20 oct. 2013

Foto: Sur Capitalino
(Por La Retaguardia) Dos niños murieron tras incendiarse el conventillo donde vivían en La Boca. En los últimos cuatro años, doce menores fallecieron en circunstancias similares. Dialogamos con la periodista de Sur Capitalino, Martina Noailles, sobre la emergencia habitacional que sufre el barrio y la falta de respuestas por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que se muestra más interesado en los posibles negocios inmobiliarios de la zona.

Aunque pareciera ser que el Ejecutivo y la Legislatura porteña prefieren mirar para otro lado, existen datos y hechos que confirman que la Ciudad de Buenos Aires se encuentra en emergencia habitacional. El incendio de un conventillo en La Boca, ocurrido el domingo 13 de octubre pasado, que provocó la muerte de dos niños y dejó a doce familias en la calle, acampando en la vereda ante la falta de una solución por parte de las autoridades locales, así lo demuestran. No hay políticas concretas y las pocas leyes sancionadas sobre el tema no se cumplen. En el caso de la Villa 20 de Lugano, hay una ley de 2006 que incluye su reurbanización en el mismo lugar donde está y en un terreno lindero donde, siete años después, todavía hay un cementerio de autos de la Policía Federal. En diálogo con La Retaguardia, Martina Noailles, del periódico barrial Sur Capitalino, sumó otros ejemplos: “hay programas que van cambiando de nombre con los años, como las leyes de emergencia habitacional en La Boca de rehabilitación y recuperación de los conventillos que no se cumplen”. En este sentido, Noailles consideró que no sería correcto hablar de inacción por parte del gobierno de la Ciudad, sino que se trata más bien de una “acción adrede que tiene que ver con determinadas políticas. En el caso del barrio de La Boca con políticas inmobiliarias y una ausencia del Estado que hace que el mercado sea el que termine regulando estos terrenos que están siendo cada vez más codiciados, por esta idea de generar una continuidad de Puerto Madero en La Boca. Más allá de que el incendio del domingo pareciera ser intencional y tiene que ver con otra problemática relacionada más con el narcotráfico, ¿qué pasa con los terrenos que quedan vacíos después de los incendios de los conventillos?: son parte de la especulación”, aseguró Noailles. “Creo que hay diferentes herramientas para la expulsión de los pobres del barrio que estorban a ese proyecto inmobiliario –agregó la periodista–; uno tiene que ver con que cada espacio donde se consume un conventillo bajo el fuego queda luego para esta especulación. Ahora hay doscientos conventillos y no hay una política de ponerlos en recuperación, de generar una vivienda digna, son lugares inhabitables y ante una chispa desaparecen porque se hacen polvo, y muchas veces se llevan vidas, por lo general de pibes porque son doce los muertos en los últimos cuatro años, y esto es brutal”. Otra forma de expulsión mencionada por Noailles son los desalojos. Hay dos maneras, los privados y los administrativos: “los desalojos privados tienen que ver con un acelere en las compras de terrenos o conventillos que ya están con juicios de desalojo; y por otro lado, los administrativos tienen que ver con el Estado yendo a controlar viviendas que no están en estado de ser habitadas, pero en vez de dar una solución de vivienda digna desalojan, les dan tres meses de un subsidio de 1200 pesos y el lugar queda nuevamente a disposición del mejor postor”, explicó a La Retaguardia. Como vecina del barrio, Martina Noailles se refirió a los cambios que hubo en los últimos años en La Boca. En cuanto a la cuestión de la seguridad señaló: “me parece que el primer año que funcionó el Cinturón Sur, en el que empezó a intervenir Prefectura y Gendarmería, hubo una diferencia grande, mucha presencia, y creo que eso se notó. Pero ya en este segundo año, estas fuerzas territoriales terminaron siendo lo mismo, lamentablemente volvieron a tener todos los vicios y negociados; hay espacios en los que dejan que suceda lo que sucede y no frenan la violencia que se ve con esta cuestión de los transas, de los pibes que terminan en este negocio sin tener otra salida. Me parece que en el último año se notó claramente la diferencia respecto a que hay un retroceso en este sentido. No es casual lo que ocurrió en la Zavaleta con Gendarmería;. Me parece que se está notando que tienen los mismos vicios y los mismos ‘malos hábitos’ de las fuerzas de seguridad tradicionales que estaban antes y que por algo las habían sacado del territorio, sobre todo durante la gestión de Nilda Garré en el Ministerio de Seguridad”. Al ser consultada acerca de si hubo mejoras en algún aspecto en el barrio, Noailles fue contundente: “hay baches, como nos tienen acostumbrados por toda la ciudad; hicieron un boulevard en la Avenida Almirante Brown, pero ahora parece que va a pasar por ahí el Metrobus, entonces fueron millones de pesos invertidos sin ningún sentido. En cuanto al Riachuelo también hay toda una cuestión, porque por un lado en la parte más visible quizás está limpio o al menos pareciera más limpio, pero el asentamiento Lamadrid no fue relocalizado como ordenó la Corte Suprema. Encima ahora quieren unir Puerto Madero con Caminito entonces en la calle Pedro de Mendoza, donde estaba antiguamente Buquebús, quieren ‘hacerla más linda’ y sacar a la gente que vive debajo de la Autopista y llevar allí a inversores. Existe una ley del año pasado que crea en La Boca el Distrito de las Artes, en el que se ayuda a los inversores, se los atrae a través la exención de impuestos. Esta es una ley que salió luego de una negociación entre el macrismo y el kirchnerismo, que perjudicó claramente al barrio. Y aunque los vecinos se oponían a su aprobación, fue votada igual en la Legislatura. Es una norma similar a lo que ocurrió en Parque Patricios, con la diferencia de que en Parque Patricios no había que desalojar a nadie, en cambio en La Boca hay que sacar a todos los pobres que no van con el negocio que quieren hacer”. Este tipo de iniciativas prevén que el Estado beneficie a grandes empresas a las que les exime de pagar ingresos brutos por diez años para que vayan a instalarse a estos barrios. De esta manera, las empresas hacen grandes negocios porque se desprenden de sus propiedades en otras partes de la Ciudad y el Estado les termina pagando de alguna manera este cambio. La pregunta inevitable es si con este dinero con el que se subsidia a las empresas no se podrían llevar a cabo políticas habitacionales que dieran solución a la gran cantidad de personas que tiene problemas de vivienda en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. La respuesta, que para algunos es obvia, para quienes deben tomar las decisiones no lo es y prefieren mirar hacia otro lado, el de los negocios inmobiliarios.

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