(Por La Retaguardia) La noticia acerca de un acuerdo entre el Gobierno de la Ciudad y el Gobierno nacional para traspasar el control de los ex centros de detención de la ciudad de Buenos Aires, entre ellos la ESMA, ya es más que un rumor. Algunas versiones indican que el compromiso habría sido firmado ayer por altas autoridades de ambos gobiernos. Implicaría la disolución del Instituto Espacio para la Memoria (IEM), un ente autónomo y autárquico -creado por una ley porteña- del que participan Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora), la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Hermanos, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, además de personalidades como Beinusz Smuckler, Víctor Basterra, Stella Calloni y Ana María Careaga, entre otros.
Este acuerdo garantizaría que el gobierno nacional realice las modificaciones en el Casino de Oficiales y el Edificio Cuatro Columnas de la ex ESMA, a pesar de la oposición de muchos sobrevivientes y de una resolución del juez Sergio Torres, que entiende en la causa por los delitos de lesa humanidad cometidos en ese lugar.