20 jul. 2014

(Por La Retaguardia) Una de las querellas del juicio por los hechos sucedidos en el ex CCDTyE La Cacha pidió que se incluya en las acusaciones contra los represores el delito de homicidio por 22 casos. Sin embargo, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, en voto dividido, solo lo aceptó para dos víctimas. Al respecto, dialogamos con Nilda Eloy de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos que integra el colectivo Justicia Ya La Plata, quien además hizo una reflexión general sobre el desarrollo de los juicios por delitos de lesa humanidad.

El rechazo de Justicia Ya La Plata al modo en que se lleva adelante el juicio por La Cacha no es nuevo. Lo hicieron público hace más de dos años, al momento de la elevación por parte del juez de Instrucción, Manuel Blanco: “cuando Blanco dictaminó que para él la causa ya estaba, no había nada más que hacer y decidió que se fuera a juicio; cuando el juez de instrucción toma esa opción, lo que hace es, en el marco de un artículo que se llama 346, planteárselo a la Fiscalía y a todas las partes para que opinen si para ellos ya está listo. Nosotros contestamos diciendo que para nosotros no estaba cerrada la instrucción porque la causa está y estaba sumamente fragmentada. Eran casos solo del año ’77, y ni siquiera estaba el año completo. Entre las cosas que marcamos es que los casos que se tomaban del año ’77 ni siquiera era por todos los delitos, porque había casos en los que los cuerpos de los compañeros han sido identificados, algunos en los que ya hay un veredicto en otras causas que prueban su homicidio, pero a los reos de esta causa se los imputaba nada más que por privación ilegal y torturas, algo que nos parecía incorrecto ya que debían también imputárseles y elevarse a juicio por los homicidios”, explicó Nilda Eloy en diálogo con el programa radial Oral y Público. 
Al momento de manifestar esta opinión, desde Justicia Ya La Plata aclararon que más allá de su rechazo a la forma en que se elevaba a juicio la causa, de ninguna manera se oponían a la realización de este proceso: “contestamos que más vale que no vamos a ser nosotros, justamente nosotros, los que vamos a impedir la realización de los juicios, pero que lo que sí queríamos eran juicios más reales. Por supuesto que el juez ni nos contestó con respecto a esas pequeñas cosas que uno le marcaba, así llegó la causa a juicio oral”, agregó Eloy, sobreviviente de La Cacha.
“Si durante el desarrollo del juicio se va recabando prueba, y viene una familia a la que se le ha restituido los restos de tal o cual compañero es porque ese compañero fue asesinado –continuó Eloy–, no fue solamente privado de su libertad y torturado; entonces llega un momento en que lo que pedimos es una ampliación de la indagatoria y que se los juzgue por lo que habíamos pedido antes, o sea no solamente por el secuestro, la privación ilegal, la tortura, sino por el homicidio, porque son responsables”.
De los 22 casos por los que se pidió la ampliación, el tribunal solo dio lugar a dos, Olga Noemí Casado y Laura Carlotto. “En el caso de Laura, su cuerpo fue entregado a la familia por el año ’78. Más vale que no nos oponemos a que se los juzgue por homicidio por el caso de Laura Carlotto. Pero qué diferencia a Laura Carlotto de Adrián Bogliano, Stella Maris Bojorge, Carlos Weber, Stella Maris Giourgas, o de un montón de compañeros. Son todos casos en los que los restos han aparecido y están plenamente identificados o en los que ya hay pruebas previas de que fueron asesinados. El caso de Carlos Weber, por ejemplo, que es trasladado de La Cacha a Mar del Plata y se lo hace aparecer como un enfrentamiento fraguado que sale en los diarios del momento, no es algo que uno pueda estar inventando. En el caso de las enfermeras que son los casos de (Elena) Arce, (Nora) Formiga y (Margarita) Delgado, hay una sentencia firme en Corte que reconoce el homicidio de las tres, y son algunos de los homicidios por lo que fue condenado (Miguel) Etchecolatz en 2006. No hay duda con respecto a los homicidios”, detalló Nilda Eloy.
De todos modos, la integrante de la AEDD aclaró: “nosotros sostenemos la figura del desaparecido, el compañero del cual no se han recuperado los restos, o ningún compañero es testigo de su asesinato, para nosotros debe sostenerse la calidad de desaparecido porque eso es lo que hace sostener la veracidad de esta historia”.

Sobre el garantismo

El pedido de Justicia Ya de ampliación de las acusaciones fue rechazado por el tribunal de manera dividida, ya que los jueces Pablo Vega y Pablo Jantus votaron en contra, y el magistrado Carlos Rozanski lo hizo a favor, con una postura más cercana a las querellas.
Al respecto, Eloy manifestó: “ya en otra oportunidad, en el proceso por una parte del circuito Camps, Rozanski junto con otros jueces habían hecho lugar a un planteo de ampliación por homicidio. Pero en este caso, hay dos jueces que provienen de Capital y están integrando este tribunal, los doctores Vega y Jantus, que tienen una manera errónea de entender el garantismo. No voy a ser yo justamente desde una organización que está luchando contra la criminalización de la protesta social, quien vaya en contra de sostener las pocas medidas garantistas que realmente se aplican en las víctimas, en los luchadores populares. Es decir, no voy a ser yo quien hable en contra del garantismo, pero una cosa es ser garantista y otra cosa es ser necio, obcecado. Es no entender que estos juicios no son igual a cualquier juicio penal, acá estamos hablando de genocidio, que se lo debe ver e interpretar de otra manera. A tal punto llega esta necedad que da lugar a que un defensor tenga el tupé de plantear la inconstitucionalidad de la acordada de la Cámara de Casación que es la que ampara derechos mínimos, porque son mínimos, de las víctimas en esta clase de juicios, tratando de impedir en alguna medida la revictimización. Entonces, estos señores tienen todos sus derechos consagrados, son juzgados en una medida que no se parece en lo más mínimo a lo que nosotros vivimos, encima se sienten tan acompañados en esto que hasta se permiten tratar de inconstitucional al fallo de la Cámara de Casación”.

Los juicios por lesa humanidad: pasado, presente y futuro

Hemos escuchado en el último tiempo algunas opiniones en relación al desarrollo de estos juicios y sus características. Se han planteado críticas respecto a que solo se está juzgando a los jefes, que siempre están sentadas las mismas personas en el banquillo, que terminan siendo pocos imputados y que a su vez son menos los que llegan a cárcel común. Y surge así la inquietud sobre si el escenario actual difiere tanto del que existiría si se mantuviera vigente la ley de obediencia debida.
Tal como hicimos en otras entrevistas realizadas en Oral y Público, aprovechamos la charla con Nilda Eloy para conocer su opinión: “nosotros siempre reconocimos estos juicios como juicios penales por supuesto, pero también como juicios políticos –reflexionó–, y acá hay una voluntad política muy clara. Justamente en el caso de la ampliación es donde muchas veces quedan simplificadas algunas cosas, porque hablo de una voluntad política de sostener la impunidad; es decir, juicios acotados, a determinado sector de la cadena de mando, siempre los mismos, eso lo que hace es mantener la impunidad sobre el resto. En este juicio (La Cacha), el Estado está representado por dos querellas, una es la propia Fiscalía que responde a la Procuración, y la otra es la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Lo que permite este doble juego de que haya dos querellas, dos voces que dependen del Estado nacional, y que entonces salga siempre bien parado. Desde la Fiscalía se pidió la ampliación pero por un solo caso, la Secretaría pidió por todos; entonces siempre salen bien parados”.
Eloy está convencida de que si alguna vez la decisión política fuera la de no sostener la impunidad, esos planteos que realizan algunas querellas estarían acompañados en lo judicial, pero esto no ocurre: “si nos acompañaran en alguna de las tantas veces que los organismos querellantes, no solamente Justicia Ya, sino otras querellas que también han hecho lo mismo, decimos en primera instancia ‘señores, esto es genocidio, hay que indagarlos como genocidio, acá tal compañero, tal compañero, tal compañero están asesinados porque sus restos, porque esto, porque lo otro. No son solo 20 imputados, tenemos un listado más de 90, no solo son 200 compañeros los que pasaron por ese lugar, son 450’. Pero a pesar de los años y que todo el mundo se llena la boca hablando, es muy excepcional que haya un fiscal que hable por ejemplo de genocidio y son unos cuantos años de juicios ya”.
En este punto, Eloy hizo una diferenciación entre la forma en que se acotó, abrevió y acortó la posibilidad de juzgamiento en los años ’80: “hicieron el Juicio a las Juntas, empezó el circuito Camps y después se tomaron esas grandes medidas que fueron las leyes de impunidad y se terminó la historia. En ese momento, no existía la figura del querellante, ahora sí, y eso implica un reconocimiento no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, esto quiere decir que no van a poder acabar con todos los juicios en el 2015, aunque tengan ganas.
Así, Nilda Eloy dejó no solo un título adecuado para esta nota, sino también una demostración más de la pelea que los organismos de derechos humanos que conservaron su autonomía seguirán dando más allá de quién esté en el poder.

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