1 sept. 2013

Pablo Pelazzo, en el centro, pensando
 (Foto: Jorge Federico Albarracín)
(Por La Retaguardia) Tras la confirmación por parte de la Cámara Federal de Salta del procesamiento por delitos de lesa humanidad cometidos en Jujuy, de Carlos Pedro Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma, y su gerente administrativo y mano derecha, Alberto Lemos, el fiscal ad hoc Pablo Pelazzo manifestó que esta decisión es un paso más en la posibilidad de pedir la elevación a juicio de la causa. Blaquier y Lemos están acusados de privación ilegítima de la libertad agravada contra Luis Ramón Aredez, Omar Claudio Gainza y Carlos Alberto Melián, en calidad de cómplices primario y secundario, respectivamente.

Recién el 23 de agosto de este año, la Cámara rechazó los recursos de apelación presentados por las defensas y ratificó los procesamientos que habían sido dispuestos en noviembre de 2012 por el juez subrogante Fernando Poviña, del Juzgado Federal Nº 2 de Jujuy. Para el fiscal Pablo Pelazzo, el significado de este fallo en términos procesales es que se reafirma la convicción a la que había llegado el juzgado de primera instancia para el procesamiento: “este es un paso más que nos pone en condiciones de poder pedir que la causa se eleve a juicio, más allá de las apelaciones que se puedan hacer a casación”, afirmó en diálogo con Oral y Público, aunque aclaró que no ve ningún elemento que justifique que la defensa recurra a esa instancia: “no hay agravio por los cuales se pueda llegar a abrir a Casación y tampoco hay una persona detenida. En estos casos se ha mantenido la situación de libertad de los procesados con lo cual no habría elementos jurídicos para que pueda llegar a un resultado positivo con un planteo en casación”, especificó. Tras haber sido abogado querellante, Pelazzo es ahora el fiscal que entiende en las causas por crímenes de lesa humanidad en Jujuy. En el marco de la entrevista con Oral y Público afirmó que es “mucho más complejo poder analizar, establecer y probar la complicidad civil, y establecer las relaciones”, sin embargo destacó que el fallo de la Cámara Federal de Salta fue claro al referirse a los elementos de prueba objetivos que se tuvieron en cuenta y a su comparación con las declaraciones de las víctimas: “por dar un ejemplo, los panfletos del sindicato hablaban ya de persecuciones con el uso de camionetas del ingenio Ledesma, también se incluyó la relación entre la empresa y el gobierno militar, los actos posteriores, porque si bien estamos hablando de detenciones del 24 de marzo, la de Melián se produjo en abril, con lo cual no pueden haber ignorado que el préstamo de la camioneta en el mes de marzo había sido para esos hechos, sin tener en cuenta que este fallo no está analizando lo posterior, lo de julio, las relaciones con Gendarmería. Hay una serie de elementos objetivos que se han tenido en cuenta y que no solo lo ha dicho el juez, sino también ahora la Cámara, para llegar a probar la responsabilidad de los imputados”. El fiscal advirtió además que el hecho de que Blaquier y Lemos sean referentes importantes de la economía jujeña, e incluso nacional, ha generado una mayor demanda de información de parte de los medios: “por un lado están los medios que con buena fe han solicitado esa información, pero también se ha generado que otros medios claramente relacionados con la empresa, hayan hecho una especie de alegato, hablo específicamente del editorial del diario La Nación, donde se hace una selección con pruebas, digamos, que fue presentada beneficiando a la empresa con un alegato previo a la resolución y con todo un cuestionamiento no solamente hacia mi persona sino al juicio en sí mismo. Eso ha demandado también quizás mayor información de parte nuestra, aunque hoy la sociedad puede ver el fallo y ver y leer cada una de las pruebas que se analizaron”. En su fallo, la Cámara Federal de Salta reconoció la colaboración de Blaquier y Lemos para la realización de las detenciones de Aredez, Gainza y Melián, al manifestar que las fuerzas represivas que actuaron la madrugada del 24 de marzo de 1976 y los días posteriores contaron con la autorización para el uso de vehículos de la empresa. La resolución también estableció: "tal asentimiento fue prestado por el presidente del directorio (Blaquier) y ejecutada por su administrador general (Lemos), ya que tratándose de una empresa de la envergadura y grado de organización que poseía Ledesma, era imposible disponer de sus vehículos y apoyo logístico, sin instrucciones o aquiescencia del presidente del directorio”. En este sentido, la Cámara concluyó que se da por sentado que existió tal colaboración consentida de parte de la empresa, y que nada desmiente la imputación que se formula en cuanto que los vehículos fueron entregados voluntariamente: “más aún, al no existir registros de dicha circunstancia y al haberse efectuado los operativos en horas de la madrugada del día en que se produjo el golpe de Estado, cabe deducir que había conocimiento de la ilegalidad del operativo", agregó en su fallo. Al igual que sucede en otras provincias del país, en Jujuy existen importantes dificultades para que las causas por crímenes de lesa humanidad lleguen a la instancia oral y pública, algo que se debe en gran medida al entorpecimiento que sistemáticamente realiza la justicia en la etapa de instrucción: “en esta causa en particular –explicó Pelazzo– tenemos un ejemplo clarísimo de cómo funciona, no solamente en Jujuy, lo que yo llamo la continuidad de la impunidad ya en democracia a través de mecanismos internos de la justicia, que de alguna manera fueron bastante eficaces con la prolongación de la impunidad en el sentido de no avanzar con las causas, desguazarlas, no cumplir con ningún criterio de investigación en estos casos de lesa humanidad, que tienen particularidades que las diferencian bastante de otras causas. Por ejemplo, dos de las personas que están ahora de defensores de Blaquier y Lemos actuaron en las causas uno como juez y el otro como secretario; y el juez cuestionado que se apartó, que es Olivera Pastor, fue secretario de uno de los defensores que en su momento fue juez. Es tan enrevesado todo que cuesta entenderlo, pero yo no creo que ese hecho haya sido ajeno a la falta de avance en las causas”. No sólo ciertos sectores de la justicia actúan en función de mantener lo que Pelazzo llamó “la continuidad de la impunidad ya en democracia”, también existen campañas mediáticas que apuntan a meter en la sociedad la idea de que si Blaquier va preso, quienes trabajan en el ingenio Ledesma pueden perder sus puestos. Al respecto, el fiscal manifestó: “el sistema penal argentino no tiene herramientas de persecución contra una persona jurídica, como en otros países sí existe; en nuestro sistema penal la persecución es hacia una persona física. En este caso, más allá de la eventual sentencia que tengamos en relación a estas personas, no se está litigando contra la empresa. La verdad que yo no creo que esté en peligro la existencia de la empresa, muchas personas han señalado ya que los recursos naturales que existen en la provincia no se puedan arrancar de acá y trasladarse a otro lugar del país o del mundo. Además, existen casos donde se ha juzgado a directivos, propietarios de empresas que han seguido funcionando. Yo creo que son recursos que se están utilizando para generar temor en la sociedad y que también generan algunas reacciones negativas en relación a las víctimas. Se ha señalado a las víctimas como los eventuales causantes de ese posible cierre de la empresa”. Estas represalias y campañas negativas contra las víctimas del Terrorismo de Estado y contra la lucha de los organismos de derechos humanos pudieron verse claramente en el marco de la última Marcha del Apagón, que se realizó el pasado 25 de julio. Sin embargo, a pesar de que había especulado con generar miedo y división, la marcha número 30 que recorrió como todos los años los kilómetros que separan Calilegua de Libertador General San Martín fue una de las más masivas, superando cualquier expectativa, con la presencia de cerca de cuarenta mil personas. Tras la confirmación de los procesamientos de Blaquier y Lemos se ha dado un paso más en el camino hacia una instancia oral y pública que juzgue los crímenes de lesa humanidad que han cometido estos dos representantes de la complicidad civil en el Terrorismo de Estado. Mientras tanto, este miércoles 4 de setiembre comenzará en la capital jujeña el segundo juicio por delitos de lesa humanidad. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy, integrado por Fátima Ruiz López, Daniel Morín y Federico Díaz, juzgará a Luciano Benjamín Menéndez, Antonio Vargas, Carlos Ortiz, Ricardo Ortiz, Mario Gutiérrez, Herminio Zárate y César Díaz, por los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidio en perjuicio de la docente y militante del PRT ERP, Dominga Álvarez de Scurta.



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