3 oct. 2013

(Por La Retaguardia) Familiares y Amigos de Luciano Arruga denunciaron que la justicia intervino sus teléfonos durante quince meses. Vanesa Orieta, la hermana de Luciano, relató con indignación y angustia estos hechos en el marco de una conferencia de prensa realizada en la sede del Centro de Estudios Legales y Sociales, donde además informaron que pedirán juicio político para dos de los funcionarios judiciales que actuaron en la causa: la fiscal Cejas y el juez Banco.
De la conferencia de prensa también participaron la madre de Luciano, Mónica Alegre; sus abogados Maximiliano Medina y Juan Manuel Combi; Pablo Pimentel de la APDH La Matanza; y el director ejecutivo del CELS, Gastón Chillier. En este marco, se apuntó especialmente contra las dos fiscales de la causa, Roxana Castelli y Celia Cejas, y el juez de Garantías de La Matanza, Gustavo Banco. Respecto a Castelli, la primera fiscal de la causa, Vanesa Orieta relató: “estuvo durante 45 días, y durante esos 45 días yo fui a la fiscalía y siempre me atendieron en la mesa de entrada. Me daban un papel y un lápiz para que escribiera mi denuncia y justificara la reunión que me iba a dar la fiscal. En esos papeles yo trataba de explicarle que la vida de mi familia corría riesgo y que necesitábamos reunirnos con ella de forma inmediata. Y le dejábamos entrever en esas líneas que estábamos haciendo una denuncia seria contra la policía bonaerense. Nunca fui atendida por la fiscal, hasta que un día llegó un testigo que dice que vio a Luciano en el Destacamento muy golpeado ese 31 de enero, prácticamente muerto, y es ahí cuando la fiscal Castelli decide tomarme declaración con un policía del Destacamento de Lomas del Mirador a mis espaldas. Ese policía escucha mi denuncia y escucha que lo denuncio ¿Qué protección me estaba dando la justicia a mí, a mi familia, con un policía que yo estaba denunciando a mis espaldas? En esa etapa perdimos a Luciano. Durante 45 días tuvieron la posibilidad de hacer lo que quisieron con el cuerpo de mi hermano, con las pruebas que estaban depositadas en el destacamento, en el patrullero donde levantaron a mi hermano y en el descampado Monte Dorrego donde meses después se encontrarían pruebas, que por el paso del tiempo ya no eran contundentes”. Castelli fue apartada de la causa tras el pedido efectuado por los familiares de Arruga. Fue el turno, entonces, de la fiscal Celia Cejas, que se desempeñó desde marzo de 2009 hasta comienzos de este año cuando la justicia resolvió modificar la carátula de la causa, que pasó de ser “averiguación de paradero” a “desaparición forzada”, lo que implicó que el expediente pasara de la órbita bonaerense a la federal, por lo que Cejas debió mandar al Juzgado Federal de Morón toda la información que había recabado, entre la que se encontraba un legajo cuyo contenido era desconocido por las partes. Cejas hizo el envío cinco meses después de haberse efectuado el pedido, y cuando finalmente los abogados de la familia tuvo acceso a ese material, encontraron que Cejas había ordenado desde abril de 2009 hasta agosto de 2010, quince intervenciones a los teléfonos de Mónica Alegre, Vanesa Orieta y Marta Alegre (abuela de Luciano) y a la pareja de esta última, Héctor Chapa. Estos pedidos contaron con la aprobación del entonces juez de la causa, Gustavo Banco. “Se burlaron de nosotros y de la cuota de esperanza que habíamos puesto en esta nueva fiscal, pensamos que iba a avanzar”, aseguró Orieta en el marco de la conferencia de prensa y agregó: “ahora nos empezamos a dar cuenta de que esta mujer así como avanzaba con cositas mínimas, al mismo tiempo tenía para con nosotros una postura muy agresiva, y una necesidad muy grande de meterse en nuestra vida privada, en nuestra intimidad, saber qué hacíamos, de qué trabajábamos, quiénes eran nuestros amigos. Mi mamá fue maltratada, a la mamá de un pibe que está desaparecido le faltaron el respeto. Se metieron con su intimidad, la juzgaron por pertenecer a un barrio pobre, la quisieron meter en el mismo lugar donde estaban ubicados ocho tipos que desaparecieron a mi hermano. La destrozaron psicológica y anímicamente, ¿y eso quién lo repara? Porque al mismo tiempo, mientras el poder judicial tiene estas prácticas y estas lógicas, el poder político aquí está ausente. Y lo grave se concreta, hablando particularmente de la investigación, cuando nosotras nos enteramos de que en palabras, en hechos, lo que estaba haciendo la fiscal Celia Cejas era investigar a la familia. Primero justifica la intervención de nuestros teléfonos para tener datos sobre Luciano y poder avanzar en la investigación, después habla de que estarían protegiéndonos. Primero nos investigaban y en la segunda etapa nos quieren proteger. El tema es que si nos querían proteger sería más lógico que nos avisaran que estábamos en peligro, igual no tenían por qué avisarnos, sabemos que estamos en peligro, recibimos amenazas desde el momento en que denunciamos la causa de Luciano. Lo prudente hubiese sido que la fiscal hablara con nosotros y atenta a lo que le habríamos dicho y denunciado pidiera al poder político que se nos brindaran las garantías y la seguridad. Esto no ocurrió y a mi mamá intentaron quemarle la casa, han pasado autos particulares preguntando por otros familiares, nos decían que averigüemos si estaban bien, nos han seguido. Nada de eso le importó a la fiscal. Siguió escuchando nuestros teléfonos sin atender que estábamos siendo amenazados, sin avisarnos que estaban escuchando nuestras llamadas para cubrir nuestra seguridad. Después volvió a cambiar de parecer y volvió a la primera lógica. En las dos oportunidades en que ella marca que necesita investigar los teléfonos de la familia para ver si de esa forma podía obtener datos sobre Luciano lo que estaba haciendo era investigar a la familia porque sospechaba que teníamos un dato que no estaba depositando en la causa y que por eso la investigación se encontraba en el estado en la que estaba. Esta familia no tiene nada que decir con relación a la desaparición de Luciano, nosotras no secuestramos a Luciano el 31 de enero, no manejábamos el patrullero que lo secuestró, no lo torturamos en el Destacamento y nosotros no lo desaparecimos. Por lo tanto a nosotros no nos tienen que investigar, la justicia tiene que investigar a esos ocho policías que hoy no están procesados en esta causa, y lo que tiene que quedar claro también es que esta justicia reconoce la desaparición de Luciano y reconoce nuestra denuncia después de cuatro años”. Los abogados de la familia Arruga y del Centro de Estudios Legales y Sociales presentaron ante la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios el pedido de juicio político del juez de Garantías de La Matanza, Banco; y de la fiscal Cejas por “no resguardar las garantías constitucionales de las víctimas y por revictimizar a la familia Arruga”, dijo con tristeza y vehemencia Orieta. En este sentido, Orieta remarcó: “ellos en sus diferentes instancias lo que hicieron fue considerarnos no como víctimas, sino como responsables de la desaparición de Luciano. Lo criminalizaron por nuestra situación de clase porque nosotros venimos de un barrio pobre, humilde, del conurbano bonaerense. Nos discriminan y creen que pueden hacer todas estas cosas dentro de un marco de impunidad porque al mismo tiempo creen que la sociedad no termina de entender la gravedad de estos hechos. Y en un punto tienen razón porque no es la única causa de desaparición forzada o de asesinatos en manos de la policía bonaerense o de otra fuerza de seguridad donde la justicia se comporta así con las familias que vienen de un sector social humilde. Esto se va digitando de una manera sistemática; y nosotros, las víctimas, ocupamos un lugar de mierda. Somos tratados como una mierda y no tenemos derecho a saber qué pasó con nuestro familiar”. En este sentido, Orieta afirmó que es totalmente inhumano que una familia tenga que salir a la calle para poder avanzar en la causa judicial y agregó: “no tengo esperanzas de encontrar a mi hermano por cómo están dadas las cosas, pero ojalá que el nombre de Luciano y la lucha de la familia nos ayude como sociedad a superar grandes errores que estamos cometiendo y ojalá podamos avanzar en construir una sociedad realmente justa en la que estas cosas no ocurran más, en la que una desaparición no sea naturalizada, y en donde realmente se pueda trabajar con la reconstrucción de la memoria, respetando los derechos humanos todos los días. La memoria activa es la que que recuerda lo que pasó y lo que sigue pasando porque no terminaron las torturas y las desapariciones con la dictadura. Y a nuestros pibes los están matando hoy en los barrios”. Durante la conferencia de prensa, Orieta recordó los nombres de otros jóvenes desaparecidos en democracia como Iván Torres, del que esta semana se cumplieron diez años desde que fue visto por última vez mientras era llevado por efectivos de una comisaría de Comodoro Rivadavia; también mencionó los casos de Daniel Solano y Sergio Ávalos. A su vez, la hermana de Luciano Arruga se refirió al debate abierto en las últimas semanas en medio de la campaña electoral acerca de la baja en la edad de imputabilidad de los menores. Al respecto, advirtió: “la policía con mi hermano de 16 años no necesitó una ley para privarlo de su libertad; hoy no necesita de una ley para privar de la libertad a algún pibe en un barrio. Podemos luchar para que esto no esté en los papeles, no esté firmado por funcionarios públicos, pero tenemos que hacernos cargo de que hoy se detienen jóvenes pobres, menores de 16 años, en comisarías, destacamentos, que son golpeados, torturados y desaparecidos. Salgamos a luchar para que la ley no se implemente pero no nos olvidemos de que hoy muchos chicos sin una ley escrita ya están encerrados y son torturados, y esto es lo que le pasó a mi hermano”. Mientras Vanesa Orieta, su madre Mónica Alegre y su familia fueron investigados durante meses como sospechosos en el marco de la investigación de la desaparición de Luciano Arruga; los ochos policías bonaerenses identificados como las personas que detuvieron, golpearon y desaparecieron al joven de 16 años en el Destacamento de Lomas del Mirador continúan en libertad y recién fueron pasados a disponibilidad en el comienzo de este año.
Los ocho sospechosos son: el Subcomisario Legajo Nº 20.520, Néstor Guillermo Díaz, el Subcomisario Legajo Nº 21.035 Ariel Alfredo Herrera, el Oficial inspector Legajo Nº 25.656 Martín José Monte, el Oficial inspectorLegajo Nº 26.289 Emiliano José Márquez, el Subteniente Legajo Nº 157.035 Sergio Oscar Fecter, el Subteniente Legajo Nº 158.294 Daniel Alberto Vázquez, el Oficial Legajo Nº 173.420 Damián Marcelo Sotelo, y el Oficial Legajo Nº 173.473 Hernán Gabriel Zeliz.

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