8 ago. 2014

(Por La Retaguardia) Daniel Cabrera es abogado de dos de los wichís afectados por la represión de la semana pasada en la localidad formoseña de Ramón Lista. Hablamos con él sobre las presiones políticas que recibieron los presos para que dejara de defenderlos. A diez días de detención, ahora los representa un concejal del PJ que les habría prometido conseguirles la libertad en dos días.

La comunidad wichí El Colorado fue reprimida la semana pasada mientras intentaban echar a una persona que estaba usurpando sus tierras con la colaboración del gobierno de Formosa. Este hecho ocurrió no por casualidad en una zona donde la porción de tierra es la más rica de la provincia, ya que cuenta con pozos petrolíferos.
Como consecuencia de la represión, seis personas fueron detenidas, de las cuales uno fue liberada pocos días después (acusada por un delito menor, resistencia a la autoridad) y otro, Ricardo Tejada, permanece internada en el Hospital de Alta Complejidad de Formosa. El resto permanece en la Alcaidía Mixta de Las Lomitas. Existe un séptimo hombre, Edil Tejada, que tiene orden de captura, pero que se encuentra prófugo.
“Estamos peor, el juzgado se acordó de otras causas viejas de 2010, 2011 abiertas a los detenidos y el hospitalizado, donde también sucedieron algunos hechos que nunca se investigaron pero que fueron denunciados, y ante esta actitud el juzgado comenzó a investigar todas las causas. Eran por lesiones, amenazas, violación de domicilio, inconvenientes en la convivencia con los criollos que están usurpando la propiedad comunitaria, que es la tierra por la que la comunidad tiene título”, afirmó el abogado Daniel Cabrera en diálogo con La Retaguardia.
En un comienzo, todos los involucrados estaban representados por Cabrera, pero esto cambió a fines de la semana pasada: “los cuatro que continúan en la Alcaidía me habían designado el martes (de la semana pasada) como su abogado, pero el jueves ya recibieron presiones; el viernes vinieron abogados de Formosa, que trabajan dentro de algún ministerio del gobierno de la provincia y las autoridades del Instituto de Comunidades Indígenas a presionar y a extorsionarlos con que cambien los abogados, con la mentira de que iban a salir en el plazo de dos días, o que si no cambiaban de abogado estarían cuatro años detenidos. El juzgado también se ha presentado a esa jugada de presionar”, explicó Cabrera.
Aunque en un primer momento los detenidos se resistieron, finalmente aceptaron el cambio: “el lunes (de esta semana) a las 9.30 se presentó el nuevo abogado defensor, el concejal en función Omar Padilla, algo que es incompatible con la función que está ejerciendo. Presentó un escrito pidiendo que se me revoque el poder ya que él comenzaría a trabajar en el caso. Padilla pertenece al partido oficialista en la provincia (Frente para la Victoria). Ante todo esto yo converso con mis defendidos y me dicen que fueron extorsionados y presionados de muy mala manera para cambiar de abogado, que ellos no lo querían hacer. Esto me lo dijeron los cuatro. Les mintieron, les dijeron que si cambiaban de abogado en dos días estaban libres. Pero ya han pasado los dos días y no han salido”, manifestó el letrado.
De todos modos, Cabrera sí continúa defendiendo al detenido que se encuentra hospitalizado (Ricardo Tejada) y al hombre que permanece prófugo, por lo que pudo acceder al expediente de la causa: “nuestra estrategia ahora es trabajar con estos dos imputados. Ellos ya nos han designado como abogados defensores, vamos a seguir interviniendo en la causa. Al haber tenido acceso y copia del expediente vemos muchísimas irregularidades y estamos trabajando en el plateo de las nulidades que correspondan”, agregó.
En diálogo con La Retaguardia, Daniel Cabrera criticó también el accionar del juez de la causa: “si actuó con rapidez como hizo con la orden de allanamiento, que es ilegítima e ilegal, podría haber actuado de la misma manera para traer el expediente, llamarlos a declarar y descomprimir toda una situación y mostrar con claridad que las cosas se hacen como corresponde. Vemos que el juez no tiene ningún apuro, mientras que el gobierno tiene apuro en querer intervenir dentro de la causa para que no se diga, ni se vean las irregularidades con las que actuó la policía de la provincia y el mismo juez ante toda esta situación”.
La defensa había presentado el lunes un habeas corpus ante el superior tribunal de Formosa, pero fue rechazado: “vemos que todo sigue en la misma línea –reflexionó Cabrera–, estas causas de 2010 que tienen estos imputados no fueron porque han cometido delitos graves, como situaciones de homicidio, lesiones, sino que en la mayoría de los casos se armaron causas que nunca se investigaron, fueron por reclamos referidos a educación, escuelas, pedidos al mismo gobernador (Gildo Insfrán) de viviendas, salas de primeros auxilios, ambulancias, a nosotros nos cuesta entender cómo el mismo Estado que se ha encargado de denunciarlos, con un concejal que está ejerciendo de manera incompatible con su función el rol de abogado, pretende colaborar con el pueblo wichí”.
Respecto al accionar del nuevo abogado de cuatro de los detenidos, Cabrera aseguró: “como trabajamos en la zona, sabemos de su actuación, y conocemos un caso específico. De hecho somos defensores de la Comunidad de Pozo El Perdido del pueblo Pilagá, y a través de una denuncia hecha por él por usurpación se pretende desalojar a una comunidad Pilagá que está asentada hace más de 15 años en el lugar, con documentación y trabajo. Esto también muestra que el Estado deja mucho que desear en algunas actuaciones”.
A pesar de haber sido dejado de lado a la fuerza de la mayoría de las representaciones, Daniel Cabrera continúa actuando para liberar a los wichís detenidos, cuyo “delito” para la policía y políticos formoseños fue defender su tierra.

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