20 jul. 2014

Los familiares en la audiencia inicial
(Foto: Télam)
(Por La Retaguardia) Lo lleva adelante desde la primera semana de julio, el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín. En este undécimo tramo de la megacausa Campo de Mayo, se juzga a once represores por los delitos cometidos contra más de 60 víctimas, en su mayoría trabajadores y familiares de los astilleros Astarsa y Mestrina y las ceramistas Cattáneo y Lozadur.

“Un tramo más de la megacausa Campo de Mayo, en donde hay una cantidad importante de imputados y en donde se están juzgando los delitos de los que fueron víctimas las comisiones internas de dos astilleros muy importantes de la zona, Astarsa y Mestrina, a su vez con otras comisiones internas de otras fábricas. La zona de influencia de esos compañeros era Tigre; ellos realizaron allí una cantidad de labores con la comunidad, con el pueblo, en busca de esa idea que militaban en esa época acerca del otro país, algunos dirían de la patria socialista o por lo menos de una patria mucho más equitativa. En ese momento es que se produce el accionar del Ejército, puntualmente de la zona de defensa 4, que estaba encargada de Campo de Mayo. Santiago Riveros, Reinaldo Bignone, y quienes a su vez los secundaban producen si se quiere el hecho delictivo de mayor trascendencia para la Argentina, por lo horrendo de sus crímenes, y se produce la masiva desaparición de comisiones internas, y el asesinato de algunos compañeros importantes en ese sentido”, explicó el abogado querellante en este juicio en representación de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Pedro Dinani.
En este úndecimo tramo de Campo de Mayo que es llevado a juicio, los acusados son, además de Bignone y Riveros, Luis Sadi Pepa, Juan Carlos Gerardi, Roberto Julio Rossin, Alejandro Puertas, Héctor Omar Maldonado, Juan Demetrio Luna, Rodolfo Emilio Feroglio, Carlos Daniel Caimi y Eugenio Guañabens Perelló.
Si Riveros y Bignone reciben una nueva condena en este proceso, será su cuarta sentencia.

El rol de los empresarios

Aunque los sentados en el banquillo son todos militares, con este tipo de juicios comienza a destaparse de a poco el rol y accionar que tuvieron las empresas, es decir parte de la pata civil, durante el Terrorismo de Estado. “Las listas de las comisiones internas eran entregadas por las propias empresas y a su vez las propias empresas eran las que aportaban el dinero de sostenimiento de la mega obra represiva, entonces hay una responsabilidad muy importante que es como que recién se empieza a ver en estos juicios. Y el caso de toda la zona del cordón industrial de provincia de Buenos Aires es donde más se nota la participación de las empresas con el Ejército en la represión”, dijo al respecto Dinani, en diálogo con el programa radial Oral y Público.
El abogado querellante explicó que ya tienen acreditados los pasos que siguió la mayoría de las víctimas. Primero fueron secuestrados en su lugar de trabajo y trasladados a la comisaría de Tigre; luego los llevaron al centro clandestino de detención, tortura y exterminio de Campo de Mayo: “ahora lo que nosotros queremos avanzar en estas causas es en el entramado detrás de quién dio la orden además del Ejército y quién se benefició con esas desapariciones –agregó Dinani–. Resulta claro que los que se beneficiaron con el Terrorismo de Estado no aparecen sentados en el banquillo de los acusados. Esa es la pelea y la lucha que encierran en esta nueva etapa los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura, porque son los empresarios”.

Dos italianos y un grupo de tareas

Dinani se refirió además a otra de las particularidades de este juicio, el caso del asesinato de Mario Bonarino Marras y la desaparición de Martín Mastinú, dos obreros  navales: “eran dos ciudadanos de origen italiano pero que estaban viviendo en Argentina, y en este proceso va a responder todo el grupo de tareas que los secuestró. Para la época en que acá estaba consagrada la impunidad por las leyes de obediencia debida y punto final, se inició un juicio por este caso a pedido de las víctimas en Italia, Roma, y gran parte de ese juicio sirvió para que la instrucción de esta causa pueda dar con este grupo de tareas”.

Según la información que maneja la querella a partir de los datos que provee el tribunal, se calcula que la sentencia de este juicio podría conocerse en octubre de este año.
Al inicio de las audiencias, el TOF 1 informó que por carecer de un cuarto juez, es decir de un magistrado sustituto, no se integrarán más causas durante el avance de este proceso. Es por esto que el expediente que se lleva adelante por la responsabilidad de tres ex gerentes de Ford en el secuestro de trabajadores de esa automotriz en la fábrica de Pacheco quedará para un próximo debate oral, que podría iniciarse una vez que finalice el actual tramo en juicio.

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