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La justicia golpea la puerta de Vicente Massot

Escrito por el diciembre 5, 2013


(Por La Retaguardia) El director del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca será citado a declarar por el secuestro, torturas y asesinatos de Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, dos obreros gráficos que eran delegados en el periódico propiedad de su familia. Sobre este tema, dialogamos con Miguel Ángel Palazzani, uno de los fiscales de este segundo juicio en esa ciudad.

La Cámara Federal de Apelaciones hizo lugar a un recurso de apelación presentado en junio de este año por los fiscales Miguel Ángel Palazzani y José Nebbia, luego de que el juez federal ad hoc Santiago Martínez rechazara la solicitud de detención y llamado a indagatoria por ellos efectuadas.
A partir de este fallo, Vicente Massot deberá presentarse a declarar en los próximos días por los crímenes de Heinrich y Loyola, que forman parte de la causa 04/07 en la que se investigan los delitos cometidos en jurisdicción de la Armada Argentina durante la última dictadura cívico militar.
Esta causa surge del trabajo realizado durante el primer juicio por lesa humanidad en Bahía Blanca: “a partir de la labor del entonces fiscal Abel Córdoba (hoy a cargo de la Procuraduría contra la Violencia Institucional) y lo que dijo el Tribunal Oral, se desprendió esta causa en la cual el juez que intervino nos negó la posibilidad de indagar a Massot a partir del requerimiento que habíamos hecho; eso fue apelado, y ahora la Cámara Federal lo ha revocado y ha ordenado que preste declaración a tenor de un artículo del código de procedimiento que permite y posibilita que esa declaración a la que concurrirá pueda convertirse en indagatoria e incluso permite la detención inmediata, lo cual genera a criterio nuestro un escenario inédito en Bahía Blanca, porque no creo que sea lo esperado por determinadas corporaciones aquí en la ciudad”, afirmó en diálogo con Oral y Público Miguel Ángel Palazzani, uno de los representantes del Ministerio Público Fiscal.
En esa sentencia, conocida en setiembre de 2012, catorce genocidas fueron condenados a cadena perpetua, uno a dieciocho años de prisión, y dos a diecisiete años y seis meses de prisión, por delitos de lesa humanidad. Además, el Tribunal Oral Federal subrogante de Bahía Blanca ordenó investigar las actuaciones durante la última dictadura de la Iglesia, en la persona del capellán ante el Ejército Aldo Vara, y del diario local “La Nueva Provincia”.
“Esa sentencia hay que leerla y releerla porque realmente ha sido valiente y dice muchas cosas –aseguró Palazzani–, no solo ordena al juzgado de primera instancia que comience la investigación, sino que sugiere concretamente la participación criminal del medio periodístico en el plan de exterminio, lo que abre un escenario realmente inédito. Efectivamente la sentencia ha generado todo esto y se ha avanzado con las idas y vueltas que puede permitir Bahía Blanca en eso, por el momento debiera comparecer. Nosotros hemos recusado al juez que nos denegara en primera instancia la comparecencia de Massot, así que ante esa instancia de la Cámara lo hemos recusado por lo que seguramente tendremos nuevo juez, y ahí sí podrá concurrir Massot a prestar declaración”.
En su edición del 24 de noviembre pasado, el diario Página 12 publicó parte de una entrevista que Ana Belén Zapata, historiadora de la Universidad Nacional del Sur, le hizo a Massot, en el marco de su trabajo de tesis doctoral “Páginas Manchadas”. Allí el director de La Nueva Provincia se desentendió de los crímenes de los obreros gráficos al afirmar que en aquel momento él se encontraba en Buenos Aires y afirmó que quienes tenían relación con los talleres y la redacción eran su madre y su hermano Federico, ambos fallecidos.
Al respecto, Palazzani señaló: “algunas respuestas eran esperables,. Uno no espera que Massot sea tan ingenuo como para incriminarse en una entrevista, ni en una declaración, pero sí estoy en condiciones de decir que miente. Nosotros hemos aportado pruebas instrumentales, ni siquiera testimoniales; estoy hablando de escrituras públicas, pasadas ante un escribano público, donde concretamente en la dirección de La Nueva Provincia, es decir su madre a quien pretende él en la entrevista al menos por ahora echarle las culpas, le delega la negociación laboral en todo el conflicto gremial durante el año 1975, el mayor en la historia del diario. Es decir, el encargado de negociar con los trabajadores gráficos en La Nueva Provincia era Vicente Massot. Esto está acreditado por escritura pública. No hay más que repasar el reportaje para darse cuenta de que esto no lo dice, lo invisibiliza, pero a nosotros nos parece algo fundamental porque lo sitúa a él de cara, por ejemplo, a Heinrich y Loyola, que son los dos obreros gráficos que luego son asesinados. Después hay situaciones procesales que nosotros no estamos en condiciones de ventilar, por una cuestión estratégica, pero uno se da cuenta al leer la nota que se pone en una situación como al margen de la participación en el diario. Tomo otro ejemplo: es representante ante la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa) en el año 1977, en el exterior y ante los dueños de los diarios de Latinoamérica o Iberoamérica por La Nueva Provincia. Es decir que su actuación es permanente en el núcleo duro del diario. Nuestro requerimiento es extenso y él persiste e insiste en delegarle la responsabilidad de la conducción en las decisiones del diario a su madre y su hermano que están fallecidos, lo cual además de ser una conducta bastante opinable  en algunos aspectos, desde lo jurídico no responde a las pruebas que nosotros tenemos conectadas en la causa y que motivó a que nosotros pidiéramos su comparecencia y declaración indagatoria”.
Actualmente se encuentra en desarrollo el segundo juicio por lesa humanidad en Bahía Blanca, que es un desprendimiento del primero e histórico que se realizó en esta localidad bonaerense en 2011 y 2012. En esta instancia, se juzga a siete represores del V Cuerpo de Ejército, por los delitos de torturas, secuestros y homicidios cometidos contra 89 víctimas y dos casos de niños apropiados. “Las características que tiene esta segunda etapa es que tenemos a personas juzgadas que intervinieron como guardias en La Escuelita, concretamente tenemos a una persona, (Felipe) Ayala, quien le ha manifestado a dos o tres testigos que han declarado en la anterior causa Bayón número 982 y que han venido declarando en los juicios por la verdad, que sabe quién se llevó a los bebés apropiados en La Escuelita en esa época. Eso está absolutamente probado, lo tenemos ahí asentado y esta es un poco la impronta de este juicio. Nos parece que es realmente fuerte saber que esta persona mantiene y ha blindado su pacto de silencio y ha transcurrido todo un juicio escuchando, además de los alegatos, las declaraciones de los testigos señalándolo concretamente: ‘me dijo Ayala que esta persona se llevó a los bebés’, señalando una foto, con lo cual sabe concretamente al menos quién se los llevó, y no ha abierto la boca y eso produce un poco de frustración e indignación, una mezcla de sentimientos encontrados”, aseveró Palazzani.
En este juicio, se utilizó el recurso técnico de tomar algunos testimonios del proceso anterior: “se utilizó la acordada 1/12 de la Cámara de Casación, cuyo norte es evitar la re-victimización de los testigos. Hemos incorporado vía soporte audiovisual la totalidad de las declaraciones vertidas en la causa 982, que como esta es una continuación y el universo de víctimas era el mismo ha sido de mucha utilidad porque el universo de víctimas está absolutamente probado. También genera una situación desacostumbrada porque yo vengo de La Pampa y tuvimos ahí un juicio en 2010, y ahora me toca este, y en este lo que sí perdemos es la presencia y la palabra de la víctima en vivo, con el contacto corporal, con las expresiones, con todo lo que implica una declaración de las personas que han pasado por esos momentos. De todos modos, es fundamental evitarles el continuo relato y vivencias de los tormentos y padecimientos sufridos, así que hemos coincidido en que la incorporación por lectura y vía soporte audiovisual es atinado, teniendo en cuenta que la prioridad es la protección psicofísica de las víctimas y en ese aspecto no hay ninguna duda de que con esta forma se logra eso”.

En estos días finalizaron los alegatos de las defensas oficiales y se harán las réplicas de las partes, luego se le dará la posibilidad a los imputados de decir sus últimas palabras y el 17 de diciembre se conocería la sentencia. En tanto, los fundamentos se informarán recién en el mes de febrero.

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