27 ene. 2014

 Soares en el Estudio Víctor Basterra
de Radio La Retaguardia
(Por La Retaguardia) El integrante de la Gremial de Abogados, defensor de presos políticos, estuvo presente en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, y mantuvo una extensa charla con Alfredo Grande. La criminalización de la protesta, la ley antiterrorista, la ruptura de la historia argentina de refugio y solidaridad internacional, y los desaparecidos en democracia fueron algunos de los temas que se debatieron.



La entrevista con Soares recorrió diferentes temas alrededor de los derechos humanos y se dio en el marco del programa radial Sueños Posibles.
El abogado fue militante de Montoneros y estuvo preso a disposición del Poder Ejecutivo (es decir, no es calidad de secuestrado sino de preso "legal") durante toda la última dictadura cívico-militar.

Los retrocesos del “gobierno de los derechos humanos”

-Alfredo Grande: Creo que sería bueno redefinir después de treinta años de democracia qué entendemos por derechos humanos hoy, más allá de la lucha contra la dictadura. Desde tu perspectiva militante, política e incluso jurídica, ¿cómo pensás ahora el tema de los derechos humanos en Argentina?

-Eduardo Soares: Nosotros podemos evaluar que el tema de los derechos humanos ha tenido evoluciones históricas, porque en función de la militancia que tenemos, me refiero a los viejos chotos como yo, en la década del ’70 no se conocía el término ‘derechos humanos’ como ahora, podía haber algunas cuestiones de los derechos civiles, pero en general los que éramos veinteañeros en la década del ’70, del ’60 no conocíamos otra cosa que no sea pelear contra las sucesivas dictaduras de veinte años antes.

-Irene Antinori: Pero sí se conocía la lucha por los presos políticos.

-ES: A eso iba justamente, al tema de la lucha por los presos políticos. Incluso la organización de abogados que yo integro, la Gremial de Abogados, ya existía, nosotros justamente lo que hicimos fue reflotarla y si bien hoy es una organización que se encarga fundamentalmente de la defensa de los presos políticos, aunque no en forma excluyente porque las perspectivas que tenemos son muy amplias. Cuando nació en realidad era una organización gremial por eso se llamaba Gremial de abogados, porque nació para defender a los colegas que iban en cana o que los mataban, o que les conculcaban sus derechos a la hora de la representación de los presos políticos. Yo vengo de una Argentina, en la década del ’60 y’70, en donde se paraba todo cuando había un preso político. No era discutida la calidad de un preso político.

-IA: Tenían una jerarquía interna incluso dentro de la cárcel, eran respetados.

-ES: Por supuesto y también afuera. En los últimos veinte, treinta años, desde el ’83 hasta hoy, hemos tenido que batallar a ver si este es preso político o no: ‘este sí porque es un dirigente sindical de un gremio reconocido, pero el otro que es un piquetero que fue y cortó ruta, se peleó con la policía y lo encontraron con veinte piedras y gomeras no, porque eso agrede a la policía'. Esa discriminación que nos costó treinta años prácticamente, no existía antes del ’83. El que caía preso político, era un preso político. Nosotros tenemos una definición en la declaración de principios de la Gremial, en la que decimos que preso político es todo aquel que es detenido y acusado de cometer un delito en función del ordenamiento penal, nacional, municipal o provincial; es decir, el preso político es alguien que es acusado de cometer un delito, sea por su lucha social, sindical, estudiantil, o por llevar adelante una decisión tomada por el colectivo al que pertenece. El compañero que integra un colectivo, una organización que toma una decisión y es detenido acusado justamente de un delito en función de que cumple con ese mandato de su organización, nosotros no tenemos duda, no le sacamos análisis de sangre, no discutimos el carácter de preso político ni acá, ni en el extranjero, por eso hemos defendido compañeros vascos, peruanos, colombianos, paraguayos, de distintas organizaciones con las que podemos compartir o no algunos de sus postulados pero el compañero es un preso político porque está acusado de un delito en función de un mandato de su organización. Esa es una discusión que nos llevó treinta años, incluso cuando nosotros largamos la Gremial de Abogados en 2008 nos costó casi un día de discusión interna esto, esto da cuenta de lo que todavía tenemos que avanzar en estas cuestiones.

-AG: ¿Cuáles serían para vos los focos donde todavía hay una violación flagrante de los derechos humanos en esta Argentina democrática, donde siempre digo que hay democracia, pero no siempre lo democrático está en todos lados?

-ES: En principio el esfuerzo más grande que nosotros tenemos tiene que ver con la criminalización de la protesta a nivel nacional, municipal y a nivel de las provincias. Eso es lo que por lo menos a nosotros nos lleva la mayor cantidad de esfuerzos. Cuando digo criminalización de la protesta me refiero a la protesta social y también a la protesta política. Nosotros estamos teniendo en este momento casi seis mil procesados, de los cuales muchos estuvieron en cana, a muchos pudimos sacarlos pero siguen atados a los procesos, ligados de alguna manera a la protesta social o política. Y en la última época, los últimos diez, doce años, particularmente en esta ‘década ganada’, por lo menos desde la Gremial de Abogados nos hemos encontrado con un fenómeno que creíamos desterrado y otro que nunca pensamos que iba a aparecer porque no lo vivimos, salvo en algunos períodos de la dictadura. El primero que creíamos desterrado es el tema de los desaparecidos, nosotros pensábamos que a partir de 1983 o por lo menos diez, quince años después y en particular en este último período de gobierno de derechos humanos el tema de los desaparecidos era una especie de palabra histórica, de caracterización histórica, y no lo es. El caso de Luciano Arruga es muy conocido porque es un hecho que ocurrió a quince cuadras de acá (la Ciudad de Buenos Aires y la sede de La Retaguardia). El actual gobierno nacional es el primero desde 1983 que es condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por desaparición forzada de persona, es por el caso de Iván Torres en Chubut, y todavía tanto el gobierno de Chubut como el nacional se niegan, a pesar del esfuerzo que están poniendo nuestros compañeros y compañeras de la Gremial de Abogados, el esfuerzo tremendo que ha hecho Nora Cortiñas, Mirta Baravalle, la secretaria general de nuestra organización Verónica Heredia, a cumplir con lo que la Corte les está ordenando. Y no solo pasan por alto las determinaciones de la Corte, sino que han avanzado: en el caso de Iván Torres ha habido siete, ocho testigos muertos con posterioridad. Pero además tenemos a Sergio Ávalos en Neuquén; Facundo Rivera Alegre en Córdoba; Ezequiel Huirimilla en Tierra del Fuego; Daniel Solano en Río Negro; César Monsalvez, un chiquito de 15 años de Trelew, en 2013; Luciano González de Chubut en 2009; Germán Acosta también de Chubut, 2011; Elías Gorosito de Entre Ríos. Todos estos casos en los últimos diez, doce años. A esto agreguémosle los casos muy conocidos como el de Miguel Bru en La Plata, Garrido en El Bolsón y Baigorria en Mendoza. La continuidad de desaparecidos en democracia es una deuda que nos deja esta década ganada. Esta pregunta que me hacen la contesto en función de cuál es el caudal más grande de trabajo que tenemos en la Gremial. Otras organizaciones tendrán trabajo de otro tipo, el grueso de nuestro esfuerzo ha sido en cantidades de compañeros y compañeras sometidos a criminalización a partir de sus actuaciones sindicales, estudiantiles, laborales o políticas.
El otro elemento que nosotros nunca vimos desde el ‘83 hasta hoy y que apareció específicamente en este gobierno tiene que ver con algo que había sido una de las mayores conquistas que es la protección a los perseguidos y luchadores de otros lugares del mundo. La Argentina se caracterizó en los últimos 150 años por ser un país que brindó protección a luchadores de otros lugares del mundo. Lo que se conoce como asilo, refugio, y a veces aunque no formalmente se le conceda asilo o refugio por lo menos cualquier luchador de cualquier organización revolucionaria, independentista, que peleaba y llegaba a la Argentina, sabía que ponía una pata en la frontera de nuestro país y ya por lo menos no se lo jodía más. Eso ocurrió desde 1983 hasta hoy, incluso en gobiernos ultraliberales, ultracapitalistas.
La primera luz de alerta la tuvimos con el compañero de la Izquierda Independentista Vasca, Iosu Lariz Iriondo. Este compañero hacía 17 años que estaba viviendo en Uruguay. Lo detuvieron con fines de extradición. Lo sometieron a un juicio y en todas las instancias la Corte uruguaya rechazó la extradición diciendo que era un perseguido político. Cuando sale del Palacio de Tribunales de Montevideo con un coche, lo encapuchan y se lo llevan amarrocado al Aeropuerto de Carrasco. Ahí llega un funcionario de la Embajada española, le hace un documento falso con su foto, sube al avión y se lo entrega a la policía federal argentina, el presidente era Néstor Kirchner. La policía argentina y el ministro del Interior era el nunca bien ponderado Aníbal Fernández. Reciben a un detenido en esas condiciones y a la ahora progre jueza (María Romilda) Servini de Cubría, que parece limpia con el tema de los fascistas españoles, que está gran parte de los organismos de derechos humanos aplaudiéndola cuando nosotros a los mismos organismos les decíamos lo qué había ocurrido con este caso, pero como estaba (el juez español Baltazar) Garzón en el medio que era el que lo pedía, no se podían pelear con él, entonces tapaban esto, pero esto no pasó en la época de Menem, de De la Rúa, ni de Duhalde, esto es una especie de Plan Cóndor que ocurrió cuando empezó este gobierno. De ahí en adelante, la Comisión Nacional para los Refugiados, la estructura de migraciones que siempre fue una especie de territorio sagrado, pasó a ser una estructura de los organismos de inteligencia argentino e internacionales.
La gota que colmó el vaso, y que después por supuesto recibió más gotas que continuaron derramando ese vaso, tuvo que ver con los seis patriotas campesinos paraguayos del Partido Patria Libre y del Movimiento Agrario Popular. Estos seis compañeros fueron sometidos a un proceso en Paraguay, el juez los absolvió, pero la persecución continuó, les mataron familiares, se presentaron ante el embajador argentino en ese país, al que le contaron lo que les estaba pasando, y el embajador les dijo que vengan para la Argentina que era un paraíso de derechos humanos. Vinieron, se presentaron con su abogada a pedir refugio, les dijeron que vuelvan a la semana, y cuando regresaron los detuvieron y los sometieron a juicio de extradición. Los extraditaron y hoy están cumpliendo condenas de 30, 35 años. De ahí en adelante, todos los casos que la Gremial ha tenido de extradiciones tuvieron que ver con compañeros y compañeras que vinieron a la Argentina a pedir refugio y que fueron pagados con la detención y el sometimiento a juicio de extradición. Estos dos elementos, los nuevos desaparecidos y la ruptura de esa historia de refugios de solidaridad internacional, de compañerismo, empiezan con este gobierno. Después sí, podemos entrar en otros aspectos que tienen ver más con cuestiones político socioeconómicas, como el tema de las etnias, está claro que lo que quieren hacer es sacarlos de ahí a los pueblos originarios y reemplazarlos, algo parecido a lo que hizo Roca hace 150 años.

La represión en el Hospital Borda

-AG: Desde el punto de vista jurídico, ¿hay una causa relacionada a esa brutal intromisión de la Policía Metropolitana en el predio del Borda?

-ES: La causa del Borda es lo que más ejemplifica los acuerdos que hay entre el gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires. En principio esos acuerdos tienen que ver con los terrenos que históricamente fueron nacionales, que después fueron cedidos a la municipalidad. Se trata de todos los terrenos que ocupa el Borda, talleres protegidos, donde el gobierno porteño quería hacer un emprendimiento edilicio. Para eso contó, cuenta y sigue contando en las votaciones en la Legislatura con el visto bueno del oficialismo nacional. Cuando el gobierno de la Ciudad pretendió avanzar sobre esos terrenos, se presentó una medida cautelar que por lo menos lo frenó, y a partir de ahí no podía tomar ninguna decisión hasta tanto no se resolvieran esas cautelares. El gobierno de la Ciudad recibió una dura derrota en sede civil administrativa, pero lo que hizo directamente fue irrumpir, mandó un cuerpo armado sin identificación, la gran mayoría encapuchada, armada hasta los dientes, que ingresaron a sangre y fuego, reventaron a palos a cuanta persona había. No solamente compañeros y compañeras de la Asociación de Trabajadores del Estado que estaban defendiendo sus fuentes de trabajo, le pegaron a médicos, a pacientes... Había uno al que fui a ver que era el padre de un chico al que le daban el alta ese día. Fue con su otro hijo, lo detuvieron. Una compañera que es delegada en el Borda, que además tiene un impedimento físico por lo que se mueve con un bastón, la Metropolitana le sacó el bastón, se ve en los videos. El médico (Guillermo) Puerta que fue en solidaridad porque además es un médico del Garrahan, estaba destruido. La cuestión es que logramos la excarcelación de esos compañeros y compañeras y ahí es donde aparece también la justicia nacional, ya que un juez nacional, no uno de la justicia macrista, imputó por todos estos hechos a una cantidad de compañeros casi exclusivamente de ATE, y en la resolución procesa a los trabajadores y dicta sobreseimiento, salvo para uno o dos, para el grueso de los policías que estaban filmados y vistos claramente cometiendo semejante tropelía. Las imputaciones a los compañeros fueron apeladas, nosotros incurrimos.
Cuando digo justicia macrista o justicia nacional lo digo a propósito, porque es una justicia macrista, con jueces puestos por el macrismo y cuando digo justicia nacional o kirchnerista es porque son jueces puestos por el kirchnerismo. Un ejemplo, si a mí me tocara ahora ir a una apelación, y lo estoy pensando, y me tocara por ejemplo la sala que preside la doctora (María Laura) Garrigós de Rébori, que es la presidenta de Justicia Legítima, yo le tengo mucho aprecio pero la voy a recusar, porque yo me estoy enfrentando al gobierno kirchnerista y esta colega, una jueza a la que le tengo mucho respeto, es abiertamente kirchnerista, entonces obviamente que va a actuar en mi contra. Esto lo digo ex profeso porque jamás se me hubiera ocurrido calificar a un juez así hace diez años; hoy lo tengo que decir, depende qué juez, qué fiscal me toque, yo voy a decir que es un juez macrista o kirchnerista. En la causa del compañero Osvaldo Quispe, me toca el juez (Sebastián) Casanello, un hombre de Justicia Legítima sindicado como miembros de La Cámpora; el fiscal es (Guillermo) Marijuán, un hombre que para los oficialistas sería de la corpo. Yo jamás hubiera identificado esto hace diez, doce años, pero hoy lo tengo que hacer. Me tocó un juez kirchnerista y un fiscal antikirchnerista, y eso que antes no ocurría y ahora sí, a veces con determinadas causas no hay diferencias entre ellos, si hay que defender a (Amado) Boudou o a (Ricardo) Jaime ahí puede ser que haya diferencias, pero cuando se trata de criminalizar luchadores no hay diferencias entre ellos.

-AG: En relación a luchadores criminalizados, ¿qué sabés de los petroleros de Las Heras condenados? 

-ES: A los petroleros de Las Heras nosotros no los defendimos, pero tenemos muy buena relación con algunos de los defensores. Yo pude leer la sentencia, la verdad que es espantosa, salvo el voto de la presidenta del tribunal que en minoría pide la absolución de todos los presos salvo de uno, sobre todo los argumentos de la absolución son contundentes. Tengo entendido que la sentencia está apelada y confiamos en que los colegas podrán hacer un trabajo excelente para resolverlo.

La Ley antiterrorista

-AG: ¿Qué referencia podés hacer a qué está pasando en lo político, en lo jurídico con la denominada ley antiterrorista?

-ES: Con respecto a la ley antiterrorista, que también es un logro de este gobierno, yo tengo 61 años, se imaginan que a mi edad, con la militancia de la década del ’70, gran parte de los funcionarios de este gobierno si no son amigos, son conocidos; en algunos casos son enemigos íntimos con los que compartimos algún cumpleaños a las puteadas, con los cuales uno tiene a veces algún tipo de diálogo, qué es lo que dicen ellos cuando uno le salta a la yugular con esta historia, ellos dicen: ‘bueno, no es para ustedes, nunca se la vamos a aplicar a ustedes, esto tiene que ver con el GAFI, si nosotros no dictamos esta ley, el GAFI no nos da guita’. Ahí hay dos cuestiones claras que por lo menos para nosotros son preocupantes. Una, que no es una ley que dice que deja de tener vigencia cuando este gobierno se va, o sea es una ley que mantiene su vigencia por lo que estos se van y como nos están dejando de herencia la derecha, porque no somos ni el que habla, ni ustedes que me están preguntando la derecha, nosotros no somos de la corpo, ni de Clarín, como a ellos a veces dicen que somos, ellos están dejando como herederos de esta política la derecha, que viene de su riñón, Scioli, Massa, De la Sota, quien venga viene del riñón del kirchnerismo, son los que ellos ponen para que los hereden en este momento, con o sin voluntad; entonces, en primer lugar, quienes tengan que aplicar la ley antiterrorista seguramente va a ser de alguno de estos sectores. En segundo lugar, yo recordaría el tema de la ley de protección del orden constitucional, aquella ley que dictó Raúl Alfonsín que agravaba las penas para los casos de supuestos ataques al orden constitucional. Esta ley nace después del primer golpe carapintada, pero la única vez que la aplicaron fue para los del levantamiento de La Tablada; más allá de que podemos o no coincidir, no estoy haciendo una valoración ni una exégesis de La Tablada, sino que estoy diciendo que la única vez que aplicaron esa ley no se la aplicaron a la derecha golpista. Y con la ley antiterrorista hay un antecedente porque cuando fueron estas rebeliones de las asambleas ambientalistas en La Rioja, hubo un fiscal que pidió la aplicación; por supuesto se la negaron, pero el tipo se jugó y la pidió. Estas son las herencias que nos dejan... entonces yo diría sobre todo a aquellos que adhieren a este gobierno con la mejor de la buena fe, que recapaciten lo que pasó en estos diez años, el retroceso que implicó todas estas cosas y cuánto nos va a costar a nosotros en las peores condiciones, porque las que vienen son peores condiciones, remontar este retroceso en derechos humanos, en represión, en cuestiones de solidaridad.

-AG: Yo creo que ya nadie recapacita en este momento en la Argentina. Hay una división imposible de saldar, por lo menos en el corto plazo. Lo percibo y lo siento permanentemente: creo que estamos realmente embanderados, armados y enfrentados, estoy hablando del campo popular, lo cual va a llevar mucho tiempo y mucho esfuerzo. Quisiera que pensáramos un poco el tema del Estado porque yo creo que en eso también nos debemos un debate muy profundo. Yo he estado con muchas reuniones con compañeros del campo popular y llega un momento en que cuando se plantea el tema del Estado aparece un freno y no salimos de eso, y creo que si no pensamos nuevamente qué hacer con el Estado y hasta dónde es o no árbitro y todo eso que se sigue escuchando, bueno... vamos a estar empantanados. 

Hacia el final de la entrevista en Sueños Posibles, se le consultó a Eduardo Soares si creía que con la lucha popular es posible revertir el actual proceso y derogar, por ejemplo, la ley antiterrorista. El integrante de la Gremial de Abogados consideró que es necesario además la organización y se refirió al interrogante planteado por Alfredo Grande respecto no sólo a qué hacer con el Estado, sino a cómo llegar apropiárselo: “si la lucha popular no se da o no redunda en términos de organización terminamos igual que en 2001; o sea, no avanzamos mucho. La gente en la calle peleando si no está organizada y atrás de un proyecto que implique hacerse del Estado para llevar desde el Estado determinadas políticas, va a ser muy difícil. La lucha popular implica gente en las calles, peleas a veces violentas y el saldo, si no es organizativo, de avance, es de retroceso. Entonces me parece que la lucha popular es fundamental en tanto y en cuanto la podamos canalizar organizativamente”.

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