23 nov. 2013

(Por La Retaguardia) Finalizó el segundo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en esa provincia. En este marco dialogamos con Juan Eduardo Lenscak, sobreviviente y testigo en esta causa, acerca de cómo se vivió el terrorismo de Estado en Formosa y cuáles son algunas de las problemáticas en relación a los derechos humanos que aún persisten.

El 13 de noviembre pasado, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Formosa condenó a Juan Carlos Camicha, Sergio Gil, Luis González, Félix Romero y José Medina a 25 años de prisión; a Mario Osvaldo Sosa a 18; y a Ernesto Hugo Kishimoto y Faustino Blanco Cabrera a 7 años, por los delitos de asociación ilícita, tormentos, desaparición forzada, homicidio y genocidio, en perjuicio de 74 víctimas, cometidos durante la última dictadura cívico militar. Sin embargo, el principal imputado en esta causa, Ángel Ervino Spada, ex jefe de Inteligencia del Regimiento de Infantería de Monte N°29, se encuentra prófugo desde el inicio del juicio.
Entre los condenados hay militares, policías provinciales, un gendarme y un médico militar, lo que deja en evidencia la coordinación que existía entre las fuerzas: “además en todas las declaraciones que se hicieron quedó asentado que había un comando en el que funcionaba una oficina de relación, o de enlace tal como se la llamaba, donde estaban miembros de las distintas fuerzas fundamentalmente Gendarmería, policía provincial, Policía Federal, Prefectura, conducida por el Ejército que era el que además gobernaba la provincia”, agregó Juan Eduardo Lenscak, testigo de esta causa. En diálogo con Oral y Público, Lenscak se refirió a cómo fue el Terrorismo de Estado en Formosa: “durante todo el año 1973 y 1976 no hubo un solo hecho de violencia propio de la provincia, el único que hubo aquí fue la toma del Regimiento de Infantería de Monte 29, el 5 de octubre de 1975, por parte de Montoneros, pero en la provincia no había organizaciones políticas que tuvieran un nivel de desarrollo tal que haya posibilitado, siquiera en el pensamiento, tener una represión como la que hubo con más de veinte desaparecidos, mucha gente torturada, presa, exiliada; y es el caso emblemático de una provincia donde se ha querido, como en el país, reformatear una determinada generación de argentinos que pensaba de una manera que debía ser modificada y había que hacerlo por medio de la violencia. La única justificación que se dio fue la de responder con violencia a una violencia contestataria que de hecho no hubo en la provincia, sobre todo en la militancia. De aquí se conoce la toma del Regimiento, pero lo que no se sabe es la carnicería con respecto a toda la militancia política, religiosa, social que hubo en esta provincia tan marginada”. Según se pudo determinar hasta el momento, en Formosa hubo tres centros clandestinos de detención: “uno era el propio regimiento donde había varios lugares de alojamiento, ya que es un predio muy grande –explicó Lenscak–. Había dos lugares, uno en la recepción y otro ya mucho más adentro en la cuadra donde había muchos detenidos secuestrados por razones políticas. Otro estaba en lo que se llama La Escuelita que es una zona de la policía provincial que estaba dedicada al cuatrerismo, una zona que hoy en día si bien pertenece a la ciudad en aquellos momentos estaba muy alejada, y era directamente campo traviesa. El tercero estaba en la Estancia Monteagudo que era de la familia Anchorena que se la vendió a Goldman Sachs, una empresa que tiene el mismo nombre que el socio de Clarín. Estuvimos haciendo reconocimientos en esos lugares, sobre todo a partir de las declaraciones de un ex conscripto que era el chofer que llevó a un pelotón de fusilamiento a ejecutar a una docena de prisioneros, por lo que se hizo toda una investigación para saber dónde estaban los cuerpos. Se hizo un rastrillaje con un georadar a ver si se podían encontrar los cuerpos, pero hasta ahora no pudimos encontrar el lugar donde se produjo ese fusilamiento. Lo que declaró el conscripto es que él los llevó, no reconoció a los que estaban en el pelotón de fusilamiento porque venían de otros lugares, pero sí dentro de los que iban a ser fusilados a Pancho Bogarín, conocido de él, entonces ahí se conoció cómo murió uno de los desaparecidos que estamos buscando en la provincia de Formosa”. En la causa, cuyo juicio terminó a mediados de este mes, Lenscak fue testigo, pero en cambio actuó como querellante en otro juicio en el que se condenó a 25 años a quien lo torturó durante su secuestro: “yo inicié todo esto en la provincia de Chaco hace dos años atrás. Fue en el caso Caballero, en el que se condenó a todos los imputados, que eran integrantes de la Brigada de Investigaciones, a 25 años. José Tadeo Luis Bettolli era el responsable militar de la tortura en la Brigada y fue el que me torturó a mí, entonces yo le hice la querella junto a otro compañero de las Ligas Agrarias”. Respecto a cómo se vivió en Formosa la realización de este segundo juicio por delitos de lesa humanidad, Lenscak especificó: “los distintos organismos de derechos humanos de la provincia estamos llevando adelante estas causas sin ningún auxilio oficial, ni de la Nación ni a nivel local; al contrario, tenemos en ese sentido que remar contra la corriente. Lo que tenemos a favor es toda la buena onda a nivel nacional pero evidentemente tenemos problemas muy serios en la implementación provincial porque no tenemos ni una comisión para la memoria, ni el Estado se constituyó en querellante. Si uno hace un poco de historia va a ver que las cauciones institucionales a favor de los genocidas surgen por parte del Estado, surgen a nivel nacional, y también a nivel provincial con respecto a los policías. Cuando la por entonces ministra Nilda Garré quita esa caución institucional por la cual todos estaban en libertad, aparece después otra figura con el Tribunal de Casación y todos siguieron en libertad hasta el día antes del juicio, cosa que posibilitó que el principal implicado que era un oficial superior, Ángel Ervino Spada, fuera liberado. Se lo había detenido por una causa de violación a los derechos humanos por la Interpol a nivel internacional (tenía un pedido de captura internacional realizado por la justicia italiana), y como estaba con esa caución se lo liberó y hoy en día está prófugo, y es el principal responsable de todas las operaciones genocidas que hubo en la provincia de Formosa. La justicia lo está buscando pero fue la propia justicia que habiéndolo detenido, lo liberó dándole la posibilidad de quedar prófugo. Tuvimos también casos como el de (Horacio Rafael) Domato, que hoy está detenido, que nosotros sabíamos perfectamente que estaba implicado en esta causa, que es un oficial de Gendarmería, y que estaba cobrando su sueldo como gendarme en Córdoba a través de terceros, entonces el Estado le estaba pagando el salario y financiando su clandestinidad... años estuvo así, hasta que al final nosotros mismos tuvimos que denunciar y así se lo pudo detener”. El primer juicio por delitos de lesa humanidad que se realizó en Formosa fue en 2009 y tuvo como único imputado al ex gobernador de facto Juan Carlos Colombo. El ex general fue condenado a 25 años de prisión por ser jefe u organizador de asociación ilícita, privación ilegal de la libertad, tormentos agravados seguido de muerte y desaparición forzada de personas. Colombo murió en mayo de este año, pero los organismos de derechos humanos provinciales mantienen un reclamo que lleva ya varios años: “todavía estamos pidiendo ya no que se baje el cuadro que aún está en la Galería de Gobernadores de la Casa de Gobierno en el mismo nivel que los mandatarios democráticos, pero por lo menos que le pongan un cartelito que diga ‘genocida’. Lo estamos pidiendo desde varios organismos, pero hasta ahora no hay ningún tipo de respuesta con respecto a eso que aunque es algo simbólico es de suma importancia. Hay que profundizar esa política de derechos humanos porque hoy en día se sigue hablando poco con respecto a esto y creemos que los pueblos que pierden la memoria están condenados a repetir determinados errores. Y en ese sentido me parece que todavía estamos en pañales en Formosa”. Como puede verse hay provincias en las que todavía es muy difícil arribar a la instancia de juicios, y cuando esto se consigue es muy poca la gente que se lleva al banquillo de los acusados; Formosa es un ejemplo de esto. Respecto a la importancia de juzgar los delitos de lesa humanidad cometidos en esta provincia, Víctor Basterra, sobreviviente de la ESMA, acotó: “Formosa es una provincia fronteriza, o sea que tiene un gran protagonismo en lo que fue la Operación Cóndor, por lo que eso tendría que revisarse profundamente porque evidentemente hay una falencia que nos alcanza a todos. Si bien está la voluntad de los compañeros, la soledad con la que se mueven, el desamparo en muchos aspectos, hace que muchas veces entren en una especie de desánimo, seguramente esto ha pasado mucho con los testigos también”. Según explicó Lenscak, uno de los obstáculos en el avance del juzgamiento de genocidas se encuentra en quiénes son algunos de los integrantes del Poder Judicial provincial: “tenemos en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia al fiscal de Estado que estaba con Colombo. Una provincia que todavía mantiene la legislación de la dictadura en cosas fundamentales, sobre todo la ley del empleado público por mencionar un ejemplo, o el código de faltas. Nosotros tenemos en el STJ no a cualquier exponente sino al fiscal de Estado del genocidio, que era uno de los ideólogos, y ahora es miembro del STJ desde hace años, es decir durante toda esta época democrática. Además ahora por decisión del Ejecutivo se ha propuesto que otro miembro, otro ex funcionario de la dictadura integre el cuerpo supremo de la justicia. Este es el clima en el que nosotros vivimos; evidentemente esta es una provincia que apoya al modelo nacional pero en tema de derechos humanos tiene todavía desafíos muy grandes, cuentas o deudas grandes que pagar”. Este tipo de obstáculos también se encuentran en otros temas como la lucha actual que se da por la tenencia de la tierra en relación a los pueblos originarios: “somos una provincia que ha sido la punta desde la vuelta de la democracia en la recuperación de derechos para los aborígenes, y en este momento no tenemos ese mismo protagonismo y, por el contrario, requisitorias que vienen a nivel internacional nos obligan a hacer cosas que ya tendríamos que haber hecho. Se debe tener el diálogo como el mecanismo natural de resolución de los conflictos, y que nos obliguen vía judicial al Estado formoseño a dialogar con los compañeros aborígenes es una situación bastante tensa y que nos llena de vergüenza”, señaló al respecto Lenscak. Sin ir más lejos, este 23 de noviembre se cumplieron tres años de la represión contra la Comunidad Qom La Primavera que cortaba la ruta 86 en defensa de sus tierras, y en la que murió Roberto López. Según denuncian los propios integrantes de la Comunidad, a tres años no hay funcionarios ni efectivos acusados por el ataque, mientras que ellos tienen tres causas en su contra. Entre otros, está procesado su Qarasche Félix Díaz, y otros veinte miembros de la comunidad están imputados.

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