27 sept. 2013

El ex legislador Facundo Di Filippo
ofició de fiscal en el primer juicio
(Por La Retaguardia y Red Eco Alternativo) La audiencia inicial se realizó este miércoles 25 de setiembre en la Legislatura porteña a través de la convocatoria de distintas organizaciones sociales, políticas y culturales. Este primer debate se centró en la empresa constructora IRSA, sus proyectos inmobiliarios y sus negocios con los gobiernos nacional y porteño. Referentes de diversos movimientos y asambleas dieron testimonio sobre la forma en que sus vidas son y serán afectadas por los emprendimientos de esta corporación.



La propuesta tiene como antecedente el juicio ético a las trasnacionales que se realizó en 2011. Bajo el mismo objetivo de juzgar el accionar de aquellos que perjudican la calidad de vida de las personas, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, el Colectivo por la Igualdad, el Frente Popular Darío Santillán, Pañuelos en Rebeldía, el Movimiento Popular La Dignidad, entre muchos otros, convocaron a esta primera audiencia para dar a conocer las actividades y emprendimientos de IRSA. A lo largo de las próximas semanas se debatirán sobre otros grupos económicos, como Roggio, Cirigliano, Riva S.A., Ashira y Urbasur en distintos puntos de la Ciudad, y a fines de noviembre se dará a conocer la sentencia común que elaborará el Tribunal Ético Popular, integrado por Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz, Serpaj), Nora Cortiñas y Mirta Baravalle (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), Osvaldo Bayer (escritor), Vicente Zito Lema (escritor y abogado de derechos humanos), Herman Schiller (periodista), Liliana Daunes (comunicadora feminista), Gabriela Massuh (escritora) y Maristella Svampa (socióloga y escritora).
Al iniciar la jornada, que fue transmitida por Radio La Retaguardia, Jonatan Emanuel Baldiviezo, coordinador de las Fiscalías Populares, explicó que la idea es que estos procesos tengan rigurosidad científica, que reflejen la lucha cotidiana en la Ciudad de Buenos Aires, y que tengan la mayor presencia posible de afectados y víctimas de estas políticas urbanas de las corporaciones denunciadas.
“En este primer caso, la audiencia se desarrolla en la Legislatura donde a fines del año pasado se ha dado una discusión fuerte sobre qué tipo de ciudad y de construcción de ciudad deseamos, y cuáles son las que las corporaciones definen, que se conoció como el pacto Pro-K, y refiere al conjunto de leyes, discutidas y sancionadas a pesar de las protestas y movilizaciones que se realizaron”, señaló Baldiviezo.
El fiscal ético y popular del primer caso fue Facundo Di Filippo del Colectivo por la Igualdad y legislador con mandato cumplido. Durante su intervención describió a IRSA como “la nave insignia del capital concentrado, un pulpo que tiende lazos con los diferentes gobiernos”. Según explicó, la empresa comenzó a desarrollarse en la década del noventa cuando Eduardo Elsztain toma su control, y gracias a sus vínculos a nivel internacional consigue distintos apoyos, incluido el del millonario George Soros. Con el correr de los años, la empresa adquiere tierras en varias localidades argentinas y de Latinoamérica. Específicamente en la Ciudad de Buenos Aires, es propietaria de la mayoría de los centros comerciales más exitosos, como el Abasto, Alto Palermo, Design, DOT; también de edificios de oficinas, como la torre de Microsoft, de hoteles como el Sheraton y el Intercontinental; edificios de viviendas, torres, countrys, etc.
“El modo de operar de IRSA consiste en comprar desarrollos inmobiliarios que ya fueron iniciados por otras empresas. Siempre compra un desarrollo para el que hace la gestión otra empresa y luego aparece IRSA detrás. Es una forma sencilla de quedarse con desarrollos en los cuales no paga costos políticos de avanzar en una primera instancia”, explicó Di Filippo.
Un ejemplo de este accionar puede verse con el proyecto Arcos Gourmet, actualmente en construcción. Se trata de una iniciativa de otra empresa que había ganado la licitación en 2002 para hacer un espacio gastronómico, luego de lo cual aparece IRSA y cambia el sentido habilitando un shopping a cielo abierto. La construcción comenzó a mediados del año pasado, sin haber obtenido permiso de demolición ni de obra: “se ve que ningún inspector del gobierno de la Ciudad pudo pasar por esa manzana para constatar que estaban haciendo un pozo que implica tres subsuelos de cocheras. Ahora estamos a la espera de que la empresa sea anoticiada por el gobierno de la Ciudad, porque los vecinos denuncian que sigue la construcción a pesar de que hay un fallo de la Justicia que declara su suspensión”, agregó el fiscal ético.
Otro ejemplo que se desarrolló durante la audiencia fue el del Buenos Aires Design: “IRSA se lo queda en la época de Carlos Grosso. Cortan a la mitad el Centro Cultural Recoleta y se quedan con la parte más vistosa del desarrollo de este shopping. Desde ese momento hasta la fecha, la empresa IRSA paga 42.000 pesos por mes por todo este shopping. Esa concesión se debería vencer este año, pero hace dos que Mauricio Macri sacó un decreto donde prorrogó la concesión por cinco años más”, denunció Di Filippo.

Las consecuencias de IRSA en primera persona
Tras la exposición del fiscal ético, fue el turno de los testimonios de víctimas y afectados por el accionar de esta empresa.
Osvaldo Guerrica, de Queremos Buenos Aires y Amigos del Lago de Palermo, contó la experiencia con la ex playa ferroviaria de ese barrio porteño y el proyecto Arcos Gourmet. Señaló que originalmente se trataba de un espacio zonificado como urbanización futura, que significa que no puede construirse ni modificarse nada sin que antes se debata y apruebe en la Legislatura.
Guerrica relató cómo Arcos Gourmet fue desarrollándose con la ayuda de cada uno de los gobiernos que pasaron por la Ciudad de Buenos Aires a partir de la gestión de Fernando de la Rúa. Desde la presentación del proyecto con Aníbal Ibarra; una disposición de reinterpretación urbanística que permitió la construcción del shopping durante el gobierno de Jorge Telerman, hasta la entrega de un certificado de aptitud ambiental de parte de la gestión de Macri y la aprobación en la Legislatura porteña en noviembre pasado del inicio de las obras que continúan llevándose adelante. “Actualmente las veredas del shopping las está haciendo el gobierno de la Ciudad, se las pagamos nosotros. Las hace la misma empresa que está construyendo el shopping pero lo paga el gobierno”, sumó como dato concluyente Guerrica.
“¿Qué nos espera a los barrios más relegados con estas trasnacionales a las que no les importa nada?”, se preguntó a su turno Luis Espinosa del Barrio Rodrigo Bueno (ubicada en la Costanera Sur), quien describió su experiencia con IRSA como nefasta: “surge en 1992, cuando el señor Soros adquiere 70 hectáreas de IRSA al precio vil de 21 millones dólares, y ahora quieren emprender un proyecto millonario, con una plusvalía de 4000 millones de dólares. Este proyecto se cayó tres veces. Empezaron con que iban a hacer pisos bajos, después edificios de cuarenta pisos y así siguieron. El tema es que de llegar a hacerse este proyecto, nosotros corremos el riesgo de inundarnos, porque se prevé un espejo de agua en el medio”.
Espinosa explicó que junto a diversas organizaciones sociales han batallado mucho para impedir que esta iniciativa se logre: “este año se están dando cuenta del costo político de esto, porque la gente ya no come vidrio. Están entregando las tierras en la Comuna 8, Parque Roca, también por el lado de Pompeya. Están aprovechando los servicios del Metrobus en Puente La Noria, esos terrenos se han revalorizado. Lo mismo ocurre con el subte. Las empresas inmobiliarias, en este caso IRSA, se están aprovechando de todas esas tierras. Esto nos involucra y nos preguntamos qué forma de gobierno queremos más adelante en esta ciudad. Yo soy monotributista, pago renta y hay una letra chica que dice que hay un porcentaje para obras públicas, pero nosotros en los barrios relegados nunca lo vemos, tenemos las veredas y los servicios hechos un desastre. El tipo de ciudad que queremos depende también de nosotros”, reflexionó.
El arquitecto Silvio Schachter, del colectivo editorial Herramienta, afirmó que IRSA es un actor principal de un fenómeno mundial, que tiene que ver con una etapa particular del desarrollo del capitalismo y de su globalización que es la necesidad de generar a través del manejo del espacio urbano la sobreacumulación de capital: “esto se da en un doble manejo –explicó–, a través de la expansión de la flexibilización de los mercados financieros, pero también a través de la inversión en bienes no renovables. Uno de estos bienes es el suelo urbano, que es irrepetible, irreproducible, inmodificable pero es agotable. La única manera de producir tierra es en todo caso apropiándosela al río, como ha sido históricamente en la Ciudad de Buenos Aires, o densificando la ciudad y para poder hacerlo es necesario tener gobiernos cómplices que permitan una reglamentación capaz de modificar las estructuras de densidad urbana llevándolas a límites de colapso”.
En este sentido, Schachter señaló que IRSA tiene el 23% de las acciones del Banco Hipotecario, mientras que al Estado le corresponde poco más del 40%; sin embargo todo el directorio es de la empresa constructora.
Durante sus intervenciones, Adolfo Rossi de Amigos del Lago Pacífico se refirió a este proyecto específico además de asegurar que “toda la política urbana que se hace en este momento es para afianzar la desigualdad en la ciudad”: “en diciembre del año pasado, nosotros dijimos que no se podían entregar las tierras públicas de Palermo, Caballito y Liniers porque eso iba a agravar enormemente las inundaciones. Se están entregando las tierras públicas, y no para el plan Procrear sino simplemente para la especulación inmobiliaria. Lo de la Ciudad Deportiva de La Boca también es incomprensible, porque van a construir al lado de una generador de electricidad”. En este sentido, Rossi llamó a todos los vecinos a unirse y manifestarse, a organizarse y establecer relaciones.
Gustavo Cañaveral, también arquitecto, detalló cómo fue la apropiación del terreno del ex Albergue Warnes por parte de la empresa IRSA, a través del supermercado Carrefour; mientras que Marcos Zelaya, del Colectivo por la Igualdad, se refirió al shopping DOT como uno de los ejemplos donde se conjuga la operatoria de IRSA en cuanto a la forma de captar y acumular terrenos, su compra de voluntades y sus presiones al poder político, además de las consecuencias sociales que esto conlleva.

El derecho a la ciudad y la lucha conjunta
Jair Pérez, del Espacio Chico Méndes, afirmó que con la aprobación del paquete de leyes, conocido como Pacto Pro-K, el año pasado en la Legislatura se vio vulnerado el derecho a la ciudad: “es un concepto que abarca también temas como la calidad de vida, un ambiente sano, el derecho a la toma de decisiones, que podamos ser partícipes de la construcción de la ciudad en la que vivimos. Durante noviembre y diciembre se cercenó ese derecho para quienes vivimos en la ciudad, fue un derecho de la ciudad para las empresas, en este caso para IRSA. Durante esos meses de marcha sufrimos la represión. Está claro que estos gobiernos de turno de la Ciudad y de la Nación lo que hacen es legislar a favor de las corporaciones”, aseveró Pérez.
Daniel Calvo del Frente Artistas del Borda y la Asamblea de Saavedra centró sus palabras en la importancia de las resistencias populares: “Es una lucha conjunta. Si no lo entendemos de esa manera seguiremos en el camino de la fragmentación. Hay que hablar de la resistencia que tenemos que oponer a estos monstruos, tenemos formas de organización, lo estamos haciendo, creemos que cuando nos tocan a uno nos tocan a todos.
Saavedra es un barrio de clase media, de poder adquisitivo alto, que siempre menospreció a los compañeros del Barrio Mitre, hasta que la inundación del 2 de abril nos afectó a todos, tuvimos compañeros que fallecieron, entonces por primera vez vi que la gente de Saavedra salió a cortar la Avenida Cabildo, a organizarse”.
La próxima audiencia del juicio ético y popular se llevará adelante el 19 de octubre en el Parque Centenario, contra la empresa Salvatori, encargada del mantenimiento no sólo de este parque sino de varios espacios públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Será una nueva oportunidad para seguir conociendo los alcances de las acciones de estas corporaciones a través de los testimonios públicos de las víctimas de estas políticas que se desarrollan tanto a nivel nacional como porteño.

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