24 ago. 2014

El obelisco ayer (Foto: Silvana Iovanna)
(Por La Retaguardia) Pasadas pocas horas del desalojo de la Villa Papa Francisco en el barrio de Lugano, algunas familias permanecen acampando en las cercanías del terreno. El legislador porteño Gustavo Vera denunció que el sector en el que estaban instalados los narcotraficantes quedó intacto y que solo desalojaron a los vecinos. Dejamos algunas reflexiones para intentar entender por qué se pasó de la urbanización al desalojo.



     
Foto: Silvana Iovanna
Tras el desalojo de las familias que vivían en la Villa Papa Francisco, varias organizaciones sociales y políticas se autoconvocaron en el obelisco para protestar por las diez detenciones producidas. Las primeras seis se dieron durante el desalojo. Las otras cuatro en incidentes posteriores en los que hasta el legislador Pablo Ferreyra fue alcanzado por balas de goma.
Aún lejos de contar con políticas públicas que intenten solucionar el problema de vivienda que tantos porteños tienen, el gobierno de la ciudad y el nacional, se preocuparon especialmente esta semana por continuar con la estigmatización de los habitantes de las villas. Así como el Papa Francisco logró detener el desalojo planificado hace algunos meses con un mail que hizo público el legislador porteño Gustavo Vera ("Antes no desalojaban los autos y ahora están apurados por desalojar a las personas", decía el Papa en aquel momento), el viernes causaron sorpresa las declaraciones del cura del barrio, Franco Punturo, el mismo que bautizó a lo que iba a ser un barrio en lugar de una villa, con el nombre de Papa Francisco. Punturo había asegurado que “la zona es tierra de nadie, del más fuerte, del más violento”, y aseguró que eso ocurría porque la policía y la gendarmería no entraban al lugar y eso generaba la tranquilidad necesaria para que las mafias se instalaran allí.
Curiosamente, ayer las fuerzas de seguridad no solo ingresaron al barrio encontrándose con poca resistencia, sino que se llevaron detenidas a diez personas, la mayor parte militantes sociales y delegados del barrio, que bastante lejos parecen estar de ser mafiosos. Cabe preguntarse: si el barrio estaba tomado por bandas peligrosas, ¿por qué la resistencia fue la que en general se da en cualquier otro desalojo?; las familias intentaron evitar la medida en un comienzo (de hecho allí se produjeron las primeras seis detenciones), pero luego no les quedó otra opción que aceptar retirar sus cosas antes de que las topadoras arrasaran con sus ladrillos, sus sueños, sus buenos mangos puestos no solo en los materiales, sino también en muchos casos en la compra de esos terrenos a algunos punteros del sistema político como Marcelo Chancalay, ex presidente de la junta vecinal de la Villa 20, que fue detenido el 30 de mayo acusado de haber organizado la toma y loteado los terrenos para luego venderlos. Vale volver a preguntarse, ¿quiénes son los mafiosos? ¿los vecinos que ayer se quedaron sin vivienda o los punteros que deambulan entre el PJ, el PRO, el FPV, según les convega, como Chancalay?

El poder parece saber quién es quién. El legislador porteño Gustavo Vera denunció que el desalojo no alcanzó a los narcos a los que los vecinos (incluyendo a los desalojados) denunciaban. Vera lanzó una catarata de tuits en los que dejó su posición más que clara: "pregunten al cura, a los vecinos, el sector narco del fondo que los vecinos del Barrio Papa Francisco denunciaban no lo tocaron, rajaron a los vecinos", dice en el más elocuente.
Está claro que lo que sucedió ayer fue grave. No solo porque cualquier desalojo que deja familias en las calles lo es, sino por el apoyo social que la medida consiguió. Solo las organizaciones sociales y algunos legisladores porteños y nacionales se preocuparon por la situación. Las declaraciones del Secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni dan cuenta de que algo ha cambiado en lo discursivo. Si antes los funcionarios nacionales se preocupaban por no aparecer cómodos con la represión como metodología, ahora tienen en Berni al que asegura que esto debió haber sucedido antes. Hoy, ya nadie habla de Melina López, ni de las mafias, ni de las familias desalojadas, ni del cementerio de autos... mucho menos de la ley que el propio Estado local incumple: ese terreno debió haber sido un barrio desde el 2005. Sin embargo sigue siendo caja para los punteros. Y todo indica que eso no se terminó ayer.


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