Nueva condena por delitos de lesa humanidad en Salta

El lugar donde ocurrió la Masacre de Palomitas, señalizado

(Por La Retaguardia) Siete represores recibieron perpetua y otros ocho, entre ellos un civil, penas de entre cinco y diez años. Dos imputados resultaron absueltos. Fue por la detención y desaparición de más treinta docentes, estudiantes y profesionales de la Universidad Nacional de Salta. Dialogamos con Mirta Torres, integrante de Familiares de Detenidos Desaparecidos de la provincia y sobreviviente de la Masacre de Palomitas, sobre los alcances de este fallo leído hace dos semanas.

“A esta megacausa la esperábamos con mucho anhelo. Eran profesionales, estudiantes, docentes, que colaboraron en la universidad, que en los años ’70 era nuevita y vinieron desde muchos lugares de nuestro país para ayudar a construir la universidad nacional y popular en la época en la que todavía estaba el gobernador Miguel Ragone”, afirmó Mirta Torres en diálogo con Oral y Público.
Los condenados a perpetua por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta fueron Héctor Luis Ríos Ereñú, Carlos Alberto Mulhall, Miguel Raúl Gentil, Virtom Modesto Mendiaz, Joaquín Cornejo Aleman, Joaquín Guil y Juan Carlos Alzugaray.
Ríos Ereñu fue comandante en jefe del Ejército durante buena parte del gobierno de Raúl Alfonsín, incluso cuando se produjeron los levantamientos carapintadas de Semana Santa que terminaron con la aprobación de las leyes de obediencia debida y punto final.
Además, los jueces condenaron a Julio Oscar Correa y a Víctor Hugo Almirón a diez años de prisión e inhabilitación absoluta por el mismo período; a Mario Reinaldo Pachao y a Juan Manuel Ovalle a ocho años de prisión e inhabilitación absoluta; a Felipe Caucotta y a Raúl Eduardo Toledano a siete años de prisión e inhabilitación absoluta; y a Ricardo Benjamín de la Vega y  a Jacinto Ramón Vivas a cinco años. En tanto, resolvieron absolver a Marcelo Diego Gatto y a Fernando Antonio Chain.
Respecto al rol del civil Juan Manuel Ovalle, Torres aseguró: “actuaba en la D2 (Departamento de Informaciones Policiales) que está vigente desde hace cincuenta años. En todas y cada una de las provincias funcionó la famosa D2. Ovalle estaba ahí y había otros personajes como un jugador de fútbol, que eran civiles servidores de la policía, señalaban gente. Ovalle estuvo en la universidad, con su disfraz de civil bueno, pero se metía en las casas de las personas que después iban desapareciendo, los señalaba”.
“En esta megacausa ha tocado a la mayoría de los que han desaparecido ligados a la universidad –agregó Torres–, pero en Salta desde el último rincón de nuestra provincia hubo detenidos desaparecidos y bajo este plan de exterminio, por lo que las condenas son coherentes con esto. Aunque también sería bueno que todos los cómplices tuvieran la misma lección, si no esto se vuelve a repetir; uno está señalando épocas históricas recientes después de la dictadura que son las expresiones de esa falta de castigo, la impunidad de hoy es la heredada, porque la justicia nos cuesta décadas de lucha y es muy tardía y lenta, y cuando es lenta no se produce verdadera justicia, y en esos resquicios se articula la reacción de la ultraderecha no solo en los carapintadas sino cada vez que hubo oportunidad de expresión contra la democracia. Esto es lo que implica el no castigo a esa gente. Pero ya ninguno puede desmentir lo que pasó, por más que ahora sean todos viejitos y quieran aparecer como abuelos buenos con pelo blanco que nunca hicieron nada, porque encima ellos no reconocen su participación. Hay algunos torturadores que tenían causas incluso de dictaduras anteriores. Cada uno fue participando en distinta medida, en su rol de militar, de policía, dentro de lo que fueron las distintas fuerzas, cada uno fue actuando a su manera en este plan”, detalló Torres.
Este juicio que finalizó el 20 de diciembre pasado no es el primero que se lleva adelante en Salta. En 2011 se juzgó el secuestro y desaparición de Miguel Ragone. Ragone había sido electo gobernador en 1973 y permaneció en el cargo hasta que la provincia fue intervenida durante la presidencia de María Estela Martínez de Perón. El ex mandatario fue secuestrado el 11 de marzo de 1976 y continúa desaparecido, por este hecho dos policías y un militar fueron condenados a perpetua. También se realizó el juicio por el primer tramo de la Masacre de Palomitas de la que la propia Torres es sobreviviente. El 6 de julio de 1976, once presos políticos fueron asesinados en el paraje Palomitas mientras eran supuestamente trasladados desde la cárcel de Villa Las Rosas hasta un penal en Córdoba. “Nosotros ya hemos pasado por varios juicios –dijo al respecto Torres–; incluso cuando aún estaban las leyes de impunidad, la comisión de familiares y sobrevivientes conformamos lo que fue el Juicio por la Verdad. Como por las leyes de impunidad los procesos punitivos no avanzaban, se hicieron estos juicios que eran de investigación, por el derecho que tiene el pueblo argentino a saber qué pasó, y además se presentaron porque las leyes de impunidad no comprendían a los delitos que involucraban a los niños apropiados. A lo largo de los plenarios anuales que hacíamos familiares de detenidos desaparecidos en distintas provincias íbamos tratando de hilvanar distintas estrategias para tratar de meternos en cualquier resquicio, aún con las leyes de impunidad vigentes. Y así pudimos entrar justo antes de que se archivara la causa de Palomitas, que finalmente se separó en tres partes. En la primera, ya se condenó a parte de los responsables, y quedan Palomitas II y III. Todo esto es por la lucha constante de los familiares, amigos, de las grandes marchas que se hicieron hasta que se logró la nulidad de estas leyes y se retomaron los juicios. Pero todo lo que se investigó en los juicios por la verdad sirvió, incluso por lo que dijeron los genocidas que respondieron al llamado a declarar, ellos hasta ponían voz castrense cuando declaraban. Me acuerdo, por ejemplo, que una vez en una audiencia estábamos sentados atrás de ellos, y los abogados les pasaban las preguntas escritas en papeles, y uno de ellos dijo ‘yo vengo cazando subversivos desde los años ‘60’, creo que ellos subestimaron la lucha de nuestro pueblo y sobre todo de los organismos de derechos humanos, pensaron que los juicios, las condenas nunca iban a llegar. Pero en el mismo lugar (Congreso de la Nación) donde se habían aprobado estas leyes ahora las anularon, gracias a la resistencia y la lucha”.
Durante el diálogo con Oral y Público, Mirta Torres hizo especial referencia a lo que pasaba en la provincia respecto al Terrorismo de Estado, antes del golpe de 1976: “acá se vivió como un preparatorio de lo que vino después del 24 de marzo. Ese día fue más bien una legalización de lo que ya venía desarrollándose en las intervenciones a los gobiernos de la provincia de Salta. En toda la patota policial que hizo el golpe de Estado contra Obregón Cano, hubo un centenar de personas que vinieron a Salta y ellos declaraban impunemente  en los medios que iban a hacer lo mismo con Ragone”. El 27 de febrero de 1974, un golpe policial derrocó a Ricardo Obregón Cano de la gobernación de la provincia de Córdoba, para la que había sido electo en abril de 1973.
Torres especificó que ya en 1974, se vivían en Salta atentados y había más de treinta personas desaparecidas, y gran cantidad de presos políticos: “me acuerdo de haber llevado niños, porque las compañeras de los compañeros presos no podían llevar a sus chiquitos porque como eran ex presas de la dictadura anterior de (Ricardo) Spangenberg en Salta y Lanusse a nivel nacional, habían sido liberadas en la época de Cámpora y con la intervención podían caer de nuevo presas”.
En este marco, Torres también mencionó el caso de Guillermo Álzaga asesinado el 19 de diciembre de 1975: “fue director de Trabajo del gobierno de Ragone y fue un ejemplo de gremialista, era muy querido. Tenía mucho carisma, era dirigente del gremio de obreros y empleados del tabaco, que su base social eran peones rurales, la mayoría campesinos y algunos aborígenes. Este compañero fue asesinado por gente que era funcional a la Triple A y a lo que después fue el golpe de Estado. Uno de los acusados era integrante de la 62 organizaciones a nivel nacional, y el hermano mellizo de Guillermo, buscando justicia, fue a buscar a los responsables de la muerte, pero a él también lo matan en Bolivia, o sea que los mellizos Álzaga son víctimas de esta parte previa al golpe de Estado”.
Torres también hizo referencia a la importancia de conseguir cárcel común y perpetua para todos los responsables del Terrorismo de Estado: “hace poquito, el 19 y 20 de diciembre hicimos acá un acto que fue multitudinario por los 39 caídos en 2001, y eso es parte también del Terrorismo de Estado que nos atraviesa, hasta que no se consiga poner en la cárcel a todos y cada uno de los responsables de más de treinta mil desaparecidos en el país, y de más de 230 en Salta. Decimos ‘más’ porque siempre hay un caso que se agrega, nunca tenemos la cifra final, nunca se cierra el número de los detenidos desaparecidos”.
De todos modos, la integrante de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Salta remarcó que ante cada condena y cada perpetua hay una sensación de que se avanza en el camino hacia la justicia: “en las movilizaciones y en los actos las consignas que cantamos son ‘cárcel común, perpetua, efectiva, que ningún genocida debe caminar por las calles de Argentina’, y la verdad que ante cada condena, cada perpetua, sentimos que se avanza un poquito haciendo justicia hacia esos compañeros desaparecidos, y que si bien en este último juicio no todos obtuvieron perpetua por lo menos sí siete de los más responsables. El dolor de los compañeros que fueron asesinados y desaparecidos es una herida que va a estar siempre en nuestro país, pero creo que nosotros estamos para pasar de generación en generación la memoria permanente y rescatar la conducta de la mayoría de esos compañeros por su carácter incorruptible, por honestidad”, finalizó Torres.
Salta es un claro ejemplo, pero no el único, de que el Terrorismo de Estado en Argentina no nació el 24 de marzo de 1976, sino que venía ejecutándose desde por lo menos dos años atrás con la mano de la AAA (Alianza Anticomunista Argentina), y vaya a saber uno por orden de quien… pero esa es otra historia.