3 nov. 2013

Pablo Pimentel en los tribunales.
Fue notificado de la imputación
(Por La Retaguardia) El referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza, Pablo Pimentel, debió presentarse ante la Unidad Fiscal de Instrucción en lo Criminal y Correccional Nº 3 de Laferrere para notificarse de una denuncia en su contra realizada por uno de los abogados de los tres policías acusados de asesinar a Gabriel Blanco en una comisaría de San Carlos, en marzo de 2007. Los abogados de la APDH adelantaron que presentarán ante la Justicia una solicitud de desestimación.

La denuncia contra Pablo Pimentel llegó justo después de que la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Departamento Judicial de La Matanza desestimara las apelaciones a las prisiones preventivas dictadas contra el subcomisario Rubén Darío Suárez; el suboficial Ariel Emiliano Gómez y el oficial Pablo Balbuena, por torturas seguidas de muerte. En diálogo con La Retaguardia, Pimentel dijo sentir bronca y angustia por lo sucedido: “esta vez nos toca ir a un tribunal pero a notificarnos de una imputación, y la verdad es que no estamos acostumbrados a este tipo de cosas porque nosotros trabajamos y militamos toda la vida basando nuestra lucha en valores que tienen que ver con la ética, la moral, la verdad, desde la solidaridad, nunca desde el engaño ni de la utilización, y acá se está investigando un hecho muy grave que sucedió hace seis años y medio en una comisaría. Los familiares de Gabriel Blanco, que fue torturado y asesinado, nos pidieron que acompañemos la búsqueda de justicia y la verdad, y eso fue lo que hicimos. Ahora se ha armado todo un artilugio para descalificar a los organismos de derechos humanos, en este caso a la APDH, a la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), a un médico legista al que también quieren investigar por todo el trabajo que hizo en esta causa”, afirmó. Al igual que Luciano Arruga, Gabriel Blanco de 21 años no aceptó las presiones de la policía bonaerense de ir a robar en zonas liberadas. Como también le sucedió a Arruga, Blanco fue amenazado con que lo iban a detener y que luego aparecería en una zanja. Blanco vivía en el Barrio “La Borward”, de Isidro Casanova. Tenía algunas detenciones previas por robo pero la policía le exigía que lo hiciera para ellos. El 1º de marzo de 2007 fue llevado a las nueve de la noche a la comisaría de San Carlos; a las doce apareció ahorcado con un cable en un calabozo. Previamente, tanto su mujer como otros presos lo habían escuchado gritar desesperadamente. Según quedó demostrado por pericias, el cuerpo de Blanco recibió golpes mortales, lo que también se comprobó en una segunda autopsia (la primera había sido realizada por la policía). Además, la policía científica hizo pruebas con los cables que Blanco habría utilizado para suicidarse; éstos se cortaron con la presión de un peso de cincuenta kilos, pero Blanco medía un metro ochenta de altura y pesaba más de ochenta kilos. “Apenas sucedió el hecho –relató Pimentel–, la familia se comunicó con compañeros que estaban haciendo trabajo territorial justamente en donde vivía Gabriel, y nos apersonamos a los tres o cuatro días en la comisaría; se habló con los detenidos en forma muy libre, y ahí ellos expusieron que habían escuchado esa noche gritos desesperados que pedían que le dejaran de pegar, que quería ver a su familia, hasta que en un momento no se escuchó más nada, y después nos enteramos lo que se hizo público, que Gabriel apareció ahorcado en un calabozo en el que estaba él solo”. Pimentel explicó que por pedido de los defensores de los policías acusados se les tomó nuevamente declaración a quienes estaban presos en la misma comisaría que Blanco: “la verdad que a ellos no los culpo, es gente que está totalmente estigmatizada, creo que es víctima de todo un sistema de reciclaje de gente que roba, vuelve, roba, vuelve. Y cuando los defensores de los policías le preguntan si algún organismo de derechos humanos los había visitado, esta gente declara que fueron visitados por organismos que les habían ofrecido alguna mejora en su causa si declaraban contra la policía. Eso es lo que se quiere investigar y esa sería la imputación concreta que nos hacen”. Lo increíble, además del contenido de la denuncia que Pimentel desmiente de plano, es la diferencia entre la celeridad con que se actuó en esta imputación contra la APDH y la lentitud con la que se investigó el asesinato de Blanco: “es impresionante con qué celeridad se nos convocó y notificó el artículo 60 del Código Penal, que es a partir del cual te avisan que estás imputado en una denuncia. El caso de Gabriel Blanco costó muchísimo llevarlo al término de verdad y justicia. Acá nadie busca exagerar una cuestión que sabe que de por sí es súper trágica, terrible, catastrófica para la persona que vivió esa situación, y para los familiares que aún viven esa situación de la ausencia. Costó seis años de profundizar las investigaciones, cumplimentar todo lo que el juez de garantías que, creo yo, haciendo honor a la tarea que tiene que es ser garante de un proceso, agotó todo lo que había pedido, pericias, pruebas técnicas, reconstrucción del hecho, re-autopsia”, remarcó Pimentel. En diálogo con La Retaguardia, el titular de la APDH La Matanza también se refirió a otro caso similar a los de Blanco, Arruga y tantos otros, ocurrido a mediados de 2001: “un muchacho de treinta años había sido detenido en González Catán por averiguación de antecedentes, estaba solo en un calabozo de contraventores y aparece al otro día con una rotura de cráneo, con un coma 4, lo intentan salvar con dos operaciones y al cuarto día muere. La familia se conecta con nosotros y empieza todo el proceso. Ocho años se tardó para poder demostrar que Sergio Daniel Díaz había sido brutalmente golpeado con un elemento con energía cinética que le produjo el coma y después la muerte. Después pasó lo de Gabriel Blanco, y luego uno de los hechos más graves que tiene la Argentina que es la detención, tortura, desaparición y muerte de Luciano Arruga el 31 de enero de 2009. Con todos estos casos que ocurrieron después en la zona, nosotros decimos que evidentemente el caso Díaz sentó un precedente porque ya tiene sentencia firme la condena a perpetua de los policías responsables de esta comisaría. Sienta el precedente de una mejora de prácticas de tortura, una mejora diabólica, para borrar evidencias y llevar adelante la barbaridad que se siguen dando en las distintas comisarías”. Como ejemplo, Pimentel mencionó el caso de Jorge Reyna: “cuando se estaba terminando el cierre de escrutinio y los festejos en algunos bunkers el día domingo, me empezaron a llegar mensajes de Córdoba, de compañeros de la APDH de Capilla del Monte, que estaban desesperados porque acababan de encontrar a un joven, Jorge Reyna, en las mismas condiciones que Gabriel Blanco, ahorcado con una camisa en un calabozo de la comisaría de Capilla del Monte”. “Esto responde a una cultura que nosotros alguna vez denominamos para ser un poco prolijos o no tan hirientes: cultura del golpe = cultura de la tortura. En todo caso, se tienen que hacer detenciones a partir del pedido de algún fiscal o juez, ponerlos a disposición y nada más. La realidad es que se aplica un código que ya está abolido; las torturas y la pena de muerte están abolidas hacer rato pero en estos casos se aplican”, agregó el referente de la APDH La Matanza. Al ser consultado acerca de si este accionar es propio solo de la policía argentina o se reproduce en fuerzas de seguridad de otros países, Pimentel señaló: “esto es un resultante de una condición humana que pasa en todos los países. Diría que hay policías que trabajan con honestidad, y quiero decirlo porque conozco gente que realmente lucha contra todo un sistema perverso dentro de la fuerza para llevar adelante una vocación y es algo que -dicho por ellos- les cuesta muchísimo. Y hay otros que no, que han entendido que tienen la potestad de hacer y deshacer la vida y la integridad de cualquier persona y sobre todo de los más jóvenes y los más pobres. Yo creo que este es un mal de parte de la especie humana, que creen que tener un arma, un uniforme, amerita ser amo, dios y señor de las personas”. Finalmente, este jueves 31 de octubre, Pablo Pimentel se presentó en la fiscalía a cargo del doctor Federico Russo para sostener la defensa de la APDH La Matanza. Lo hizo junto a los integrantes de la mesa directiva de ese organismo Beatriz Capdevila y Juan Carlos Lozza, ya que consideran que esta causa agravia a la entidad en su conjunto. También estuvo presente Margarita Jarquer, directora de Litigio Estratégico de la Comisión Provincial por la Memoria; y acompañaron Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora; Teófilo Blanco y Carmen Cuomo, padres de Gabriel Blanco; Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga; Sandra Oviedo, concejal por Libres del Sur; y Paulino Guarido, secretario de Derechos Humanos de CTA-La Matanza. Además enviaron su solidaridad la APDH Nacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales y el Servicio de Paz y Justicia. Los abogados de la APDH, Juan Manuel Combi y Alejandro Bois, adelantaron que presentarán ante la Justicia una solicitud de desestimación de la denuncia ya que, de continuar el trámite, se estaría criminalizando a los organismos que luchan por la plena vigencia de los derechos humanos.

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