7 jul. 2014

El edificio ayer y hoy
(Por La Retaguardia) El inmueble, ubicado en Viamonte y Callao de la Ciudad de Buenos Aires, estuvo cerrado durante años, luego de que allí operara el Batallón de Inteligencia 601 del Ejército. Hace pocas semanas, los vecinos advirtieron un cartel en la fachada que anunciaba una próxima sede de la Universidad del Salvador. Además, se vieron volquetes con escombros que dan cuenta de trabajos de la remodelación del edificio. Ante esta situación, los integrantes de Barrios por Memoria y Justicia de Balvanera intentan detener estas obras, ya que podrían perderse pruebas de lo sucedido allí durante la última dictadura cívico militar.

El edificio donde funcionó el Batallón de Inteligencia 601 tiene nueve pisos y sótanos, ocupa en total 5.000 metros cuadrados cubiertos, y actualmente está en obra para una supuesta refacción interna: “es un edificio que despierta de un letargo de más de diez años, que estuvo cerrado luego de que fuera vendida en la época del gobierno de la Alianza, cuando era ministro López Murphy, y de golpe aparece ese cartel con un montón de movimientos internos, donde dicen que están refaccionándolo para que sea otra sede más de la Universidad del Salvador”, explicó Raúl Sassi, integrante Barrios por Memoria y Justicia de Balvanera, en diálogo con Oral y Público.

Centro de información y de detención

Tras enterarse por los vecinos de las obras en el edificio de Viamonte y Callao, Barrios por Memoria y Justicia de Balvanera pidió detener inmediatamente los trabajos y preservar el inmueble como está: “para nosotros está comprendido perfectamente dentro de la ley nacional 26.691, que fue sancionada el 29 de julio de 2011 donde se declara sitios de memoria del Terrorismo de Estado a determinados lugares, obligando a preservarlos. Las condiciones que tienen que reunir es que sean lugares donde funcionaron centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, o donde sucedieron hechos emblemáticos durante el Terrorismo de Estado. Este edificio cumple absolutamente con estas dos condiciones”, aseveró Sassi.
Según detalló, está probado que por ese inmueble pasaron detenidos desaparecidos: “por ahí pasó Laura Creatore con legajo 107 de la Conadep (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas), Carlos Capitman con legajo 3795, Rafael Perrotta, el que fuera director del diario El Cronista Comercial y esto fue citado claramente en el libro de María Seoane, y Clarín sacó una nota en su aniversario el 3 de junio de 1997 sobre el mismo tema”.
No solo está documentado que ellos estuvieron secuestrados y fueron interrogados allí, sino que hay sobrevivientes que ya declararon en sede judicial haber estado en ese edificio para luego ser trasladados a distintos centros clandestinos de detención.
Sassi además se refirió al carácter emblemático del edificio en el marco del Terrorismo de Estado: “no solamente fue uno de los principales cerebros operativos del Terrorismo de Estado, en este caso del Ejército, sino que ahí se diseñó el Plan Cóndor, desde ahí se mandaron los agentes represivos a Centroamérica, a Nicaragua, El Salvador, desde ahí se mandó agentes a participar del golpe en Bolivia de (Luis) García Meza, o sea la participación no solamente se da en nuestro país, y obviamente tenía una dotación de miles de personas entre militares y civiles, de los cuales uno de los tantos que se recicló fue (Héctor Mario) Espina (actual jefe de gabinete del Ministerio de Agricultura de la Nación), pero podemos mencionar a varios más, como Gerardo Martínez que es el actual secretario general de la UOCRA y que está en el listado que el mismo gobierno presentó hace muy poco”.

De Central de Inteligencia a Universidad

Lo que aún no está claro es cómo llegó el edificio a estar en manos de la Universidad del Salvador: “eso todavía para nosotros está en la nebulosa –afirmó Sassi–, después de esos diez años y pico que el edificio estuvo cerrado aparece el cartel de la USAL que dice que va a ser una de sus sedes. La USAL tiene una cantidad importante de edificios en la zona: en Hipólito Yrigoyen al 2300 tiene la Facultad de Ciencias Sociales, en Viamonte tiene otro lugar, sobre Callao al 500 tiene el Rectorado, en Córdoba y Callao en la esquina misma tiene la otra edificación con un cartel muy grande desde hace muchísimos años. La USAL es una universidad privada que está en manos de los jesuitas, entre sus datos históricos se puede mencionar que le otorgó el doctorado Honoris Causa al ex almirante Emilio Massera en 1977, que tuvo en su consejo asesor a (Alberto) Rodríguez Varela que fue ministro de Justicia del genocida Videla. Vamos a investigar cómo llega a manos de la USAL este edificio, y desde ya que nos oponemos a que se haga borrón y cuenta nueva con esto como si acá no pasara nada. Este edificio estuvo sospechosamente inactivo, y aparece ahora de golpe con esta nueva función que tendría. El segundo comunicado que sacamos el 30 de junio tuvo una repercusión interesante en los medios, pero no hubo ninguna presentación judicial, ni ninguna reacción de parte de alguna entidad del gobierno, tanto de ciudad como de nación, para fundamentalmente detener las obras como paso imprescindible para después plantearnos qué se hace con ese edificio”.

Gestiones en la legislatura porteña

De todos modos, Sassi especificó que entre el primer comunicado que sacaron y el segundo hubo una presentación de la Defensoría de la Ciudad: “fue para resignificar el espacio, como dicen ellos, y designar un lugar de 50 metros cuadrados en la planta baja destinado a la memoria. Por otro parte, también lo que logramos es que se presentaran tres proyectos en la Legislatura de la Ciudad, María Rachid y Edgardo Form presentaron algunos. Uno de ellos plantea la colocación de una placa para señalizar el lugar, algo que nos parece más que elemental; otra una declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación al inmueble; y otra declarándolo de patrimonio cultural de la Ciudad en categoría sitio histórico y reclamándole al dueño o a quien tenga la tenencia de ese inmueble conservarlo y dando lugar a un museo dedicado a la memoria del Terrorismo de Estado. Son tres proyectos que fueron presentados en estos días, no sabemos con qué suerte futura tendrán. En cuanto a la parte legal actual de este edificio, lo único que tenemos registrado es que por un expediente del gobierno de la Ciudad el 2 de setiembre de 2013 fueron visados los planos con los pedidos de refacciones y remodelaciones que solicitaban y posteriormente esto de que la USAL lo tiene en su poder. Además, una inmobiliaria muy conocida, Toribio Achával, en estos momentos por ejemplo está anunciando en la web que alquila uno de los locales de planta baja, porque el proyecto es hacer locales comerciales en planta baja, y alquilan un local de 600 metros cuadros a 23.000 dólares”.
En este sentido, Sassi remarcó que detrás de todo esto hay un importante proyecto inmobiliario, además del uso que pretende darle al edificio la Universidad del Salvador: “dicen que es para alojamiento de los alumnos. Se propone que pasen por ese lugar alrededor de 5.000 alumnos y también aulas para el dictado de clases. Es importante el peso que tiene este lugar en la historia triste de nuestro país y es significativo al menos el rol que le quiere hacer jugar ahora la USAL”.
Como en cada programa de Oral Y Público, Víctor Basterra, sobreviviente de la ESMA, también se refirió a lo que está sucediendo con el edificio donde funcionara el Batallón 601: “es preocupante la situación porque seguramente como tantos otros edificios que han quedado suspendidas las posibilidades de convertirlos en sitios de memoria, pero este era el cerebro y el corazón de parte del genocidio, el Batallón 601. Posteriormente, varias veces vi salir tipos de allí que eran de Prefectura por ejemplo, y seguían trabajando ahí, en los años ’80 y ’90, los mismos tipos que habían estado en la ESMA. Hay muchos motivos para convertirlo en un sitio de memoria”.

Garaje Azopardo

Silvina Manguía, integrante del equipo de trabajo de Oral y Público, dio un ejemplo de por qué es importante resguardar los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención durante la última dictadura cívico militar: “cuando leíamos las primeras denuncias que empezaron a hacerse hace algunos meses por este edificio, recordamos lo que fue Garaje Azopardo, en sintonía con el Instituto Espacio para la Memoria (el IEM, disuelto hace algunos meses) que había acompañado a los sobrevivientes en un recorrido realizado con el juez (Daniel) Rafecas (a cargo de la instrucción de la megacausa I Cuerpo de Ejército). Azopardo era donde antes se sacaban los pasaportes. En ese lugar en el tiempo de Menem se habían hecho remodelaciones y ya no era un garaje, había sido todo íntegramente refaccionado, remodelado, dividido, y cuánto habían perdido como prueba material no solo los propios sobrevivientes para reconocerse en ese lugar habiendo estado prisioneros y alojados ahí, sino también para el juez. La recorrida fue un 12 de agosto de 2011, varios años después de los hechos ocurridos pero sin poder tener un elemento material y una prueba, habiendo perdido ese registro físico que un sobreviviente sabe que necesita tener a la hora de decir ‘yo estuve acá’, ‘yo pasé’, ‘yo vi’, ‘yo conocí’ o ‘esta oficina fue donde me interrogaron’, y se perdió mucho en ese tiempo y creo que es algo que Azopardo quedó en el recuerdo de quienes estuvimos presentes ese día, pero se ha olvidado mucho de ese edificio que está entre México, Chile, Azopardo y Huergo. Ese lugar jamás se pudo recuperar, se habló, se dialogó con el Ministerio, en ese momento de Seguridad que ya estaba en funciones, pero no se pudo recuperar”, remarcó Manguía.
“Dado el ejemplo de Azopardo –retomó Raúl Sassi–, esta misma semana tomamos conocimiento de un ejemplo distinto y esperanzador que fue la resolución que tomó la justicia tucumana sobre las obras que se estaban comenzando en un chalet de la familia Minetti dentro del Ingenio Bella Vista, donde a partir de la intervención de los vecinos y distintas organizaciones, y ante el hecho probable de que hubiera sido utilizado como lugar de detención clandestino también en la época de la dictadura cívico militar, se resolvió detener las obras, eso salió públicamente en varios medios”.
Sassi agrego que la forma en que se actuó en el chalet de la familia Minetti funciona como ejemplo del que la agrupación Barrios por Memoria y Justicia de Balvanera también se basa para plantear algo que en el caso del edificio de Viamonte y Callao está sobradamente probado que es el rol que jugó en ese inmueble el Batallón de Inteligencia 601 y la importancia de resguardar el espacio para poder investigar lo que allí sucedió durante los años de Terrorismo de Estado.

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