5 nov. 2014

Adolfo Navajas Artaza
(Por La Retaguardia) Debía comenzar el 4 de noviembre en Corrientes el proceso por los delitos de lesa humanidad en los que estuvo involucrado el establecimiento yerbatero. Los militares Llamil Reston, ex ministro del Interior y Trabajo durante el último gobierno de la dictadura militar, y el ex capitán Juan Carlos Sacco, iban a ser juzgados por dos desapariciones forzadas y cinco secuestros de trabajadores de la empresa, pero las audiencias se suspendieron porque los jueces consideraron que no estaban en condiciones de afrontar la causa. Durante una emisión de Oral Y Público, dialogamos con Ramón Aguirre, uno de los testigos de la causa, que vive hoy en Bélgica, donde debió exiliarse luego de ser liberado tras años de permanecer secuestrado.

Ramón Aguirre era el secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores Rurales (FATRE) en Gobernador Virasoro, Corrientes. Era el sindicato que agrupaba al conjunto de los trabajadores rurales de la zona, de las estancias, las arroceras, las forestales, entre otros.
La causa cuyo juicio debía iniciarse este 4 de noviembre está caratulada como “Ramón Aguirre y otros”.
“Los otros son Marcelo Acuña, un compañero que era el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, que falleció hace un par de años; Pablo Franco, tesorero de ese sindicato. Además de Juan Gómez que era trabajador rural; (Carlos) Escobar Solano que también era trabajador rural y miembro de la comisión administrativa de FATRE. En la causa están las desapariciones de Marcelo Peralta que era un trabajador rural, y de Neris Pérez que era un tractorista y secretario adjunto del sindicato de trabajadores rurales; además de otros compañeros”, explicó el propio Aguirre en diálogo con Oral y Público. 
Los trabajadores fueron encarcelados en dos grupos en 1976 y 1977: “A Acuña, Franco y a mí nos detienen el 10 de abril, más o menos 15 días después del golpe, y a los otros compañeros al año siguiente, a partir de febrero, marzo”, relató Aguirre.

Cárcel y secuestro

Primero fueron encarcelados y luego secuestrados: “pasamos por lo que pasan todos. En el caso nuestro en realidad nos secuestraron después, cuando ya estábamos presos. A nosotros tres, que éramos los dirigentes más visibles de la actividad sindical en Virasoro, nos detienen el 10 de abril en la comisaría del pueblo, después nos llevan a Santo Tomé que es la cabecera del departamento, donde también estamos incomunicados, pero relativamente bien, comparado a lo que se viene después y a lo que eran las detenciones de otros compañeros en otros lugares. A partir de 1977 la cosa se complica y a mí me sacan de ahí, me llevan a Corrientes, Chaco, a la brigada de Corrientes, es decir que entro en el circuito del secuestrado, del desaparecido. A Marcelo y Pablo también los llevan a Santo Tomé, a Paso de los Libres, estando detenidos legalmente los secuestran”.
Esta causa se inicia a partir de una presentación efectuada por Marcelo Acuña: “a algunos nos ponen a disposición del Poder Ejecutivo y a otros no, entre ellos Marcelo Acuña –especificó Aguirre–. Entonces hace unos años, Acuña se presenta ante la Secretaría de Derechos Humanos reclamando que a él también lo indemnicen porque estuvo preso durante la dictadura por cuestiones políticas, gremiales, y que él también fue torturado. Entonces la Secretaría decide que ahí hay elementos para iniciar una causa por violaciones a los derechos humanos y se presenta como querellante. Así comienza esta causa”.
En relación a sus dos compañeros desaparecidos, Aguirre manifestó: “A Neris Pérez lo secuestran el 2 de junio de 1977. El otro es Marcelo Peralta, que lo secuestran el mismo día, pero todo indica que lo mataron en el lugar y se llevaron el cuerpo, eso es lo que declara la gente que escuchó el disparo y después encontró sangre; o por lo menos lo sacaron herido de su casa donde lo fueron a buscar. A Pérez lo secuestran de su casa, le golpean la puerta, él sale, lo meten en una bolsa y lo llevan, se sabe que estuvo en uno de los CCD de Misiones en algún momento”.
En cuanto a los imputados en la causa, Aguirre detalló: “(Juan Carlos) Sacco fue el interventor militar en el pueblo cuando se produce el golpe de Estado. En el caso de Reston era el comandante de la brigada. Y el tercer imputado es (Héctor) Torres Queirel, retirado también, que es el administrador de una estancia donde trabajaba Marcelo Peralta, él trabajaba en la cosecha de yerba. Era una estancia que además de ganado tenía yerba, algo frecuente en esa zona”.

Las organizaciones sindicales como objetivo

Respecto a los motivos de la persecución contra los trabajadores rurales durante el Terrorismo de Estado, Aguirre fue contundente: “nosotros vemos y entendemos que todo esto fue parte de una política destinada a destruir las organizaciones sindicales ligadas a los trabajadores, tanto rurales como de la industria de la alimentación que eran los dos sindicatos realmente activos en la zona, y en ese sentido lograron destruirlos, nos metieron presos, nos encarcelaron, desaparecieron a los compañeros más implicados directamente a la vida sindical, los más visibles que han sido de alguna manera los motores del surgimiento de estos sindicatos de Virasoro. Hay que tener en cuenta que estos sindicatos surgen a partir de la democracia de 1973-1974, no tuvieron larga vida. Una primavera bastante corta, muy productiva sindicalmente, se hicieron y lograron muchas cosas, como un gran salto en la conciencia sindical y organizativa de los compañeros, pero la primavera fue demasiado corta. Nos cortaron el ala”.

Sobre los poderes vigentes y el silencio ensordecedor de los medios tradicionales

En diálogo con Oral y Público, Aguirre aseguró que la principal productora de yerba mate de la zona de Corrientes es Taragüí, la marca emblemática de la empresa Las Marías, propiedad de la familia Navajas Artaza: “no es cualquier familia; por eso nosotros decimos que hay que considerar esto en el marco de las grandes empresas implicadas en la represión de sus trabajadores o de los más combativos como el caso de Ledesma, las automotrices, Loma Negra. En este caso, no hay que olvidarse que el presidente de la firma en esa época era Adolfo Navajas Artaza, que fue gobernador de la provincia de Corrientes durante la dictadura de Lanusse. En realidad yo creo que esas personas usurpan el título de gobernador, porque hay requisitos para acceder al cargo y al honor que significa ser gobernador. Yo creo que Videla no fue presidente, sino usurpador del cargo. Este mismo Navajas Artaza fue en la última dictadura ministro de Acción Social del período con Bignone, es uno de los que asume para conducir la retirada”.
Navajas Artaza, por ejemplo, junto a Sacco, por entonces a cargo de la comisaría de Virasoro, anunciaron dentro de la empresa que a partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 quedaban prohibidas las actividades sindicales.
Para Aguirre no es casualidad que las distintas instancias de la causa que lo tiene como testigo y víctima no sean difundidas de la misma forma que ocurre con otras similares: “se habló mucho cuando se hizo el juicio a los integrantes, hoy condenados, del Regimiento 9, se habló mucho de otros casos, de Corrientes inclusive, y esta vez los diarios provinciales no dicen absolutamente nada. Hay un silencio ensordecedor, pero es contra eso con lo que tenemos que luchar también. Hay que entender que una cosa es meterse con los militares, que estaban quemados por decirlo de alguna manera, eran el fusible que tenía que saltar y saltaron, con esto no quiero decir que era fácil, pero de alguna manera eran la cara visible de la represión, de la dictadura, pero la dictadura no es solamente un militar de mal humor que un día dijo ‘voy a dar un golpe de Estado’, detrás de eso hay toda una política económica, un proyecto de país que no está elaborado en los cuarteles, sino en una elite política y económica que sacan eso como proyecto político y de país. Eso, por un lado, es muy difícil de atacar, judicialmente es muy difícil de probar, hay que reconocer que en ese sentido los sistemas judiciales no están preparados para eso, me parece a mí, salvo casos muy concretos de compromisos muy evidentes”.

Empresas y Terrorismo de Estado, ¿sirve boicotearlas?

Ante la participación de empresas en delitos durante el Terrorismo de Estado, un grupo importante de personas ha decidido dejar de consumir los productos elaborados por ellas, es decir, llevar adelante un boicot. Uno del ejemplos más claros es Ledesma. Aquellos que no consumen su azúcar, deberán agregar también la yerba producida por Las Marías, entre ellas las reconocidas marcas Taragüí, Unión, La Merced y Mañanita.
Al respecto, Aguirre reflexionó: “hay que tratar de no golpear a la gente que trabaja, de todas maneras aunque se compre menos yerba la empresa no va a ir a la quiebra, ni le va a pasar nada. Es una empresa que es la más grande del país en cuanto a consumo de yerba y té. Está lejos de afectarle cualquier boicot que se le pueda hacer en cuanto a consumo, a menos que realmente haya un nivel de conciencia tal que implique que no consumamos más esa yerba. De todas maneras, en ese caso en algún momento venderían la empresa, y producirían y comercializarían con otro nombre”.

El después y el hoy

Ramón Aguirre recuperó su libertad en 1981, aunque de manera vigilada. Al año siguiente se fue del país, rumbo a Bruselas, la capital de Bélgica. “El gobierno belga me otorgó la visa y el refugio ya antes de que llegara, de alguna manera se puede decir que vine con los papeles en regla –recordó–. La Cruz Roja me gestionó la visa y me pagó el pasaje, fue la que me sacó del país. Bélgica ya tenía una política en principio de acoger refugiados que venían de Chile, después del golpe a Salvador Allende, cuando se producen los golpes de Estado en Uruguay, Argentina, se extiende esa acogida a argentinos y uruguayos perseguidos por la dictadura. De alguna manera, la condición, aunque había excepciones, era que los argentinos ya refugiados en Bélgica podían presentar listas de personas que ellos reconocían que eran militantes políticos, perseguidos políticos, gremiales, etcétera. Por otro lado, la Cruz Roja Internacional ya me conocía de las cárceles, y me pidió una lista de diez países, puse Bélgica, Francia, Holanda, entre otros, y el primer país que me otorgó la visa fue Suecia, pero no me dejaron salir, y luego el segundo país fue Bélgica. Los que estábamos presos nos hemos ido desparramado por varios lugares”.

Quedarse o volver

Aguirre no tomó la decisión de quedarse fuera de Argentina, pero la vida lo fue llevando a permanecer en Bélgica, donde además formó una familia: “uno echa raíces, yo ya llevo más de la mitad de mi vida acá. Mis amigos de allá (por Argentina) son mis amigos del recuerdo, con los que por ahí conversamos por teléfono o skype que ahora está de moda, y cuando voy por ahí comemos un asadito, charlamos, pero somos los amigos de hace 30, 40 años, no los amigos de la cotidianeidad. Acá uno tiene los amigos de todos los días. Cada dos, tres días, nos encontramos, tomamos un vinito, conversamos, militamos juntos acá, hacemos cosas acá, la realidad está acá. Aquello es un recuerdo muy bonito, muy fuerte, que yo no reniego de ninguna manera, al contrario, estoy orgulloso de lo poco que hice, pero que hay que reconocer que es un recuerdo”, reflexionó.

La próxima charla

Aunque cuesta y los pasos que se dan son pequeños, se están empezando a llevar a la justicia los casos de empresarios involucrados en el Terrorismo de Estado. La causa Ledesma continúa demorada, pero se espera que en algún momento, quizás en 2015, Carlos Pedro Blaquier y Alejandro Lemos se sienten finalmente en el baquillo. En el caso de la automotriz Ford, algunos de sus ex directivos irán a juicio el año que viene. Son familias que aún hoy conservan mucho poder y es difícil avanzar contra ellas, gracias también a las complicidades judiciales y mediáticas. Estas empresas hoy continúan siendo importantes auspiciantes en medios tanto locales como nacionales. La suspensión del juicio en Corrientes da cuenta que se trata de una causa incómoda. Hoy ya no es lo mismo hablar de un militar, que no tiene el poder de antaño, que de una empresa como Las Marías, o Ledesma.
Al cerrar la entrevista con Oral y Público, Ramón Aguirre afirmó que -junto a familiares, víctimas y testigos- esperan que pronto se fije una nueva fecha y pueda comenzar este juicio con todos los imputados: “empezar con uno o dos y dejar afuera al resto le va a quitar mucho de contenido, porque hay cosas realmente gruesas que ventilar en ese proceso, y creo que es muy importante que se haga a tiempo porque también hay que reconocer que ya son mayorcitos y se van a ir para arriba en cualquier momento”.
Esperamos que la próxima charla con Aguirre sea en el marco de su viaje a la Argentina para declarar en el juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos contra él y sus compañeros trabajadores rurales.

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