26 oct. 2013

Rigoni y Ragni, Madres de
 Neuquén y el Alto Valle (Foto 8300 web)
(Por La Retaguardia) Con cinco represores sentados en el banquillo por los delitos cometidos contra cincuenta y cinco víctimas, se realizaron las primeras audiencias de la causa Escuelita III, en las que se leyeron los requerimientos de elevación a juicio oral de la fiscalía y las querellas. En este marco, dialogamos con Natalia Cantero, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) en esa provincia, acerca de quiénes son los genocidas juzgados y los alcances de este nuevo proceso judicial.

De los cinco acusados en esta causa, dos se enfrentan por primera vez a un juicio en su contra. Jorge Alberto Soza y Jorge Di Pasquale no fueron incluidos en las instancias anteriores porque se encontraban prófugos. Di Pasquale fue capitán del departamento 182 y teniente coronel de inteligencia. Fue dado de baja en 1990, y antes del juicio estaba alojado en Marcos Paz, a cargo del Servicio Penitenciario. Soza es personal retirado de la Policía Federal: “es uno de los protagonistas de este juicio porque es la primera vez que se juzga a la fuerza de la policía federal”, describió Natalia Cantero, de la RNMA Neuquén e integrante de Activar, en diálogo con Oral y Público. En el caso de los otros tres imputados, Luis Alberto Farías Barrera, Mario Alberto Gómez Arenas e Hilarión de la Paz Sosa, Cantero explicó que “vuelven a enfrentar un juicio porque a medida que avanzaba en el proceso del año pasado, por cuestiones de salud se los fue desestimado de ser juzgados”. Farías Barrera, apodado El Laucha, era un militar con mucho estudio, directamente relacionado con los operativos de secuestro y traslado al centro clandestino La Escuelita de Neuquén: “luego él se encargaba en el comando de recibir a algunas de las personas que iban a pedir por el paradero de sus familiares desaparecidos. Es ex jefe del personal del comando de la 6º Brigada de inteligencia de montaña de Neuquén”, agregó Cantero. De la Paz Sosa era médico militar; y Gómez Arena, ex jefe de inteligencia del destacamento 182 de Neuquén. “Algunos están presos con cárcel domiciliaria por la causa Castelli de 2008, donde se les dio sentencia por ser los máximos jerarcas de Neuquén. En el caso de Gómez Arena tenía una decisión sobre la vida y la muerte de las personas en La Escuelita. De la Paz Sosa era el médico que asistía a los torturados también en La Escuelita, fue reconocido por varias víctimas, y Barrera estaba en casi todos los operativos de secuestro y detención de aquellas personas de las que luego se les desconoció el destino”, explicó Cantero en referencia a los dos juicios anteriores por delitos de lesa humanidad que se desarrollaron en Neuquén y Río Negro. El primero, que se conoció como Causa Castelli, se llevó adelante en 2008; y el segundo fue el año pasado: Escuelita II. Actualmente, estos cinco represores deben responder por los delitos cometidos contra cincuenta y cinco víctimas ante el Tribunal Oral Federal 1 de Neuquén, integrado por el presidente Leónidas Moldes y los magistrados Diego Barroelaveña y Richard Gallego. Como dos de ellos son de Bariloche y Buenos Aires se dispuso que las audiencias se realicen cada quince días. Natalia Cantero contó en Oral y Público que Moldes es un juez muy criticado por los organismos de derechos humanos “que realmente están con las víctimas y reclaman que se enjuicie por genocidio, y se les dé cárcel común, perpetua y efectiva a estos representantes de las fuerzas armadas y de las distintas fuerzas que actuaron en forma conjunta en Neuquén y Río Negro”: “además, Moldes fue uno de los primeros jueces en el país que en Bariloche dio una sentencia en contra de una trabajadora por corte de ruta. Hablamos de Marina Schifrin, una docente que estaba reclamando por mejores salarios y tuvo que cumplir una probation por la sentencia que le dio este juez”, agregó. En el juicio Escuelita II, que se desarrolló el año pasado, también hubo graves problemas con el tribunal al momento de conocerse la sentencia: “quedamos realmente todos muy consternados, sobre todo los familiares y las víctimas que tenían una esperanza en este tipo de tribunales, en esta justicia –recordó Cantero–; tuvimos absoluciones y a un compañero víctima se le pidió cárcel por falso testimonio. La justicia en este momento cita a declarar a algunos de los testigos que vienen haciéndolo desde que se instruyó toda la investigación de la Conadep, hay personas que vienen declarando desde el año 1983, y han declarado en los juicios por el derecho a la verdad, en los juicios penales, como el de Bahía Blanca que corresponde al V Cuerpo del Ejército del que también Neuquén es parte, Los años pasan, algunas de nuestras víctimas, compañeros, familiares, se van muriendo, y realmente lo que podemos decir es que estas personas a las que les atravesó el Terrorismo de Estado por sus propias vidas siguen dando el ejemplo de dignidad y de que son la voz viva de aquella época tan nefasta que le tocó vivir a la Argentina; sin embargo la mayoría de los tribunales, y acá me inclino por las cosas que nos han tocado vivir a nosotros, han dejado mucho que desear en el tema de las sentencias que han dado a los responsables de cometer crímenes aberrantes, que son propios del aniquilamiento en un genocidio hacia un sector que pensaba distinto, mujeres, obreros, estudiantes, trabajadores, abogados, periodistas, que se oponían a esa forma de los militares de ver el país. Esa dictadura tan sangrienta también tiene un correlato con la realidad porque cuando uno ve y se da cuenta que donde tenemos que levantar la bandera de tantos desaparecidos, hoy los tribunales le piden falso testimonio a nuestros compañeros, absuelven a los jerarcas, a la policía provincial de Río Negro que tuvo un centro clandestino en la comisaría cuarta de Cipoletti, y sin embargo también tenemos que decir que en el caso de la desaparición de Sergio Ávalos hace diez años también tuvieron que ver las fuerzas especiales, en el caso de la desaparición de Daniel Solano en Choele Choel también hubo complicidad de parte de las fuerzas policiales, o sea estos tribunales ya no tienen mucho más tiempo para definir que en este país tiene que haber justicia como una forma ejemplificadora de que esto nunca más nos vuelva a pasar, ni en el plano de nuestras familias, ni en el de nuestra sociedad”. Uno de los querellantes en la causa Escuelita II fue Oscar Ragni, cuyo hijo permanece desaparecido. Entre 1984 y 1986, Víctor Basterra, sobreviviente de la ESMA, vivió con la familia Ragni en Neuquén. En Oral y Público, recordó aquellos primeros años del retorno de la democracia en esa provincia: “en esa época había más que nada expectativas e ilusiones más que concreciones. Estaba todo muy movido pero faltaban muchísimos elementos. Afortunadamente a lo largo del tiempo, la lucha dada por los organismos, por los sobrevivientes, por los luchadores sociales, ha llevado a esa concreción de alguna forma, más otros actores que han aportado lo suyo para que se lleven adelante estos juicios. Como siempre uno espera que las cosas vayan estableciéndose de la mejor manera, ojalá que el Tribunal esté a la altura de las circunstancias”. La historia familiar de Natalia Cantero también es protagonista de estos juicios por delitos de lesa humanidad. Su tío, Javier Seminario, es uno de los seis desaparecidos por cuyos casos fueron juzgados los represores en la instancia Escuelita II: “en ese juicio declaró mi abuela que estuvo presa casi un año en lo que era la alcaidía de Neuquén, declaró mi madre que estuvo durante todo su embarazo de mí también en esa alcaidía junto a otros compañeros que no tuvieron la suerte de salir vivos. Todo eso se da en el marco de un operativo que es muy conocido en Neuquén, que es una razzia que se da en un barrio a la entrada entre Neuquén y Cipoletti; y todos los casos de mi familia se tocaron en el juicio anterior, pero son todos citados como testimonio de haber visto otros compañeros en las cárceles del proceso, de ver cómo levantaban a otros compañeros para luego desaparecerlos. El juicio de La Escuelita III lo que hace es tomar los testimonios de la causa Castelli y Escuelita II y con eso se intenta armar todo este rompecabezas para saber no solamente cuál fue el destino de los desaparecidos sino quiénes fueron los responsables de desaparecerlos y también de desaparecer y torturar a las testigos víctimas que aún continúan dando declaración en estos juicios”, aseveró la integrante de la RNMA Neuquén y del colectivo Activar a Oral y Público.

Fotos: Cecilia Maletti (8300 Web)

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