16 jul. 2014

(Por La Retaguardia) Repasamos las causas en trámite en esa provincia junto a Cristina Torres, sobreviviente y querellante, quien advirtió que aún no se sentaron en el banquillos aquellos que formaron parte de los mandos militares que actuaron durante el Terrorismo de Estado. En una entrevista realizada por el programa radial Oral y Público, Torres explicó que existen causas iniciadas en 2003 y 2004 de las que prácticamente no se tienen novedades.

“Hemos cumplido diez años desde que se abrieron las causas por delitos de lesa humanidad en Santiago del Estero. Fue justamente el doctor (Eduardo Luis) Duhalde quien las abrió en febrero de 2004, creo que fue la primera provincia en que la Secretaría (de Derechos Humanos de la Nación) se presentó como denunciante y posteriormente como querellante”, recordó Cristina Torres, sobreviviente y querellante, además de integrante del Consejo Directivo del Instituto Espacio para la Memoria de Santiago, delegada del Archivo Nacional de la Memoria, y miembro de la Asociación por Memoria, Verdad y Justicia, que nuclea a los familiares de desaparecidos y ex presos políticos de la provincia.
Hasta ahora en Santiago del Estero se han realizado tres juicios por delitos de lesa humanidad: “el primero fue en 2010, la causa (Cecilio) Kamenetzky, que fue un solo caso. Después dos megacausas en los años 2012 y 2013, y ahora estamos trabajando fuertemente porque tenemos un juicio oral en la jurisdicción de Tucumán, porque hacia allá fue derivada la causa por la desaparición del conscripto Germán Cantos López, y como es santiagueño y su familia es miembro de nuestra asociación, nos hemos presentado como querellantes en la jurisdicción de Tucumán y nos han reconocido, así que el 25 de julio comenzará ese juicio. Tiene un solo caso, por un solo imputado que no fue tomado en la megacausa de Arsenales, por eso nosotros pedimos el juzgamiento del ex capitán (Jorge Alberto) D’Amico, como responsable de la desaparición del soldado Cantos”, detalló Torres.

La Justicia: ayer cómplice, hoy lerda

En cuanto a la jurisdicción de Santiago del Estero, el avance judicial es demasiado lento. Al respecto, Torres señaló: “estamos trabajando mucho y pidiéndole al juez federal de Santiago, el doctor (Guillermo) Molinari, respuesta a las denuncias que hemos realizado, y que en algunos casos que están desde fines de 2003, principios de 2004, como las referidas a la actuación de los funcionarios judiciales. Pedimos que se aceleren porque la apertura de esta causa tiene ya diez años y ha recorrido todos los niveles que puede recorrer una causa desde la primera instancia hasta Cámara, Casación, Corte Suprema, idas y vueltas, distintos tribunales, distintos fiscales, y prácticamente nos encontramos ahora en el escalón inicial”.
Torres explicó que los sobrevivientes, familiares y querellantes están preocupados por esta situación: “en un principio los delitos que imputábamos no eran reconocidos como de lesa humanidad, porque nosotros acusábamos de encubrimiento, privación ilegítima de la libertad, tortura, incumplimiento de deberes de funcionario, asociación ilícita y sin embargo en primera instancia no solamente no fueron reconocidos los delitos sino que los acusados fueron sobreseídos totalmente. Me estoy refiriendo al ex juez federal durante la dictadura, el doctor (Arturo) Liendo Roca, que podía actuar en algunas causas como juez y en otras como fiscal; también la acusación es para el juez (Santiago) Olmedo de Arzuaga, que formalmente fue fiscal pero también actuaba como juez subrogante y luego también para el secretario del juzgado federal de ese momento, el doctor Luis Eduardo López, quien hasta cuando se produjeron las denuncias de nuestra parte era el presidente del tribunal oral en Santiago del Estero”.
En relación a Liendo Roca, Torres especificó: “fue juez federal, está denunciado por su actuación como partícipe, como quien formó parte de la responsabilidad en cuanto a la represión y a estar presente en centros clandestinos, hay denuncias de ese tipo por las que todavía ni siquiera él ha sido indagado”.
La preocupación de los organismos se debe a que han pasado diez años desde el inicio de la causa y no se han producido avances importantes. Esta demora se ve reflejada en los testigos que padecen el paso del tiempo, pero también beneficia a los acusados: “no queremos que suceda como en muchos otros casos que la impunidad sea por cuestión biológica. Ahora nos damos cuenta que estamos al inicio, pero que después de diez años se ha logrado dar una vuelta a lo que antes se consideró un sobreseimiento y la no existencia de delito, ahora están reconocidos como delitos de lesa humanidad”, agregó Torres.

Los mandos militares aún impunes

Cristina Torres señaló que lo que caracterizó los tres juicios por lesa humanidad que se llevaron adelante hasta el momento en Santiago es que se juzgó, casi exclusivamente, el aparato policial de la represión: “únicamente en los dos últimos juicios se juzgó la responsabilidad de D’Amico como parte integrante del aparato represor y genocida –continuó–, y esta es otra de las cuestiones que demandamos al Poder Judicial local, que es el juzgamiento de la parte de las responsabilidades militares que también es algo que está pendiente hace muchos años. Esperamos que sea este año que podamos llevar a juicio oral a (Ramón) Warfi Herrera, que fue un miembro del Ejército que actuó como jefe de policía; también a (Cayetano) Fiorini que fue parte del Batallón de Ingenieros de Combate 141 y parte del aparato a cargo de la represión en la provincia. Después hubo otro militar que tuvo responsabilidad en inteligencia en Santiago pero lamentablemente falleció el año pasado. Luego hay otros miembros que también están denunciados pero todavía los procesos se encuentran en instrucción”.
En este sentido, Torres remarcó que los organismos quieren es que vayan a juicios los sectores que aún no han sido juzgados: “estamos intentando que se acelere porque entendemos que los tiempos se van acortando y no solamente para los que querellantes y los testigos sino para también a quienes acusamos. Acá lo que se juzgó es el aparato policial que estaba subordinado al mando militar. Aquí hay varias denuncias por la responsabilidad que tuvieron quien fue capellán del Ejército y además hay algunas que nosotras consideramos por cuestiones económicas, todo lo que es la responsabilidad civil nos parece que el poder judicial tiene mucha deuda con la sociedad. A pesar de que las denuncias están hace varios años, esas causas no han prosperado. La investigación sobre los altos mandos, los civiles, los delitos económicos va muy lerda en la provincia”.
Sin duda, el desarrollo de juicios por delitos de lesa humanidad que se realizan en todo el país es un gran paso para lograr memoria, verdad y justicia ante el genocidio cometido hace apenas poco más de treinta años en Argentina. Sin embargo, el avance no es generalizado y preocupa que en algunas provincias, como el caso de Santiago del Estero, no hayan sido juzgados aún los altos mandos militares, aquellos que decidieron sobre la vida y la muerte de miles de personas.

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