3 ago. 2013

Jorge Olivera y Gustavo de Marchi
(Por Oral y Público) Dos represores condenados por delitos de lesa humanidad en San Juan fueron trasladados al Hospital Militar Central "Cosme Argerich", ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, para hacer una consulta médica autorizada por un juez subrogante, en plena feria judicial. Desde allí escaparon y nada más se sabe de ellos. Intentando todavía digerir esta noticia, la jueza de ejecución penal Margarita Camus, sobreviviente y querellante en la causa por la que fueron juzgados, afirmó que los organismos de derechos humanos ya habían advertido sobre algunos antecedentes que daban cuenta de la capacidad de fuga que tenían ambos militares. Además, Camus se refirió a la actuación que tuvieron Jorge Olivera y Gustavo de Marchi durante la última dictadura cívico militar.

El 4 de julio de este año, el Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Juan condenó a prisión perpetua por los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, tormentos y asociación ilícita cometidos contra sesenta víctimas, a Jorge Antonio Olivera, Horacio Julio Nieto y Osvaldo Benito Martel . En tanto, Gustavo Ramón de Marchi, Juan Francisco Del Torchio y Daniel Gómez recibieron 25 años y Alejandro Manuel Lazo 10 años. Tan solo veintiún días después, y sin siquiera haber escuchado los fundamentos de la sentencia, Olivera y De Marchi consiguieron fugarse.
Estaban presos en el Penal de Chimbas en San Juan y pidieron ser trasladados a la Ciudad de Buenos Aires para hacer una consulta médica. La solicitud fue autorizada por un juez subrogante y los represores viajaron para ser atendidos en el Hospital Militar Central “Comisario Mayor. Dr. Cosme Argerich” (lleva el mismo nombre que el Hospital General de Agudos, solo que éste se llama Dr. Cosme Argerich, sin el Comisario General). Fue desde este nosocomio, ubicado sobre la calle Luis María Campos, en pleno barrio porteño de Belgrano, que Olivera y De Marchi se fugaron. Es decir, fraguaron un problema de salud para poder llegar al hospital militar y desde allí escaparse.
Margarita Camus es jueza de ejecución penal y, en tanto sobreviviente, fue querellante en el juicio que ahora tiene dos condenados fugados. En diálogo con Oral y Público, afirmó que aún se están recuperando del “mazazo” recibido: “nosotros teníamos clara conciencia de quiénes eran estos personajes, pero evidentemente minimizamos su capacidad para organizar esta fuga. No solamente nosotros, sino distintos actores y organismos que tenían la responsabilidad institucional de evitar que estas cosas pasaran. Obviamente esto ha significado toda una situación muy dura y difícil porque ha sido un juicio muy largo, de veinte meses, en el que la mayoría de las víctimas somos sobrevivientes y nos ha costado mucho en esta provincia llevar adelante el juicio. Celebrar el veredicto nos duró solamente veinte días”, se lamentó.
Sin embargo, Camus aseguró que al igual que muchas otras situaciones que les han tocado vivir, se sobrepondrán y verán cómo transformar este hecho en cuestiones concretas que sirvan para que esto no vuelva a repetirse en ningún lugar del país.
Respecto a quiénes eran y cómo actuaron De Marchi y Olivera durante el Terrorismo de Estado, Camus detalló: “De Marchi tenía el apodo de ‘El loco De Marchi’. Era un tipo arrebatado que iba en una moto Harley Davidson,  y era dueño de una whiskería en San Juan, lo que también pinta su catadura moral. Cuando uno de los conscriptos que había participado del Operativo Independencia en Tucumán declaró en el juicio, contó que trabajaba con De Marchi y que después de que volvieron a San Juan él no había tenido que ir más al regimiento, sino que lo habían afectado a la whiskería para que se encargara como soldado de tareas de limpieza. De Marchi es quien el día del golpe de Estado tomó la Legislatura de la provincia y habilitó allí el primer centro clandestino de detención local, donde fueron alojados todos los presos que detuvieron las primeras horas del 24 de marzo. De Marchi es un personaje conocido en San Juan, se retiró del ejército porque tenía un sumario que le habían abierto dentro de la misma fuerza por violación y estupro, pero como era hijo de un general le dieron la posibilidad de pedir la baja. Todo esto que estoy diciendo consta en las actuaciones judiciales y es documentación producida por el propio ejército”.
En cuanto a Jorge Olivera, Camus contó que era teniente, hijo de una persona que con los años fue comandante de Gendarmería: “era el oficial de inteligencia del Regimiento 22 –agregó–, era quien llevaba adelante la batuta de la patota de secuestradores y violadores”. Olivera fue además abogado de varios represores en el desarrollo de otras causas por delitos de lesa humanidad.
En relación a la posibilidad de fugarse, Camus aseguró en diálogo con Oral y Público que había antecedentes: “por ejemplo, Olivera fue el primer militar argentino represor detenido fuera del país. Esto ocurrió en Italia en agosto de 2000. Fue detenido por un hecho producido en San Juan que fue la desaparición de nuestra compañera Marie Anne Erize. Como ella tenía doble nacionalidad, un juez francés ordenó la captura al enterarse de que Olivera estaba en Europa. También durante la feria judicial, y presentando un documento apócrifo de un juez al que después le costó el cargo porque pertenecía a la logia Propaganda 2, Olivera logró su salida de Italia. Permaneció prófugo y cuando se iniciaron los procesos se ordenó su captura; fue finalmente detenido en 2008 con varios documentos falsos en su poder. De Marchi, que había estado detenido y fue excarcelado por jueces cómplices de la Cámara Federal de Mendoza, también estaba prófugo y con documento falso, y fue capturado cuando el juicio ya estaba iniciado e incorporado al mismo”.
Cabe señalar que en esta megacausa hubo otros imputados que están prófugos desde la etapa de instrucción como el ex teniente Carlos Malatto, exiliado en Italia, y los oficiales Eduardo Vic y Juan Carlos Coronel, ex jefe de la Policía de San Juan.
En este sentido, Camus recalcó que todos estos elementos hacen absolutamente insostenible que a los pocos días de haberse dictado el veredicto, cuando todavía falta la lectura de los fundamentos de la sentencia, se haya autorizado este traslado que terminó en fuga sin que exista ningún fundamento.
Como jueza de ejecución penal, Camus sabe perfectamente que cuando una persona detenida por una causa común, sin vinculación al Terrorismo de Estado, se enferma, es trasladada a los hospitales públicos de San Juan: Marcial Quiroga y Rawson. Por este motivo, los organismos y las querellas se preguntan desde el primer día cómo es posible que se haya autorizado a estos dos represores a ser atendidos en la Ciudad de Buenos Aires. “Acá no había ni siquiera una simulación de una enfermedad preexistente –señaló Camus–. Esta ha sido una maniobra urdida con varios actores involucrados para que esto termine siendo efectivo. Ninguno de estos dos personajes tenía alguna enfermedad preexistente que sirviera de fundamento para poder trasladarlos a un hospital de alta complejidad que no hubiera aquí en San Juan. Cuando después vimos la autorización para que vayan a dermatología nos pareció una cargada, no lo podemos sentir de otra manera. Por supuesto que en los hospitales públicos de San Juan, en las salitas de los barrios, de las villas, contamos con esa especialidad. Entonces no podemos menos que sentir que acá esto estaba totalmente programado y orquestado. Yo digo que esto va desde hace tiempo, porque ya durante la instrucción el juez federal Leopoldo Rago Gallo le había autorizado a Olivera tener computadora. Nosotros pedimos que cuidaran que no tuviera acceso a internet y esto fue burlado en reiteradas oportunidades. Obviamente los detenidos comunes, que son la mayoría en la cárcel de San Juan, no tienen computadora. O sea que esto también ha generado dentro de los mismos penales esta situación de privilegio a favor de personas que estaban en ese momento imputadas en los derechos más graves que son los de lesa humanidad”.
Tras conocerse la noticia de las fugas, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación ofreció una recompensa de 2 millones de pesos para quienes aporten datos fehacientes que favorezcan la captura de cada uno de los represores. Pocos días después, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, junto a su par de Justicia, Julio Alak, y el titular de la Unidad de Información Financiera (UFI), José Sbatella, informaron en conferencia de prensa que habían congelado un fideicomiso de más de nueve millones de pesos perteneciente a Olivera. “Nosotros conocíamos que tenían capacidad económica –dijo al respecto Camus– pero lo del fideicomiso obviamente no lo sabíamos. Durante el proceso también habíamos pedido que para evitar esta posibilidad de fuga se produjera un congelamiento, en ese momento hablábamos de los haberes, para poder tomar algún tipo de recaudo. El socio de Olivera que es con quien tenía el fideicomiso, Jorge Appiani, está detenido en la cárcel de Paraná por su participación en la comisión de delitos de lesa humanidad en la provincia de Entre Ríos. El hermano de Gustavo de Marchi está cumpliendo una condena de 25 años en Corrientes y era el presidente de la Sociedad Rural correntina. Estamos hablando de gente que pertenecía a sectores oligárquicos y con bastante disponibilidad económica”.
A más de una semana, los represores continúan prófugos. “Creo que tienen posibilidades para no estar en el país. Mi corazonada sin ningún elemento objetivo, pura subjetividad, es que están acá, en Argentina”, reflexionó Margarita Camus.
Mientras se investiga cómo se produjo la fuga en el hospital militar, la cartera de justicia elaboró nuevas medidas de seguridad para el traslado de detenidos en causas de lesa humanidad y creó una comisión que evaluará exhaustivamente el estado de salud de los represores internados en dependencias militares.
Lo sucedido con De Marchi y Olivera es la exacta explicación de por qué en los alegatos de las querellas en los juicios por delitos de lesa humanidad se pide cárcel común para los represores. Este pedido no se refiere solamente al lugar físico donde deben cumplir la condena sino también a que no deberían tener ni recibir ningún tipo de privilegio.
Queda esperar que, al momento de la lectura de los fundamentos de la sentencia, Gustavo de Marchi y Jorge Olivera estén sentados en los tribunales para escucharlos junto al resto de los condenados.
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