familias Lezcano y Blanco aún buscaban a sus hijos sin saber que habían sido asesinados, Daniel Veyga, un efectivo de la División Conductas Delictivas en Espectáculos Deportivos de la Policía Federal de la Comisaría 12, había presentado ante ese mismo juez de instrucción, Cubas, un escrito en el que informaba que estando de civil había matado “en legítima defensa” a dos jóvenes que se habían acercado para robarle. Al magistrado le alcanzó con este papel,  ya que sobreseyó al policía sin siquiera citarlo a declarar.
“Es la misma historia que cuentan todos los policías cada vez que matan a alguien. En su descargo siempre ponen legítima defensa –señaló Combi respecto a la presentación del efectivo y la posterior conducta de la justicia–, lo que yo no puedo entender es que haya un procedimiento cerrado con la premura con la que el juez de instrucción decide el sobreseimiento del imputado sin que éste haya ido a declarar en el proceso, con un hecho más grave que es que no se habían realizado medidas probatorias tendientes a esclarecer si efectivamente nos encontrábamos ante un caso de legítima defensa o no, y me llama la atención que cuando nosotros después apelamos e intentamos ser parte de la causa se nos niega la posibilidad, por lo que tuvimos que recurrir a la Sala VII de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional que confirma la resolución del juez, y recién después de casi dos años de lucha y de un recurso de queja presentado porque no nos habían admitido en la instancia superior presentar un recurso de casación, la Sala IV de Casación nos dice que teníamos razón, que había que investigar y que el sobreseimiento había sido prematuro, por lo que decide revocarlo y desvincular al juzgado de instrucción que interviene y a los camaristas. Nos dieron la razón, pero dos años después, y en ese tiempo se perdieron pruebas porque no se pudo hacer absolutamente nada”.
En este sentido, Combi contó que desde el primer día que intervino en la causa le dijo a las familias que no iban a poder saber la verdad de lo ocurrido porque no se había podido estar en los dos primeros meses fundamentales: “esa no participación de la víctima en el proceso permitió lo que pasa en la gran mayoría de las causas donde hay involucrado personal policial. Hoy por ejemplo nos encontramos con que hay material probatorio que no tenemos porque la policía entre otras cosas lo perdió, por esa situación se ha abierto una causa porque el juez ha entendido que se cometió un delito, atento a que una de las medidas que nosotros necesitamos, que fue la entrega de la ropa que llevaban los chicos, una gorra encontrada en el lugar del suceso que debía ser peritada, porque a través de las pericias de las prendas se puede determinar la distancia de los disparos, y no podemos contar con eso porque la policía lo perdió”.
En la entrevista con La Retaguardia, el abogado sumó un agravante más a la causa: “además de lo que pasó con los chicos, de la muerte y de esta falta de acceso de las víctimas a la justicia y a la asistencia dentro del proceso, a los cinco, seis meses (de hallarse los cuerpos) Angélica Urquiza, mamá de Kiki, quiso evitar un hecho con otros chicos que estaban sufriendo también un abuso de autoridad por parte de las fuerzas policiales, y se le armó una causa penal, en la que obviamente terminó sobreseída pero tuvimos que hacer todo un trabajo de asesoramiento y defensa de la imputada para que termine sobreseída en una causa totalmente armada por la policía. Generalmente cuando se le arma una causa a un vecino no tiene acceso a una defensa digna y termina firmando una probation o un proceso abreviado y se ganan un antecedente en causas en las que no tienen nada que ver. La falta de acceso a la defensa permite todo este tipo de cosas y permite también que haya casos totalmente invisibilizados”, aseveró el abogado.
El caso de Kiki y Ezequiel deja en evidencia, como tantos otros,  las disímiles formas de actuar de la justicia en función de quién se encuentre en el lugar del imputado y quién en el de víctima: “un pibe roba una cartera en un barrio –ejemplificó Combi–, tardan diez días en procesarlo y quizás un año y medio para que termine preso. Cuántas veces tenemos que soportar pibes que están presos y que ni siquiera tienen un juicio justo y están detenidos preventivamente, por su cara, su barrio, su condición social, y nosotros lo que pedimos en esta causa es simplemente que se trate por igual a una familia de un barrio humilde cuando es víctima que cuando es imputada”. Del otro lado, se encuentra el policía que mató y fue sobreseído por escrito. Aquí aparece también la conocida complicidad entre la justicia y el accionar policial: “el efectivo fue el que apretó el gatillo y hasta el día de hoy no tenemos concretamente qué fue lo que pasó porque queda aún por hacer toda la reconstrucción del hecho, y faltan un montón de pericias o que al menos nos envíen los resultados. Pero a los cuerpos no los enterró la policía sino la justicia, y esto es lo grave de la situación, puede ser por una situación de dolo, de negligencia y también puede ser por una situación que venimos denunciando desde que tomé el caso Arruga. En ese momento, expuse en la Cámara de Diputados y traté de llegar a los representantes diciéndoles algo tan concreto como que no tenemos un mecanismo para la búsqueda de personas desaparecidas. En el país de los desaparecidos no tenemos un sistema de búsqueda, ni de registro de NN. Esto permite este tipo de cosas, como que el poder judicial haya enterrado a dos pibes durante días y que la familia esté buscando en un expediente por una averiguación de paradero a dos personas que ya se encontraban enterradas, es una vergüenza. Recién a los cuarenta y pico de días se informó a la División de Búsqueda de Personas. La investigación estuvo parada durante dos meses. Muchas veces lo que se hace también es criminalizar a las víctimas, dejar todo un manto de sospecha, y no tomar los recaudos del caso cuando la víctima dice ‘tengo miedo porque pasó esto con la policía’. Y acá es donde debemos llamar la atención. A veces le pasa a una familia humilde que va hasta Tribunales y se encuentra con una persona que en vez de poner el ojo en su sufrimiento pone un manto de sospecha sobre la persona que está reclamando. Lo mismo sucede en las comisarías con las fuerzas de seguridad con las arbitrariedades amparadas en la falta de registro que tienen, uno va a las comisarías y se encuentra muchas veces con llamativos libros que no están foliados, me parece bochornoso que la policía tenga un cuaderno de primer grado para llevar un listado de detenidos. Esta arbitrariedad tiene una sola explicación: poder”.
El abogado Juan Manuel Combi se diferencia de muchos de sus colegas no quiere que lo llamen doctor: “no lo soy, nunca hice un doctorado, estos términos fueron impuestos desde una justicia elitista, a los únicos que hago que me digan ‘doctor’ son justamente quienes abusan del poder y continúan utilizando en sus escritos términos tan feudales mientras hay gente que lamentablemente no tiene una moneda para llegar hasta el Palacio de Tribunales, es hora de que además de reformar la justicia en todas sus formas también empecemos a reformar sus aspectos simbólicos”, explicó al respecto. Combi se refirió a su vez a las responsabilidades que también le caben a la sociedad, a los ciudadanos, en casos como los de Lezcano y Blanco, y la necesidad que se presenta en algunas causas de querer demostrar que, por ejemplo, las víctimas de gatillo fácil no estaban robando cuando fueron asesinadas: “todos simbólicamente arrastramos el problema de tener ese tirano adentro. Yo no tengo vergüenza en defender a pibes que roban, tampoco tengo vergüenza en defender a pibes que están en una situación marginal y que fueron víctimas de gatillo fácil o de desaparición. Realmente no me gusta ni soy de aquellos que quieren o necesitan volcar la imagen de un niño de guardapolvo blanco, buen hijo, buen novio, buena persona, porque estamos más allá de eso. La problemática en los barrios todos sabemos que es muy compleja y si un pibe comete un delito para eso estará la justicia en todo caso para juzgarlo en debida forma, de ningún modo se puede aplicar el gatillo fácil porque sí y fusilar a un pibe; en todo caso se tendrá que demostrar que hubo una legítima defensa en un caso concreto donde hay un verdadero y real enfrentamiento. Ahora esto de esconder y decir que nuestros pibes no roban, no sirve. Nuestros pibes pasan por un montón de circunstancias y si no lo reconocemos los adultos no nos hacemos responsables de lo que pasa en los barrios, donde esos pibes que roban son víctimas sociales. Todos los pibes, todos los niños, sueñan y quieren jugar; la imagen de un niño con un arma es la imagen del capitalismo que le impuso a los niños esas armas, porque ellos lo que quieren es jugar. Los niños juegan a la realidad porque la realidad los hace jugar con la realidad misma. Estoy cansado de escuchar la frase ‘los pibes de ahora…’, porque los pibes de ahora son los que nosotros estamos dejando abandonados. Los pibes muchas veces salen a chorear porque no encuentran respuestas. El grado de resentimiento que tienen es muy grande y nosotros somos los responsables de eso. Muchas veces la situación en la que están los chicos lleva a que sean manipulados por la fuerza policial, el mismo poder judicial, la cantidad de juicios abreviados que se firman sin que los pibes tengan un verdadero derecho a la defensa en nuestro país es bochornoso".
En este sentido, agregó: “la imagen de los guardapolvos es totalmente mentirosa, nuestros pibes no son esos y justamente porque no lo son es que nos tenemos que hacer cargo de ellos y defender estos casos con más énfasis aún. A mí no me entristece defender a un pibe que roba, en todo caso me enorgullece porque yo juré por eso. Cuando nosotros juramos la matrícula profesional siempre juramos por los pobres, es hora de hacerse cargo”.
Esta semana, al cumplirse un nuevo aniversario de su hijo Kiki y su amigo Ezequiel, Angélica Urquiza realizó por primera vez una conferencia de prensa en la Legislatura porteña. Estuvo acompañada por Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Pablo Pimentel de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza; Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga; Pablo Ferreyra, hermano de Mariano; Luciana Pol, integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales, además de sus abogados Adriano Agreda y Juan Manuel Combi.
“En la conferencia dejamos en claro que no estamos solo por Kiki, Ezequiel y Luciano, sino por todos los casos, por todos los pibes. Cuántos casos existen que la familia no tiene acceso a la justicia, cuántos pibes mueren y no lo sabemos, cuántas familias no tienen el derecho de por lo menos saber la verdad”, aseveró Combi en diálogo con La Retaguardia.
Este reclamo de justicia continuó este sábado 13 de julio, en el festival cultural por los derechos humanos organizado por la Agrupación Kiki Lezcano, en Fonrouge y Chilavert, en la Villa 20.

1 comentarios:

  1. TAMPOCO TE DA VERGUENZA NEGAR PATROCINIO POR TORTURAS Y DENUNCIAS DE DESAPARECIDOS EN OPEN DOOR NO? TAMPOCO TE DA VERGUENZA NEGAR PATROCIONIO A QUIENES UNA MAFIA MUNICIPAL, POLICIAL Y JUDICIAL LE QUIEREN APROPIAR SU BIEN UNICO DE VIVIENDA? TAMPOCO TE DA VERGUENZA VERME EN LA ASAMBLEA DE SAN JUSTO Y HUIR COMO UN CAGON? DAS LASTIMA COMO ABOGADO, COMO DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS COMO ABOGADO Y COMO SER HUMANO.

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