22 jul. 2013

(Por Oral y Público) El 9 de julio organismos de derechos humanos colocaron una placa en la Plaza San Martìn de la ciudad de Mendoza en homenaje a Isabel de Marinis, que falleció el año pasado a los 94 años buscando aún a su hija Lila, desaparecida durante la última dictadura cívico militar. El ataque ocurrió antes de que se cumpliera un mes de su inauguración. Dialogamos con Pablo Salinas, abogado representante de querellas en Mendoza e integrante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), quien aclaró que este hecho no es una excepción, sino que son varios los monumentos de homenaje rotos por sectores de la ultraderecha que -en palabras del letrado- “se suman en su discurso al tema de la inseguridad y utilizan la violencia para atacar a los derechos humanos”.

En Mendoza, Isabel de Marinis fue y sigue siendo un ejemplo de lucha. Tal como la recordó Pablo Salinas, con más de noventa años asistía a los juicios por crímenes de lesa humanidad en su provincia y llegaba antes que todos: “a veces cuando entraba temprano a los tribunales la veía y le preguntaba qué hacía tan temprano y me decía ‘vengo a apoyar a mi abogado’, una perseverancia, una lucha. Ella buscaba y buscó toda su vida a su hija Lila, una chica militante del PRT que fue secuestrada y asesinada. Isabel vio la condena a los asesinos de Paco Urondo, que integraban la misma patota que había participado del hecho de su hija”.
El año pasado, Isabel falleció y los organismos de Mendoza promovieron junto con su familia la colocación de una placa en homenaje en la plaza San Martín de la capital provincial. La inauguración fue el 9 de julio y tan solo pocos días después fue atacada. Lo mismo sucedió en su momento con el monumento a los compañeros desaparecidos ubicado frente a la justicia federal, con la placa colocada frente a la Casa de Gobierno, y el monumento a las Madres.
Respecto a quienes están detrás de estos ataques, Salinas afirmó: “Lo que venimos diciendo desde los organismos es que en Mendoza se ha dado todo un discurso previo a la campaña electoral de sectores de la ultraderecha que llevan campañas como ‘derechos humanos para los argentinos derechos’ o ‘mano dura con los delincuentes’, de ataque abierto a los derechos humanos, y esto lleva a un ataque a los monumentos y a los símbolos de los organismos, que empieza en Mendoza pero que puede pasar a nivel nacional, el discurso de la derecha que se suma al tema de la inseguridad, y utilizan la violencia para atacar a los derechos humanos. Hay que acordarse del falso ingeniero Blumberg y de que ante cada hecho de inseguridad a los primeros que atacan es a los organismos de derechos humanos como si éstos brindaran seguridad. Por supuesto que no manejamos cinco mil policías ni estamos para brindar la seguridad pública, pero se ha generado esta confusión y se la ha llevado al extremo; se ha conseguido que buena parte de la sociedad responsabilice por la inseguridad a los organismos de derechos humanos, algo increíble. Y lo han conseguido a partir de agitar el discurso de la mano dura, de agitar el mensaje neonazi de que los derechos humanos tienen que ser solo para un sector social. Digo neonazi porque los nazis eran los que sostenían que el género humano estaba dividido y que había humanos y subhumanos, esto mismo están sosteniendo en Mendoza las campañas de la derecha”, sostuvo Salinas.
“Nosotros estamos trabajando en la reconstrucción de las placas y monumentos –explicó Salinas a Oral y Público–, pero también tenemos que dar una batalla a nivel de medios, tenemos que llamar la atención de los compañeros y decir lo que está pasando en Mendoza, porque hay que tener mucho cuidado. A nivel nacional hay algunas campañas de la derecha que también se sostienen en los mismos argumentos. Me refiero a la campaña que ha hecho (Francisco) De Narváez o la que lleva adelante (Mauricio) Macri con la referencia permanente al tema de la inseguridad como una manera de juntar votos por ese lado”.
Al igual que reflexionó el abogado Juan Manuel Combi en una entrevista anterior con La Retaguardia, donde dijo no sentir vergüenza de defender a pibes que roban, Salinas aseguró: “el discurso de la derecha es que somos abogados defensores de los delincuentes, que es un discurso que no inventaron ahora, es el mismo de Videla, que acusaba a los organismos de derechos humanos de defender delincuentes subversivos y la gran herramienta de la dictadura era hacer desaparecer a las personas y que no tuvieran derecho a defensa. El derecho a defensa está en el centro del debate. En un estado democrático toda persona tiene que tener el derecho a la defensa”.
En el mismo sentido, Víctor Basterra, sobreviviente de la ESMA, afirmó que esta intención acusatoria siempre ha estado presente, quizás con diferente metodología: “en aquella época cuántos abogados laboralistas, defensores de presos políticos comprometidos con un cambio social fueron desaparecidos. Es real que hay una visión sesgada y contraproducente que penetra en muchos sectores de la sociedad, que siempre que hay un delito grave dicen ‘por qué no vienen ahora los de los derechos humanos’, eso es algo que se va instalando”, expresó en Oral y Público.
Salinas coincidió con las palabras de Basterra y se refirió justamente a los “clichés que están instalados”: “por ejemplo ‘el entran por una puerta y salen por la otra’. Eso está instalado desde la dictadura y antes también, hace años que se vienen aplicando políticas de mano dura y en realidad es mentira que las puertas sean giratorias. Cuando a un pibe pobre lo enganchan en un hecho no sale, queda preso; a los que seguramente van a liberar es a los de clase acomodada y a los que seguramente nunca acusan son a los policías en casos de violencia institucional, y donde no se investiga es en éstos casos. De hecho los nombres de quienes intervinieron en el secuestro del joven Sebastián Bordón después aparecieron en el primer juicio por crímenes de lesa humanidad en San Rafael, Mendoza. La misma patota de aquella época siguió trabajando en la misma policía y produjo desapariciones en democracia porque el mecanismo era el mismo, y el mecanismo de defensa pública que utilizan es el mismo, agitar la inseguridad, atacar a los organismos de derechos humanos. En realidad la responsabilidad de la inseguridad es del Estado y es una responsabilidad en definitiva de todos, pero lo que me parece que es novedoso es que desde distintos sectores estamos denunciando que este discurso de la derecha se funda en este ataque a los derechos humanos. Muchos de los que agitan la inseguridad hacen negocios, por ejemplo tienen empresas de seguridad privada, tienen barrios privados, entonces agitan la inseguridad y la gente compra casas en barrios privados o compra armas en las armerías que son de los mismos dueños. La inseguridad también es un negocio del cual viven los sectores de la ultraderecha fundamentalmente”.
Finalmente, se le consultó a Pablo Salinas sobre uno de los próximos juicios que se desarrollarán en Mendoza, el primero en la provincia que tendrá como imputados a jueces: “por eso nos rompen los monumentos, porque estamos avanzando, cuando no metíamos preso a nadie no nos rompían ningún monumento. Cuando avanzamos es cuando nos atacan. Hemos conseguido impulsar el juicio contra la complicidad civil que era una de las cosas más complejas. Yo le dado el poder a un colega en Chile, Carlos Quezada, brillante compañero de la izquierda chilena, y en el marco del proceso de extradición de Otilio Romano está consiguiendo hacer declarar a las víctimas nada más ni nada menos que en la Corte de Chile. La fiscal de Chile se pronunció a favor de la extradición, también lo ha hecho un juez de la Corte”.
Si la justicia chilena continúa por esta senda es de esperar que Romano, requerido por la justicia argentina por violaciones a los derechos humanos, sea extraditado a nuestro país en uno o dos meses, por lo que el inicio del juicio podría darse en octubre o noviembre de este año.

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