29 dic. 2013

(Por La Retaguardia) Dialogamos con el fiscal Pablo Camuña sobre los 4 represores absueltos y los 37 condenados, 4 de ellos a perpetua, por los delitos cometidos contra más de 200 víctimas durante la última dictadura cívico-militar en Tucumán. Familiares y sobrevivientes se mostraron disconformes con las penas leídas hace algunas semanas.

Para Pablo Camuña es importantísimo que 37 de los 41 imputados hayan recibido condenas en la sentencia que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán dio a conocer el pasado 13 de diciembre. Esta cantidad es inédita en cualquier juicio que se haya llevado adelante en la provincia. “Este resultado comprueba la responsabilidad de los imputados, la existencia de los delitos, todo lo que es la base de lo que conforma este proceso, un trabajo de años, no solo los años en los que el Estado reasumió su obligación de búsqueda de justicia a través de mecanismos propios, como el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial, sino también los años anteriores de la búsqueda de justicia por parte de las víctimas y familiares, entonces con ese telón de fondo el fallo es muy positivo”, aseguró Camuña en diálogo con Oral y Público.
De todos modos, el fiscal aclaró: “entendemos que las absoluciones pueden disputarse con los medios que existen para eso y que las condenas no alcanzan a atrapar la magnitud del daño que se juzgó, el daño provocado por los delitos por los cuales se declaró la responsabilidad de los imputados. No es que una pena alta dé mayor o menor justicia, lo que hizo el tribunal fue declarar la inconstitucionalidad de la prisión perpetua en el homicidio agravado, que es una decisión que para nosotros es del legislador, que decidió que dado algunos de los supuestos en el que un homicidio se vuelve agravado corresponde a los jueces la aplicación de la prisión perpetua. Yo entiendo por supuesto que en algunos casos eso podría flexibilizarse, por ejemplo en el caso de menores de edad, y en otros casos que también se podrían debatir mucho, pero entiendo que este no es uno de esos casos, que estos son los delitos más graves que prevé nuestro ordenamiento jurídico, y que incluso son tan graves que ni siquiera el ordenamiento los preveía. Son figuras acotadas sobre un fenómeno delictivo mucho más profundo y complejo como es la desaparición forzada de personas. Eso es lo que queda por discutir en una instancia casatoria”.
Dos de las absoluciones fueron para los civiles José Eloy Mijalchiyk (sacerdote) y Juan Carlos Benedicto (escribano). Al respecto, Camuña afirmó: “a Benedicto lo acusamos por ser integrante de las patotas que actuaban en los centros clandestinos bajo control de Inteligencia del Ejército de Tucumán, del destacamento 142, y que fue visto en un hecho concreto del que fueron víctimas tres personas. Y el sacerdote era un capellán de hecho del centro clandestino Arsenal Miguel de Azcuénaga; fue visto por muchas personas, y lo que hacía era instar a los secuestrados para que colaboraran con sus captores. De alguna manera la acusación es que usaba su oficio, su conocimiento, para colaborar con el esquema represivo que se llevaba adelante ahí, de la manera más atroz por supuesto”.
Para dos de los jueces que integraron el tribunal no hubo mérito suficiente para condenar. Sólo Juan Carlos Reynaga votó por la condena: “en este tribunal eran dos jueces locales y un subrogante de Catamarca y un cuarto juez de Buenos Aires. Los dos magistrados votaron de una manera y el subrogante de otra, no votó absoluciones sino penas concordantes en general con el pedido realizado por el Ministerio Público Fiscal, básicamente en el caso de perpetua para homicidios agravados”.
Los condenados a perpetua fueron Luis Armando De Cándido, Ricardo Oscar Sánchez,
Roberto Heriberto Albornoz y Luis Orlando Varela. Acerca del lugar que ocupaban durante el terrorismo de Estado, Camuña especificó: “Albornoz estaba a cargo de lo que se llamaba el Servicio de Informaciones Confidenciales de la Policía de Tucumán, todo lo que concentraba el esquema de represión clandestina de la policía tucumana, y Sánchez y De Cándido eran como sus segundos inmediatos en esa tarea. Varela era, en cambio, un capitán del Ejército, del destacamento 142, que según la mayoría de los testimonios actuaba de hecho como jefe de los centros clandestinos, bajo control justamente del Ejército. Reformatorio primero, la escuela de educación física y finalmente en el Arsenal Miguel de Azcuénaga”. Además de las perpetuas, el resto de las condenas fue de dos a veinte años.
Al ser consultado sobre las presiones que recibe al momento de llevar adelante su trabajo, el fiscal Camuña señaló: “presiones hay siempre, pero en mi caso siempre la más grande es tratar de avanzar con la mayor cantidad de causas y de la mejor manera posible en el menor tiempo posible. Una necesidad de eficacia y de utilización de recursos al máximo de las posibilidades que es bastante difícil de lograr en este contexto, donde hay poca prueba, porque se destruyó, se ocultó, no hay ruptura del pacto de silencio, llega un momento en que la imaginación también se agota porque es mucho de investigación, esto tiene todavía esa impronta básica de cualquier juicio penal; eso sí es algo que lleva mucho tiempo y es muy difícil de conseguir”.
Pablo Camuña es fiscal federal ad hoc desde 2010, solo atiende causas por crímenes de lesa humanidad, y aunque podría creerse que no es tan cuestionado como los profesionales designados recientemente por la actual Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, fue recusado al menos diez veces a lo largo de este juicio.
A mediados de año, cuando el proceso por la megacausa se encontraba en pleno desarrollo, surgió la designación de César Milani como jefe del Ejército, cuyo pliego de ascenso obtuvo rechazos de parte de gran cantidad de organismos de derechos humanos por su actuación durante la última dictadura. Uno de los hechos por el que se lo señala es la desaparición del conscripto Alberto Ledo, quien estaba haciendo el servicio militar en Catamarca y fue enviado para un operativo, con Milani como uno de los superiores, a Tucumán. En este marco, el joven desapareció pero la respuesta dada a sus familiares fue que había desertado. La designación de Milani y el desarrollo del juicio coincidieron en el tiempo y Camuña como fiscal de la Unidad de Derechos Humanos de la provincia se vio involucrado, incluso el senador radical Gerardo Morales le inició una causa penal en su contra por prevaricato e incumplimiento de deberes: “fue también en el medio de una campaña mediática de desprestigio muy grande que se tuvo que tolerar. El día que comenzaban las audiencias después del receso invernal, a mí me estaban haciendo una denuncia penal, por supuesto son cuestiones propias de la función y yo siempre creí que todos los funcionarios públicos estamos obligados a rendir cuentas de nuestras acciones, así que yo también me someto a esas reglas y contesto como corresponde, pero es difícil combinar un trabajo tan arduo y que requiere tanto de uno como lo es un juicio, con todas las otras cuestiones que se abrieron. Mientras tanto obtuvimos un procesamiento, por lo menos la indagatoria de casi treinta personas en la causa Operativo Independencia y la confirmación después en Cámara, y fuimos a una audiencia para que mientras el proceso vaya a instrucción y en la instancia de apelación también se vaya avanzando en otras causas para que cuando terminara la megacausa sigamos teniendo juicios ininterrumpidamente. Todo eso es lo que hay alrededor del proceso además del juicio en sí mismo”, afirmó Camuña.

Los medios, ¿dónde están?

El juicio por esta megacausa comenzó en noviembre de 2012, y a lo largo de más de un año de audiencias puede decirse que no tuvo la misma cobertura mediática, a nivel nacional, que otras causas por lesa humanidad, incluso en la misma provincia: “entendemos el valor simbólico que puede tener una condena a Domingo Bussi hace tres, cuatro años –reflexionó Camuña–, sin embargo la diferencia no tiene una explicación del todo razonable. En relación a la repercusión social, quizás por el volumen, la magnitud, la cantidad de personas involucradas, y siendo Tucumán una ciudad que todavía en algún aspecto es chica, tuvo incluso una difusión de boca en boca. En ese nivel creo que si tuvo impacto social que fue amplificado por los medios locales, tanto más tradicionales como el diario La Gaceta como por medios alternativos, hubo una cobertura bastante completa y compleja a nivel local, no así en medios nacionales”.
Sin duda cada uno de estos juicios por lesa humanidad requiere de muchísimo esfuerzo, tiempo y trabajo de testigos, fiscales y abogados. En este sentido, Camuña aseguró a Oral y Público que es difícil llegar a ver en toda su complejidad todo este proceso que duró más de un año: “todavía estoy con el shock traumático del juicio, pero con mucha satisfacción por el resultado y siempre pensando que todavía hay otra instancia más en la que vamos a tener que trabajar duramente para lograr revertir lo que para nosotros no es adecuado. Pero mucha satisfacción por la tarea que desarrollamos desde el equipo de la Unidad de Derechos Humanos de Tucumán”.
En efecto, la tarea continúa, siempre que se cierra un juicio se abren nuevas causas: “cada juicio oral tiene amplitud probatoria y testimonial que siempre termina abriendo la puerta de otros hechos y terminamos conociendo mucho más de víctimas y de otros sucesos, seguramente tienen que ser objeto de investigación en instrucción y pasar por todas las etapas hasta llegar a juicio”, afirmó el fiscal Camuña.

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