26 oct. 2013

(Por Oral Y Público) Esa es una de las consignas con las que, desde hace un mes, organismos de DD. HH. de Mendoza se movilizan cada semana frente a los tribunales para reclamar el aceleramiento de los juicios y la constitución de megacausas. Hablamos con Nazareno Bravo de HIJOS Mendoza quien nos brindó una síntesis de la situación de los juicios por lesa humanidad en esa provincia.

“Hemos tenido tres juicios en la provincia, hasta ahora son diecisiete los condenados, pero va todo muy lento y eso permite que muchísimos represores y cómplices zafen de distintas maneras, ya sea por la edad, o porque fallecen sin haber sido citados por la justicia; y por supuesto el tema de la edad implica también que muchas de nuestras abuelas se vayan sin siquiera tener la tranquilidad de que alguien quedó preso por las desapariciones y torturas que sufrieron sus hijos”, explicó Nazareno Bravo, integrante de HIJOS Mendoza, en diálogo con Oral y Público. Todos los jueves a la mañana, organizaciones de derechos humanos se concentran frente a los Tribunales provinciales para exigir el avance en las causas: “puntualmente, durante toda esta mañana estuvimos haciendo una intervención visual y llenamos los tribunales de Mendoza de imágenes de unas ratas para representar a los genocidas sueltos”, contó Bravo y agregó que también han realizado reuniones y presentaciones de notas: “distintas formas que tenemos los organismos históricamente de hacer sentir nuestras voces”, aclaró. 

Arte y política
La agrupación HIJOS fue una de las primeras en darle importancia a lo visual en sus reclamos, ya sea en los momentos en que no había juicios como en la actualidad. “Entiendo que tiene que ver con el origen del movimiento de derechos humanos en la Argentina y la dificultades para acceder a medios de comunicación y otras formas de comunicación más habituales –reflexionó al respecto Bravo–, además de la solidaridad que muchísimas veces han mostrado artistas, diseñadores, músicos, en pos de estas causas. Esta mañana, por ejemplo, las imágenes eran de estudiantes de la carrera de Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo que se acercaron con esa inquietud, y también participaron músicos. Nosotros apelamos mucho a eso porque por un lado es siempre gente que se acerca y tiene propuestas muy interesantes para hacer, y por otro lado porque nosotros tenemos que maximizar los recursos para comunicar nuestros reclamos, para informar y contagiar a más personas en esto que es lograr no solamente la condena social sino también las condenas legales. Por como viene la mano, podría decir que esa vinculación entre arte y política se está profundizando cada vez más, y entiendo que de ahí pueden salir muchísimas cosas interesantes”.
En relación a la situación del juzgamiento a represores en Mendoza y los reclamos que realizan los organismos, Bravo utilizó como ejemplo el próximo juicio que se desarrollará en la provincia a partir del 11 de noviembre y que abarca un solo caso: “parece algo bastante irónico que mientras nosotros estamos pidiendo una megacausa, algo bastante obvio después de casi cuarenta años de estar esperando justicia, la justicia federal siga dando sobradas muestras de, por lo menos, falta de interés en que esto llegue a buen puerto. Se ha armado un juicio con un solo caso, con lo complicado que es conformar un tribunal... hay un montón de partes legales y burocráticas que hacen que no sea sencillo. Entonces están todos los abogados de los organismos, que tampoco son tantos, trabajando las veinticuatro horas para tratar de incorporar más causas, pero es una situación bastante paradójica”. Otra instancia que los organismos esperan con gran expectativa es el avance de la causa que juzga la acción de jueces y fiscales durante la dictadura: “entendemos que va a significar una nueva etapa para lo que es la justicia en Mendoza, porque son jueces y fiscales que hasta hace muy poco han estado actuando como parte de la justicia, justamente, entre otras cosas, frenando estos juicios. Es gente que durante la dictadura no solamente no actuó sino que avaló muchos casos de tortura que están documentados, y además en democracia se las arregló para armar todo un engranaje dentro de los tribunales para impedir durante años que los juicios se iniciaran. En Mendoza el primer juicio fue en 2010, años después de que cayeran las leyes de impunidad”. A la realidad mendocina, también se suma la situación del juez Otilio Romano, que estuvo durante más de un año prófugo en Chile, y que ahora está detenido en una cárcel común en Mendoza después de varias idas y vueltas entre las justicias de ambos países: “entendemos que cuando se logre por fin armar el tribunal y empezar el juicio tenemos, por un lado, la esperanza de que sirva para rediscutir una vez más la cuestión de la complicidad civil en la dictadura, y por otro lado también probar en qué está verdaderamente la justicia federal, al menos en el caso de Mendoza. Para muchos de los jueces que van a participar en el juicio es enjuiciar a sus propios colegas, entonces después de tantos años de democracia nosotros entendemos que debe haber buena voluntad, pero al mismo tiempo estamos atentos porque, por ejemplo, el juez (Walter) Bento que es el que de alguna manera está a cargo de todos los que son juicios de lesa humanidad en Mendoza fue uno de los magistrados al que nosotros le hicimos un escrache en 2006 porque no movía un pelo por los juicios. Los tiempos políticos cambiaron y este juez tuvo que ajustarse, pero nosotros tampoco somos ilusos y sabemos que si no hay gente reclamando o no hay cierta mediatización de estas causas, perfectamente pueden ir cayendo en el olvido o en las trampas burocráticas que tiene la justicia habitualmente”. Tal como lo señaló Nazareno Bravo durante la charla con Oral y Público, son varios los motivos que llevan a los organismos de la provincia de Mendoza a estar movilizados para mantener sus reclamos, y exigir que se aceleren las causas por delitos de lesa humanidad.

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