4 may. 2015


(Por RNMA) Este lunes comenzó el juicio contra el policía Diego Torales, único acusado por las torturas contra Luciano Arruga en el ex destacamento de Lomas del Mirador, en el marco de la detención ilegal del joven ocurrida el 22 de septiembre de 2008, meses antes de su secuestro y desaparición.
La Red Nacional de Medios Alternativos, estuvo allí como parte de la cobertura que hará de todas las instancias de este juicio que se desarrolla en la sede de la Unión Industrial del partido de La Matanza, municipio al oeste del conurbano bonaerense, que se acondicionó especialmente para las audiencias.
También se sumaron, al menos durante el día de hoy, varios móviles de cadenas de televisión nacionales que transmitieron en vivo.

En el lugar, el vallado y la importante presencia policial aparecían innecesarias aún cuando la gran cantidad de organizaciones presentes suponía que una gran parte de las mismas permanecerían en la calle durante la audiencia. Respecto a tanta medida de seguridad, los familiares de Luciano comentaron: “parece una provocación”
La importancia de este juicio radica en que el policía Torales está acusado por torturas lo cual no es común. En general, los hechos de violencia policial que suceden dentro de las comisarías, cuando llegan a juicio, son caratulados como apremios ilegales o golpes.
Cuando hablamos de “torturas” no solo nos referimos a los golpes que sufrió Luciano aquella noche sino también a la tortura psicológica y a las amenazas a las que fue sometido.
Si bien este juicio no va a determinar quién secuestró y desapareció a Luciano Arruga, sí va a permitir demostrar que la policía lo venía apretando en la etapa previa a su detención ilegal, ocurrida el 22 de septiembre de 2008, meses antes de su secuestro y desaparición, y esto es importante para los pasos que puedan darse posteriormente.
Cabe recordar que el juez Gustavo Banco, que tuvo la causa por la desaparición de Luciano por 5 años, deberá enfrentar, probablemente este año, un jury de enjuiciamiento junto a Roxana Castelli y Celia Cejas, las dos fiscales que instruyeron esta causa, para ser destituidos de sus cargos por mal desempeño de sus funciones.
La familia de Luciano denuncia, tal como Luciano alcanzó a contarles a su mamá y a su hermana, que la policía lo estaba apretando para que saliera a robar para ellos con una zona liberada, Lomas del Mirador. Esta localidad se encuentra a 40 cuadras de la General Paz, el límite de la Provincia con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es un barrio de clase media, media baja, y en el medio se encuentra la villa donde nació Luciano y se crió con su familia. Esta geografía marca casi un enfrentamiento permanente y de alta estigmatización para la gente que vive en la villa.
El 22 de septiembre de 2008 Mónica Alegre y Vanesa Orieta fueron a la comisaria, estuvieron largas horas esperando y vieron cómo Torales amenazó a Luciano y cómo el joven lo acusó de haberle pegado mientras otros dos policías lo sostenían. Ambas pidieron declarar al principio del juicio para poder asistir al resto del proceso, ya que de otra manera no hubiesen podido asistir a las audiencias hasta no dar testimonio.
En cuanto a los testigos, se estima que por parte de la querella serán 10 aunque habrá que ver si el Tribunal resuelve convocarlos a todos a declarar.

Carátula: Torturas

Antes del comienzo de la primera audiencia, la RNMA dialogó con Vanesa Orieta y Juan Manuel Combi, abogado de la familia de Luciano por la APDH.
Ambos destacaron la importancia de que el policía Diego Torales sea juzgado por el delito de torturas. “Esta carátula fue una solicitud que nosotros habíamos hecho en su oportunidad al Ministerio Público para que cambie el encuadramiento de los hechos, porque en un principio la causa estaba caratulada como ‘severidades’, es decir, la primera imputación que recibe el imputado era por el delito de severidades y vejaciones, y nosotros solicitamos el cambio de calificación legal, que se lo llame a indagatoria por el delito de torturas y afortunadamente hemos llegado a eso. Luego, cuando se eleva la causa a juicio también se lo hace por el delito de torturas y esta es una excepción dentro de este sistema judicial que considera este tipo de tratos como delitos menores. Nosotros entendemos que son delitos graves que deben ser imputados como torturas, porque las golpizas y todo lo que tiene que ver con el hostigamiento psicológico, el verdugueo sufrido por nuestros pibes en los lugares de encierro, entendemos que constituyen el delito de tortura, así lo han dicho los organismos internacionales y así lo dice el artículo 144 del Código Penal”, afirmó Combi al respecto.
En el mismo sentido, Orieta manifestó: “es muy importante porque sino hubiese tenido una carátula de vejaciones y severidades, y nosotros consideramos que ningún pibe que está en la situación de encierro sufre golpes leves, porque un pibe que está encerrado y sufre un cachetazo está siendo torturado, lo están privando de su libertad y su derecho a defenderse”.
Además, Vanesa afirmó que la familia de Luciano espera que, de existir una condena contra Torales, se pueda iniciar una nueva investigación: “para que salgan a la luz los nombres de otros funcionarios policiales, que incluso algunos se han ubicado en la escena, y tienen que ser investigados”.

Escuchar a las víctimas

“Este es el segundo juicio, porque ya hubo un juicio oral y público por el delito de encubrimiento en el que fueron condenados dos policías también por la primera detención de Luciano. Pero desde lo simbólico sí podemos decir que es el primer gran juicio por el caso de Luciano, porque se trata nada más ni nada menos que de las torturas recibidas por Luciano en su primera detención”, explicó Combi.
En relación a las pruebas que presentará la querella, el abogado especificó: “en principio vamos a trabajar fundamentalmente con los dichos de la víctima como lo hemos hecho desde el primer día también en la desaparición forzada. Hay que escuchar a las víctimas y hay que creerles. La víctima directa no la tenemos, que es Luciano que estuvo desaparecido durante casi 6 años y después fue hallado en los hechos que todos conocemos, pero contamos con pruebas no solamente de las víctimas sino también de la situación que vivió Luciano allí adentro, que se desprende del propio estado de detención que sufrió Luciano”.

De luchas, agendas e inseguridades

Antes de ingresar a la sala de audiencias, Vanesa Orieta dialogó con los periodistas que se encontraban cubriendo el inicio del juicio. En este marco, afirmó: “lo único que nosotros le decíamos a Luciano era que se cuidara, que tratara de no estar solo, que no saliera mucho del barrio, y después empezamos a sentir que las detenciones eran cada vez más duras, que realmente él no podía estar solo, y no había posibilidad de hacer denuncia. Acá si denuncias en la justicia te sale mal porque termina todo peor, porque seguro que terminan armando una causa, porque seguro se terminan llevando a otro familiar y lo siguen golpeando, entonces estábamos realmente en un callejón sin salida en el cual si denunciábamos la íbamos a pasar mal, y si no denunciábamos pasó lo que pasó el 31 de enero”.
Al ser consultada acerca de si habían recibido amenazadas en todo este tiempo, Vanesa señaló: “después de haber denunciado la causa fuimos muchas veces amenazados y de diferentes formas. Por ejemplo, una vez se ha cruzado un automóvil cerca de mi mamá y le ha preguntado si yo me encontraba bien, y ella tuvo que llamar inmediatamente para corroborar que yo estaba bien. A mí me han seguido mucho durante los primeros días, yo vivía sola en ese tiempo y era la que más empujaba la causa, la que más lo denunciaba en la justicia, y me seguían cuando salía de mi casa; mis hermanos han sido detenidos en la vía pública de la misma forma en que era detenido Luciano, siendo ellos muy chiquitos, estamos hablando de chicos de 13 años, 14 años, y con el objetivo de mostrar quién tenía el control en el barrio y que si nosotros seguíamos hablando la íbamos a pasar mal. Las amenazas a nosotros los primeros días, los primeros meses, el primer año no nos detuvieron y seguimos adelante porque el objetivo era encontrar a Luciano, lo logramos el 17 de octubre del año pasado, y creo que fue lo que a nosotros mejor nos hizo en todo este proceso de lucha, terminar con esta búsqueda de un desaparecido que es agobiante y es tortuoso. No importa quién amenaza, nosotros ya tenemos claro cuál son los riegos que corremos, asumimos esos riesgos y tenemos un mecanismo de seguridad de la familia, de los amigos, de los que estamos involucrados en esto”.
En este punto, Vanesa aclaró: “tenemos un mecanismo de seguridad nosotros, que nos hicimos nosotros, porque el Estado en este sentido no te brinda seguridad, es más, si yo voy a los organismos de instituciones que corresponden y les pregunto qué seguridad tenemos los familiares que denunciamos violencia institucional, la respuesta es que no existen protocolos porque la problemática de violencia institucional no es una problemática que se discuta, no está en agenda. Ustedes no saben ni cuántos pibes asesina la policía, ni cuántos desaparece. Ustedes no pueden conmoverse con el dolor de un familiar porque no tienen todavía la dimensión de lo que significa esta problemática, y el día que la tengan realmente se van a dar cuenta de la cantidad de pibes que nos mataron en los barrios humildes, y que no son visibles las causas porque las familias son pobres, porque la familia no tiene herramientas económicas, intelectuales, porque no acceden a un micrófono como nosotros ahora, porque nosotros tenemos ahora todos estos micrófonos porque estuvimos 6 años luchando y porque Luciano apareció enterrado como NN en un cementerio en la Chacarita y dio lugar a que ustedes se pregunten ‘che, la piba denunciaba algo que era cierto entonces, que su hermano podía aparecer muerto’. Entonces nosotros lo que necesitamos es que exista una comprensión de que esta problemática no se discute, que se habla de inseguridad, pero que se piensa que la inseguridad la provocan los pibes de los barrios, y los pibes de los barrios hoy sufren el control de una policía mafiosa, de una policía corrupta que es la encargada de controlar y dirigir los grandes negocios y delitos de nuestro país. Hablémoslo, las redes de trata donde desaparecen muchas jóvenes, la venta de armas, la venta de drogas, estos grandes negocios no los manejan chiquilines de 13, 14, 15 años, esto lo manejan funcionarios policiales, políticos y judiciales”.

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